El derecho de propiedad ya figura como uno de los fundamentales del ciudadano en la breve declaración de derechos de la Constitución de Cádiz (art 4): La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen La Constitución de 1837 y la de 1845, dedican un artículo específico al derecho de propiedad, el artículo 10 en ambos casos y con idéntico redactado: No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización
La libertad de comercio interior de todo tipo de bienes se fue liberalizando progresivamente. Las Cortes de Cádiz, una vez más, fueron precursoras, al decretar: quedarán enteramente libre y expedito el tráfico y comercio interior de granos y demás producciones de unas a otras provincias de la Monarquía, y podrán dedicarse a él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus acopios donde y como mejor les parezca y venderlos al precio que les acomode, sin necesidad de matricularse ni de llevar libros ni de recoger testimonio de las compras. El Real Decreto de 6 de diciembre de 1836 restablece lo legislado en Cádiz al permitir a todos los españoles y extranjeros avecindados que podrán establecer fábricas o artefactos de cualquier clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia alguna, lo que, en la práctica, significa la extinción del régimen gremial.