LAURA PAUTASSI, CONICET-UBA, Argentina. Consultora CEPAL Taller Internacional de Primera Infancia y Protección Social. CEPAL., UNICEF y SPSU San Salvador, 19 y 20 de Marzo de 2014

 Enfoque de derechos, exigibilidad y justiciabilidad  Indicadores sociales / indicadores de derechos  Integrando derechos en la política pública, midiendo el cumplimiento.  Obligaciones pendientes

 Declaración del Milenio –ODM: desembarco formal como metodología  En infancia es previo: Convención de Derechos del Niño (1990): ruptura del modelo tutelar/asistencialista  Cambio de paradigma: niños, niñas y adolescentes como legítimo titulares de derechos.  Protección jurídica y derechos específicos de la infancia.  Principio de Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los DDHH (Art. 4, Programa de Acción de Conferencia de Viena, 1993)

 La definición de políticas públicas que incorporen derechos, debe acompañarse con mecanismos de tutela, garantía y responsabilidad por parte de los Estados.  Obligaciones - y +  Derechos específicos de los niños, niñas y adolescencia: derecho a ser cuidados y a cuidar(se) derecho a la alimentación y a vivir una vida libre de violencia.

 Indicadores sociales: ◦ Identifican y cuantifican un fenómeno en sí mismo ◦ A partir de allí, se establecen escalas, comportamientos, índices y variables ◦ Se consideran interrelaciones entre áreas relevantes (bienestar, educación, salud, trabajo)  Indicadores de derechos ◦ Parten conceptualmente de los principios de interdependencia, indivisibilidad y universalidad DDHH ◦ Cuantifican y cualifican las acciones del Estado ◦ Establecen interrelaciones entre derechos

Contenido mínimo de los derechos; Universalidad Progresividad y no regresividad; Igualdad y No discriminación; Máximo de recursos disponibles Producción de información y formulación de políticas; Participación de los titulares del derecho en el diseño e implementación de las políticas públicas; Acceso a la justicia y mecanismos de reclamo (en sentido amplio).

 Derechos: ◦ Integralidad ◦ Principio de progresividad ◦ Prohibición de regresividad  Abarca a todos los Poderes del Estado (PE, PL, PJ)  Solo puede haber plena realización de DDHH cuando existen los medios administrativos / judiciales para hacer efectivos los derechos  No existen jerarquías ni ranking entre derechos.  Igualdad y no discrimianción ( a nivel territorial inclusive)

 Indicadores estructurales  Indicadores de progreso  Indicadores de resultado ✚  Señales de progreso cualitativas: permiten un seguimiento de los logros que contribuyen a alcanzar el objetivo: el goce y ejercicio de los derechos  Clasificación de la información Recepción del derecho Contexto financiero y compromisos presupuestarios Capacidades estatales ✚  Principios transversales Igualdad y no discriminación Acceso a la justicia Acceso a la información y participación política

 Indicadores estructurales: ◦ Reflejan la ratificación de instrumentos jurídicos (internacionales, nacionales) ◦ Relevan información sobre organización del Estado para dar cumplimiento a los derechos ◦ Examinan si el marco normativo, institucional y las estrategias del Estado son adecuadas y eficaces ◦ Normalmente, no necesita una base de referencia sino que permiten respuestas afirmativas / negativas ◦ Ej: Ratificación por parte del Estado de Tratados internacionales de DDHH que reconocen al derecho de los niños, niñas y adolescentes, tanto al cuidado, a la vida libre de violencia, a la alimentación adecuada y a la integralidad de los derechos.

 Indicadores de proceso ◦ Buscan medir calidad y magnitud de los esfuerzos del E. ◦ Miden cobertura, alcance y contenido de estrategias, planes, programas, políticas ◦ Ayudan a vigilar directamente la aplicación de las políticas públicas a lo largo del tiempo ◦ Requiere bases de referencia / metas (en la forma de cifras o porcentajes) para mostrar un proceso dinámico.  Ej: Porcentaje de cobertura de niños, niñas y adolescentes por infraestructura de cuidado.  - Capacitación del personal de los organismos encargados de la seguridad alimentaria en el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental.

 Indicadores de resultado ◦ Reflejan logros individuales y colectivos ◦ Busca medir el impacto real de las estrategias, programas e intervenciones del Estado ◦ Proveen una medida cuantitativamente comprobable y comparable  Ej: Porcentaje de hogares con niños sin acceso a una fuente hídrica adecuada para su consumo.  Porcentaje de la población infantil por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (Indicador ODM)  Porcentaje de hogares con niños por debajo de la línea de indigencia.

 Señales de progreso cualitativas  Objetivo: captar la definición de la situación que efectúa el propio actor social, y el significado que éste le otorga al fenómeno que se evalúa  No parten de una escala de medición, estadística ni categorías preestablecidas  Representan dimensiones cualitativas que reflejan la progresión en los cambios, hasta alcanzar el objetivo  Pueden interpretarse en niveles de plazos o períodos de tiempo (largo, medio y corto plazo)  Permiten captar un seguimiento del objetivo deseado  Ej: Inclusión de la metodología de estimación de la línea de la Pobreza medida por derechos  I nstancias de consultas de organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos de la infancia que participen sobre consultas de cuidado y alimentación de niños y niñas

 Recepción del Derecho  Identificar cómo el Protocolo está incorporado en el derecho interno (Constitución, leyes, jerarquía)  Alcance del derecho y del reconocimiento  Garantías y vías de reclamo (individual / colectiva, administrativa o judicial)  Contexto financiero y compromiso presupuestario  Disponibilidad y distribución de recursos del Estado  Capacidades estatales  Describe un aspecto técnico instrumental, distribución de recursos y poder en el Estado  Analiza capacidad concreta de definir, priorizar y cumplir  Identifica relaciones interinstitucionales, división de tareas y de recursos humanos y técnicos

 Principios transversales: útiles para relevar información de sectores con desigualdad estructural, y para verificar la efectividad de las políticas ◦ Igualdad y no discriminación: ¿están dadas las condiciones para acceder a los derechos garantizados por la sola aplicación de las instituciones democráticas? ◦ Acceso a la justicia: ¿es posible acceder a mecanismos de reclamo administrativos / judiciales para reclamar el ejercicio de derechos, en condiciones de igualdad? ◦ Acceso a la información y participación política: ¿Produce y brinda el Estado la información necesaria para permitir la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación y monitoreo de las políticas públicas?

El desarrollo de indicadores de derechos humanos es uno de las estrategias, que integrada a otros elementos de política pública, especialmente la transversalización de enfoque de derechos, género y etnia, permitan aproximar vías de evaluación y de diseño de políticas públicas que avancen en la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La incorporación de indicadores permitirá fiscalizar si el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia sigue los principios establecidos por el enfoque de derechos humanos o, en su caso, esta herramienta colaborará en su transformación para adaptarlas a dicho enfoque. Permitirá mejorar y/o crear nuevos mecanismos de generación y circulación de información pública entre las diversas agencias estatales así como también permitirá generar y difundir nueva información pública y promover acciones vinculadas con la rendición de cuentas.

Los indicadores también buscan identificar, entre otros déficit, las brechas en términos de capacidades estatales presentes en la acción pública en materia de infancia. De lo contrario será muy difícil revertir, por ejemplo, hábitos nutricionales de corte asistencialista si no se aborda el derecho a la alimentación adecuada en el marco de un debate amplio de seguridad alimentaria y nutricional, en donde el eje sea el derecho de los niños a ser cuidados pero también donde las mujeres puedan ejercer su autonomía en relación al destino de “cuidadoras” que les ha asignado la burocracia asistencial abonado por la división sexual del trabajo imperante en nuestras sociedades.

 Niños, niñas y adolescentes y mujeres son sujetos autónomos portadores de derechos humanos que deben ser considerados como tales y no como el “eslabón” de éxito en la ejecución de un plan social o de una política de seguridad alimentaria. La vinculación entre infancia, cuidado y alimentación es ineludible.  Es recomendable que las burocracias estatales, en sus tres poderes, asuman que es urgente establecer políticas integrales y no continuar con acciones desintegradas y superpuestas que contribuyen a dispersar recursos –económicos, humanos, técnicos- sin ser efectivas en torno a superar las vulnerabilidades presentes e incluso las brechas existentes en materia de capacidades institucionales.

 Las políticas públicas integrales deben complementarse con el establecimiento de procedimientos que permitan al niño, niña u adolescente poder exigir sus derechos.  Del mismo modo para las mujeres en su carácter de madres.  No hay retos, no hay compromisos, hay obligaciones. Es el momento de cumplirlas y de exigir dicho cumplimiento.