Joan Gaya Ingeniero Consultor Jaraguà do Sul, mayo de ª Assembleia de Assemae

Remunicipalización Concepto que se ha puesto de moda con la crisis económica. Supone la toma de conciencia de la necesidad de reforzar la capacidad de gobierno y de gestión de los servicios públicos por parte de los municipios Invierte la tendencia anterior hacia un incremento de la privatización de servicios

Las causas del movimiento El debate tradicional se ha centrado en la eficiencia La crisis ha mostrado las dificultades de alcanzar un control suficiente del concesionario: Contratos largos en mercados cerrados Financiación incorporada Flujo de información insuficiente y defectuoso Más equilibrio que riesgo

Interés público y servicios públicos En el libre mercado el cliente decide la compra de un bien. Si hay competencia, elige la mejor opción considerando la relación calidad/precio. En un régimen de monopolio, el cliente queda a merced del proveedor único, que es quien decide las condiciones de venta del bien. En un servicio esencial en que el cliente no puede decidir no comprar, la relación obligada con el proveedor monopolista se convierte en cautividad. De aquí el interés de que algunos servicios sean públicos: hay garantías específicas y convierte a los clientes en sujetos de derechos. En una sociedad democrática, además, los titulares públicos tienen la obligación de acreditar con transparencia el interés público de sus decisiones. Esta es una aproximación al concepto de interés público.

Gobierno y gestión de los SP Los dirigentes políticos deberían explicar el escaso margen de decisión que tienen, utilizarlo a fondo y trabajar para ampliarlo. Es condición ineludible de honestidad y credibilidad en su relación con los ciudadanos. La cuestión a resolver: conocer para gobernar y, en todo caso, gestionar. En tiempo de big data no se puede gobernar con small data. De la dificultad de gobernar los contratos de concesión no debe deducirse la incapacidad de gestionar sino la necesidad de mejorar las condiciones de gobierno de los Servicios Públicos.

Posibilidades y límites de la PPP La PPP debe fundamentarse en el encaje entre el interés público y el privado. Eso debe explicitarse en los pliegos de condiciones, y en los mecanismos de control concesional. Pueden aportar-se algunos criterios prácticos: Contratos cortos Separación de los negocios de explotación, financiación y obras. Asunción y transferencia de riesgos públicos al concesionario. Contraste de mercado periódico respecto a las principales partidas de gasto. La gestión de la información: cuentas anuales y memorias. El conocimiento : cesión del know how y su explotación compartida. Límites éticos al beneficio privado en la gestión de Servicios públicos

El gobierno de los servicios públicos Un servicio público tiene una administración titular que responde directamente –y democráticamente- a los ciudadanos de su prestación y las condiciones. En la Unión Europea algunos servicios se consideran de interés económico general y han sido liberalizados. Están sometidos a regulaciones que les imponen obligaciones propias de un servicio público, como el acceso universal, el régimen de contraprestación económica y en general su sometimiento al control de un organismo independiente. En estos casos el regulador no responde frente a los ciudadanos

El debate de fondo Lo que se discute es la relación entre los derechos reconocidos a los ciudadanos y el control efectivo de las formas de garantizarlos. El encaje de intereses públicos y privados es difícil pero no imposible: deben desarrollarse nuevos mecanismos de autocontención y cooperación entre las partes La participación privada, en todo caso, no debería suponer un obstáculo para el objetivo político de los servicios públicos: el bienestar de los ciudadanos La responsabilidad de prestar un servicio debe ir acompañada de la capacidad para gobernarlo y gestionarlo.