VISION DEL SECTOR MINERO EN EL POSCONFLICTO

Presentación del tema: "VISION DEL SECTOR MINERO EN EL POSCONFLICTO"— Transcripción de la presentación:

1 VISION DEL SECTOR MINERO EN EL POSCONFLICTO
Amylkar Acosta Medina Noviembre -2016

2 CONTEXTO En diferentes instancias los Gobernadores, como articuladores del ordenamiento del territorio en sus regiones, han manifestado su preocupación sobre lo que va a suceder o lo que podría suceder, en el Posconflicto, en especial en aquellos territorios que históricamente han tenido influencia y presencia de actores armados. Esa presencia intimidatoria ha impedido, durante décadas, una completa planeación territorial, limitando la ejecución de políticas y programas públicos, así como la inversión privada, dificultades que se esperan superar en el nuevo escenario regional que plantea el posconflicto. El posconflicto trae grandes retos para las Entidades Territoriales, requiriendo estrategias e inversiones efectivas en territorio, así como una gran articulación institucional, para garantizar la presencia permanente del estado.

3 CONTEXTO Un actor importante en algunos de esos territorios impactados por el conflicto, es el sector minero por su tradición como actividad productiva, por las posibilidades geológicas que permitirían el desarrollo de una minería planeada y articulada con otras actividades productivas, o por la presencia en territorio de una minería ilegal. Lo anterior lleva a que uno de los grandes retos y oportunidades en el Posconflicto sea la articulación de la minería en territorio. Para enfrentar estos retos se debe tener claridad sobre el rol que actualmente tienen las Entidades Territoriales en el desarrollo y control de la minería, así como sobre la política de legalización y formalización minera y considerar posibles escenarios que permitan una asertiva articulación de la política minera nacional en su territorio y en especial en las zonas afectas por el conflicto.

4 PROBLEMATICA Un documento que recoge buena precisión la política nacional para el proceso de posconflicto es el CONPES 3850 de noviembre de 2015, que considera: El conflicto armado está estrechamente ligado a problemáticas de degradación ambiental, pobreza rural y profundización de los rezagos sociales y económicos en el desarrollo de los territorios afectados. La falta de capacidades institucionales para gestionar el desarrollo local y la insuficiente articulación y coordinación de las intervenciones e inversiones….., impiden generar mejores resultados en el abordaje de las problemáticas que afectan a los territorios. … las debilidades en la articulación institucional y la falta de capacidades territoriales para gestionar el desarrollo local han impedido abordar las problemáticas territoriales de manera integral y efectiva.

5 PROBLEMATICA … se plantea que el proceso de construcción de paz podrá maximizar los beneficios ambientales, económicos y sociales si se adopta un enfoque territorial participativo, centrado en el desarrollo de las capacidades de las regiones, con garantías para el imperio de la ley y enmarcado en un modelo de crecimiento verde. ….. repensar lo rural más allá de lo agropecuario y redefinir las relaciones campo y ciudad promoviendo una visión integral del territorio con base en un ordenamiento ambiental y productivo de acuerdo a su vocación. Esto incluye considerar herramientas para la innovación en el aprovechamiento de los recursos naturales y la producción rural, dinamizar las economías regionales, fortalecer las culturas, validar los procesos asociativos locales y garantizar los servicios ecosistémicos fundamentales para las actividades productivas. La explotación ilícita de minerales es otro problema que se asocia con el conflicto armado y genera impactos relevantes en los ecosistemas y en sus recursos naturales.

6 PROBLEMATICA De 2010 a 2014, el DNP (2015) encontró que cerca de la mitad de los municipios del país habían sido afectados por esta problemática. Son de particular consideración los impactos ambientales generados por la minería de oro, mayoritariamente ilegal. En 2010, el 86% del oro producido en el país provino de la minería ilegal, la cual utiliza mercurio y devasta las rondas hídricas de los territorios. El 28% de las áreas protegidas presentan extracción ilícita de minerales como columbita, tantalita, oro, carbón y esmeraldas. Se ha identificado que el 80% de los municipios con incidencia alta y muy alta de conflicto deben realizar un esfuerzo alto y medio alto para el cierre de brechas socioeconómicas.

7 ACCIONES Contribuir a la recuperación de los suelos degradados por cultivos ilícitos, por procesos de deforestación y por minería ilegal, a través del establecimiento de sistemas agropecuarios alternativos o procesos de restauración de dichas áreas. Como lo reitera el documento Conpes, la brecha socio económica de los territorios afectados por grupos armados es muy grande y un proceso de desarrollo económico sostenible requiere de articulación entre entidades nacionales y regionales, fortalecimiento regional y local, así como inversiones públicas y privadas acordes con la vocación del territorio. Considerando que la minería tiene tradición productiva en algunos de estos territorios, podría ser un actor importante en el posconflicto y aportar en el cierre de esa brecha.

8 ACCIONES Fortalecimiento de los derechos ambientales, que vincule a las organizaciones civiles, fortalezca y sensibilice a las autoridades territoriales en relación con los derechos que puedan ser atribuibles al ambiente mismo, y que permita identificar reformas al ordenamiento jurídico colombiano que deriven en insumos para crear una jurisdicción ambiental. Bajo esta orientación, el desarrollo sostenible con el cual está comprometido el país, requiere que todos los actores involucrados conozcan en mayor detalle la normatividad ambiental, así como el marco sancionatorio definido para su incumplimiento, todo ello como garantía para la preservación y conservación del ambiente y sus recursos. Se precisa entonces, la definición de acciones de los Entes Territoriales en la política de legalización y formalización minera.

9 ACCIONES Definir una hoja de ruta para el desarrollo minero en zonas afectas por actores armados. Lo anterior se enmarca dentro de contextos que son transversales a todos los programas y políticas públicas que se están formulando en la actualidad: (i) las políticas nacionales de participación ciudadana (Licencia Social); (ii) el empoderamiento de las regiones a partir de la descentralización; (iii) la inclusión participativa de las poblaciones minoritarias en la toma de decisiones de política pública. Sobre este último pilar se recalca que también se deberá generar insumos para la vinculación entre la justicia ambiental y la justicia agraria acordada por el Gobierno Nacional y la delegación de las FARC-EP. Esto es importante porque para enfrentar una de las causas estructurales del conflicto que es la inequitativa posesión de la tierra en el país, no pueden darse por supuestos los límites de la actividad humana, ni serían recomendables redistribuciones que ignoren los derechos ambientales.

10 ACCIONES Es importante destacar el proceso de negociación del instrumento de derecho internacional en el que se encuentra el Estado colombiano que busca desarrollar y hacer vinculante los Principios de acceso reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que señala que: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (Subrayas fuera de texto original).

11 ACCIONES Conflicto y conflictividad
La inseguridad jurídica y la confianza inversionista La iniciativa para la transparencia de la industria extractiva. Estrategia territorial para el desarrollo sostenible de la actividad extractiva