El trabajo interinstitucional en la prevención social

Presentación del tema: "El trabajo interinstitucional en la prevención social"— Transcripción de la presentación:

1 El trabajo interinstitucional en la prevención social
Mtro. Osvaldo Hernández Cano 06/diciembre/2014

2 Contenido El desmantelamiento del Estado Benefactor, el proceso de democratización y el ascenso de la sociedad civil. Participación ciudadana y procesos de democratización Gobernanza y trabajo interinstitucional en México El Modelo Ecológico como una propuesta de trabajo transversal e interinstitucional

3 I. El desmantelamiento del Estado Benefactor y el ascenso de la Sociedad Civil
El desmantelamiento del Estado benefactor o Estado de Bienestar, se refiere a las políticas administrativas y económicas llevadas a cabo sobre todo a partir de la década de los ochenta. El principal objetivo de estas políticas era reducir el número de atribuciones del Estado. El Estado desde esta perspectiva es visto como «un mal necesario», cuyas principales atribuciones deberían ser: Asegurar el orden público Asegurar la protección de los derechos de propiedad.

4 Críticas al Estado Benefactor
El Estado, al convertirse en un gran aparato burocrático: Se volvió ineficaz, pues no logra resolver el cúmulo de demandas ciudadanas Se llenó de corrupción Se volvió ineficiente, pues gasta más de lo que produce (aumento de la deuda pública y externa) Tiene una estructura jerárquica más que horizontal Su relación con las personas es más clientelar y paternalista que ciuadadana

5 El desmantelamiento del Estado benefactor
Las principales políticas que se llevaron a cabo fueron: Reducción del aparato burocrático, y con ello de sus funciones Privatización de empresas paraestatales Reducción del gasto público, y con ello de las políticas sociales Mayor apertura comercial Propiciar la participación ciudadana para coadyuvar en los problemas que el Estado por sí solo no puede resolver.

6 Las transiciones a la democracia
Al tiempo que se daba el desmantelamiento del Estado Benefactor, en muchos países se dio paso a regímenes políticos democráticos. Es decir, se paso de regímenes autoritarios en donde la participación ciudadana es limitada y muchas veces clientelar A sistemas democráticos, basados en la participación ciudadana y la deliberación pública. La relación gobierno-ciudadanía pasó de una estructura fuertemente jerarquizada a una que aspira a ser más horizontal.

7 Autoritarismo absoluto Autoritarismo competitivo
Regímenes políticos Autoritarismo absoluto Autoritarismo competitivo Democracia (incluyendo las democracias delegativas) Origen de los cuerpos ejecutivo y legislativo No hay elecciones Electoral. Abusos, recursos limitados, persecución de oposición, manipulación de resultados pero no se trata solamente de una fachada. Elecciones abiertas, libres y justas Quiénes votan Todos los adultos Nivel de protección de derechos políticos y libertades civiles Nulos derechos políticos, libertades civiles limitadas. Formalmente amplios pero restricciones en la práctica. Ampliamente protegidos, incluyendo libertad de asociación Capacidad de gobernar con autonomía frente al ejército y los líderes religiosos. Control tutelar Ausencia de control tutelar Violaciones a los criterios anteriores Sistemáticas Campo de juego desigual entre gobierno y oposición Posibles sin alterar las reglas del juego democrático entre gobierno y oposición

8 Democracia liberal (Norberto Bobbio)
Es un régimen político en el que cada cual debe gozar de tanta libertad cuanto sea compatible con la libertad ajena y puede hacer todo aquello que no dañe la libertad de los demás La igualdad frente a la ley La igualdad de derechos Hoy el método democrático es necesario para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona que son la base del Estado liberal Pues el mejor remedio contra el abuso del poder, es la participación directa o indirecta de los ciudadanos, en la formación de las leyes La salvaguardia de los derechos y libertades políticas (opinión, prensa, reunión, asociación, etc.) es necesaria para el funcionamiento correcto del método democrático

9 La democracia liberal es el ejercicio del poder dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo Por tanto, la democracia en este sentido es: Un sistema político caracterizado por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos

10 ¿Qué es la democracia? (Robert Dahl)
La democracia tiene como tarea diseñar un conjunto de reglas y principios, una constitución que determinará cómo habrán de adoptarse las decisiones de una asociación. En ella, todos los miembros deben de considerarse como políticamente iguales. Para Dahl, el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos.

11 Criterios de un gobierno democrático.
Participación efectiva.- Todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo haya de ser la política sean conocidos por los otros miembros. Igualdad de voto.- Todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos los votos deben contar como iguales. Comprensión ilustrada.- Todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles.

12 Control de la agenda.- Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y, si así lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. Inclusión de los adultos.- Todos, o al menos, la mayoría de los adultos residentes permanentes, deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los criterios anteriores. Sin embargo, afirma Dahl, ningún Estado ha poseído jamás un gobierno que haya estado completamente a la altura de los criterios de un proceso democrático. Sin embargo, los criterios anteriores nos ofrecen una medida a partir de la cual podemos evaluar las actuaciones de asociaciones reales que se pretenden democráticas.

13 Para que un gobierno responda a las preferencias de sus ciudadanos, sin distinciones políticas, todos ellos deben tener igualdad de oportunidades para: Formular sus preferencias. Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente Recibir por parte del gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias Sin embargo, afirma Dahl, ningún Estado ha poseído jamás un gobierno que haya estado completamente a la altura de los criterios de un proceso democrático. Razón por la cual, prefiere llamar “Poliarquía” a los sistemas actuales más próximos a ser democráticos en un sentido pleno.

14 I. Formular las preferencias
Libertad de asociación Libertad de expresión Libertad de voto Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo Diversidad de fuentes de información

15 II. Manifestar las preferencias
Libertad de asociación Libertad de expresión Libertad de voto Elegibilidad para el servicio público Derecho de los líderes políticos compitan en busca de apoyo Diversidad de fuentes de información Elecciones libres e imparciales

16 III: Recibir por parte del gobierno igualdad de trato
Libertad de asociación Libertad de expresión Libertad de voto Elegibilidad para el servicio público Derecho de los líderes políticos compitan en busca de apoyo (y a luchar por los votos) Diversidad de fuentes de información Elecciones libres e imparciales Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar preferencias (plebiscito, referéndum, etc.)

17 Para formar una escala que permita comparar los distintos regímenes según su grado de apertura democrática o no, Dahl señala dos dimensiones ante las cuales se puede partir: El derecho al Debate público (liberalización) y el derecho a participar en las elecciones y en el gobierno (representación).

18 Señala, además, que tanto el gobierno permite o no, la competencia política. Es decir, qué tanto permite la participación política de la oposición. Para ello establece tres axiomas: La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición crece en la medida en que aumenta el precio de suprimirla. En la medida en que el precio de la supresión exceda al precio de la tolerancia, mayores son las oportunidades de que se dé un régimen competitivo. Régimen competitivo

19 Democracia formal y sustancial (Norberto Bobbio)
Democracia formal (política): igualdad jurídico-política de los y las ciudadanos/as (Gobierno del pueblo) Democracia sustancial (El contenido de la forma; Gobierno para el pueblo): Democracia social: igualdad de condiciones Democracia económica: igualdad económica La democracia política es la condición necesaria para que se den las otras dos La pregunta ya no es quién vota, sino dónde vota

20 Puede darse una democracia formal que no logre mantener las principales promesas contenidas en un programa de democracia sustancial O una democracia sustancial que se rija y desenvuelva mediante el ejercicio no democrático del poder Cada régimen es democrático de acuerdo con el significado de democracia preferido por el defensor y no es democrático en el significado escogido del adversario Lo único que se puede convenir es que “una democracia perfecta debería ser al mismo tiempo formal y sustancial; mas un régimen de este tipo pertenece por ahora al género del futuro” (Bobbio).

21 Las falsas promesas 1. El nacimiento de la sociedad pluralista:
La democracia moderna nació de una concepción individualista de la sociedad. Lo que ha sucedido en las democracias actuales es que los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos relevantes (organizaciones, asociaciones empresarios, partidos políticos, grupos de presión, etc.), y cada vez menos los individuos. El modelo ideal era una sociedad centrípeta (un solo centro del poder electo por los ciudadanos) La realidad es una sociedad centrífuga (muchos centros de poder)

22 2. Se creyó en la representación política
Se creyó en la elección de representantes que velarán por el interés general. Pero como hay muchos centros de poder, lo que se dio fue una representación de los intereses de tales grupos. Surgió el neocorporativismo. 3. Se creyó en el gobierno democrático como gobierno del pueblo (o al menos de la mayoría) Lo que ocurrió fue la formación y persistencia de élites (grupos) en competencia por el voto popular

23 4. Poder ascendente o descendente
Se creyó en el poder de abajo hacia arriba y sucedió lo contrario. Para conocer si un país es democrático, se debería investigar no si aumentó o no el número de quiénes tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, sino en los espacios en los que pueden ejercer ese derecho. 5. La eliminación del poder invisible El surgimiento del doble estado: El Estado legítimo (visible) Los poderes fácticos (invisibles, aunque muchas veces son muy visibles) El Estado tiene la obligación de publicar los actos gubernamentales para conocer las acciones y controlarlas (nada debe hacerse a escondidas) Hoy en día la tendencia ya no es hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino, por el contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte del poder (El panóptico de Bentham)

24 6. se creyó en el ciudadano comprometido con los valores democráticos
Lo que se ha encontrado, hoy en día, es un gran desencanto con la democracia, traducido en apatía y desinterés. Asimismo, se ha deformado el acto político de ir a votar, por un acto de intercambio a cambio de algún beneficio personal (clientela)

25 ¿Por qué no se cumplieron las promesas?
Las promesas no fueron cumplidas debido a los obstáculos que sobrevinieron luego de las transformaciones de la sociedad civil: 1. El Gobierno de los técnicos El aumento de las sociedades, llevó a un aumento de los problemas políticos, que requirieron de la capacidad técnica de expertos. La tecnocracia y la democracia son antitéticas Si es el experto el que debe estar en el gobierno, entonces no puede ser el ciudadano común y corriente ¿Igualdad política? Hoy en día se requieren conocimientos complejos para administrar las grandes burocracias (economía, política, etc.)

26 2. El aumento del aparato de poder burocrático
El aparato burocrático ha crecido desmesuradamente y se ha ordenado jerárquicamente (de la cúspide a la base), lo cual es opuesto al sistema democrático (de la base a la cúspide) Cuando sólo votaban los propietarios, se pedía al poder público sólo la protección de la propiedad privada (estado mínimo; Locke). Cuando se amplía la votación para todos(as), las demandas se amplían (trabajo, vivienda, seguridad social, educación, etc.) Lo cual es una petición proveniente de abajo y, por tanto, totalmente democrática.

27 3. La sobrecarga del aparato burocrático
La condición necesaria de todo gobierno democrático, es la protección de las libertades civiles: libertad de prensa, de reunión, de asociación, etc. Lo cual conlleva al aumento de la petición de ventajas, beneficios, facilidades, mayor distribución de la riqueza, etc. Pero el aumento de las demandas llevó a la sobrecarga del aparato burocrático, que no puede responder oportunamente Crece la ingobernabilidad y se crea descontento Democracia: Demanda fácil; respuesta difícil (mecanismos democráticos, rendición de cuentas, etc.) Autocracia: Dificultad de la demanda (no hay libertades); fácil respuesta (menos controles)

28 Gobernabilidad democrática
La gobernabilidad se define como la capacidad de los gobiernos para alcanzar objetivos al menor costo posible, con base en tres componentes: eficacia, legitimidad y estabilidad. Un gobierno eficaz tiene mayor probabilidad de encontrar cumplimiento o aceptación social de sus decisiones políticas. Un sistema de gobierno será mejor en la medida en que posea más capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno, nacionales e internacionales, tanto en lo político y social como en lo económico. La gobernabilidad es un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental (Camou, s/f).

29 En sistemas federales y bajo gobiernos divididos –aquéllos en los que el Ejecutivo está en manos de un partido y el parlamento de otro–, la gobernabilidad requiere voluntad política y capacidad para lograr acuerdos. Esto es mucho más importante cuando se trata de regímenes federales como el mexicano, donde las competencias en materia de seguridad y procuración de justicia, por ejemplo, se encuentran distribuidas en los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal.

30 Calidad de la democracia
Distinción entre calidad de la democracia (CD) y gobierno efectivo: ambos deseables. La CD depende del buen funcionamiento de los procedimientos por los cuales la población elige a sus gobernantes, independientemente de la eficacia del gobierno y sus resultados. La CD es “ la medida en que los ciudadanos participan de manera informada en procesos de votación libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas y exigen responsabilidad a los gobernantes, y la medida en que estos últimos son quienes efectivamente toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular” ( Alcántara, 2010, con base en LyM, 2007)

31 La democracia en América Latina
Guillermo O´Donnell señala que en América Latina no se puede fortalecer el régimen democrático, sino se cuenta con los derechos sociales y económicos mínimos, que disminuyan las desigualdades entre los ciudadanos. Asimismo, no se cuenta con un verdadero Estado de Derecho que garantice plenamente la adquisición y ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. Señala la presencia de zonas marrones en donde no existe el Estado de Derecho, y son otros grupos los detentadores del poder. Comenta que la diferencia con los países del noreste (democracias más desarrolladas), consiste en que en tales países primero se adquirieron los derechos civiles y políticos, para posteriormente adquirir los derechos sociales. En América Latina, por el contario, primero se otorgaron derechos sociales (a medias), y después se fueron adquiriendo algunos derechos civiles y políticos. Muchos de ellos incluso han tenido regresiones.

32 La innovación democrática: representación, participación y control social
Los déficits en las democracias actuales han llevado al debate sobre nuevas formas de representación, participación y control social. La idea de la democracia como régimen político en donde la elección de los gobernantes es la única manera de que el ciudadano participa, es representado y controla al gobierno, es hoy en día muy criticada. Por tanto, se han planteado nuevas maneras a partir de las cuales los ciudadanos pueden realizar estas acciones (representación, participación y control social). A estas nuevas maneras se les conoce como innovación democrática, la cual busca la efectiva democratización de la sociedad, ya no sólo en el plano electoral sino en todos los espacios de la vida social. Para lograr lo anterior, es indispensable la participación ciudadana, así como las relaciones intergubernamentales en los diferentes órdenes de Gobierno.

33 El ascenso de la participación ciudadana (Ariel C. Armony)
Como vimos, el ascenso de la participación ciudadana, está anclada al achicamiento del Estado y los procesos de democratización. Así, en la década de los noventa, se impulsó la idea de que la eficiencia y la modernización requeridas por las nuevas condiciones internacionales podían obtenerse transfiriendo la lógica del mercado a la vida política y social de las naciones.

34 La provisión de servicios sociales, antes bajo la órbita
La expectativa era que la participación ciudadana podía tener un rol decisivo en tres áreas: La provisión de servicios sociales, antes bajo la órbita estatal, quedaba abierta para la iniciativa de la ciudadanía. Ejemplos: El surgimiento de ONG´s y de políticas públicas en donde la participación ciudadana cobra importancia.

35 2. La ciudadanía era vista como un actor central en la tarea de controlar y limitar el poder del Estado. Por medio de la «rendición de cuentas» social, las organizaciones de ciudadanos debían fiscalizar a las agencias estatales y funcionarios públicos, ala vez que promover la transparencia de las acciones del gobierno. Lo anterior, a partir de la promoción de los derechos individuales, el monitoreo de las agencias del Estado y la denuncia de acciones ilegales y corruptas por parte de políticos y funcionarios públicos. Su principal potencial era la capacidad de controlar los abusos del poder estatal, particularmente en contextos caracterizados por instituciones débiles y corruptas operando en medio de crisis sistémica.

36 3. La participación ciudadana era considerada como herramienta clave para equilibrar la representación democrática. Ofreciendo a los sectores sociales de menores recursos y tradicionalmente marginados la posibilidad de combinar fuerzas a través de la vida asociativa. La idea era que estos grupos quebrarán su situación de dependencia y subordinación, resultado de una larga tradición de patronazgo y clientelismo, y lograran potenciar sus capacidades alrededor de intereses comunes. Eran vistas como un elemento central para promover la igualdad política en sociedades altamente estratificadas. De esta manera, la participación ciudadana era vista como un elemento clave para la democratización por su potencial para representar a una diversidad de sectores con mayor efectividad que los partidos políticos. Daban voz para influir en la agenda pública.

37 Lo que no se previó de la participación ciudadana
La participación ciudadana no es una arena de convergencia natural entre distintos grupos sociales de la que nace el consenso. Es un espacio de conflicto en los que los ciudadanos compiten por distintos recursos e influencia social, política y cultural. La sociedad es heterogénea, y sus demandas y necesidades también lo son. El proyecto neoliberal concibe a la sociedad civil, la participación y la idea de ciudadanía desde una preferencia por la lógica del mercado, aplicada a las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Esta lógica desplaza las decisiones políticas hacia la esfera exclusiva de los «expertos» y fuera del alcance de los ciudadanos.

38 Otras consideraciones
1. Se requiere de instituciones efectivas, que garanticen la correcta aplicación de la ley y que garanticen los derechos ciudadanos. No puede haber participación ciudadana si no se cuenta con instituciones sólidas ya que si no se garantizan los acuerdos, la confianza interpersonal y hacia las instituciones no se consolida. 2. La participación ciudadana está profundamente afectada por las desigualdades sociales (económicas y culturales). En la medida en que unos son más ciudadanos que otros. La capacidad asociativa depende a menudo del acceso a diferentes recursos.

39 El lado obscuro de la participación ciudadana suele emerger cuando, bajo condiciones de una desigualdad acentuada, el Estado y el sistema legal fallan en establecer normas de legalidad que faciliten la obediencia voluntaria a la ley. En este contexto, el Estado y los agentes del gobierno no se sujetan al control de la ciudadanía, lo que erosiona la aceptación social del régimen político, y la ley suele aplicarse selectivamente a los ciudadanos, lo que deteriora la confianza entre los individuos y entre los ciudadanos y el Estado.

40 II. La participación ciudadana y los procesos de democratización (Ernesto Insunza)
La relación entre ciudadanos y el Estado se da en múltiples formas y con diversas intensidades e intencionalidades. Ya sea en colectivos organizados (la sociedad civil organizada) o a través de partidos políticos (la sociedad política). Bien para exigir cuentas a los funcionarios públicos o demandar un servicio. O con la finalidad de elegir representantes o quejarse por un bien mal distribuido. En cualquier caso los ciudadanos movilizan energías y recursos en un flujo continuo de intercambio con las instituciones del Estado.

41 Encontramos cuatro principales argumentos a favor de la existencia de mecanismos de intercambio permanente entre la sociedad y el Estado: La eficacia de las políticas públicas se benefician con la participación de los ciudadanos como directos concernidos y buenos conocedores de la realidad cotidiana que aquéllas moldean. Conlleva a la transparencia de «lo público», lo que genera buenas prácticas y mecanismos disuasorios contra la corrupción y otras formas de negación del estado de derecho.

42 3. El control de los servidores públicos por parte de la ciudadanía es una consecuencia legítima del sistema democrático, ya que las elecciones son apenas un episodio de la relación permanente entre mandantes-mandatarios. 4. La institucionalización de mecanismos de participación ciudadana, sean éstos consultivos o decisorios, complementan el sistema representativo que sufre de un crónico déficit de legitimidad.

43 Las interfaces socioestatales
Son espacios de participación, interpelación y control del poder estatal. No se trata de la negociación particularista y privatista la que funciona como mecanismo de resolución de conflictos. Sino que se crean espacios públicos a través del reconocimiento de esferas temáticas, en las que se buscan salidas a la ineficacia de los medios convencionales. Así, se crea una esfera de actuación que es constituida conjuntamente por el Estado y la sociedad, sin la intermediación necesaria de partidos políticos.

44 Tipos de interfaces socioestatales
A. Relaciones de «hacer saber» o tipos ideales cognoscitivos: 1. Interfaz de contribución (participación social informativa). Relación SC E La sociedad civil informa al Estado. Ejemplo: buzones de quejas y formas tenues de consulta sectorial y temática; mecanismos de «atención ciudadana».

45 2. Interfaz de transparencia (información gubernamental)
SC E En la que el Estado informa a la sociedad civil Ejemplo: IFAI Páginas de internet gubernamentales Informes regulares de gestión gubernamental Campañas mediáticas del Estado

46 3. Interfaz comunicativa (colaboración informativa)
SC E En la que la sociedad civil y el Estado se informan mutuamente y se comunican Ejemplo: Mecanismos de transparencia de la información pública gubernamental Consejos consultivos de carácter no vinculante

47 B. Relaciones de «hacer hacer», o tipos ideales políticos.
4. Interfaz mandataria (democracia directa, control social) SC E En la que la sociedad civil controla, domina o dirige al Estado Ejemplos: Mecanismos de democracia directa como el referéndum, plebiscito e iniciativa popular Contralorías sociales en el sentido «fuerte» Elecciones de los gobernantes y legisladores en los ámbitos federal, estatal y municipal.

48 5. Interfaz de transferencia (políticas públicas subrogadas, transferencia de políticas públicas)
SC E En la que el estado controla, domina o dirige a la sociedad civil Ejemplos: Proyectos de desarrollo social gestionados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) Las obras con participación social (mano de obra)- Oportunidades, comités de Solidaridad Las investigaciones hechas por instituciones académicas y OSC, con recursos públicos bajo contrato

49 6. Interfaz cogestiva (cogestión)
SC E En la que la sociedad civil y el Estado mantienen una relación de cogestión Ejemplos: Consejos electorales del Instituto Federal Electoral (ahora INE) Consejos cuyas decisiones sean de carácter vinculatorio

50 Puntos positivos de la participación de la sociedad en interfaces
En las dependencias públicas y en sus programas concretos donde se da la participación ciudadana existe una mayor efectividad en la política pública. Cuando la participación ciudadana puede realizarse en un interfaz donde se articulan varias dependencias públicas, se potencia la incidencia de los actores civiles. La capacidad técnica y política de los actores es crucial para el éxito (o fracaso) de las interfaces socioestatales, algo que es válido para los funcionarios públicos y los ciudadanos concernidos. La participación ciudadana debe tener consecuencias, tanto en las interfaces consultivas como en las decisorias.

51 La mejoría en la provisión de servicios públicos depende, en gran medida, de que el ciudadano señale claramente sus demandas o preferencias, por medio de la comunicación de sus preocupaciones o inconformidades, o escogiendo entre diversos prestadores de un mismo servicio. Los usuarios, desde este punto de vista, están considerados como agentes importantes que activan mecanismos de sanción y control, ejerciendo presión sobre los formuladores y operadores de políticas –burocracias y prestadores de servicios- , forzándolos a rendir cuentas y ser más responsivos.

52 III. Gobernanza y trabajo interinstitucional en México (José Santos y Francisco Porras)
La Gobernanza constituye un modo y un estilo específico de acción colectiva que se sustenta en la conformación de asociaciones y coaliciones de actores gubernamentales, privados y sociales que se dirigen a lograr objetivos de manera colectiva. Esto plantea un tipo de gestión pública participativa y, por lo tanto, más democrática. La gobernanza es un proceso donde el papel de los actores gubernamentales se desplaza de un rol fuertemente unilateral y jerárquico, característico de las formas más tradicionales de gobierno, Hacia uno más cooperativo y facilitador de las interacciones entre los actores participantes.

53 Bajo esta perspectiva, la toma de decisiones de la acción pública no se ubica exclusivamente en los actores gubernamentales, ni en los espacios organizados del gobierno municipal, sino en redes complejas, dinámicas y conflictivas. En estas redes, los actores de las agencias municipales son un actor más y sus acciones tienen que legitimarse ante los demás actores involucrados. Las relaciones se definen y conforman con base en la deliberación, el consenso y el aprendizaje colectivo de los actores con sus distintas lógicas de acción, recursos y desacuerdos.

54 La Gobernanza pone énfasis analítico en la interacción horizontal;
Esto significa que toda gobernanza se enmarca en relaciones interinstitucionales cooperativas que logran involucrar a la ciudadanía en la solución de los problemas públicos. Para gobernar en Gobernanza, el ámbito del gobierno municipal adquiere relevancia, ya que asume la responsabilidad de procesar las demandas más inmediatas de la sociedad como los servicios públicos básicos. Por tal motivo, el municipio es el espacio público en donde con más claridad se percibe la participación ciudadana en la solución de los problemas públicos.

55 Transformación institucional del gobierno local
En México, la preeminencia de la población urbana sobre la rural, la globalización económica, las transformaciones del sistema político, así como las políticas de descentralización, generaron un nuevo proceso de hechura de las políticas públicas, manifestado en la transición de un modelo centralizador a uno más descentralizado. La descentralización hizo que los gobiernos locales contaran con mayores recursos para involucrarse en la solución de los problemas públicos locales. Una de las acciones de la política pública de mayor impacto en los gobiernos municipales de México, fue el proceso de reforma administrativa, principalmente la vinculada a la transferencia de funciones y recursos a los gobiernos locales.

56 La descentralización encuentra obstáculos en la heterogeneidad de los municipios y en la resistencia de los grupos de poder local. La descentralización administrativa que estimula la participación ciudadana, se ha efectuado por medio de los programas de política pública del gobierno federal, principalmente los de política social. Así, la descentralización del gasto público federal ha sido una oportunidad de poner en acción el potencial organizativo de la sociedad local. Sin embargo, en la mayor parte de los municipios mexicanos, la participación se ha limitado a reuniones para informar o consultar, pero muy poco para la deliberación (debate público).

57 Participación ciudadana y coordinación interinstitucional en la gobernanza local
La gobernanza local conforma así un tipo particular de gobierno cuyo eje está centrado en la construcción de nuevas modalidades de articulación y participación más participativas y cooperativas entre los distintos actores e instancias institucionales de las sociedades locales. Estas formas de gobierno y toma de decisiones en el territorio, establecen un sistema complejo de relaciones e interacciones entre actores gubernamentales, de la sociedad y el mercado. Cuyo resultado dependerá de cómo se distribuya el poder entre estos actores, de modo que se favorezca un incremento en el bienestar de la sociedad local.

58 Tipología de gobernanza local
Para medir el efecto de la gobernanza local en la dimensión institucional del proceso de hechura de políticas públicas locales, se pueden utilizar dos indicadores. El primero estaría vinculado a medir el grado de responsabilidad del gobierno local en el proceso de hechura de las políticas públicas, estableciendo dos criterios de medición, alta y baja. El segundo indicador evalúa la capacidad de participación ciudadana en el proceso de hechura de las políticas, mediante los mismos criterios de medición, alta y baja.

59 En las relaciones entre estos dos indicadores, es posible identificar cuatro tipos de modelos de gobernanza local: Responsabilidad del gobierno local Alta Gobernanza jerárquica Gobernanza social Gobernanza descentralizada Gobernanza cooperativa Baja Baja Alta Participación ciudadana en la hechura de las políticas públicas

60 1. Gobernanza jerárquica
Es la interacción entre agencias gubernamentales y ciudadanos individuales, bajo un estilo de gobierno jerárquico. Hay muy limitados espacios de participación social o simplemente son mecanismos de legitimación de decisiones ya tomadas en el espacio de las agencias gubernamentales nacionales, ya que es baja la coordinación intergubernamental. Los espacios de participación son simples instrumentos de comunicación de las decisiones y acciones del gobierno local. En algunos casos, hay un uso de esquemas organizativos, sustentados en acuerdos corporativos. La planeación en el ámbito municipal, en la mayoría de los casos, no se realiza en función de las necesidades de la sociedad, sino que suele convertirse en un instrumento de legitimación política de la acción del gobierno.

61 2. Gobernanza descentralizada
La iniciativa de hechura de la política pública proviene del gobierno federal, por lo que la responsabilidad del gobierno local es sólo de carácter administrativo. La responsabilidad de los gobiernos locales es acompañar al gobierno federal en la operación de las políticas públicas. La coordinación intergubernamental es la experiencia de acción pública más relevante en la gobernanza descentralizada. Pero en ello, la incorporación de la participación de los ciudadanos está ausente o es muy débil. La coordinación intergubernamental se da mediante la creación de consejos y comités.

62 3. Gobernanza cooperativa
En esta forma de gobernanza, la cogestión conlleva la utilización de formas organizadas de interacción en el proceso de hechura de las políticas públicas. El gobierno se caracteriza por una estructura «horizontal»: los actores involucrados cooperan y se coordinan sin el predominio de un actor central o dominante. La cogestión, se caracteriza por la existencia de una infraestructura que promueve la participación de los ciudadanos y la interacción de éstos con el gobierno municipal, mediante la creación de consejos, comités y asociaciones impulsados desde el gobierno federal. Sin embargo, aunque la participación ciudadana es un elemento central de un gobierno más democrático, no es garantía de una gestión pública exitosa. Una cogestión sólo será exitosa si los gobiernos municipales crean sus propios instrumentos de participación en función de las características de la sociedad civil.

63 4. Gobernanza social Hace referencia a la gran capacidad deliberativa de la sociedad local y del gobierno municipal para resolver conjuntamente los problemas públicos. Su capacidad de organización es autónoma, en el sentido de que los componentes interactivos repetidamente generan sus propios procesos de interacción. Se trata de grupos organizados de la sociedad, con autonomía de gestión, que tienen interlocutores con las agencias gubernamentales, lo que permite una efectiva aplicación de las políticas públicas.

64 La relación gobierno-sociedad, presenta variaciones en sus formas corporativa y consensual.
En la primera, la participación ciudadana es excluyente, selectiva y clientelar. En la segunda, es plural, voluntaria y autónoma. Estos estilos de gobierno no se encuentra en su forma pura en la realidad, sino que es posible encontrar un estilo combinado de gobierno, esto como consecuencia del incremento de la complejidad de los problemas públicos.

65 Pendientes de la gobernanza en México
Un déficit en las políticas de descentralización, las cuales no lograron articular las diversas regiones del país. La nueva gobernanza local no ha abarcado todo el gobierno municipal, sino que se concreta en aspectos muy concretos. Asimismo, hay un déficit de continuidad, pues las acciones de gobernanza tienen una vigencia de tres años. La ausencia de una cultura democrática en los actores gubernamentales y la sociedad. Continua el predominio del presidente municipal. El gobierno local ha logrado implantar acciones innovadoras de política pública, pero con un déficit en el uso de los recursos, en el incumplimiento de las metas y en la recuperación de la confianza de la sociedad local.

66 IV. El Modelo Ecológico como una propuesta de trabajo transversal e interinstitucional (Edith Olivares y Teresa Incháustegui) Un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de fenómenos, sistemas o procesos interconectados (por ejemplo, un mapa conceptual, físico o matemático). Su propósito es establecer relaciones conceptuales que permitan analizar, describir, explicar, simular, explorar –y a veces controlar y predecir– los elementos que conforman un fenómeno o proceso en estudio. Desde la perspectiva de la formulación de políticas públicas, la noción de modelo se utiliza para aludir a un conjunto de componentes que deben integrar una ley o una política pública.

67 Esto incluye los elementos teóricos y técnicos que definen, condicionan o afectan el problema público en cuestión, así como las propuestas para que los gobiernos desarrollen u organicen las acciones y distribuyan los recursos de autoridad, económicos, humanos y materiales destinados a atender el problema. El Enfoque ecológico para la atención de la violencia, fue instituido por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner (1979). Este enfoque parte del supuesto de que, cotidianamente, cada persona está inmersa en una multiplicidad de niveles relacionales – individual, familiar, comunitario y social–, donde pueden producirse distintas expresiones y dinámicas de violencia.

68 Nivel microsocial El primer plano es el individual, donde cuentan los factores biosociales que subyacen en la historia personal. En éste pueden considerarse características como la edad, el sexo, el nivel educativo, el empleo o los ingresos. Los factores de riesgo que se deben observar son: la presencia de antecedentes de conductas agresivas o de autodesvalorización; trastornos psíquicos de la personalidad; adicciones o situaciones de crisis individual debido a la pérdida de empleo, las frustraciones profesionales o el fracaso escolar.

69 En el segundo plano cuenta la relación de las personas con su medio ambiente inmediato, es decir, las relaciones más próximas en la familia de pertenencia, entre cónyuges o parejas, y entre quienes forman el grupo familiar y más cercano de amistades. Vivir en ambientes familiares violentos, sufrir agresiones de cualquier tipo o gravedad en la familia, o atestiguar la comisión de actos de violencia, pueden predisponer a las personas a sufrir o a perpetrar este tipo de actos en la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Tener amistades que cometan o inciten actos violentos, también eleva el riesgo de que una persona joven sufra o realice actos de violencia.

70 Nivel mesosocial En este nivel se exploran los contextos comunitarios en donde se desarrollan los individuos y las familias, así como las relaciones sociales que se establecen en los vecindarios, el barrio, los ambientes escolares y laborales más próximos. Se trata de identificar las características de estos ambientes y determinar en qué medida éstas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos violentos o fomentar la cultura de la violencia. Los riesgos pueden estar potenciados por conflictos comunitarios derivados del deterioro urbano, el hacinamiento, la penuria económica, el desempleo o la falta de oportunidades de desarrollo educativo y deportivo, así como por la carencia de espacios lúdicos. La presencia de comportamientos delictivos, robos, vandalismo, homicidios y tráfico de drogas, entre otros, hacen cotidiana y tolerable la convivencia violenta e, incluso, banalizan el sentido de vivir en peligro de padecerla o infligirla

71 Los defensores del origen sociocultural de la violencia afirman que los comportamientos agresivos se encuentran institucionalizados, es decir, asentados en valores y prácticas que los dotan de justificación y aceptación; y normalizados de tal forma que se sabe quién, cómo y cuándo pueden o deben poner en acto formas de violencia, de suerte que se concretan en actuaciones o comportamientos que se imponen a los individuos – dependiendo del rol y del lugar que asuman u ocupen–, y por los que se ven impelidos a actuar de forma agresiva o aun a tolerar la propia victimización, al asumir que la violencia es una conducta ajustada a la posición o situación social en que se encuentre cada persona.

72 Nivel macrosocial En este nivel se reúnen los factores de carácter más general, relativos a la estructura de la sociedad. Son factores que pueden contribuir a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia, Por ejemplo: la impunidad; la posibilidad de adquirir armas fácilmente; la cultura de la ilegalidad; las relaciones o tratos corruptos con agentes de seguridad y de justicia, y la falta de respeto por las instituciones. Estas circunstancias se tornan en una especie de capital social negativo o anómico, al propiciar comportamientos colectivos proclives a la delincuencia o, cuando menos, a la desobediencia a la ley.

73 En este nivel puede observarse el grado en que están institucionalizadas las pautas violentas o las normas que toleran el uso de la violencia; es decir, cómo se han convertido en rutinas o patrones de comportamiento aceptados en la estructura de la sociedad: la violencia es vista, entonces, como algo cotidiano y normal, con lo que se contribuye a su legitimación como práctica generalizada. Igualmente, la violencia institucional potencia la violencia social: la práctica del poder autoritario y el desprecio a los derechos humanos –por parte de las propias autoridades encargadas de hacerlos valer–,

74 Tanto como los abusos de poder ejercidos por las autoridades, incentivan en los gobernados la desobediencia social a las leyes y normas de civilidad, lo que propicia la anomia social, el mejor caldo de cultivo de todas las formas de violencia social. La impunidad de los poderes lleva a la impunidad de todos. Como ha señalado Guillermo O’Donnell (1993), la desigual vigencia del sistema legal –en los niveles territorial y social–, representada por la impunidad, permite que se generen zonas o incluso regiones en donde la violencia (en todas sus variantes) pasa a ocupar un lugar preponderante.

75 El enfoque ecológico tiene un gran poder explicativo, pues permite entender las causas de la violencia y la interacción de los factores de riesgo que operan en las personas, en sus relaciones, en la comunidad y en los ámbitos social, cultural e histórico. En síntesis, el enfoque ecológico se sostiene en el análisis de los determinantes y factores de riesgo que impactan en la relación dinámica de la personas con su medio y viceversa, interfiriendo o favoreciendo la transformación recíproca. En otras palabras, ayuda a identificar las raíces de los fenómenos que impiden, retardan o favorecen el clima de violencia, así como los factores que pueden beneficiar el cambio de los mismos.

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78 Modelo de intervención
La intervención pública debe focalizarse en los factores de riesgo presentes en el contexto social y considerar las diversas manifestaciones o naturaleza de las formas de la violencia, en los múltiples niveles y planos sociales: desde la persona en sí a los ámbitos más próximos a ésta, como son la familia y la comunidad. Ambos supuestos obligan a que las intervenciones asuman un carácter integral y holístico, mediante la articulación de acciones preventivas en cada nivel o ámbito de intervención; así como de servicios de atención e, inclusive, funciones de sanción o desaliento de los actos violentos, según se trate de percepciones, actitudes o propiamente hechos que involucren la comisión de actos violentos y delictivos.

79 Intervención en el plano individual
Se busca actuar sobre las motivaciones y circunstancias individuales que colocan a las personas en riesgo de participar en prácticas violentas, ya sea como víctimas o como perpetradoras de comportamientos violentos o actividades criminógenas. Fundamentalmente, las intervenciones en este ámbito se dirigen a fortalecer las capacidades y los recursos individuales para romper patrones de socialización enmarcados por la violencia desde temprana edad. Un componente de intervención importante es el tratamiento de las adicciones y la prevención de riesgos psicosociales, así como el desarrollo de programas de autoprotección y fortalecimiento de la autoestima.

80 Intervención en el plano familiar
Las estrategias de intervención en este plano pueden ayudar a transformar los patrones de socialización basados en relaciones violentas y orientarse a empoderar a las personas con menos recursos de poder en la familia, mediante la promoción de sus capacidades para la negociación y la toma de decisiones, en un marco de resolución pacífica de conflictos. Incrementar la sensibilidad del grupo familiar ante las diversas formas de violencia (física, emocional o psicológica, patrimonial o económica e incluso sexual) que a menudo se practican entre los miembros de la familia.

81 Intervención en el nivel comunitario
Desde la perspectiva del Modelo de intervención propuesto, se trata de detonar un proceso de reconstrucción de la solidaridad y de fortalecer los derechos y la ciudadanía en el territorio, a partir de intereses u objetivos compartidos en la comunidad, bajo el principio de favorecer la cohesión y lograr la reconstrucción o rehabilitación de un tejido social más virtuoso en comunidades ciudadanas, pacíficas, diversas y apropiadas de su proceso de reconstrucción. Los principios del trabajo comunitario son: la participación social, la promoción de la cultura de la legalidad, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana (deberes y derechos), la resolución pacífica de conflictos mediante la negociación asistida y la difusión y mayor conciencia de los derechos humanos y del principio de la no discriminación.

82 Las intervenciones deben aplicar estos principios a partir de la organización de los diversos grupos que integran las comunidades (mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas), así como de la creación de redes entre los servidores públicos y las agencias gubernamentales y sociales que trabajen de manera coordinada en favor de la seguridad ciudadana y la no violencia.

83 Intervención en el nivel social
Consiste en ofrecer a la población alternativas educativas, de capacitación y empleo; así como en mejorar la oferta de servicios de justicia, salud, deporte, actividades artísticas, oficios y rehabilitación de adicciones, sobre todo para la población joven. En esta vertiente preventiva se incluyen ayudas y asesorías para apoyar a las mujeres como generadoras de ingresos en las familias. Son indispensables programas culturales para promover cambios en los estereotipos sociales, los cuales propician la violencia en todas sus variantes.

84 Coordinación y cooperación política
La puesta en marcha de un modelo integral como el propuesto exige una eficiente y adecuada cooperación y coordinación entre niveles de gobierno, en tanto cada uno de ellos debe realizar intervenciones específicas en el plano respectivo de sus competencias. En el caso que aquí ocupa, los planos individual, familiar y comunitario de la intervención les corresponde mayormente a los gobiernos locales, con la participación del gobierno estatal para las política sectoriales. Al Gobierno Federal le competen los problemas macrosociales.

85 Se requiere la creación de grupos de trabajo intergubernamentales para buscar la alineación y complementariedad de programas, proyectos, presupuestos y operaciones, la definición de las estrategias y políticas de comunicación, y la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes.

86 Así, la coordinación alude a tres dimensiones básicas de las políticas públicas: su integración, su coherencia y las formas de gestión. 1. La integración se refiere a la efectiva incorporación de las directrices, los objetivos estratégicos y las restricciones, impuestos o elegidos, en el proceso de negociación, formulación y diseño de las políticas de cada sector y nivel de gobierno. Su propósito es garantizar desde el inicio la compatibilidad y coherencia entre las diversas políticas que concurren, con el fin de crear entornos urbanos seguros y libres de violencia.

87 2. La coherencia en las políticas públicas implica el grado de consistencia lógica con que se vinculan las acciones e intervenciones sectoriales o de diversas instituciones que concurren en el objeto común. La búsqueda de coherencia supone eliminar incompatibilidades entre objetivos, metas, estrategias y otros aspectos. En cambio, necesita promover sinergias positivas entre los organismos encargados de implementarlas. Los esfuerzos por la transparencia, la comunicación, la cooperación y la responsabilidad que predominen entre los actores y agentes de gobierno asociados, serán decisivos para lograr la unidad de la acción, en aras del propósito común.

88 3. La gestión de políticas públicas remite al trabajo diario, racional y consensuado de directrices, objetivos y metas que realizan autoridades, equipos y organismos públicos de diferentes sectores y niveles de gobierno. Supone la ejecución de actividades y tareas que requieren la atención conjunta, cooperativa y sincronizada de diferentes ámbitos de gobierno. Por ello involucra mecanismos institucionales o sistematizados que faciliten el intercambio de información para el diálogo, la concertación, la planeación y la instrumentación de programas, proyectos y acciones que exigen la participación de múltiples equipos profesionales, así como el monitoreo de lo realizado.

89 Transversalidad e interseccionalidad
La transversalidad es un método de gestión de políticas intersectoriales, es decir, de aquéllas cuyos objetivos de intervención cruzan las fronteras de sectores y organizaciones y que, incluso, pueden involucrar la participación de instituciones públicas y de organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Políticas de mejoramiento y sustentabilidad ambiental y de igualdad de género, son ejemplos de políticas transversales que se ponen en marcha hoy en día, pues para lograr los propósitos de estas políticas se requiere el esfuerzo concurrente de diversos sectores.

90 La transversalidad permite incorporar un principio o un objetivo común y nuevo a las acciones y programas de varios sectores de política, así como aplicar recursos de autoridad, financieros y humanos, de las distintas esferas de competencia involucradas, en aras de conseguir el objetivo común. Esto exige la planeación concertada y coordinada entre agencias y actores en cada uno de los proyectos que realizan. Gracias a ello se pueden producir sinergias, así como optimizar y aumentar los rendimientos en las acciones que desarrollan los diversos sectores institucionales (Incháustegui y Ugalde, 2006).

91 El principio de transversalidad exige trascender la visión autárquica o Estado-céntrica de las políticas –definidas, diseñadas e implementadas por el gobierno– para dar paso a la participación ciudadana, a la cooperación intersectorial, intergubernamental y público-social-privada; y para estar en condiciones de responder con flexibilidad y mayor eficacia a la diversidad de localidades y de grupos. Los gobiernos locales pueden y deben impulsar políticas municipales en las que estén involucradas las instancias encargadas de seguridad, con la concurrencia de instituciones de educación, salud, desarrollo social, cultura y protección civil, entre otras;

92 Simultáneamente, es necesario que los actores gubernamentales impulsen acciones interinstitucionales en donde participen actores de la sociedad civil: académicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales y la ciudadanía en general. Estos espacios deben crear consensos en donde los planes, objetivos y estrategias locales puedan establecerse de manera integral.

93 Evaluación y rendición de cuentas
En la actualidad es mayor el consenso respecto a que toda política pública debe ser evaluada para garantizar que se cumplan los fines propuestos por los gobiernos, para fortalecer la legitimidad y gobernabilidad política. Las funciones de la evaluación tienen que ver con los usos que se le pretende dar. Daniel Stufflebeam y Anthony Shinkfield (1987) señalan tres: el perfeccionamiento o mejora (improvement), la rendición de cuentas o responsabilidad (accountability) y la orientación y el aprendizaje para acciones futuras (enlightenment).

94 1. La mejora de un programa o política permite la retroalimentación y el aprendizaje sobre el propio quehacer de la acción pública. En este sentido, la evaluación es un instrumento de perfeccionamiento que cuida la calidad de un servicio o programa por parte de todos los agentes críticos involucrados en el proceso, en especial el personal del servicio y la organización que lo promueve. Lógicamente, esta función refuerza la atención al contexto concreto de lo que se está evaluando, es decir, a las necesidades y naturaleza de las personas a quienes están destinados los servicios.

95 2. La rendición de cuentas y responsabilidades, es un instrumento para que los diferentes niveles de responsabilidad involucrados en una política rindan cuentas sobre la gestión y los resultados del programa. La rendición de cuentas debe darse en varios niveles e involucrar a la ciudadanía. El ciudadano y la ciudadana tienen derecho a saber no sólo en qué se emplean los fondos públicos, sino también el grado de eficacia y eficiencia con que se están asignando, gestionando y empleando dichos fondos.

96 3. Orientar acciones futuras, tiene que ver con el programa evaluado, en un contexto, situación y momento específicos, de forma que se contribuya a su mejora y se rindan cuentas sobre el mismo. La evaluación es útil porque arroja información sistemática del programa, servicio o política, así como de determinados problemas públicos. De esa manera, se pretendería mejorar y perfeccionar las acciones emprendidas; afinar los objetivos, si es necesario, y evaluar la pertinencia de los mecanismos de gestión y coordinación que se han establecido para alcanzarlos.

97 Ruta crítica 1. Generación de conocimiento
A partir de un diagnóstico de seguridad, es posible solucionar aquellos conflictos que revisten mayor gravedad, sobre todo porque a partir de esta radiografía del contexto situacional se pueden coordinar esfuerzos y utilizar de mejor forma los recursos disponibles. Son cinco los pasos en los diagnósticos de seguridad: Identificación de los problemas de seguridad a través de la recopilación de información. Identificación de los actores involucrados en actividades de seguridad (prevención, atención, participación y sanción) en la comunidad. Análisis de las características físicas y sociales de las comunidades. Elección de los problemas prioritarios de la comunidad. Análisis de los problemas prioritarios de la comunidad.

98 2. Diseño participativo de la estrategia de intervención
Con los problemas prioritarios seleccionados en los municipios, se procederá a la elaboración de una estrategia que permita operar, es decir, que atienda los problemas de manera ecológica, integral y holística, lo cual requiere contemplar varios pasos: Elegir los problemas prioritarios y agruparlos en áreas focales. Identificación de actores / socios locales (ciudadanía) para asegurar la participación y un enfoque participativo a lo largo de toda la estrategia de intervención. Identificación de soluciones, niveles de intervención, tipos de soluciones necesarias y grupos de personas beneficiarias. Selección de los programas más adecuados (los que ya están en operación y los programas nuevos). Apoyo para programas y proyectos.

99 Si se siguen los pasos propuestos, las soluciones participativas deben:
Ser creativas, tomando en cuenta las condiciones físicas y sociales de las comunidades en donde habrán de operarse. Ser alcanzables, realistas y ponderables. Producir un efecto significativo para la comunidad y generar cohesión social. Manejar el problema en el nivel más adecuado, dirigiéndose a grupos de mujeres víctimas, vulnerables o en situación de riesgo, pero también a hombres agresores o potencialmente agresores. Incluir soluciones innovadoras, eficientes y eficaces. Satisfacer los objetivos en el corto y mediano plazos. Ser sostenibles en el tiempo (Banco Mundial, 2003: 53).

100 3. Ejecución de la estrategia de intervención para la resolución de problemas
Cada uno de los programas que se desprendan de la estrategia de intervención para la resolución de problemas deberá incluir planes detallados para su ejecución. Esto es, planes de acción que incluyan actividades, definición de responsabilidades (organigrama funcional, definición de procesos), planes para la implementación de programas y proyectos (flujogramas, cronogramas), plazos y recursos. En la medida en que se defina la logística para la ejecución de los programas perfilados, se podrá garantizar una buena operación de lo planificado.

101 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación de la estrategia de intervención para la resolución de problemas Es necesario dar seguimiento a la estrategia para constatar si se han alcanzado las metas del Modelo ecológico, para saber si es pertinente continuar con ciertos proyectos y programas que buscan institucionalizar políticas de seguridad y una vida libre de violencia, y principalmente para corroborar si los recursos se están empleando correcta y sosteniblemente.

102 Para el desarrollo de esta etapa, deben contemplarse los siguientes puntos:
La inclusión de actividades de monitoreo y evaluación en la planificación y presupuesto de la estrategia de intervención. Tener plenamente identificados los objetivos generales de la estrategia de intervención. Diseñar mecanismos y formas para evaluar los resultados de los proyectos y programas de la estrategia de intervención. Establecer el marco para la evaluación, el proceso y los tiempos de su aplicación.

103 Referencias bibliográficas
Armony, Ariel C. (2008), Sociedad civil y democracia en América Latina, en Revista Pensamiento Propio, año 13, núm. 28. CRIES, Argentina. Pp Bobbio, Norberto (2003), El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México. Dahl, Robert (2009), La Poliarquía: Participación y oposición, Tecnos, España. Insunza, Ernesto (2010), Para analizar los procesos de democratización: interfaces socioestatales, proyectos políticos y rendición de cuentas, en Ernesto Insunza y Alberto Olvera (Coords.), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil, participación ciudadana y control social. Porrúa, México. Olivares, Edith y Teresa Incháustegui (2011), Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género. Conavim, México. Santos, José y Francisco Porras (2012), Participación ciudadana y gobernanza local como forma de gobierno en México, en Gisela Zaremberg (coord.), Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza en América Latina, Flacso, México.