Regulación de servicios públicos Se discuten propuestas para reforzar la autonomía de los reguladores, reducir la discrecionalidad en las revisiones de tarifas y lograr una efectiva regulación de las empresas públicas

Temas analizados Autonomía de los organismos reguladores (OR) Discrecionalidad de los OR en las revisiones de tarifas Regulación sobre las empresas públicas

Autonomía de los OR: problemas Manejo político ha interferido en la labor técnica y funcional de los reguladores. Medidas de austeridad han afectado la autonomía financiera y funcional de los reguladores. Iniciativas de diversos parlamentarios y de altos funcionarios del Poder Ejecutivo han puesto en peligro la propia existencia de los reguladores. Introducción como nueva causal de remoción de los miembros del Consejo Directivo (CD) el incumplimiento de los plazos legales. Los CD han estado incompletos buen tiempo, a pesar de los concursos.

Autonomía de los OR: propuestas Fortalecer la autonomía a corto plazo: i.Incluir en el Reglamento de la Ley Marco el procedimiento de selección de los miembros del CD: concurso público anual; comisión de expertos; respeto a resultados; no representación de entidades. ii.Eliminar el incumplimiento injustificado de los plazos legales como causal de remoción de los miembros del CD. iii.Dejar libertad de acción a los OR en su manejo presupuestario (recursos no son del erario público). iv.Fortalecer los Consejos de Usuarios mediante el financiamiento de sus actividades, en lugar de incluir un representante en CD. v.Exigir una mayor transparencia a los OR mediante publicación oportuna en la web de actividades, acuerdos, etc. Medida a mediano plazo: autonomía constitucional de la mano de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.

Discrecionalidad de los OR en tarifas: problemas Los OR cuentan con Reglamentos de Tarifas, aunque no han evitado comportamientos discrecionales: cambios metodológicos que no se ajustan a normativa o se aprovechan de su falta de precisión. Principales ámbitos de discrecionalidad: componentes del costo de capital, stock de capital inicial y depreciaciones, índices de precios, componentes adicionales en fórmulas, definición de canastas de servicios, etc. OR que han mostrado mayor discrecionalidad: OSIPTEL y OSITRAN. En algunos casos los parámetros están fijados por Ley (OSINERGMIN) o por Reglamento (SUNASS).

Discrecionalidad de los OR en tarifas: propuestas Limitar la discrecionalidad a corto plazo: i.Propiciar el intercambio de información y experiencias entre los OR, mediante el requerimiento de informes conjuntos sobre las variables que generan controversia, con consultas a paneles de expertos académicos. ii.Los OR deben determinar metodologías claras y transparentes, de acuerdo a la mejor práctica nacional e internacional, dentro de sus reglamentos de tarifas. iii.Realizar audiencias públicas obligatorias (con documento de consulta previo), tanto para la definición de tarifas como ante cambios en los mecanismos y metodologías de ajuste tarifario. Medida a mediano plazo: creación de salas especializadas en asuntos regulatorios y de supervisión de servicios públicos.

Regulación de empresas públicas: problemas El proceso de concesiones ha sufrido muchos tropiezos en diferentes momentos y aún falta mucho camino por recorrer. La efectividad de los reguladores (SUNASS y OSITRAN) sobre las empresas públicas no ha sido la misma que sobre las empresas privadas: i.Ausencia de incentivos en empresas públicas: objetivos económicos se mezclan con objetivos políticos. ii.Inexistencia de contratos de operación, similares a los contratos de concesión, que establezcan compromisos y metas, así como sanciones y causales de caducidad de la administración de los servicios. iii.Las empresas públicas no se han ganado el derecho a operar mediante concursos. iv.Directores y funcionarios principales elegidos por diversos niveles de gobierno.

Regulación de empresas públicas: propuestas Fortalecer eficiencia de empresas públicas y efectividad de OR a corto plazo: i.Diseñar contratos de operación que establezcan derechos y obligaciones a las empresas públicas, que incluyan la posibilidad de sancionar e incluso remover a los directivos de estas empresas frente a la ocurrencia de determinadas infracciones. ii.Desarrollar un sistema efectivo de incentivos sobre las empresas públicas y normar los procesos para los nombramientos de los directores y gerentes generales mediante concursos públicos. iii.Acelerar los procesos de concesión. iv.Capacitar a las empresas públicas en teorías y prácticas de licitaciones y subastas. Medida a mediano plazo: provisión de servicios públicos realizada por empresas ganadoras de concesiones mediante licitaciones públicas competitivas.