Presentación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos - MERCOSUR- Brechas de desigualdad: Desafíos y algunas medidas Javier Moro 29 de Septiembre de 2014

Igualdad: desafíos para las políticas y algunas medidas Desafíos: Socioeconómica Étnica Identidad sexual Género Migrantes Medidas: Las reformas de códigos civiles para LGBTI Los Estados plurinacionales en Bolivia y Ecuador El acuerdo de residencia en el Mercosur Acción afirmativa en educación superior Enfoque diferenciado en educación para personas con discapacidad La articulación de los PTC como nivel mínimo de derechos

Igualdad y condiciones de vida. Desafíos en América Latina América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. producto de procesos históricos que anclaron condiciones sociales de desigualdad estructural modelos de desarrollo que durante largos períodos acentuaron estas disparidades, aun observables a escala territorial (particularmente en las áreas urbanas y rurales más postergadas) y en las brechas existentes entre algunos grupos étnicos (pueblos originarios y afrodescendientes) y el resto de la población

Igualdad y reconocimiento étnico La etnicidad como núcleo que condensa desigualdades En el plano normativo, los procesos recientes de reformas de los textos constitucionales o de adopción de nuevos textos en América Latina han incorporado el reconocimiento de la diversidad de pueblos y culturas en la conformación de los Estados y una mayor valorización del pluralismo en todas sus formas. Muchas constituciones definen a sus naciones como pluriétnicas y pluriculturales y establecen como principio constitucional la promoción de la diversidad. Los casos en donde el reconocimiento de la diversidad cultural adquiere mayor alcance son Bolivia y Ecuador, cuyas constituciones han establecido el carácter plurinacional del Estado, es decir, se reconoce que el Estado se halla conformado por naciones culturalmente diversas, en un plano de igualdad jurídica y política.

Los nuevos Estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador reconocimiento explícito de un “igual” estatus jurídico y político de los pueblos indígenas en relación a otros grupos o pueblos. reconocen las raíces milenarias de los pueblos indígenas (ignorados en la conformación inicial del Estado). Los pueblos indígenas no sólo son reconocidos en términos de ‘culturas diversas’ (como acontece en otros ordenamientos constitucionales de la región) sino que se los reconoce como naciones originarias o nacionalidades con autodeterminación o libre determinación. Las naciones originarias son sujetos políticos colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en autonomías y participar en los nuevos pactos de Estado, que de este modo se configura como un ‘Estado plurinacional’. Un Estado que reconoce a los colectivos indígenas en igualdad de condiciones que otros pueblos. Este reconocimiento de la existencia de diferentes conceptos de nación y de su coexistencia en el mismo Estado es el quid del proyecto del Estado plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana o boliviana coexistiendo con las nacionalidades quechua, aymara, guaraní, etc. Estos procesos constituyentes han buscado superar la exclusión que sufrieron los indígenas en la conformación de los Estados y pretenden contrarrestar el sometimiento, la sujeción a la tutela estatal y el trato profundamente desigual sufrido a lo largo de la historia.

Igualdad e identidad sexual en varios países de de América Latina se ha habilitado el matrimonio entre personas del mismo sexo… ampliación de derechos en el plano de la autonomía, las relaciones de familia, el derecho sucesorio, las pensiones y otras garantías sociales vinculadas al matrimonio. Otro hito en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI ha sido la sanción de leyes de identidad de género (derecho a la rectificación de los datos registrales cuando éstos no concuerdan con el género autopercibido por la persona). Son dispositivos claves para el acceso a los derechos sociales, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Estas leyes fueron promovidas por la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual (FUDIS), que integran la Red LGBT del Mercosur, creada con la participación de organizaciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y, recientemente, Bolivia. Esta fue la primera iniciativa legislativa conjunta binacional con relación a derechos humanos de las personas LGBT en la región.

Igualdad, género El género, en tanto construcción cultural de la diferencia sexual, constituye otra dimensión que expresa desigualdades sociales. Si bien la situación de las mujeres ha mejorado en el acceso a la educación y la salud aún persisten asimetrías significativas en el mercado laboral y la distribución de tareas en el ámbito doméstico. Esto se evidencia tanto a nivel de ingresos y acceso a puestos jerárquicos en la economía formal, como en la invisibilidad pública del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico (propia del capitalismo industrial) y la persistente desigual distribución por género de las tareas domésticas.

Los programas de acción afirmativa en las universidades públicas de Brasil y las nueva oferta en Argentina el Congreso brasilero aprobó la Ley de Cuotas que reserva el 50% de los cupos en universidades públicas para alumnos de escuelas públicas, entre ellos indígenas y afros según la proporción que representaran de la población relevante. Estos programas se inscriben, implícita o explícitamente en una demanda de reparación histórica por la injusticia del genocidio indígena y la deportación forzada de 12.5 millones de africanos a América a lo largo de 366 años. En suma, estas intervenciones buscan contrarrestar tanto las injusticias basadas en el status y estima social asignados a estos grupos que han sido tradicionalmente marginados como las injusticias de la estructura económica que los somete a condiciones de vida precarizadas También la ampliación de la oferta (nuevas universidades) en Argentina piuede ser analizada como una política de acción afirmativa.

Igualdad y derecho de los migrantes en el Mercosur Los migrantes suelen estar en situación de alta vulnerabilidad de sus derechos Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los países del Mercosur, Bolivia y Chile firmado en el año 2002, adoptado por la totalidad de los Estados de Sudamérica. El propósito central del instrumento, que sienta las bases para el armado de una política regional de libre circulación de personas, es otorgar facilidades para la obtención de la residencia legal de los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte. En este marco, el Acuerdo avanza en el reconocimiento de la igualdad de trato entre personas migrantes y nacionales en lo referido a la totalidad de los derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas y de diversos derechos específicos de las personas migrantes (derecho a la reunión familiar, trato igualitario en lo concerniente a la legislación laboral, el derecho a transferir remesas, y los derechos al nombre, el registro del nacimiento y a la nacionalidad), estableciendo así un piso mínimo de derechos que los Estados se han comprometido a garantizar

Enfoque diferenciado: en el ámbito de las personas con discapacidad La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad redefine el concepto de rehabilitación o normalización, estableciendo que es la sociedad la que debe transformarse y no las personas. se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben dirigirse hacia la sociedad. el modelo anterior se centra en la rehabilitación o normalización de las personas con discapacidad, mientras que el modelo actual aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas. Bajo este modelo, el diseño de las políticas públicas debe contemplar un criterio inclusivo y propender a la accesibilidad universal en los servicios y las prestaciones sociales generales, contemplando un enfoque diferenciado, es decir, realizando las adaptaciones necesarias según las particularidades de los distintos colectivos sociales. La inclusión educativa de las personas con discapacidad se encuadra bajo este enfoque (corresponsalidad de los servicios estatales y de las familias).

El nivel mínimo de derechos Nueva política social: los PTC en varios países de la región Su articulación con los servicios universales de educación y salud (siempre que se asuma desde la responsabilidad del Estado) Articulación a la seguridad social (sea contributiva o no contributiva).

Por qué el enfoque de derechos? Enmarca el debate Efectos de transformación (proyecto político) Articulador de demandas Algunos riesgos: meramente retórico y declamativo (si no incide en las causas que generan desigualdad). Normativismo, dogma y despolitización. Brecha incremental entre la norma y la realidad.

Gracias!!!!!!!!!!