Criminalización de la Protesta Social y la Minería en el Perú Magdiel Carrión Pintado Presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca Piura, Perú Junio de 2009

Contexto Nacional Peruano En el Perú: Se aplica un modelo económico neoliberal. Se habla de crecimiento económico, pero las riquezas están concentradas en un pequeño sector de la sociedad.

Contexto Nacional Peruano Los sectores menos favorecidos soportan la exclusión social, y también la violación sistemática a sus derechos fundamentales. Se aplica el denominado catecismo del Perro del Hortelano. Se pone en marcha de un marco legal que criminaliza la protesta social. Se implementan normas que buscan despojar de sus territorios a las comunidades campesinas y nativas.

Industrias extractivas y comunidades campesinas El modelo neoliberal abarcó la liberalización de los marcos normativos con el objeto de facilitar la implementación de proyectos de explotación de recursos naturales. A esto se sumó el incremento de los precios a medianos de los 90, lo que originó el crecimiento de las inversiones mineras en el Perú. La entrega de concesiones ha ido comprometiendo territorios comunales de pueblos originarios.

Perú: Concesiones Mineras Total concesiones mineras vigentes a inicio de 2009: 18 millones hectareas = 14% del territorio nacional 6/07/09 Fuente: Juan Aste Daffós

Industrias extractivas y comunidades campesinas El estado peruano, a pesar de haber suscrito el Convenio 169 de la OIT, entrega derechos de concesiones de exploración y explotación sin respetar el derecho de la consulta libre, previo e informado de las comunidades, amparándose en una supuesta promoción del desarrollo. El Estado abandona su papel fiscalizador e interviene a favor de la implementación de los proyectos mineros y petroleros.

Industrias extractivas y comunidades campesinas Firma de acuerdos comerciales con los EEUU, Canadá, Unión Europea, China, Chile o otros, a espaldas del pueblo, en especial de los comuneros, pese a que será el sector más afectado con su implementación. Se modificó el marco legal nacional para “adecuar el país a los TLC’s”: la promulgación de Decretos Legislativos que buscan despojar de sus tierras a las comunidades y facilitar su entrega a las grandes empresas transnacionales.

La Protesta Social En los últimos 20 años, junto a la consolidación de la economía de mercado, se ha ido configurando un núcleo dirigente empresarial alrededor de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, con un peso creciente en las decisiones de la política pública en el país. No es casual el crecimiento de los conflictos socio-ambientales y de la protesta social ante un Estado que responde únicamente a los intereses de las grandes inversionistas transnacionales y sus socios nacionales.

Crecimiento de los conflictos en el Perú Fuente: Reportes de la Defensoría del Pueblo

Tipos de conflictos en Perú Fuente: Reportes de la Defensoría del Pueblo

Principales conflictos Mineros en el Perú Minera IMP Perú S.A, Tabaconas Minera Monark Gold Río Blanco – Minera Majaz Cerro Quilish La Zanja Sulliden Tantahuatay San Cirilio San Nicolas Carachugo Michiquillay Conga Tambogrande Champamarca Paragsha Quiulacocha San Francisco de Asis San Gregorio San Juan Ticlacayan Alto Chicama La Oroya Antamina Pierina Huarmey Minería informal Las Bambas Tintaya Iscaycruz Aruntani Minería informal San Mateo Minera Antapite Pampamali Julcani Cerro Verde II Minsur Chapi Quellaveco Santa Rosa Tucari Ilo 6/07/09

La respuesta de las empresas mineras al conflictos con comunidades Campañas de intimidación y difamación en medios, por empresas y autoridades Reglaje y seguimiento a dirigentes defensores del medio ambiente y paramilitarización de los conflictos Generación de organizaciones paralelas para el enfrentamiento Autorregulación (responsabilidad social y Ambiental). Criminalización de la protesta social 6/07/09

Criminalizacíón de la protesta “Incremento de denuncias contra dirigentes y representantes de diversas organizaciones sociales y ONGs, aperturándose en muchos casos investigaciones por diversos delitos graves” Se reprimen las manifestaciones con el pretexto de falta de autorización para su realización, cuando la Constitución Política no exige autorización para reuniones públicas, sino sólo comunicación de las mismas a las autoridades, lo cual sí se viene cumpliendo. Se detienen a muchas personas a nivel policial pese a que en muchos casos no se les ha encontrado ningún objeto contundente para ejercer violencia , detenidos sólo con el pretexto de haber participado en marchas 13

Criminalizacíón de la protesta Represión a dirigentes Violación de derechos fundamentales (libertad de expresión, libertad de reunión, libertad individual, etc) Presencia de terceras personas ajenas, a quienes convocan protestas, causan violencia. Derecho a la defensa muchas veces es restringido o vulnerado. Violación a la integridad personal. Creación de Normas que sobre criminalizan la protesta social. (Decretos legislativos de julio 2007)

Caso emblemático: Río Blanco (ex-Majaz), propiedad de Zijin Una zona rica en biodiversidad, donde la gente vive en armonía con la naturaleza. Existen los principales bosques de neblina del país, captores de agua, que benefician las valles de las regiones de Piura y Cajamarca. Promoción de un “distrito minero” en esta zona sin tradición minera, sino con vocación agraria y ecoturística. El gobierno pretende imponer el proyecto minero pese a la oposición de los comuneros (expresada en la Consulta Vecinal en tres municipios).

Utilización de la fuerza y procesos judiciales, 2004 - 2005 Durante las marchas al campamento minero se reprimió brutalmente a los comuneros. 32 detenidos y torturados. Dos comuneros asesinados. A raíz de la participación en marchas y otros actos públicos se denunció en agosto de 2005 a 140 líderes de Ayabaca y Huancabamba por supuestos delitos. Las imagenes de la brutal represión dieron la vuelta al mundo.

Consulta Vecinal, 16 de septiembre de 2007 Población votó masivamente en contra de la minería y a favor de su modelo de desarrollo agrario y ecoturístico sostenible. A raíz de su participación en la organización de la Consulta Vecinal se denunció en marzo de 2008 a 35 líderes comuneros y aliados por terrorismo, entre otros.

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