De conformidad con lo señalado en el Decreto 3466 de 1982 o Estatuto de protección al consumidor. Los proveedores de los bienes y servicios tienen la obligación de responder frente a los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos que proveen o expenden. Dicha obligación se traduce en hacer efectivas las garantías otorgadas sobre los bienes y servicios que se incorporan en el mercado.
Los contratos de compraventa y prestación de servicios tienen implícita la garantía mínima presunta por idoneidad y calidad del bien o servicio Las garantías diferentes a esta o voluntaria, sus condiciones, el término de vigencia y la forma de reclamarlas deberán constar por escrito.