El enfriamiento de la economía y la imprescindible política antiinflacionaria Roberto Frenkel

Alrededor de la cuestión del enfriamiento de la economía hay bastante confusión. El gobierno ha hecho poco para contribuir a una discusión ordenada y clarificadora del tema. Poner todos los gatos en una bolsa no ayuda a distinguir los tonos de los maullidos. Es posible que los economistas suenen todos iguales para ciertos oídos, pero es de suponer que los oídos de las más altas autoridades estén capacitados para captar diferentes tonalidades.

¿Puede la economía crecer a cualquier ritmo, tan alto como se quiera? No se puede. En cada momento hay cierta tasa máxima posible de crecimiento. La tasa que mostró la economía argentina desde 2003 está en el orden de magnitud de la tasa máxima que mostraron los países de crecimiento rápido en la experiencia histórica internacional. Una tasa de crecimiento similar a la de los últimos años es un máximo maximorum.

El problema es que la demanda agregada local – simplificadamente el poder de compra efectivo que ejerce la población en los mercados de bienes y servicios – crece a un ritmo mucho mayor que el crecimiento máximo posible. La demanda agregada viene creciendo a una tasa del orden del 30% anual. Desdoblada en un crecimiento del orden del 8 – 9% de las cantidades ofertadas y un crecimiento del orden de 20% en los precios. Consenso: la aceleración de la inflación amenaza el crecimiento futuro, de modo que para preservar un proceso de crecimiento sostenible, la inflación debe reducirse

Consenso: no es posible reducir la inflación sin desacelerar el ritmo de crecimiento de la demanda agregada. La afirmación es válida cualquiera haya sido la causa atribuida a la aceleración de la inflación. Es una cuestión de consistencia entre el ritmo de aumento de cantidades ofertadas y precios y el ritmo de aumento de la demanda.

El consenso entre los economistas desaparece en referencia a la política cambiaria. Hay economistas que sostienen que la reducción de la inflación es imposible sin la apreciación del tipo de cambio real. Otros creemos que la inflación puede desacelerarse preservando un tipo de cambio real competitivo. Argumentamos que el gobierno dispone de las políticas fiscal y monetaria para desacelerar la demanda en un programa antiinflacionario. El rol de la política monetaria también es motivo de fuertes discrepancias. Nosotros creemos que la responsabilidad principal por el control de la demanda agregada debe cargarse sobre la política fiscal.

Entendemos por “enfriamiento” una reducción de la tasa de crecimiento, no una tendencia recesiva. En cuánto impactarían las políticas fiscal y monetaria el ritmo de crecimiento de la producción – esto es, cuánto se “enfriaría” la economía – depende de la eficacia de otras medidas que deberían acompañarlas. Los focos de esas medidas son las expectativas inflacionarias y la coordinación de los aumentos de precios y salarios. Cuanto mayor es el efecto sobre las expectativas inflacionarias y más efectivos son los frenos coordinados sobre los aumentos de precios y salarios a través de la política de ingresos, menor será el impacto contractivo de la desaceleración de la demanda.

En resumen, “enfríar” la economía – esto es, reducir el ritmo de crecimiento – no es equivalente a “enfríar” la demanda – esto es, reducir el rimo de crecimiento de la demanda agregada nominal. Lo segundo es una condición necesaria para bajar la inflación. Cuánto se “enfríe” el rimo de crecimiento depende de la calidad y eficacia del programa antiinflacionario.

Características que debería tener ese programa antiinflacionario No se puede hacer política antiinflacionaria en secreto. Cualquier política antiinflacionaria requiere esencialmente que el gobierno anuncie que se propone reducir la tasa de inflación vigente. Puede incluir o no una meta cuantitativa. Pero no puede haber política antiinflacionaria que no explicite que el gobierno aspira a una tasa de inflación más baja.

El gobierno debe exhibir, como en cualquier otra política pública, las medidas e instrumentos que conducirán a ese objetivo. Es decir, el programa de política antiinflacionaria. Toda política antiinflacionaria, ortodoxa o heterodoxa, tiene uno de sus efectos principales en la influencia sobre las expectativas. La política debe tratar de convencer que la inflación futura será más baja que la que los agentes vienen experimentando. Los agentes deben creer que el gobierno quiere reducir la inflación y que cuenta con los instrumentos para lograrlo. Para esto es imprescindible que los agentes crean lo que el gobierno dice.

Si cierto número de agentes económicos cree que las estadísticas oficiales de precios están siendo manipuladas, mal podrían creer en la voluntad y capacidad del gobierno para reducirla. Restablecer la medición creíble de la inflación por parte del INDEC es una condición necesaria de cualquier política antiinflacionaria. El cambio debería ser contundente y llamativo, porque se trata de modificar la percepción de una gran cantidad de agentes económicos. Alguien dijo con acierto que a la inflación hay que combatirla, no ocultarla. Para combatirla con alguna eficacia es imprescindible franquear y transparentar su medición, y conseguir que el público crea que así se ha hecho.

El gobierno debe exhibir la factibilidad y consistencia de la política antiinflacionaria mostrando las medidas fiscales, monetarias y cambiarias que confluirán al logro del objetivo. La coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central es un elemento crucial para esa demostración de consistencia y para obtener credibilidad. Debe presentarse un esquema verosímil y plausible, que resulte convincente para una porción significativa de los analistas profesionales que asesoran a empresas y sindicatos.

Toda política antiinflacionaria incluye necesariamente el control del ritmo de crecimiento del gasto agregado en bienes y servicios, privado y público. Las políticas heterodoxas adicionan una política de ingresos. La política de ingresos aumenta la efectividad y reduce el sacrificio de empleo y actividad que causa la política ortodoxa. Pero es imposible lograr una desaceleración sostenible de la inflación basándose exclusivamente en la política de ingresos, sin una simultánea desaceleración del ritmo de aumento del gasto agregado. Intentarlo lleva inevitablemente a la frustración.

¿Qué posibilidades hay de controlar el ritmo de la demanda agregada con la política monetaria? Hemos planteado en muchas oportunidades que en nuestro país no es posible controlar la demanda agregada mediante la política monetaria, porque los mecanismos de transmisión son particularmente débiles. La elasticidad interés de la demanda agregada es muy pequeña. En otros países también, pero la tasa de interés elevada induce la caída del tipo de cambio, que es tolerada – o bienvenida – por la política económica. Principalmente a través del efecto cambiario la política monetaria de esos países incide sobre la inflación.

Que la política de tasa de interés no sea el instrumento principal apropiado para controlar la demanda agregada no significa que sea irrelevante. La política de tasas de interés debe estar necesariamente referida a la tasa de inflación vigente. Una regla simple: mantener la tasa que pagan los bancos en línea con la inflación – una tasa real pasiva neutra – y mantener la tasa que cobran los bancos más alta que la inflación – una tasa real activa positiva.

La política fiscal es el principal instrumento macroeconómico de control del crecimiento de la demanda agregada. En los años 2006 y 2007 la política fiscal ha adicionado un impulso positivo a la demanda agregada del orden de 1% del PIB por año, por la paulatina reducción de la proporción de superávit primario sobre el PIB. Una política antiinflacionaria integral impone un crucial cambio de orientación. La nueva orientación de la política fiscal debería tener un eje en la recuperación del superávit primario basado en la reducción del ritmo de crecimiento del gasto.

El impulso fiscal debe ser contractivo, por lo que no basta aumentar el superávit primario tasando ingresos adicionales, como los que resultan del aumento de los precios internacionales de las exportaciones. Los excedentes fiscales deberían acumularse en un fondo anticíclico y antiinflacionario, constituido preferentemente en moneda internacional para contribuir adicionalmente a la sostenibilidad de las políticas cambiaria y monetaria.

Corrección de precios relativos La política antiinflacionaria debería ir acompañada por la corrección de precios relativos que se distorsionan crecientemente. Con el paso del tiempo la distorsión aumenta y el ajuste se hace más costoso, lo que aumenta el incentivo a posponerlo. Por ejemplo, la caída del precio relativo de la energía provee incentivos opuestos a los que serían necesarios. La necesaria redefinición de estos precios y tarifas sólo puede hacerse en el marco de una política antiinflacionaria integral.

La política de ingresos Debería continuar jugando un importante papel coordinador. Esta política adquiere un carácter algo diferente del que ha venido mostrando si se inscribe en una política antiinflacionaria integral, con un marco consistente y conducción coordinada por el gobierno y el Banco Central.

Un ancla nominal La política antiinflacionaria puede darse un objetivo cuantitativo de tasa de inflación, por ejemplo,15% en el próximo año. Podría ser creíble si se satisfacen las condiciones requeridas y se muestra que las políticas macroeconómicas fiscal, monetaria y cambiaria, son consistentes con el objetivo anunciado. La tasa de inflación objetivo de la política antiinflacionaria podría servir de ancla de las expectativas privadas y de orientador de las decisiones.

La discusión acerca del enfriamiento de la economía sólo tiene sentido en un marco donde se mantiene control sobre las variables claves. La discusión parece retórica en el contexto actual: las más altas autoridades desconocen la inflación y las variables claves se determinan sin regla ni concierto. La subestimación del ritmo de inflación priva al gobierno de guía y lo convierte en su principal víctima. En este contexto, que la economía se enfríe o no se enfríe no depende de decisiones de política económica, sino de procesos sobre los que la política tiene escaso control y cuya evolución es incierta.