PROPUESTAS DEL FUT A LA CRISIS Aquí presentamos un análisis al proyecto de ley del gobierno para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo.

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Transcripción de la presentación:

PROPUESTAS DEL FUT A LA CRISIS Aquí presentamos un análisis al proyecto de ley del gobierno para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. Pero además, lo más importante, aquí se presentan propuestas y alternativas válidas y viables para enfrentar la crisis económica que vive el país. FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES Marzo

1. DISMINUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO El proyecto de Ley de reforma laboral del gobierno enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, que reforma el Código del Trabajo, es inconstitucional porque violenta los principios del ejercicio de los derechos de los trabajadores contemplados en el Art. 11, numerales 3, 4, 5, y 8, por lo que se constituye en una legislación regresiva al disminuir los ingresos que percibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Del mismo modo, violenta los principios del Derecho del Trabajo consagrados en los Arts. 326, numerales 2 y 4, 327 y 328 de la Constitución vigente, que consagran la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la nulidad de un acuerdo que implique la renuncia de los derechos de las personas trabajadoras, la precariedad laboral al imponer la vigencia del contrato por horas y la afectación flagrante al derecho a percibir la remuneración básica mínima unificada, básica sectorial y la pactada en el contrato de trabajo, que son de aplicación obligatoria por la disminución de la jornada de trabajo. Lo anteriormente indicado implica que una persona trabajadora que percibe la remuneración mínima unificada general, actualmente de 366 dólares, al disminuirle la jornada de trabajo y pagarle la remuneración de lo efectivamente trabajado, 6 horas diarias y 30 semanales, su ingreso será inferior a 300 dólares, con lo que se vulnera sus derechos de percibir obligatoriamente la remuneración básica unificada, conforme prescribe la Constitución y el Código del Trabajo, afectando la subsistencia personal y la de su familia, e impidiendo la disposición constitucional de que la remuneración básica mínima unificada debe ser reconocida progresivamente hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar, que hoy supera los 700 dólares.

La inconstitucionalidad también se produce en el modo de financiamiento del Seguro de Desempleo que se propone, pues echa mano de un porcentaje del fondo de cesantía que cada trabajador aporta al IESS. La tasa de aportación para la cesantía es de 2% del monto de la remuneración que percibe el trabajador, y 1% por parte del empleador, es decir el 3% del monto salarial vigente pactado con el que se aporta al IESS, para acumularlo en el fondo de cesantía que se devuelve al afiliado cuando se jubila o pierde su empleo. Este 3% se ha constituido en derecho adquirido, intangible e irrenunciable. En el proyecto de Ley del gobierno desaparece este derecho al porcentaje del 3%, al determinar que el aporte del empleador (1%) tiene el carácter de solidario para los casos de las personas trabajadoras que aportan un valor menor al salario básico unificado, lo cual está prohibido en la Constitución y la Ley. Pero esto tiene relación con los trabajadores y trabajadoras a quienes se les rebaja la remuneración al disminuirles la jornada de trabajo. Este grave perjuicio al derecho de las personas trabajadoras y afiliadas al IESS, que venían aportando el 3% para financiar el seguro de cesantía, se comprueba al establecer que el 2% del aporte personal del afiliado será la base de cálculo para determina el monto del Seguro de Desempleo, que se cancela en cinco meses, en montos correspondientes al 70% el primer mes, 65% el segundo mes, 60% el tercero mes, 55% el cuarto mes y 50% el quinto mes de la remuneración promedio percibida por el afiliado; y, del mismo modo el 2% se constituye en la fórmula de pago del saldo acumulado que puede retirar la persona trabajadora al jubilarse, o ser el haber hereditario en caso de muerte. Y el 1% del empleador se desconoce qué destino tendrá, en qué fondo de la Seguridad Social se depositará. Es decir, existe un vació legal que no puede permitirse porque este 1% es parte del patrimonio del afiliado y su derecho adquirido, que no debe financiar el monto de la pensión mensual del seguro de desempleo. 2. REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

3. CONTRATO DE TRABAJO JUVENIL OBSERVACIONES: Es importante que el gobierno explique si se pondrá al día con la deuda que mantiene con el IESS. Si el trabajador joven gana más de las dos RBU, la aportación correrá a cargo del empleador, con lo que se está limitando la obligación gubernamental y, por lo tanto, la propia remuneración del trabajador. Una cuestión que debe anotarse es que se restituye la posibilidad de los contratos a plazo fijo, que fueron eliminados con la Ley de “Justicia Laboral”. La obligación de pagar al IESS corresponde a los patronos, y el Estado está asumiendo esa obligación con el dinero del pueblo para beneficiar a los empresarios.

4. LEY DE PASANTÍAS OBSERVACIONES: El proyecto elimina lo establecido en el Acuerdo Ministerial , que expidió la “Norma Técnica que establece las directrices para la realización de convenios de pasantía y prácticas pre profesionales en el sector público”. En el Art. 17 reconoce económicamente al pasante un salario básico unificado, derecho que ha sido reclamado y presentado al Presidente de la República por organizaciones juveniles y de estudiantes.

ALTERNATIVAS A LA CRISIS En la medida en que las crisis son inherentes al sistema capitalista, no pueden presentarse planes anticrisis. La única manera de que no existan crisis es que no exista sistema capitalista, pero en razón de que el gobierno está empeñado en fortalecer un sistema capitalista moderno en beneficio de los empresarios, nuestra propuesta solo puede ser que los costos de la crisis la paguen quienes se han beneficiado tanto en los gobiernos anteriores como en los 9 años del actual gobierno, la burguesía y no los trabajadores. No siendo posible que este gobierno atente contra el sistema capitalista, al menos EXIGIMOS QUE LA ASAMBLEA NACIONAL NIEGUE EL TRATAMIENTO DEL “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Y SEGURO DE DESEMPLEO”. En la medida en que las crisis son inherentes al sistema capitalista, no pueden presentarse planes anticrisis. La única manera de que no existan crisis es que no exista sistema capitalista, pero en razón de que el gobierno está empeñado en fortalecer un sistema capitalista moderno en beneficio de los empresarios, nuestra propuesta solo puede ser que los costos de la crisis la paguen quienes se han beneficiado tanto en los gobiernos anteriores como en los 9 años del actual gobierno, la burguesía y no los trabajadores. No siendo posible que este gobierno atente contra el sistema capitalista, al menos EXIGIMOS QUE LA ASAMBLEA NACIONAL NIEGUE EL TRATAMIENTO DEL “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Y SEGURO DE DESEMPLEO”.

F U T PROPONEMOS 1. Que el gobierno elimine en forma inmediata los ministerios, secretarías de Estado e instituciones inútiles, que no contribuyen al bienestar económico y social del pueblo y que han sido utilizados para consolidar el autoritarismo del Régimen, pues incrementan el gasto público.

2. Que las remuneraciones de altos funcionarios de libre nombramiento y remoción, asambleístas, funcionarios de elección popular y asesores, no excedan de 8 salarios básicos unificados del trabajador en general. Igualmente se disminuyan en un 50% los viáticos, subsistencias, bonos y más emolumentos adicionales a los funcionarios mencionados. F U T

3. Que se expida una Ley de Fomento del Empleo, en la que se establezca la obligación de las empresas, incluidos bancos y financieras, de invertir en el país el 50% de las utilidades obtenidas durante los últimos 9 años del actual Régimen, en empresas productivas que generen más empleo. F U T

4. Que se expida una ley en la que se destine para el fondo del seguro de desempleo: i) las fortunas que a través de auditorías se demuestre que fueron ilegal o ilegítimamente adquiridas; ii) el 50% del monto correspondiente a la diferencia existente entre el patrimonio del funcionario y sus familiares dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, y cónyuge o conviviente de unión libre al inicio de su gestión y a la fecha de su salida, que exceda los valores que correspondan a sus remuneraciones habituales; y, iii) aporte patronal de 10% de las utilidades obtenidas por los empresarios y un porcentaje igual por el Estado, y no se afecte en forma alguna el fondo de cesantía. F U T

5. Que el gobierno venda el pool de medios de comunicación que tiene en su poder, para aliviar la carga de mantenimiento y alimentar las arcas fiscales en época de crisis. 6. Eliminar las sabatinas que cuestan “un ojo de la cara” al pueblo (200 mil dólares semanales, más de 10 millones al año). 7. Subastar todos los bienes incautados a partir de 1999, durante feriado bancario.

8. Que los bancos y entidades financieras incrementen los créditos y disminuyan las tasas de interés en mínimo de 5% a la pequeña y mediana empresa, artesanos y campesinos, con el fin de fortalecer el aparato productivo y fomentar el empleo. 9. Que se establezca un Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR) diferenciado, beneficiando a la población de menores ingresos. F U T

10. Que las instituciones del Estado prioricen las inversiones que generen empleo digno. 11. Que se realice una Reforma Agraria Integral, con redistribución de la tierra improductiva a comunidades campesinas, crédito, asistencia técnica, eliminación de intermediación especulativa. 12. Que no se pague la deuda externa ilegítima y se declare la moratoria de la deuda externa. F U T

13. Exigir la renegociación de los contratos que el Estado firmó con las empresas transnacionales, para incrementar los beneficios para el Estado. 14. Creación de una Ley de Fomento de Empleo Juvenil, que garantice la incorporación de los jóvenes al pleno empleo; establezca la Bolsa Nacional de Empleo Juvenil, que recepte y organice los perfiles de las y los jóvenes entre 18 y 29 años, para ubicarlos según la demanda de empleo; cree plazas de trabajo, como política pública, con el 5% y hasta el 10% de la planta. F U T

15. Obligación de todas las empresas e instituciones públicas y privadas de contratar pasantes y trabajadores jóvenes de primer empleo, que gocen de los mismos derechos que cualquier trabajador. 16. Las empresas públicas y privadas deberán incorporar en sus nóminas al menos el 20% de nuevas plazas de trabajo para trabajadoras y trabajadores jóvenes en forma equitativa, de 18 a 29 años. Su cumplimiento, en el caso de las empresas privadas, deberá ser reconocido mediante exenciones y preferencias tributarias. El Estado debe exigir al sector público y privado actuar con el principio de responsabilidad social. F U T