El impacto de la Ley 39/2006 en la protección social de las personas con discapacidad y en su movimiento asociativo. 2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006

Marco conceptual y legal DISCAPACIDAD: Modelo conceptual de procedencia evolutiva. Forma de exclusión social. Perspectiva social: comunidad. Servicios múltiples y dispersos. Organización de base local y origen familiar. Financiación graciable. DEPENDENCIA: Modelo conceptual de procedencia legal. Derecho objetivo reconocido. Perspectiva individual: hogar. Servicios determinados y catalogados. Organización de base y origen empresarial. Financiación estable.

Despliegue poblacional 4 millones de personas con discapacidad, 60% con certificado de discapacidad, 18% de Dependencia.

Distribución por EDAD Más de medio millón de las personas que reciben prestación, son mayores de 64 años, es decir casi el 75% del total. El SAAD se despliega sobre todo en jóvenes y personas mayores.

Evolución de gasto La evolución del gasto público en dependencia y discapacidad evidencia un crecimiento acelerado del primero, y un estancamiento del segundo.

Gasto por CCAA y Sistema Ratios promedio de 2,29 euros dedicados a dependencia por cada 1 euro dedicado discapacidad, con gran variabilidad entre CCAA.

Tipo de prestaciones SAAD La prestación más frecuente es vinculada a cuidados en el entorno familiar, 4 de cada 10 prestaciones.

Impacto en las personas con discapacidad y sus organizaciones Ruptura conceptual o ideológica: Digresión en el asentamiento de un “modelo social” de la discapacidad y el espíritu de la CDPD. Regreso a un planteamiento asistencialista y “rehabilitador” de los servicios de apoyo para personas con discapacidad, sus familias y organizaciones. Ruptura material o de recursos: SAAD como oportunidad de recursos económicos. Vaciamiento de recursos para servicios fuera de catálogo. Ruptura burocrática o de gestión: Exigentes procesos de homologación y concurrencia competitiva basada en precio y recursos.

Algunas ideas para la reflexión (organizaciones) Fuerte exigencia de recursos económicos dedicados al SAAD ha supuesto una limitación financiera para apoyos que se venían prestando a la población con discapacidad. Doble riesgo de pérdida de diversidad: Catálogo restringido de servicios de apoyo financiables. Debilitamiento/desaparición de las organizaciones locales. Ha situado a las organizaciones del tercer sector de la discapacidad en una complicada disyuntiva: Optar por el “calor” de los fondos públicos renunciando a la “innovación” que supone el modelo social de la discapacidad, o Continuar apostando por recursos decididamente inclusivos, más allá del catálogo de servicios del SAAD, con una una cada vez más precaria financiación.

Algunas ideas para la reflexión (personas) La LAPAD puede representar, paradójicamente, un “asidero asistencial” en el que amarrar la discriminación de las personas con discapacidad. Paso atrás conceptual, en un contexto con grandes resistencias a la inclusión (familias, administraciones, personas). El SAAD traduce “dependencia” en servicios en su mayoría propios de la atención gerontológica. Los servicios más alienados con una perspectiva inclusiva o “social” de la discapacidad, prácticamente no se prestan. La inclusión de las personas con discapacidad requiere inclusión en todos los ámbitos de la vida, la conquista del espacio comunitario, más allá del hogar.

Muchas gracias Agustín Huete García ahueteg@usal.es www.intersocial.es