La Presidencia de la Suprema Corte se ha dado a la tarea de elaborar Protocolos de Actuación Judicial con el fin de auxiliar a las y los juzgadores federales en la tarea de impartir justicia de forma especializada.

La adecuación de la praxis judicial a los instrumentos internacionales constituye un reto enorme para los operadores jurisdiccionales, por ello, es necesario contribuir con herramientas útiles que abonen a una justicia respetuosa y atenta a las características y realidades de diversos grupos sociales.

Grupos sociales-Temas de los Protocolos Niñas, niños y adolescentes Personas, comunidades y pueblos indígenas Personas migrantes Mujeres Personas con discapacidad.

Durante el proceso de elaboración de este Protocolo, el texto fue sometido a las consideraciones del Sr. James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y sus observaciones fueron incluidas en esta primera versión.

El reconocimiento de los derechos indígenas coloca a las y los juzgadores ante el reto de elaborar interpretaciones judiciales que rebasen la visión formalista y permitan que el sistema jurídico responda desde un lenguaje de derechos, a viejos problemas de falta de acceso de los indígenas a la justicia que imparte el Estado.

Ello no supone comenzar de cero, ya que tanto en tribunales mexicanos, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se han resuelto casos concretos con base en los derechos indígenas reconocidos.

En la primera parte del Protocolo se explican sus fundamentos jurídicos: origen nacional y de origen internacional (Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas, entre otros).

En el capítulo II, se explican los principios que guían el texto del Protocolo: No discriminación; Autoidentificación; Consideración de las especificidades culturales; Derecho a mantener, desarrollar y controlar sus propias instituciones; Protección especial a sus territorios y recursos naturales; Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte.

A partir de un cuadro que ustedes podrán apreciar (desde la página 27) se hace referencia en la columna de la izquierda, a los instrumentos jurídicos que reconocen los 6 principios antes citados, en la central a lo que éstos expresan y en la columna de la derecha a las consideraciones que debe hacer el juzgador para brindar una atención diferenciada.

En la parte final del Protocolo ofrecemos algunos ejemplos de resoluciones jurisdiccionales (de la SCJN, TEPJF, CoIDH, Colombia), e informes que han permitido delimitar el contenido y alcance de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.

Todo lo anterior para sugerir que las acciones afirmativas que deben emprender las y los juzgadores implican actitudes proactivas que comprenden: garantizar el auxilio de intérpretes idóneos; ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas; tomar en cuenta sus diferencias culturales; proteger de manera especial sus tierras, territorios y recursos…

verificar que las poblaciones y colectivos indígenas sean consultados cuando se toman medidas susceptibles de afectarlos; aceptar los actos jurídico realizados de conformidad con sus sistemas normativos, en particular las elecciones de sus autoridades; generar información estadística sobre el acceso a la justicia federal de personas y comunidades indígenas, entre otras.

La aplicación de las normas, los principios y las prácticas contenidos en el presente Protocolo representa una oportunidad para garantizar la vigencia de derechos de los pueblos indígenas por parte del Poder Judicial de la Federación.

Esta plena vigencia requiere de acciones afirmativas que amplíen sus posibilidades de acceso a la jurisdicción del Estado y una visión pluralista que garantice derechos individuales y colectivos como una forma de preservar la diversidad cultural del país.

Todos nosotros estamos conscientes del valor pedagógico del acto judicial y consideramos que es fundamental que a través de las resoluciones concretas, el Estado mexicano garantice eficazmente los derechos de los colectivos más marginados.

El pasado 8 de mayo, la Primera Sala de la SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 631/2012, citó el Protocolo. (Tribu Yaqui-Acueducto Independencia, Sonora)

Nos interesa mucho que las y los juzgadores retroalimenten este esfuerzo compartiéndonos sus consideraciones y las maneras en las que el Protocolo les ha sido de utilidad.

Contamos con una dirección electrónica a través de la que podemos estar en comunicación:

Muchas gracias.