TEORÍA DE LAS APARIENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA ÉTICA PÚBLICA EN LOS PODERES PÚBLICOS (ÉTICA AXIOLOGICA) Dr. Rafael González Ballar

La función pública ha comenzado a vivir de las apariencias Apariencias desde el punto de vista subjetivo, aplicable sobre todo al juez como individuo-funcionario público – ya que debe tener suficiente capacidad para dar una interpretación satisfactoria a las situaciones que se le exponen. Apariencias en sentido objetivo refiere a los aspectos institucionales.

Imparcialidad: requisito fundamental para la apariencia real del interés público Verdadero acceso a la justicia se fundamenta en la claridad, del conjunto de reglas utilizadas para dictar la sentencia o el acto administrativo. Los derechos y obligaciones que se derivan deben ser claros y que el derecho sea cierto, predecible y que se logre la aplicación que el juez quiera dar.

Imparcialidad, vista subjetivamente, se va a reconocer en: La sentencia o en el acto administrativo o en la actividad desplegada por el funcionario, que se ajusta a la interpretación jurídica y su relación con la realidad. En la teoría de las apariencias, la resolución no solo debe aparentar sino debe obligatoriamente tener la posibilidad de su eficacia y ejecutoriedad para el justiciable.

La teoría responde a la necesidad de lograr la confianza del justiciable en la justicia y en el proceso de impugnación y ejecución final. De la Constitución Política se rescatan los siguientes principios: Cualquier funcionario es responsable, es simple depositario de la autoridad, no puede arrogarse facultades, debe hacer una justicia pronta, cumplida, sin denegarla.

Regulaciones y principios contenidos en la Ley General de la Administración Pública (113 y 114) El funcionario público está obligado por el interés público. Existe una diferencia entre este interés El funcionario debe velar por los intereses de la comunidad anteponiendo sus intereses personales o los de terceros y no puede obstaculizar ni entrabar su realización.

Caso de diputado Mesiánico: El señor diputado no puede proceder mesiánicamente de acuerdo con su mera conveniencia o la de su partido. Como dice la Ley General de Administración Pública no puede anteponerse la mera conveniencia contra el interés público.

Caso de Sala Constitucional: Problema de la ejecutoriedad de las sentencias, Viajes al exterior

Violación del interés público, y los derechos del justiciable, al conocer estos aspectos y que el sistema no tenga una respuesta rápida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El problema es seguir justificando y manteniendo algo que se convierte en una pura apariencia de justicia.

El ordenamiento jurídico debe proteger la confianza originada por el comportamiento del otro, porque poder confiar es una condición fundamental para que se logren los fines del derecho, es decir, la paz social, la cooperación humana y la seguridad jurídica.