Savia una apuesta por lo local

Presentación del tema: "Savia una apuesta por lo local"— Transcripción de la presentación:

1 Savia una apuesta por lo local
TALLER SOBRE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS LOCALES DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES SOBRE DROGAS Centro de Formación de la Cooperación Española Cartagena de Indias, Colombia Del 19 al 23 de septiembre de 2011

2 Planteamiento de trabajo
¿Por qué un proceso hacia lo local y desde lo local? No sólo un proceso político de distribución de competencias y responsabilidades. Actores locales están en una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones de los ciudadanos. Diagnóstico más adecuado del problema. Apertura de espacios de creación y validación de conocimiento. Promoción de iniciativas y estrategias locales. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

3 Planteamiento de trabajo
Adecuación de las políticas a las peculiaridades del problema en lo local y comunitario. Disponibilidad de red de servicios próximos y accesibles. Espacio natural de colaboración entre sector público y sociedad civil. Movilización de recursos locales. Facilita la necesaria participación comunitaria que da legitimidad a las políticas: información amplia, gestión abierta, concertación, movilización de ciudadanos en torno a estrategias participativas, participación activa en la ejecución de las políticas, supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

4 Respeto a la diversidad nacional
Fuertes diferencias entre diversas realidades nacionales: Impronta específica de cada marco competencial, territorial, administrativo, político. Capacidad presupuestaria. Estructura de las instituciones de rectoría y coordinación de las políticas de drogas. Nivel de prioridad en la agenda pública y en la agenda de la política de drogas. Actitudes frente al “reparto” de poder y de fondos públicos entre los distintos niveles de gobierno.

5 Planteamiento de trabajo
¿Por qué desde la CICAD? Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (1986). Foro político competente en drogas en las Américas. 34 Estados miembros. Representación del más alto nivel político. Promueve la cooperación multilateral y horizontal. Facilita el diálogo con otros actores internacionales relacionados. Facilidad para desarrollo de iniciativas regionales o subregionales. Gestiona y canaliza apoyos de donantes internacionales a las políticas nacionales. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

6 Planteamiento de trabajo
¿Por qué desde la CICAD? Promueve investigación, conocimiento e intercambio sobre el fenómeno. Promueve la implantación de estándares mínimos de calidad y servicio. Evalúa esfuerzos nacionales en política de drogas. Capacidad de convocatoria política y técnica. Programa de fortalecimiento institucional dirigido a los Estados miembros desde Centrado en mejorar capacidades nacionales para la gestión de la política pública en drogas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

7 Planteamiento de trabajo
¿Por qué desde la cooperación española? América Latina área prioritaria para la cooperación internacional en drogas (Estrategia Nacional ) Compromiso con América Latina en su política de cooperación al desarrollo (Plan Director de Cooperación Española ) Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

8 Planteamiento de trabajo
Colaboración con la CICAD desde Cooperación para el fortalecimiento institucional de los sistemas nacionales de respuesta al fenómeno de drogas: Fortalecimiento de las Comisiones nacionales de Drogas. Desarrollo de sistemas nacionales de información e investigación. Integración de los actores regionales y locales al sistema nacional de reducción de la demanda. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Formación especializada en drogodependencias. Intercambio de experiencias y movilidad de recursos humanos. Asistencia técnica especializada. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Las acciones de política de drogas deben incidir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman los circuitos de la oferta, de la demanda y de las actividades asociadas, poniendo en marcha procesos y estrategias orientados a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos o los grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema de las drogas. Un enfoque integral y sistémico de prevención significa no sólo un trabajo multidimensional, global, que atraviesa toda la complejidad del fenómeno, sino un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional en el cual interviene un amplio conjunto de instituciones estatales y no gubernamentales de todos los niveles territoriales en cada país. Ello debe estar asociado al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de largo plazo, no referida únicamente al atesoramiento de bienes de consumo o al comfort, sino aquella en donde haya balance entre lo lúdico, lo afectivo y lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, una calidad de vida en la cual el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no planteamientos consumistas. Sólo en el ámbito de la demanda de drogas, la complejidad y multi-dimensionalidad del problema de las drogodependencias requiere una planificación integral que englobe todos los aspectos interrelacionados (sanitarios, psicosociales, educativos, laborales, etc), teniendo que movilizar, en todos los niveles de gobierno, a actores muy diversos. Las políticas de reducción de la demanda de drogas involucran aspectos relacionados con un ciclo completo que incluye prevención (principalmente políticas relacionadas con programas educativos, es decir, promocionales), tratamiento (ligadas al sector salud, más asistenciales) y reinserción social (más complejas y que incorporan aspectos personales, sociales y laborales, que se clasifican dentro de las políticas que promueven la generación de un espacio social de pertenencia a la comunidad, que es lo que en definitiva se busca). Esto nos lleva a la necesidad de incorporar el segundo parámetro, el de el compromiso de las comunidades y municipios con las políticas, en el ámbito de la descentralización, comprendida no solamente como un proceso de entrega de responsabilidades y funciones sino de fortalecimiento de focos de acción regional y local, de apertura de espacios para la creación y validación de conocimientos, de promoción de iniciativas y estrategias para el trabajo local y de crecimiento y consolidación de sinergias que hagan más sólido, amplio y estable el esfuerzo de prevención.Este elemento es además indispensable para trabajar las especificidades que el problema adquiere en cada comunidad y establecer las estrategias adecuadas a cada una. A tal respecto, los municipios deben jugar un papel fundamental en los aspectos relativos a la promoción de la salud, la prevención, la integración social, la limitación de la oferta y la coordinación de las intervenciones a escala local. Los actores locales disfrutan de una posición privilegiada para conocer, analizar y actuar sobre los problemas, intereses, condiciones de vida, relaciones de convivencia y aspiraciones específicas de los ciudadanos. Además, aportan la disponibilidad de una red de servicios próximos e inmediatamente accesibles, ofreciendo adicionalmente un entorno adecuado para la ordenación de la vida comunitaria, para la detección y el tratamiento de los distintos problemas sociales y para facilitar la cooperación entre los distintos actores sociales locales, incluyendo entidades privadas y sociedad civil. Los niños, adolescentes y jóvenes, además de ser el grupo de más alto riesgo en lo que al consumo de drogas se refiere, representan un potencial social muy dinámico y prometedor para las comunidades cuando su entorno es favorable. La familia, la escuela, el centro de trabajo, los lugares de recreación y entretenimiento, los grupos juveniles, entre otros, constituyen los espacios más cercanos donde se desenvuelven, donde pueden participar y desarrollarse. Por ello, resulta indispensable una participación activa y comprometida de los gobiernos locales en las acciones preventivas, especialmente en las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población y a la promoción de alternativas de ocio saludable para los más jóvenes que limiten el uso instrumental o recreativo de sustancias psicoactivas. Para ello, los gobiernos subnacionales y locales deben disponer de instrumentos institucionales (políticos, administrativos y presupuestarios) que garanticen la eficacia y la viabilidad de las políticas de reducción de la demanda de drogas y su verdadera inserción en la agenda local. Entre estos instrumentos se encuentran aquellos que tienen que ver con el diagnóstico del problema a escala local, la planificación, la gestión y la financiación de las políticas locales de drogas, como respuesta a un problema con unas características específicas en sus propios territorios y comunidades. Es necesario un esfuerzo hacia el concurso de dichas instancias locales en la ejecución de las estrategias y planes nacionales de drogas, a través del establecimiento de planes municipales de drogas que faciliten y canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, instituciones de enseñanza, empresas, asociaciones, gremios, sociedad civil, etc.) en las políticas de drogas. Es en este contexto donde tiene un papel fundamental el tercer elemento, la participación comunitaria. Los ciudadanos y sus comunidades son el origen y la finalidad de toda esta acción. Es imposible un trabajo desde lo público que sea coherente sin el conocimiento, la comprensión, el respaldo y la participación en las decisiones del conjunto de la comunidad. Y para que exista participación ciudadana es necesario ofrecer información amplia sobre el problema, una gestión abierta al diálogo y la concertación, la movilización de los ciudadanos alrededor de estrategias y objetivos claros y, además, su parcicipación activa en la planificación, ejecución y control de los proyectos que los afectan directamente. En este sentido, es igualmente importante la participación de la sociedad civil en el proceso de acercamiento de las políticas de drogas a la realidad social de las comunidades. La importancia de las ONGs en el desarrollo de programas de reducción de la demanda en el ámbito local es innegable en todos los países latinoamericanos y “los gobiernos deben reconocer y aprovechar la experiencia y capacidad de las ONG” (Declaración de Cartagena de Indias para la Cooperación en Materia de Drogodependencias de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias –RIOD-, 1998). En muchos aspectos de la realidad social en América Latina, las ONG han ocupado, con mucha antelación, un espacio de asistencia y de servicio a la comunidad que las administraciones públicas no han podido o sabido cubrir.

9 Antecedentes: el proyecto de descentralización en los Países Andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Avances: Posicionamiento de la política de reducción de la demanda en la agenda pública nacional y regional, con una visión integral del problema. Apoyo político y técnico de las Comisiones Nacionales de drogas a los procesos de descentralización. Convocatoria y sensibilización directa a responsables políticos regionales y locales. Conformación de estructuras descentralizadas de carácter político y técnico en la materia. Diagnósticos locales para la caracterización del consumo de drogas a escala local. Procesos de capacitación, particularmente dirigidos a los actores locales trabajando en drogas, tanto públicos como privados. Apoyo al desarrollo y distribución de materiales de RDD adaptados al ámbito local.

10 Antecedentes: el proyecto de descentralización en los Países Andinos
Avances: Asistencia y acompañamiento técnico directo para la formulación de planes locales y programas en los niveles regional y local. Apoyo “semilla” técnico y financiero a los planes, proyectos o iniciativas regionales y locales. Desarrollo de encuentros para intercambio de experiencias tangibles, replicables y transferibles, y para la constitución de estructuras, redes y alianzas, tanto entre países participantes (3 encuentros regionales) como entre regiones y municipios dentro de cada país. Sistematización de experiencias y desarrollo de investigación en aspectos relacionados con el consumo de drogas a nivel territorial. Movilidad de técnicos nacionales en la región andina para intercambio de experiencias.

11 Antecedentes: el proyecto de descentralización en los Países Andinos
Dificultades: Limitaciones impuestas por la realidad institucional y política de cada país. Distintos niveles de capacidad en relación a la política de reducción de la demanda. Cambios en responsables y estructuras políticas y técnicas. Sostenibilidad del proceso: Necesidad de asunción del desarrollo de la política por los países participantes. Importancia de la conformación de equipos técnicos propios, nacionales y locales, para gestionar los procesos. Generación de capacidad local es un proceso de mediano plazo. Retrasos en la ejecución.

12 El proyecto SAVIA-Drogas
Iniciativa CICAD-Gobierno de España (DGPNSD y AECID). 6 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Necesidad de“capitalizar” los resultados del proyecto de descentralización. Consolidación material de la temática de drogas en la agenda local.

13 Objetivos de SAVIA-Drogas
Consolidar los programas locales de drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela a través de la cofinanciación de proyectos piloto locales demostrativos en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas. Promover la mejora del nivel técnico de los responsables de programas nacionales, regionales y municipales de los 6 países a través del intercambio de experiencias y de buenas prácticas y de coordinación y cooperación horizontal. Consolidar el proceso de municipalización de la Política Nacional de Drogas en Uruguay, promoviendo un rol activo y relevante de las Intendencias Municipales en el diseño y ejecución de políticas de prevención.

14 ¿Qué pretende SAVIA-Drogas?
Fortalecimiento del sistema de reducción de la demanda de drogas con la participación activa de todos los niveles de la administración pública. Que las entidades locales y regionales sigan sumando compromiso, liderazgo y capacidad para la construcción y la ejecución de la política nacional de reducción de la demanda. Facilitar el trabajo de los actores en el marco de las políticas locales recién desarrolladas, la movilización de recursos locales y la participación de la comunidad. Consolidar mecanismos nacionales que canalicen la prestación de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de acciones locales en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas.

15 Ámbitos de actuación Determinados por cada país, en el convenio con la CICAD/OEA. Temáticas: Prevención escolar. Prevención familiar. Prevención comunitaria. Mejora de la oferta local de actividades saludables alternativas al consumo de drogas. Información, investigación y sensibilización social. Reducción la incidencia del consumo en colectivos marginados o de mayor riesgo. Tratamiento. Actuaciones para la reducción de daños. Integración social. Desarrollo de redes locales, intermunicipales o transfronterizas. Formación de actores locales. Otros proyectos relacionados con la reducción de la demanda de drogas en el ámbito local.

16 Dificultades en la implementación
Limitaciones impuestas por la realidad institucional y política de cada país. Suspensión de la ejecución en dos países: Bolivia no ha garantizado los elementos mínimos de institucionalidad necesarios para anclar un proceso sostenible y decidido en materia de reducción de la demanda Venezuela, ha privilegiado procesos de centralización y desconcentración en materia de reducción de la demanda, limitando la participación de entidades regionales (Estados) y municipales en este trabajo. Adicionalmente, la creación del nuevo Fondo Nacional Antidrogas (FONA) relativiza la necesidad de cooperación en la materia dirigida a Venezuela..

17 Dificultades en la implementación
Cambios en responsables y estructuras políticas y técnicas. Sostenibilidad del proceso: Necesidad de asunción del desarrollo de la política por los países participantes. Importancia de la conformación de equipos técnicos propios, nacionales y locales, para gestionar los procesos. Retrasos en la ejecución.

18 Logros de SAVIA Apoyo a la cofinanciación de 54 proyectos locales de reducción de la demanda de drogas Colombia (25) Ecuador (8) Perú (3) y Uruguay (18). Decisión nacional de concentrar o, por el contrario, de atomizar el apoyo financiero de los fondos del proyecto en un número determinado de municipios. Áreas de intervención principales: prevención escolar, prevención comunitaria, comunicación social, emprendimientos productivos para jóvenes, integración social de personas dependientes y desarrollo de alternativas de ocio y tiempo libre. Desarrollo de líneas presupuestarias nacionales, en materia de reducción de la demanda de drogas, para financiar las políticas locales.

19 Logros de SAVIA Desarrollo del proceso de descentralización de la política de reducción de la demanda de drogas en Uruguay Creación de la unidad de descentralización en el seno de la Junta Nacional de Drogas. Conformación y formalización de las Juntas Departamentales de Drogas. Desarrollo de 18 investigaciones locales sobre consumo de drogas (1 por cada departamento del país). Desarrollo de planes departamentales (en marcha) Desarrollo y cofinanciación de 18 proyectos locales. Además, a lo largo del plazo de implementación del proyecto, se han realizado 5 encuentros nacionales de Juntas Departamentales de Drogas, foro de coordinación con el nivel central y de intercambio de experiencias sobre iniciativas locales en la materia.

20 Logros de SAVIA Asistencia técnica directa de profesionales de uno de los países participantes a otro de los países beneficiarios (cooperación horizontal) a través de las pasantías de corta duración (inclusión social en Uruguay). Publicación de una guía para investigadores para el desarrollo de estudios diagnósticos de la situación de consumo de drogas en el ámbito local, en coordinación con el Observatorio Interamericano de Drogas (OID). Seminario iberoamericano, sobre calidad de políticas locales de drogas (abril 2009). Visita técnica a España (junio 2011).

21 Logros de SAVIA Acompañamiento en fortalecimiento organizacional y capacitación a 10 organizaciones juveniles en materia de prevención del consumo de drogas (Colombia). Desarrollo de un modelo de trabajo en materia de integración socio-laboral y drogas para el ámbito local (en desarrollo en Colombia). Evaluación de los resultados del apoyo a emprendimientos juveniles y al refuerzo a organizaciones juveniles que trabajan en materia de prevención del consumo de drogas en Colombia (en desarrollo). Desarrollo de la página web del proyecto, única especializada en procesos de descentralización y territorialización de las políticas de drogas de ámbito latinoamericano.

22

23 SAVIA – Fase II 2011-2013 4 países: Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay.
Cofinanciación AECID, Comisiones Nacionales de Drogas, actores locales. 5 componentes: 1. Academia SAVIA: Capacitación de equipos y actores locales en diferentes materias relacionadas con prevención, mitigación e integración social en materia de drogas. 2. Cofinanciación de iniciativas locales en materia de consumo de drogas, dentro de las respectivas políticas locales y nacionales de referencia. 3. Elaboración de una guía referencial para el desarrollo de políticas públicas en materia de integración social y drogas. 4. Intercambio de buenas prácticas y cooperación horizontal y regional sobre políticas locales sobre consumo de drogas. 5. Proyecto piloto de especialización superior de profesionales y operadores de centros de tratamiento en Ecuador.

24 SAVIA – Fase II Componente I - Academia SAVIA
Apoyo al desarrollo de cursos de especialización para actores locales por las propias Comisiones Nacionales de Drogas, en colaboración con entidades y expertos nacionales.. El proyecto dará asistencia técnica, apoyo y cofinanciación para el desarrollo de los cursos de formación, específicamente para: Diseño y desarrollo del currículo. Diseño y elaboración de materiales del curso. Contratación de docentes. Impartición del curso a equipos y actores locales. (3) cursos por país, para un total de 12 cursos, dirigidos a las entidades y actores locales que trabajan en materia de consumo de drogas. El número de horas docentes por curso será variable, aunque tomamos como referencia una media de 24 horas docentes por curso. La impartición de los cursos se realizará en la capital de cada uno de los cuatro países participantes, con varias réplicas nacionales en otras ciudades o lugares del territorio nacional que permitan obtener una mayor y mejor cobertura. Las réplicas para cada curso variarán de acuerdo al tamaño del país participante: tres (3) en Colombia y Perú, y dos (2) en Ecuador y Uruguay.

25 SAVIA – Fase II Componente I - Academia SAVIA Colombia Ecuador
Monitoreo y evaluación de planes nacionales y locales sobre consumo de drogas. Estrategias para fortalecer los servicios de atención temprana a jóvenes con consumos iniciales. Fortalecimiento de redes de promotores juveniles de salud y drogas. Ecuador Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de prevención del consumo de drogas. Estrategias de intervención preventiva integral sobre consumo de drogas en relación con desarrollo social y comunitario.

26 SAVIA – Fase II Componente I - Academia SAVIA Perú Uruguay
Prevención del consumo de drogas en los ámbitos comunitario y familiar. Reducción de riesgos relacionados con el consumo de drogas. Elaboración de proyectos locales sobre consumo de drogas. Políticas locales de drogas. Articulación del abordaje del problema del consumo de drogas con otras temáticas de carácter social. Uruguay Marco político, jurídico e institucional en materia de drogas. Procesos y dispositivos de coordinación y articulación interinstitucional. Diseño e implementación de las políticas públicas sobre drogas Desarrollo de políticas y programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas desde el nivel departamental y municipal. Planificación, diseño y gestión de programas y proyectos. Implementación de Diagnósticos Locales y Sistemas Locales de Información sobre Drogas. Diseño e implementación de programas comunitarios de prevención y tratamiento del consumo de drogas. Estructuración y funcionamiento de redes. Implementación de dispositivos barriales de escucha, contención y orientación sobre drogas.

27 SAVIA – Fase II Componente II – Cofinanciación proyectos locales
Como en Fase I. Fondo con cofinancíación 50% Comisiones Nacionales. Cofinanciación local de proyectos.

28 SAVIA – Fase II Componente II – Cofinanciación proyectos locales
Avalados por la Comisión Nacional de Drogas correspondiente . Cofinanciación nacional/local suficientemente importante para que garantice su continuidad más allá del apoyo recibido del proyecto SAVIA-DROGAS. Avalados y promovidos por las comisiones locales de drogas del municipio. Deben emanar de los planes locales de drogas aprobados en cada municipio. Deberán basarse en la mejor evidencia disponible y responder, por ello, a las características del fenómeno de drogas en cada localidad. A tal respecto, es necesario que haya sido elaborado un diagnóstico adecuado del fenómeno del consumo de drogas en dicha localidad. Deberán tener un impacto social importante en la localidad. Deberán contar con la suficiente calidad técnica que garantice una ejecución adecuada. Entre los factores que se valorarán se encuentran el grado de adecuación y de coherencia de objetivos, destinatarios, actividades, recursos, gestión y evaluación. Deberán tener un carácter demostrativo y multiplicador. Deberán llevarse a cabo en coordinación con otras políticas sociales del municipio y del resto de entidades públicas y privadas participantes en los comités locales de drogas. La selección de los proyectos a ser cofinanciados en cada país se hará, como en la primera fase del proyecto, a través del procedimiento acordado con las respectivas Comisiones Nacionales de Drogas y de forma conjunta con ellas.

29 SAVIA – Fase II Componente II – Cofinanciación proyectos locales
Ámbitos: Prevención escolar, familiar o comunitaria. Mejora de la oferta local de actividades saludables alternativas al consumo de drogas. Información, investigación o sensibilización social. Reducción la incidencia del consumo en colectivos marginados o de mayor riesgo. Tratamiento. Actuaciones de mitigación o reducción de daños. Integración social. Desarrollo de redes locales, intermunicipales o transfronterizas. Formación de actores locales. Otros proyectos relacionados con el consumo de drogas en el ámbito local.

30 SAVIA – Fase II Componente III – Guía referencial de políticas públicas en materia de integración social y drogas Contenidos: Orientaciones sobre los marcos conceptuales y teóricos del trabajo en integración social en materia de drogas. Relación de los diferentes modelos de intervención existentes en América Latina, en España y en otros países. Marco de referencia para la identificación y el desarrollo de buenas prácticas en este ámbito. Catálogo de buenas prácticas de programas de integración social y drogas en América Latina y en España. Será el inicio de un trabajo de establecimiento de una base de datos de programas y proyectos sobre integración social y drogas.

31 SAVIA – Fase II Componente IV – Intercambio de buenas prácticas y cooperación regional y horizontal 2 encuentros regionales sobre políticas locales de consumo de drogas. Seminario Iberoamericano sobre políticas de integración social y drogas, y en el que se determinarán las bases del trabajo a llevar a cabo en este ámbito. Programas locales de formación e inserción laboral de drogodependientes. Pasantías de corta duración de técnicos regionales o locales de cada país en otro de los países participantes (o en otro país latinoamericano) para desarrollar su nivel técnico relacionado con programas locales de consumo de drogas. Se financiarán 2 pasantías por país participante, para un total de 8 a lo largo del periodo de ejecución del proyecto.

32 SAVIA – Fase II Componente IV – Intercambio de buenas prácticas y cooperación regional y horizontal Mantenimiento de una plataforma en internet para la difusión y coordinación del proyecto. En esta página se seguirán ofreciendo herramientas de utilidad para todos los actores nacionales o locales que trabajan en materia de consumo de drogas, así como bases de datos sobre: Proyectos locales sobre consumo de drogas en los países participantes; Diagnósticos locales sobre consumo de drogas. Planes locales y regionales sobre drogas.

33 SAVIA – Fase II Componente V – Especialización de profesionales y operadores de centros de tratamiento en Ecuador Apoyo a la puesta en marcha de un curso de posgrado (maestría) en materia de drogodependencias dentro de la oferta de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador: Desarrollo de currículo. Desarrollo de contenidos y materiales. Becas iniciales.

34 SAVIA Salud y vida en las Américas
Gracias por vuestra atención