savia, una apuesta por lo local

savia, una apuesta por lo local
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción de la demanda de drogas en Iberoamérica Cartagena de Indias, Colombia 27 de abril al 1 de mayo de 2009 Javier Sagredo Coordinador del proyecto SAVIA-Drogas

Políticas de reducción de la demanda de drogas en AL
Tendencia creciente del consumo de drogas en la región desde los años 90. Inicio de una cierta preocupación de los gobiernos. No considerada una prioridad en el marco de las políticas públicas o en las de drogas: énfasis tradicional en políticas de control de la oferta. Políticas en construcción o inexistentes. Presupuestos limitados. Cooperación internacional limitada. ¿Responsabilidad compartida?

Falta de información e investigación sobre el fenómeno que oriente la acción de la política pública. Visión muy centrada en las drogodependencias, aislada de otras políticas. Limitada capacidad de coordinación interinstitucional. Pobre articulación con otras políticas sociales o de desarrollo. Falta de liderazgo político para empujar la temática en otras políticas sectoriales. Ausencia de sistemas estructurados de prestación de servicios o de asistencia desde lo público.

Ausencia de actores públicos sobre el terreno; servicios principalmente prestados por sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Falta de lógica pública en las actuaciones y de instancias de coordinación con el sector privado y la sociedad civil. Cobertura insuficiente y casi siempre limitada a áreas metropolitanas y urbanas. Desajuste entre oferta y demanda de servicios. Planificación de políticas de drogas tradicionalmente realizada desde la administración central: problemas de adaptación a las características y necesidades locales. Procesos de descentralización o desconcentración débiles y de desigual desarrollo.

Pocos planes nacionales integran estrategias de participación regional y local o procesos de desconcentración-descentralización. Pobre participación de municipios y regiones en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas de drogas. Tema normalmente excluido de la agenda local. Deficiente definición de marcos competenciales entre distintos niveles de la administración. Falta de instancias de diálogo y coordinación entre los diferentes niveles de la administración pública.

Fuertes diferencias entre diversas realidades nacionales: Impronta específica de cada marco competencial, territorial, administrativo, político. Capacidad presupuestaria. Estructura de las instituciones de rectoría y coordinación de las políticas de drogas. Nivel de prioridad en la agenda pública y en la agenda de la política de drogas. Actitudes frente al “reparto” de poder y de fondos públicos entre los distintos niveles de gobierno.

Planteamiento de trabajo
¿Por qué un proceso hacia lo local y desde lo local? Actores locales están en una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones de los ciudadanos. Espacio local dispone de una red de servicios próximos y accesibles a los ciudadanos, un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales. Facilitan la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil, y la participación de la comunidad. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué un proceso hacia lo local y desde lo local? No sólo un proceso político de distribución de competencias y responsabilidades. Diagnóstico más adecuado del problema. Apertura de espacios de creación y validación de conocimiento. Promoción de iniciativas y estrategias locales. Adecuación de las políticas a las peculiaridades del problema en lo local y comunitario. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué un proceso hacia lo local? Disponibilidad de red de servicios próximos y accesibles. Espacio natural de colaboración entre sector público y sociedad civil. Movilización de recursos locales. Facilita la necesaria participación comunitaria que da legitimidad a las políticas: información amplia, gestión abierta, concertación, movilización de ciudadanos en torno a estrategias participativas, participación activa en la ejecución de las políticas, supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué desde las estructuras de coordinación de la administración central (Comisiones Nacionales de Drogas)? Entes de rectoría de la política de drogas a nivel nacional. Responsabilidad sobre todo el territorio. Marca las líneas generales de la politica nacional y facilita los acuerdos interinstitucionales en la materia. Necesidad de servir de referente técnico y de coordinación del proceso hacia lo territorial. Necesidad de articulación con los entes territoriales para la construcción de una verdadera política nacional. Capacidad de movilización y de incidencia política. Potencial de movilización de recursos presupuestarios y equipos profesionales y administrativos. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué desde la CICAD? Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (1986). Foro político competente en drogas en las Américas. 34 Estados miembros. Representación del más alto nivel político. Promueve la cooperación multilateral y horizontal. Facilita el diálogo con otros actores internacionales relacionados. Facilidad para iniciativas regionales o subregionales. Gestiona y canaliza apoyos de donantes internacionales a las políticas nacionales. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué desde la CICAD? Promueve investigación, conocimiento e intercambio sobre el fenómeno. Promueve la implantación de estándares mínimos de calidad y servicio. Evalúa esfuerzos nacionales en política de drogas. Capacidad de convocatoria política y técnica. Programa de fortalecimiento institucional dirigido a los Estados miembros desde Centrado en mejorar capacidades nacionales para la gestión de la política pública en drogas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Por qué desde la cooperación española? Compromiso con América Latina en su política de cooperación al desarrollo (Plan Director de Cooperación Española ) América Latina área prioritaria para la cooperación internacional en drogas (Estrategia Nacional ) Colaboración con la CICAD desde Cooperación para el fortalecimiento institucional de los sistemas nacionales de respuesta al fenómeno de drogas: Fortalecimiento de las Comisiones nacionales de Drogas. Desarrollo de sistemas nacionales de información e investigación. Integración de los actores regionales y locales al sistema nacional de reducción de la demanda. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Formación especializada en drogodependencias. Intercambio de experiencias y movilidad de recursos humanos. Asistencia técnica especializada. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

Proyecto de descentralización en los Países Andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Avances: Posicionamiento de la política de reducción de la demanda en la agenda pública nacional y regional, con una visión integral del problema. Apoyo político y técnico decidido de las Comisiones Nacionales de drogas a los procesos de descentralización. Convocatoria y sensibilización directa a responsables políticos regionales y locales. Conformación de estructuras descentralizadas de carácter político y técnico en la materia. Diagnósticos locales para la caracterización del consumo de drogas a escala local. Procesos de capacitación, particularmente dirigidos a los actores locales trabajando en drogas, tanto públicos como privados. Apoyo al desarrollo y distribución de materiales de RDD adaptados al ámbito local.

Avances: Asistencia y acompañamiento técnico directo para la formulación de planes locales y programas en los niveles regional y local. Apoyo “semilla” técnico y financiero a los planes, proyectos o iniciativas regionales y locales. Desarrollo de encuentros para intercambio de experiencias tangibles, replicables y transferibles, y para la constitución de estructuras, redes y alianzas, tanto entre países participantes (3 encuentros regionales) como entre regiones y municipios dentro de cada país. Sistematización de experiencias y desarrollo de investigación en aspectos relacionados con el consumo de drogas a nivel territorial. Movilidad de técnicos nacionales en la región andina para intercambio de experiencias.

Dificultades: Diferentes, de acuerdo a la realidad nacional o local. Limitaciones impuestas por la realidad institucional y política de cada país. Distintos niveles de compromisos y de capacidad en relación a la política de reducción de la demanda. Cambios en responsables y estructuras políticas y técnicas. Resistencia al cambio en estructuras nacionales de coordinación. Sostenibilidad del proceso: Necesidad de asunción del desarrollo dela política por los países participantes. Importancia de la conformación de equipos técnicos propios, nacionales y locales, para gestionar los procesos. Generación de capacidad local es un proceso de mediano plazo.

Proyecto de descentralización: Bolivia
Buen ritmo de implementación en una primera etapa: sensibilización, diagnóstico, capacitación y planificación. Desarrollo de proyectos y financiación de los mismos. Proceso político nacional ha absorbido atención por parte de los responsables nacionales y locales. Prioridades de la política nacional de drogas en otros aspectos diferentes a la reducción de la demanda. Institucionalidad débil del ente coordinador de la política nacional.

Proyecto de descentralización: Bolivia
Ejecución de la política de reducción de la demanda bajo responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de Cancillería: limitaciones para el desarrollo de una política de reducción de la demanda. Falta de un equipo permanente de coordinación del proyecto, dedicado con exclusividad al mismo. Presupuesto limitado. Cambios políticos en los municipios han complicado la ejecución de muchos proyectos locales. Ejecución del proyecto paralizado en los últimos meses. Propuesta de realización de un evento en el mes de mayo 2009 con los municipios de la primera fase para relanzar el proyecto (CONALTID y CAN).

Proyecto de descentralización: Colombia
Mejora en la coordinación: Comisión Nacional de Reducción de la Demanda. Apoyo directo a proyectos locales: investigación, desarrollo institucional, prevención, reinserción e inclusión social, jóvenes, redes de actores locales. Apoyo a procesos nacionales: reuniones departamentales, información y comunicación. Ejecutado a buen ritmo. Apoyo horizontal a otros países participantes. Proceso ya iniciado desde 1999 (DNE-MPS-UNODC). Desarrollo durante el diseño y concertación de la política nacional de reducción de la demanda. Proceso largo de construcción con todos los actores, incluyendo los territoriales.

Proyecto de descentralización: Colombia
Acompañamiento permanente de UNODC (convenio con el MPS para la ejecución de la política nacional). Limitaciones institucionales: Ausencia de un equipo nacional permanente dedicado a la ejecución de la política (recientemente se ha fortalecido). Presupuestos limitados y proporcionalmente insignificantes en relación a la inversión en otros aspectos de la política de drogas. Primeras inversiones en reducción de la demanda del Fondo de Bienes Decomisados. Necesidad de diagnósticos situacionales y de investigación sobre el consumo en el ámbito local. Debilidad del sistema nacional de información e investigación sobre drogas. Actualmente en consolidación.

Proyecto de descentralización: Ecuador
Ejecución de primera fase con 7 municipios y un porcentaje amplio de la población del país. Sensibilización, desarrollo de comisiones locales de drogas, capacitación, planificación. Segunda fase, con 17 nuevos municipios, paralizada durante varios meses. Lentitud en la ejecución. Cambios de responsables en la dirección de la política nacional de reducción de la demanda y del proyecto. Proceso político constituyente en Ecuador. Nueva Constitución nacional. Incorpora en su texto la reducción de la demanda de drogas.

Proyecto de descentralización: Ecuador
Desarrollo de una nueva política nacional: incorpora la territorialización de la política de reducción de la demanda. Construcción con los actores locales. Estructura institucional privilegiada: unidades desconcentradas del CONSEP en el territorio. Algunas limitaciones en capacidad del equipo humano trabajando en el ámbito territorial. Actualmente, en desarrollo 17 estudios situacionales locales sobre consumo de drogas en los municipios de la segunda fase. Pendiente de ejecución la capacitación y la planificación local.

Proyecto de descentralización: Perú
Buena ejecución de las acciones previstas en el proyecto: diagnósticos situacionales, conformación de comités, desarrollo de materiales y capacitación de actores locales, planificación local. Generación y mejora de la metodología para el desarrollo de diagnósticos locales. Equipo permanente de la Gerencia de Prevención de DEVIDA involucrado en la ejecución.

Proyecto de descentralización: Perú
Aparición de nivel intermedio regional, con competencias en materia de salud y educación. Apoyo al proceso de incorporación del nivel regional a la política nacional. Nueva política nacional recoge incorporación de gobiernos regionales y locales. Transferencias del Estado directas a regiones y municipios para implementación de políticas de reducción de la demanda. Apoyo de otras agencias de cooperación internacional. Limitaciones de presupuesto (nacional, regional, local). Reto para DEVIDA: ampliar la cobertura a más regiones y municipios.

Proyecto de descentralización: Venezuela
Cambios en: Planteamiento político respecto a la descentralización en el país y en la política de drogas. Apuesta por la desconcentración. Legislación nacional. Política nacional sobre drogas. Aparición de la red nacional y de la importancia del nivel comunitario. Estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional. Responsables nacionales de la ONA. Unidad de Reducción de la Demanda y del Observatorio Venezolano de Drogas: responsables y equipos técnicos.

Proyecto de descentralización: Venezuela
Grandes dificultades para la implementación del proyecto hasta la fecha. Muy bajo nivel de ejecución. Primera etapa de diagnóstico local y de capacitación comités locales. Segunda etapa, con el desarrollo de un proceso de diagnóstico, capacitación y planificación en 24 municipios de todos los Estados del país, se está iniciando recientemente. Limitaciones en la capacidad de los equipos humanos de la ONA en los Estados. En construcción. Dificultades de articulación de la política entre todos los niveles: nacional, estadal, local y comunal.

El salto a la siguiente etapa: el proyecto SAVIA
Apoyo directo a proyectos locales y cooperación regional en la materia. Necesidad de haber avanzado en construcción institucional y en el proceso de desarrollo de la política nacional y de lás políticas regionales y locales. Algunos países están en condiciones de aprovechar mejor esta etapa. Otros necesitan un mayor desarrollo institucional y de capacidad, tanto nacional como local, para obtener los mayores beneficios del proyecto SAVIA.

El proyecto SAVIA-Drogas
SALUD Y VIDA EN LAS AMÉRICAS. Iniciativa CICAD-Gobierno de España (DGPNSD y AECID). 6 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Necesidad de“capitalizar” los resultados del proyecto de descentralización. Consolidación material de la temática de drogas en la agenda local. Planificación y presupuesto.

Objetivos de SAVIA-Drogas
Consolidar los programas locales de drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela a través de la cofinanciación de proyectos piloto locales demostrativos en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas. Promover la mejora del nivel técnico de los responsables de programas nacionales, regionales y municipales de los 6 países a través del intercambio de experiencias y de buenas prácticas y de coordinación y cooperación horizontal. Consolidar el proceso de municipalización de la Política Nacional de Drogas en Uruguay, promoviendo un rol activo y relevante de las Intendencias Municipales en el diseño y ejecución de políticas de prevención.

¿Qué pretende SAVIA-Drogas?
Fortalecimiento del sistema de reducción de la demanda de drogas con la participación activa de todos los niveles de la administración pública. Que las entidades locales y regionales sigan sumando compromiso, liderazgo y capacidad para la construcción y la ejecución de la política nacional de reducción de la demanda. Facilitar el trabajo de los actores en el marco de las políticas locales recién desarrolladas, la movilización de recursos locales y la participación de la comunidad. Consolidar mecanismos nacionales que canalicen la prestación de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de acciones locales en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas.

Ámbitos de actuación Determinados por cada país, en el convenio con la CICAD/OEA. Temáticas: Prevención escolar. Prevención familiar. Prevención comunitaria. Mejora de la oferta local de actividades saludables alternativas al consumo de drogas. Información, investigación y sensibilización social. Reducción la incidencia del consumo en colectivos marginados o de mayor riesgo. Tratamiento. Actuaciones para la reducción de daños. Reinserción. Desarrollo de redes locales, intermunicipales o transfronterizas. Formación de actores locales. Otros proyectos relacionados con la reducción de la demanda de drogas en el ámbito local.

Requisitos exigidos a los proyectos locales apoyados
Avalados por la Comisión Nacional de Drogas correspondiente (Convenio CICAD-Comisión Nacional para establecer las bases de colaboración). Avalados y promovidos por las comisiones locales de drogas del municipio. Deben emanar de los planes locales de drogas aprobados en cada municipio. Cofinanciación nacional y local suficientemente importante para que garantice su continuidad más allá del apoyo recibido del proyecto SAVIA-DROGAS.

Requisitos de los proyectos locales
Impacto social importante en la localidad. Calidad técnica suficiente que garantice una ejecución adecuada. Se valorará el grado de adecuación y de coherencia de objetivos, destinatarios, actividades, recursos, participación social, gestión y evaluación, entre otros. Carácter demostrativo y multiplicador. En coordinación con otras políticas sociales del municipio y del resto de entidades públicas y privadas participantes en los comités locales de drogas.

Acciones regionales Reuniones de coordinación con los países.
Pasantías de corta duración para técnicos regionales y locales de reducción de la demanda. Encuentro regional sobre calidad de las políticas de drogas en el ámbito local (Cartagena de Indias, Colombia, 27 abril al 1 de mayo de 2009). Visita técnica para conocer realidad de trabajo de las administraciones regional y local en España. Plataforma de tele-trabajo conjunta.

Avances hasta la fecha en cada país participante
Bolivia. Pendientes de la ejecución del proyecto de descentralización. Colombia: Convenio firmado con MPS y UNODC. Cofinanciación asegurada para primera convocatoria de proyectos. Dos líneas de trabajo: Proyectos juveniles. Reinserción e inclusión social. Financiación adicional de NAS. Lanzamiento de la convocatoria en breve. Presentación de proyectos seleccionados el día internacional de la prevención.

Ecuador: Convenio firmado. Primera convocatoria se lanzará en breve, para los 7 municipios que terminaron la primera fase. Una segunda convocatoria se prevé para final de año para los 17 municipios de la segunda fase, que están desarrollando el proceso de diagnóstico, fortalecimiento institucional, capacitación y planificación. Perú: Pendientes de la aprobación del Plan de Acción Rápido 2009, que asegura la cofinanciación nacional para el proyecto, para la firma del convenio.

Uruguay: Capacitación para técnicos locales para el desarrollo de diagnósticos situacionales sobre consumo de drogas en todos los departamentos del país. Planificación acordada con la JND hasta final de año. Retraso de 2 meses respecto al cronograma previsto. Venezuela: Pendientes de recibir respuesta de ONA respecto a borrador del convenio. Pendientes del proceso reiniciado en los municipios de los 24 Estados del país.

¿Hacia dónde vamos? Necesidad de desarrollar visión hacia:
Un enfoque integral y sistémico (centrado en el desarrollo humano, mejora de la calidad de vida, crecimiento a largo plazo). Políticas de reducción de la demanda que cubren el ciclo completo: promoción y prevención, tratamiento/atención, mitigación, superación (rehabilitación y reinserción). Cobertura y acceso para todos los ciudadanos. Calidad en la prestación de los servicios. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Hacia dónde vamos? En la administración central del Estado:
Visión territorial de la política: Incorporación de la importancia de lo territorial en la política nacional. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado central: Liderazgo político. Capacidad de investigación para la caracterización y comprensión del problema. Desarrollo de política basada en evidencia. Capacidad para el diseño y la gestión de la política. Capacidad presupuestaria. Capacidad de coordinación sectorial. Capacidad profesional y técnica. Capacidad de coordinación entre los diferentes niveles administrativos. Capacidad de interlocución con la sociedad civil. Capacidad para el desarrollo de una red de servicios a los ciudadanos en relación con el consumo de drogas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

¿Hacia dónde vamos? En las administraciones regionales/locales:
Compromiso político, dentro del marco competencial asignado a las entidades regionales y locales. Capacidad de articulación sectorial y con el resto de actores en el ámbito local. Mejora de la investigación y la información para caracterizar el problema a escala regional/local. Capacidad técnica de los equipos profesionales locales. Capacidad para definir y gestionar la política local. Capacidad de integrar en todo el proceso al resto de actores locales y sociedad civil. Participación ciudadana. Capacidad presupuestaria. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

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