Conclusiones del Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de personas 21 febrero, 2012

El Encuentro El Encuentro ha sido una oportunidad valiosa para el intercambio de conocimientos, experiencia y el establecimiento de compromisos entre las organizaciones asistentes, representadas por más de 240 participantes de 15 regiones del país como Loreto, Tumbes, La Libertad, Piura, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Junín, Arequipa, Lima, Ica, Huánuco y Ancash.

Objetivos: Generar la discusión, reflexión y construcción de conocimientos que permitan fortalecer las intervenciones en el ámbito de la trata de personas. Compartir enfoques conceptuales, resultados de intervenciones e investigaciones que permitan analizar y comprender la complejidad de esta problemática y las alternativas para su solución y para su aplicación práctica. Incorporar los enfoques de derechos del niño, derechos humanos, género e interculturalidad como ejes claves en la discusión sobre el tema. Identificar propuestas de políticas públicas, metodologías, proyectos e instrumentos dirigidos a mejorar o ampliar la intervención de los servicios de justicia para víctimas de trata de personas.

Preencuentro Nacional de Mesas y Veedurías Regionales contra la Trata de Personas. Sirvió de marco para discutir los contenidos de un Acuerdo Binacional Perú-Ecuador, para la asistencia y protección de víctimas de trata de personas.

Paneles: Los paneles 1 “La trata de personas en América Latina” y 2 “Trata de personas y acceso a justicia” se realizaron en el Auditorio de Derecho de la PUCP (350 asistentes) y el panel 15 “Política exterior y trata de personas” se llevó a cabo igualmente (140 asistentes).

Conclusiones: Fortalecer la gestión fronteriza así como acuerdos de cooperación entre los países. Siendo el acceso a la jurisdicción supranacional y las relatorías especiales de Naciones Unidas alternativas apropiadas para la incidencia en la protección de los derechos, requieren un mayor estudio y aprovechamiento para el logro de la justicia.

3. A pesar de los importantes avances normativos e institucionales, subsisten barreras de acceso a la justicia, especialmente de las víctimas menores de edad, tanto por factores geográficos, falta de formación del operador, corrupción o ausencia de mecanismos legales para la denuncia y restitución de sus derechos, incluyendo el derecho a exigir representación legal y a un tratamiento acorde a estándares de derechos humanos.

4. Si bien, en el ámbito de la institucionalidad, se constata que subsiste la desarticulación entre las organizaciones públicas y privadas para la concreción de las políticas públicas en el campo de la trata de personas, algunas buenas prácticas en el campo de la asistencia y protección a las víctimas demuestran que es posible articularse con éxito. 5. Es necesario fortalecer la gestión de las políticas y el presupuesto público para la lucha contra la trata de personas, además de incentivar y fortalecer la voluntad política en tres niveles de gobierno: local, regional y nacional.

6. El sistema de asistencia y protección de víctimas se encuentra aún en proceso de construcción, es por ellos que la incorporación de protocolos, normas, estándares, instrumentos de gestión, presupuesto, evaluaciones independientes y vigilancia ciudadana son herramientas necesarias para su fortalecimiento. 7. Se deben cubrir vacíos legales existentes en la sanción del delito. Existe un evidente problema en la aplicación y el acceso a la justicia (corrupción de funcionarios que investigan el delito, la inaccesibilidad geográfica, el idioma o la debilidad institucional del sistema, etc.) y en ese sentido, se hace necesario reforzar la capacitación de operadores de justicia, enfatizando en la protección a las víctimas después del delito y en la prevención, reforzando la importancia de las denuncias oportunas.

8. Es primordial enfatizar la sensibilización a los medios de comunicación, con la finalidad que incorporen estándares de protección y ética que eviten la vulneración de los derechos de las personas y puedan contribuir con la prevención del delito a partir de la dotación de información al público en general. 9. Se recomienda dotar de capacidades a los gobiernos locales con la finalidad de transversalizar las políticas públicas, enfatizando en la articulación intersectorial. Para ello es necesario contar con presupuestos claros y definidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

10. Existirá demanda en la medida que continúe la reproducción de la cultura adultocéntrica y patriarcal, que no reconoce a los NNA como sujetos de derecho. Se hace necesario incluir la prevención en las currículas escolares y cumplir con las sanciones correspondientes al delito, haciendo evidente la persecución de los clientes – explotadores. 11. Es necesario crear policía y fiscalías especializadas en el abordaje de la trata de personas. Esta especialización no solo permitirá un tratamiento ágil del delito, sino que contribuirá a cerrar filas contra la corrupción, delito que hasta ahora ha impedido obtener más explotadores sancionados con penas justas.

12. La corrupción está presente en todo el proceso del delito, desde la captación hasta la explotación. Sin embargo, se percibe con mayor presencia en la administración de justicia y como una barrera para la restitución de los derechos. 13. La migración, como la trata de personas, impacta en relaciones sociales, espacios, medioambiente y decisiones públicas (es multidimensional y multicausal). El trabajo del Estado debe considerar esas condiciones ya que existe una relación muy cercana entre migración y trata de personas, especialmente cuando el proceso migratorio no se realiza en condiciones de seguridad. Esta situación debe ser atendida, especialmente, en las zonas de frontera.

14. La trata de personas se esconde tras actividades económicas formales e informales. En ese sentido, rastrear el origen de las cadenas productivas puede ser una herramienta importante para identificar el delito y reconocer a las víctimas. 15. Una diferencia fundamental entre la esclavitud del pasado y la trata actual es que en la primera la lucha se desarrollaba a nivel individual, mientras que, en la actualidad, se toma como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, por lo que es solo a través de una estrecha cooperación con el Estado y sociedad civil que se podrá alcanzar una solución.

16. Se ha generalizado la explotación de mujeres, niñas y adolescentes y naturalizado su situación, partiendo del imaginario masculino de dominación, así como la cosificación de cuerpos, reforzando a su vez patrones culturales que justifican el ejercicio de la violencia y de poder entre hombres y mujeres. Es importante cerrar las brechas, las mismas que propician la violencia estructural, apuntando a fomentar la igualdad de oportunidades, rompiendo estereotipos.