ACCIONES FRENTE A LA CRISIS Jenny Phillips Aguilar Ministra de Hacienda En los últimos días se han hecho públicas varias afirmaciones de distintas personas y medios, cuestionando las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis. Consideramos importante aclararlas. En primer lugar, nuestro país actuó frente a esta crisis desde hace más de un año. En el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tanto el Ministro de Hacienda de entonces como el Presidente del Banco Central, empezaron a gestionar apoyos financieros para el país en el caso de que la crisis nos provocase problemas de estabilidad macroeconómica. En este contexto se negoció el préstamo de $500 millones con el Banco Mundial para apoyo presupuestario, el préstamo de $500 millones del BID para el Banco Central (del que luego se pudo prescindir) y se iniciaron los primeros contactos para un acuerdo precautorio con el FMI. El acuerdo con el FMI, si bien ha sido precautorio y se mantiene solo en caso de una eventual contingencia, nos sometió a la evaluación de un órgano externo que ha avalado las políticas económicas del país. Segundo, a finales del mes de enero de este año, don Oscar Arias presentó el Plan Escudo. Se hizo patente así, que el Gobierno seguiría una política fiscal anticíclica, es decir, impulsaría el gasto como una forma de estimular la economía. En ese sentido reitero lo señalado por el FMI en la revisión que hizo del país, cuando el pasado 25 de setiembre el Subdirector Gerente decía con respecto a Costa Rica: “ la estrategia de las autoridades para proteger a la economía de choques externos, a través de estímulos fiscales y la movilización de la financiación externa contingente,…,ha ayudado a mantener la confianza de los inversores y la estabilidad financiera”. Un recorte de gasto no habría logrado otra cosa que profundizar el efecto de la crisis y reducir la confianza en el país, tal y como ha señalado el FMI. En tercer lugar, los años de mayor crecimiento y mayor recaudación SÍ fueron utilizados para generar ahorros y abrir espacios para lo que luego sería la época de las vacas flacas. La más clara muestra de ello fue el surgimiento de los superávits fiscales que, a su vez, fueron el resultado del crecimiento de la recaudación por encima de la inflación y del crecimiento de la economía, así como la gestión de deuda que alargó plazos y redujo el gasto por intereses. Este último rubro pasó de representar un 4,14% del PIB en el 2005 a un 2,35% del PIB en el Esos espacios de gasto se utilizaron para fortalecer los programas sociales, logrando con ello mejorar la distribución de la riqueza en la asignación del gasto público. En vez de darle recursos a los tenedores de deuda por la vía del pago de intereses, la sociedad hizo llegar estos recursos de impuestos a los grupos de población económicamente menos favorecidos.

Pero también se redujo el endeudamiento público en niveles nunca antes logrados, pasando del 56,2% en el 2005 al 40,6% en el 2008, lo que no solo nos puso a las puertas de una mejora sustancial en la calificación de riesgo del país, sino que nos abrió los espacios para poder atender la crisis tal y como ahora hacemos, así como invertir más en infraestructura por la vía del financiamiento externo e interno. Hay que entender también que este Gobierno se encontró un país paralizado, que no invertía y que requería un fuerte impulso de sus políticas públicas. Ese país que nos encontramos en mayo del 2006 requería más policías, requería más maestros y profesores, requería más personal para la fiscalización del cobro de impuestos. Se requería llenar las necesidades que el país le reclamaba al Estado con el personal adecuado, capaz de llevar esas tareas adelante. Las plazas de servidores que se crearon no fueron antojadizas, llenaron esas necesidades. Si queremos un país con más seguridad y mejor educación, solo se puede lograr si disponemos de más funcionarios públicos en cada una de esas áreas, obviamente, entre muchas otras cosas. Pregonar como pecado el incremento en la planilla del Gobierno es cegarse ante las necesidades del país y es repetir un necio dogma que la crisis se ha encargado de desmentir: la acción del Estado es per sé una intervención inaceptable en la economía. Finalmente, dos aclaraciones. No es cierto que el aumento en la recaudación haya provenido únicamente de un efecto cíclico, o sea, de la expansión económica de los últimos años. No se vio este fenómeno en otros años con tasas de crecimiento de la economía de igual nivel. Invito a observar los datos del crecimiento del número de contribuyentes de los últimos años: en el 2005 había inscritos contribuyentes, mientras que a agosto del 2009 hay contribuyentes inscritos, un crecimiento del 31,56%. Tampoco es cierto que este Gobierno descuidara las propuestas para reformar las leyes de impuestos. El 14 de agosto del 2006 el Gobierno presentó el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda, el cual se aprobó en diciembre del año anterior y entró a regir el pasado 1 de octubre. Adicionalmente, el 3 de agosto del 2006 se presentó el Impuesto a las Personas Jurídicas, que se discute en la Asamblea bajo el expediente El 15 de agosto del 2006 se presentó el Impuesto al Valor Agregado, que se discute bajo el expediente Este año se presentó un proyecto para darle rango legal al Programa Avancemos, que se discute bajo el expediente y que este Ministerio avala, el cual modifica dos impuestos: el impuesto a la propiedad de vehículos, para hacer más progresivo el cobro de este impuesto en razón del valor y la cilindrada del vehículo, además de una modificación de los artículos 59, 61 y 61 bis de la Ley de Renta, para gravar con el impuesto a las remesas al exterior las transacciones de los bancos de primer orden. Por último, se ha presentado en estos días el Proyecto de Ley de Regulación de las Apuestas, Casinos y Juegos de Azar. Si se toma en cuenta todo el posible aporte de estos cinco impuestos, el país podría recaudar adicionalmente unos ¢ millones anuales, decisión que ahora está en manos de los diputados y que vendría a paliar los efectos de la crisis.