CEM Centro de estudios multidisciplinarios Recinto de Bayamón P.R. Gace: Sec. 030 Clase: salud a la comunidad. Tema: Justicia Ambiental. 4/11/2011

El medio ambiente y su salud: Justicia ambiental y participación comunitaria. Introducción La justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. El tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal. La participación comunitaria significativa resulta cuando: los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud; la contribución del público puede influir el proceso de tomar decisiones reglamentarias de la agencia; las preocupaciones de todos los participantes involucrados se tomarán en cuenta durante el proceso de toma de decisiones; y las personas responsables de tomar decisiones deben buscar y facilitar la participación de aquellas personas y/o  grupos que estén potencialmente afectados por sus decisiones.

Preguntas Frecuentes sobre la Justicia Ambiental P: ¿Cómo define la Agencia de Protección Ambiental la justicia ambiental? R: La justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo, implantación, aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. El tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal. La participación significativa resulta cuando: (1) los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud; (2) la contribución del público puede influir el proceso de tomar decisiones reglamentarias de la agencia; (3) las preocupaciones de todos los participantes involucrados tomarán en cuenta el proceso de toma de decisiones; y (4) las personas que toman decisiones deben buscar y facilitar la participación de aquellas personas y grupos que estén potencialmente afectados por sus decisiones.

P: ¿Por qué la EPA ha emprendido la justicia ambiental como un principio guía? R: La EPA considera que todos los estadounidenses independientemente de su raza, color, origen nacional o circunstancia económica son importantes para el futuro de nuestra nación. La EPA considera que deben vivir en un ambiente limpio y sano y que deben tener una expresión significativa en cómo se toman las decisiones ambientales que les afectan. El Administrador de la EPA William K. Reilly estableció la Oficina de Equidad Ambiental en 1992. En 1994, la Administradora Carol Browner cambió el nombre de dicha oficina a la Oficina de Justicia Ambiental e hizo de la justicia ambiental una de las siete principales guías de la EPA. En el 2001, la Administradora Christine Todd Whitman emitió una circular a nivel de toda la agencia en la cual se declaró que la EPA está comprometida a “integrar la justicia ambiental en todos los programas de la Agencia”. Más recientemente, en el 7 de junio de 2004, el subadministrador Stephen L. Johnson reafirmó el continuo e inequívoco compromiso de la Agencia a identificar y abordar los efectos desproporcionadamente adversos en la salud humana de las comunidades minoritarias y/o de bajos ingresos”.

P: ¿Cómo se están implantando las estrategias de justicia ambiental a la EPA? R: Cada una de las oficinas programáticas y regionales de la EPA ha desarrollado un “Plan de Acción de Justicia Ambiental” que contiene metas específicas y objetivos mensurables. Mientras cada plan está diseñado conforme a las funciones específicas y a las prioridades de las respectivas oficinas programáticas o regionales, cada plan tiene los siguientes objetivos comunes: (1) la reducción de riesgo/protección ambiental y/o salud pública (2) extensión pública y comunicaciones; (3) asesoramiento; (4) coordinación entre los gobiernos, federal, estatales, tribales y locales; (5) administración de subvenciones y contratos; y (6) evaluación de justicia ambiental. Los planes de acción logran cumplir con el compromiso de la Administradora Whitman de integrar la justicia ambiental al trabajo diario de la Agencia y protegen a las poblaciones independientemente de la raza, el color, el origen nacional o su circunstancia económica.

P: ¿Cómo la Oficina de Justicia Ambiental ayuda a los residentes de aquellas comunidades que sobrellevan una carga ambiental a obtener más poder en la toma de decisiones? R: La EPA brinda (1) asesoramiento, (2) recursos técnicos, y (3) subvenciones al público y organizaciones comunitarias. Asesoramiento: La Oficina de Justicia Ambiental ha desarrollado y auspicia asesoramiento sobre los principios fundamentales de la justicia ambiental y el uso de la resolución alternativa de conflictos y las leyes ambientales como estrategias y herramientas para abordar las preocupaciones ambientales.

Subvenciones: Subvenciones: La Oficina de Justicia Ambiental brinda asistencia financiera y técnica a través de programas como (1) el Programa de Pequeñas Subvenciones de Justicia Ambiental para las Comunidades que apoyan los esfuerzos comunitarios para desarrollar las soluciones a los asuntos ambientales y para aprender más acerca de la exposición a los peligros y riesgos ambientales a fin de proteger los residentes locales. Desde su creación en 1994, la Oficina de Justicia Ambiental ha otorgado más de 900 subvenciones de hasta $20,000 a las organizaciones comunitarias; y (2) el Programa de de Acuerdos Cooperativos para Resolver los Problemas Colaborativamente de Justicia Social que brinda financiamiento a las organizaciones locales basadas en las comunidades para abordar los asuntos locales ambientales y/o de salud pública en coordinación con otras partes interesadas (e.g. industria, instituciones académicas y socios gubernamentales). La Oficina de Justicia Ambiental ha emitido 30 subvenciones de $100,000 cada una.

Gracias por la atención prestada… Y corte!