Resultados: Segundo Estudio Acceso a la información pública en Chile 2006

Objetivos Evaluar las condiciones para ejercer el derecho de acceso a información pública, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Contrastar los resultados con aquellos obtenidos en el primer estudio realizado en el año 2004, con el apoyo del Open Society Institute. Verificar eventuales cambios en la práctica institucional dados los cambios normativos que han tenido lugar desde ese año.

3 Contexto Desde el 2004: - Nuevo artículo 8º de la Constitución, que reconoce el ppio de probidad en todas las actuaciones de la función pública - Derogación Decreto Nº 26 -Fallo de la CIDH contra el Estado de Chile, caso Marcel Claude y otros -Agenda Anti-corrupción de Presidenta Bachelet -Proyecto de Ley en Segundo Trámite Constitucional, indicaciones recientes de la Presidenta

Metodología (I) Se presentaron por escrito 210 pedidos de información pública, conteniendo 105 preguntas. Firmados por 10 voluntarios: 2 periodistas, 2 ONG´s, 1 empresario, 1 estudiante universitario, 1 trabajador mapuche, 1 actriz, 1 presidente de Junta de Vecinos y 1 figura política.

5 Metodología (II) Se solicitó información a: Los 20 Ministerios 3 instituciones Poder Judicial: Corte Suprema, Juzgado Civil Nº 1 y Primer Juzgado de Garantía de Santiago 8 Municipios: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda 2 Empresas del Estado: TVN y EFE Congreso: Senadores y Diputados

6 Metodología (III) Las solicitudes fueron presentadas a través de las oficinas de partes; Excepto en el caso del Congreso, todas estuvieron dirigidas a las máximas autoridades de cada institución; No se realizaron solicitudes de información de forma oral.

Tiempos: Dentro de los 10 días hábiles: en tiempo Entre 11 y 20 días hábiles: tarde Más de 20 días hábiles: no respondido Tipo de información: Se solicitó información de: rutina, difícil y sensible. No se solicitó información que pudiera afectar la seguridad pública o de personas. Metodología (IV)

Tipo de información: Información de rutina se refiere a información de disponibilidad automática, referida al trabajo diario de las instituciones Información difícil se refiere a los casos en que la respuesta debe ser de alguna forma compilada o investigada Información sensible se refieren a los casos en que las respuestas pudieran ser políticamente sensibles o que pudieran generar susceptibilidades en la cultura particular de un determinado país Metodología (V)

Los datos que se presentan a continuación son una fotografía de un aspecto de las instituciones analizadas y, por lo tanto, no deben ser generalizados. IMPORTANTE

10 Ranking de peticiones de información sin respuesta 2004 (%)

11 Resultados Generales Comparados Respuestas Silencio69%61% Info. Completa e Incompleta 18%34% Denegación Escrita5%1% Info. que no tiene el servicio 1% No se pudo entregar la solicitud 4%--- Derivados/transferidos3%

12 Resultados Generales 2006 (%)

13 Resultados generales El nivel de respuesta a solicitudes de información continúa siendo bajo, en comparación con los resultados del año 2004, en donde Chile fue el país peor evaluado entre otros 10 de América, África y Europa. Las respuestas completas e incompletas alcanzan un 34%. El silencio como respuesta se redujo solamente de un 69% a un 61%, evidenciando una ausencia de prácticas adecuadas y una política pública clara al respecto.

14 Resultados por tipo de Institución 2006 (%)

15 Resultados por tipo de Institución 2006 Comparativamente, el Congreso ha sido el que más solicitudes de información ha respondido. Los Ministerios y Municipios tienden a dejar más de la mitad de las solicitudes de información que reciben sin responder, si bien los Ministerios lo hacen en una proporción menor. Las empresas públicas y las instituciones de Justicia han tendido a no responder información.

16 Resultados Municipios 2004 (Casos)

17 Resultados Municipios 2006 (Casos)

18 Resultados Municipios (Casos) Comparativamente con el 2004, algunos Municipios han tendido a empeorar. Este es el caso de Lo Barnechea, Lo Prado, La Reina. El Municipio que ha tendido a mejorar su desempeño en esta materia ha sido el de Las Condes. El Municipio de PAC mantuvo un nivel similar al del año 2004, respondiendo la mitad de las solicitudes de información. Ñuñoa mantuvo un nivel similar al del año 2004, no respondiendo a la mayoría de las solicitudes de información.

19 Los 5 que más responden, 2006 InstituciónSilencio Info completa Info incompl. Deneg escrita Deriva/ Transf Info que no tiene el Servicio SEGPRES SENADO DIPUTADOS LAS CONDES MIDEPLAN122001

20 Los 5 que menos responden, 2006 InstituciónSilencio Info Completa Info Incompl. Den. escrita Derv/ Trans Info que no tiene el Servicio EDUCACIÓN Min. JUSTICIA LO PRADO JUZGADO CIVIL Nº JUZGADO GARANTÍA Nº

21 Del total de respuesta recibidas 2006 ¿como se recibió respuesta? (%)

22 Del total de respuesta recibidas 2006 ¿en qué tiempos se recibieron? (%)

23 Tipo de respuesta a la misma solicitud de información (%)

24 Tipo de respuesta a la misma solicitud de información Frente a una misma solicitud de información, los servicios envían en un 39% de los casos la misma respuesta, conteniendo la misma información. Sin embargo, en un 61% de los casos se registraron respuestas diferentes, ya sea porque en un caso se respondió el pedido de información y en otro no, o porque se brindó diferente información. Esto demuestra la ausencia de criterios o políticas claras respecto a cómo responder solicitudes de información.

25 Resultados por tipo de pregunta 2006 (Casos)

De acuerdo a este estudio, Chile ha experimentado un escaso avance en garantizar el acceso a la información pública desde el Se evidencia la inexistencia de una política pública que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Solamente en un 27% de los casos se accedió a la información solicitada de forma completa (17% en el 2004). En el 61% de los casos no se obtuvo respuesta alguna, lo que constituye una cifra alta considerando que Chile fue el país peor evaluado en el estudio comparado de 10 países en el 2004, con un 69% de las solicitudes sin responder. Observaciones finales (I)

El Congreso ha tendido a brindar mayor información que las otras instituciones. Los Ministerios, dentro de su alto nivel de no respuesta, han tendido a responder a más solicitudes y a entregar más información que los Municipios (al revés del 2004). El Poder Judicial y las empresas del Estado son las instituciones que menos han tendido a responder a las solicitudes de información. En el caso de las empresas no se pudo acceder a ningún tipo de información. (Similar a 2004) Un 40% de las instituciones que tienden a responder, lo hacen vencido el plazo de 10 días. Frente a una misma solicitud de información, en un 61% de los casos la respuesta es diferente. Esto refleja la ausencia de criterios o una política clara acerca de cómo responder solicitudes de información. Observaciones finales (II)

28 Recomendaciones para una política pública en materia de acceso a la información (I) Debe aprobarse una Ley de AIP, que incluya a todas las instituciones del Estado, en todos sus niveles; El AIP debe ser entendido como un derecho fundamental de las personas; Se debe derogar de la Constitución la causal de reserva de buen funcionamiento de las instituciones, de acuerdo al compromiso en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet; El próximo presupuesto debe destinar recursos especialmente a los fines de garantizar que las instituciones incorporen nuevos mecanismos que garanticen el acceso a la información pública. La creación de una institucionalidad autónoma que resguarde el ejercicio de este derecho constituye una contribución importante;

29 Recomendaciones para una política pública en materia de acceso a la información (II) Los servicios deben incorporar este tema como parte de su agenda de gestión, y analizar críticamente su diseño institucional a los fines de incorporar uno que garantice las respuestas a las solicitudes de información en un plazo de 10 a 15 días hábiles; Una vez clarificado el diseño institucional, es necesario capacitar a los funcionarios públicos en esta materia, tal como exige el fallo de la CIDH; Por último, es necesario que el Estado trabaje en conjunto con la sociedad civil apoyando las tareas de difusión y capacitación sobre el derecho de AIP que realizamos las diversas organizaciones de la sociedad civil.