Análisis del proyecto de Ley General de Educación Cristián Bellei & Juan Pablo Valenzuela Centro de Estudios Avanzados en Educación Universidad de Chile Comisión de Educación del Senado Valparaíso, Martes 5 de Agosto de 2008

I. El contexto mayor: ¿Es necesario reformar la institucionalidad educacional para mejorar el aprendizaje de los alumnos?

Mejoramiento inexistente o mínimo a nivel agregado Aumento de la inequidad educativa y segmentación social en la educación Escuelas privadas no son –en promedio- más efectivas que las públicas (podrían incluso ser menos efectivas), en un contexto de muy baja calidad general del sistema y alta segmentación social La evidencia científica sobre la reforma estructural de los ’80 Conclusión: La reforma de mercado (desregulado) no ha logrado conectar virtuosamente la institucionalidad del sistema con procesos de mejoramiento educativo a nivel de las escuelas; más aun, parece haber generado algunos procesos negativos.

¿Porqué la reforma de mercado no ha mejorado el sistema educativo? Bajas exigencias para abrir escuelas: las nuevas no son mejores que las pre-existentes Las familias no eligen escuelas principalmente por calidad instruccional El estado no cuenta con herramientas para “exigir” calidad Las escuelas que “pierden” en la competencia no se cierran, sino que inician procesos de “descomposición” institucional Las escuelas que “ganan” pueden mantener su liderazgo sin proveer una buena educación ni estar presionadas por mejorar Selección de alumnos distorsiona los indicadores de calidad (confusión entre mejores resultados y mejor calidad) y segmenta el sistema, Financiamiento compartido segmenta aun más el sistema, disminuyendo eventual competencia Falencias sistémicas (ej. capacidades docentes, deficiencias de gestión, bajas expectativas) no son resueltas por la competencia La evidencia científica sobre la reforma estructural de los ’80

Pequeño impacto promedio en resultados de aprendizaje, especialmente en algunas categorías de escuelas más intensivamente apoyadas (P-900, Rural, JEC, Críticas) Leve o nulo impacto en equidad a nivel del sistema La evidencia científica sobre la las políticas educacionales de los ’90 Conclusión: Las políticas educacionales de los ’90 abordaron directamente los procesos de enseñanza/aprendizaje, pero obtuvieron resultados insatisfactorios, probablemente (entre otras razones) porque la institucionalidad en que operaron no colaboraba para esos propósitos.

¿Porqué las políticas de los ‘90 tuvieron un impacto tan limitado en los resultados de aprendizaje? Su efectividad está determinada por condiciones previas de las escuelas que ellas no modifican: calidad de las condiciones de trabajo, organización y gestión de las escuelas La confusión de responsabilidades entre actores (docente-escuela- sostenedor-Mineduc) hace que nadie se sienta responsable por los logros de las escuelas (lógica de voluntariedad, sin sentido de urgencia) Las dinámicas de segregación y competencia “dañan” las escuelas, especialmente las focalizadas, haciendo más difícil su mejoramiento Pocos recursos para “compensar” tremendas desventajas No logran resolver problemas básicos, como las capacidades docentes o de gestión educativa Defectos de diseño de los programas (ej. poca claridad acerca de cómo ser transferidos al aula) o de implementación La evidencia científica sobre la las políticas educacionales de los ’90

Existe bastante evidencia de que la institucionalidad actual del sistema escolar es inapropiada para generar y promover procesos de mejoramiento escolar que aumenten los bajos resultados de aprendizaje de los alumnos, en general, y en particular de sectores de menores recursos. ¿Es necesario reformar la institucionalidad educacional para mejorar el aprendizaje de los alumnos? Este es el gran consenso del Consejo Asesor Presidencial, recogido en las iniciativas legislativas del Gobierno y ratificado en el Acuerdo por la Calidad de la Educación.

II. El proyecto de Ley General de Educación: avances

La LGE avanza en la reforma institucional requerida: Mejora el contenido sustantivo del marco institucional educacional, explicitando los principios que lo inspiran (de especial valor son la universalidad, la calidad, y la equidad) Hace al estado responsable de velar por y promover la calidad y equidad educativas (igualdad de oportunidades e inclusión) Fortalece las comunidades escolares estableciendo derechos y deberes explícitos para cada uno de sus miembros Plantea requisitos más exigentes para los sostenedores (no sólo para constituirse en tal, sino para la gestión educativa) Pone fuerte énfasis en la evaluación de la calidad educativa, incorporando nuevos elementos a este concepto Mejor control y regulación del uso de recursos fiscales Aspectos positivos de la Ley General de Educación

III. El proyecto de Ley General de Educación: limitaciones (1) Educación Pública

La Educación Pública posee roles insustituibles: Garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita Garantizar la existencia de proyectos educativos no particularistas y/o excluyentes Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común Fijar un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema escolar, promoviendo la búsqueda de la excelencia en sus escuelas –y, por extensión, en las escuelas privadas El fortalecimiento de la Educación Pública

La LGE prácticamente no reconoce la especial condición de la educación pública (más precisamente, casi la omite) No es correcto separar “los problemas” (y las soluciones) de la educación pública del resto de la reforma institucional, porque el campo de la educación opera mediante dinámicas sistémicas Fortalecer la educación pública implica cambios más amplios en el sistema escolar: Resolver la inequidad con las escuelas privadas (e.g. financiamiento compartido, selección de estudiantes, subvención pareja y responsabilidades diferentes, etc.) Regular mejor la entrada (y salida) de establecimientos con acceso a recursos públicos Reformar la institucionalidad pública en educación (Mineduc, Superintendencia, Agencia de Calidad) Fortalecer la profesión docente (Carrera Profesional) El fortalecimiento de la Educación Pública

IV. El proyecto de Ley General de Educación: limitaciones (2) Fiscalización, evaluación y mejoramiento

El proyecto debiese distinguir mejor tres funciones críticas, aunque vinculadas, de la nueva institucionalidad educacional: Fiscalización (Superintendencia): control de la mantención de los requisitos mínimos de operación, resguardo del buen uso de recursos públicos, resguardo de los derechos de los alumnos y sus familias (cobros, no discriminación, no selección-expulsión, etc.). El no cumplimiento deriva en sanción. Evaluación (Agencia de la Calidad): de logros de aprendizaje, de calidad de la gestión escolar, de mejoramiento educativo. La lógica básica es obtener información para el mejoramiento contínuo; más que “cumple/no cumple”, grado de cumplimiento y nivel de avance. “Estándares del sostenedor” son muy relevantes para la educación pública. Apoyo/Mejoramiento (Mineduc): batería de políticas y diversidad de recursos para promover mejoramiento contínuo (también para los que “cumplen” los estándares mínimos); políticas compensatorias para los que enfrentan más dificultades; autonomía-intervención según nivel de desempeño demostrado. En casos extremos de mal desempeño, “reingeniería” del establecimiento, sanción-intervención hacia el sostenedor (distinguiendo público de privado)