PARAGUAY Pobreza y políticas sociales V Reunión de la Red para la Reducción de la Pobreza y Protección Social - Diálogo Regional – BID Mayo 2003

Gastos En los 90 los gastos en el área social se incrementaron considerablemente, sobre todo en el sector educación, pero en general en gastos corrientes, con intervenciones universales e impacto limitado en las áreas de mayor pobreza. Hoy persiste la insuficiencia de recursos financieros para los programas universales, la ineficiencia y corrupción en su percepción y utilización, limitados recursos para programas focalizados y casi inexistentes recursos destinados a la protección social de los más pobres. Los desafíos más urgentes son crecer económicamente, y sanear y mejorar la gestión pública para la percepción, asignación y utilización de los recursos públicos con eficiencia y sentido de justicia social.

Arreglos institucionales En los 90 se experimentó un escaso avance en la gestión intersectorial e intergubernamental; se concretó la descentralización política del Estado; y se observaron escasos avances en la descentralización administrativa y en la relación del gobierno con la sociedad civil. Hoy persiste la debilidad de gestión intersectorial e intergubernamental; existe una mayor predisposición y una visión más clara para una descentralización administrativa, pero se carece de un consenso para concretarla; y la relación del gobierno con la sociedad civil va dándose muy lentamente. Los desafíos más urgentes son integrar y articular la gestión pública a nivel de sectores y de gobiernos, consensuar e iniciar un proceso programado de descentralización administrativa y un proceso intensionado de mayor relacionamiento con la sociedad civil.

Legislación En los 90 se concretó una reforma de la Constitución Nacional adecuada para el desarrollo político, social y económico con equidad, pero se experimentaron limitados avances en su aprovechamiento para reducir la pobreza y la inequidad. Hoy persisten vacíos, insuficiencias e ineficiencias legales que favorecen la corrupción y la impunidad, impiden una gestión pública más eficiente y con sentido de equidad, y no promueven el fortalecimiento de la sociedad civil. Los desafíos más urgentes son hacer cumplir las leyes vigentes, y fortalecer el marco legal para evitar la corrupción e impunidad y promover la participación de la sociedad civil.

Programas En los 90 los programas sectoriales universales no consideraron sistemáticamente el tema de la equidad e inclusión social; aquellos focalizados en los grupos vulnerables de la sociedad y la pobreza fueron escasos y puntuales; se inició la instalación de un Fondo de Inversión Social para programas focalizados. Hoy algunos programas universales empiezan a considerar explícitamente principios de equidad; existen programas focalizados en comunidades pobres y en algunos grupos más vulnerables, pero no lo suficientemente integrados ni integrales; no se observa un esfuerzo sistemático por complementar los programas universales con los focalizados. Los desafíos más urgentes son incorporar de forma explícita criterios de equidad en los programas universales; implementar programas focalizados, integrados e integrales, de protección social, a nivel de las familias en pobreza, sobre todo extrema; y articular ambos tipos de programas en función a objetivos y metas comunes.

Sistema de monitoreo y evaluación En los 90 se intentó implementar sistemas de monitoreo a nivel de los programas del sector público, pero se obtuvieron escasos resultados por limitacions presupuestarias y de recursos humanos calificados; tampoco existieron sistemas explícitos de monitoreo de las políticas públicas; la cultura de la evaluación fue débil. Hoy no se ha instalado aún un sistema de monitoreo y evaluación de forma general para las políticas y los programas públicos, salvo en determinados programas con financiamiento externo pero más como requisito burocrático que como respuesta a una necesidad gerencial. Los desafíos más urgentes son instalar la cultura del monitoreo y la evaluación con propósitos gerenciales, formar recursos humanos en tales actividades, condicionar el inicio de los programas al establecimiento de mecanismos concretos de monitoreo y evaluación, y condicionar la continuidad de los mismos al cumplimiento de dichos mecanismos y a los resultados alcanzados.

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