Los planes de la Presidencia para reactivar el mercado de la vivienda han provocado el rechazo enérgico del vicepresidente. El Ejecutivo tiene en su mesa la propuesta de apoyo a las promotoras a través de financiación del Instituto de Crédito Oficial. El plan de rescate financiero que ultiman el Gobierno y las grandes inmobiliarias para reflotar al sector de la vivienda ha desatado un nuevo enfrentamiento económico en el seno del Ejecutivo. Ante las deudas acumuladas por algunas de las empresas más relevantes, el Gobierno comenzó a plantearse inyectar fondos públicos en el sector, que se encuentra en plena desaceleración tras el desplome de la demanda y por las restricciones de crédito que aplican las entidades financieras después de la crisis subprime de Estados Unidos. El G-14, la asociación que aglutina a las promotoras y constructoras españolas de más peso, se ha erigido en representante del sector ante el cambio de ciclo. Por ello, ha mantenido numerosas reuniones con la Oficina Económica de La Moncloa, el PSOE y el Ministerio de Economía, en busca de un apoyo público que tape ese agujero en las entrañas financieras de la vivienda española antes de que sea demasiado tarde y se produzca otro boom: el del desempleo en la construcción –ver EXPANSIÓN el 12 de enero–.

Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía en la etapa de Carlos Solchaga y actual secretario general del G- 14, lleva la voz cantante en la negociación, que podría concretarse antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Con ello se evitaría el efecto electoral negativo que supondría para el PSOE una mayor ralentización inmobiliaria. El Ejecutivo no rechaza destinar, a través de una línea de financiación del Instituto Oficial de Crédito (ICO), un multimillonario paquete monetario, que el sector privado estima en millones de euros, según las fuentes consultadas. Algo que ha provocado, una vez más, el rechazo enérgico del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Por un lado, el Gobierno –con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza– quiere evitar a toda costa que quiebre alguna de las grandes inmobiliarias.

Los síntomas de debilidad económica que dejaría entrever este tipo de créditos –conocidos como préstamos jumbo– concedidos a las inmobiliarias fortalecerían la posición de los compradores de bonos, que podrían exigir una rentabilidad mayor. Con ello, los bonos españoles (actualmente con el 4,11% de rentabilidad a diez años) se alejarían aún más de los alemanes, que ofrecen un interés del 3,91% y son la referencia europea. Y las agencias de ráting podrían, incluso, cambiar su calificación debido al elevado riesgo del sector. Dudosa legalidad Además, las fuentes consultadas consideran que favorecer en exclusiva y con fondos públicos a un sector con problemas podría ser directamente “ilegal”, en el marco de la Unión Europea (UE), ya que fomentaría de forma deliberada la competitividad de las inmobiliarias españolas frente a las del resto de la UE. El Gobierno ya trató de reactivar el sector con la reforma del Plan de Vivienda , que encareció el módulo de la VPO para hacerla más apetecible al sector privado

El 9-M y el voto de los parados como telón de fondo Una de las principales razones de que el Gobierno sopese acudir al rescate de las empresas inmobiliarias mediante ayudas públicas radica en el gran peso que tiene el sector de la construcción en el empleo. Si las empresas no pudiesen acceder a nueva financiación y la demanda de inmuebles continuase cayendo, la crisis del ladrillo podría llevarse consigo el empleo de miles de trabajadores. Más aún de los que ya se está llevando la caída de las ventas. Y los parados son votantes. Según el Ministerio de Trabajo, la construcción aporta el 11,61% de las personas dadas de alta en la Seguridad Social. Por otro lado, la última Encuesta de Población Activa –relativa al cuarto trimestre de 2007– revela que el desempleo en la vivienda aumentó un 22,85% en el último trimestre y un 39,33% con respecto al mismo periodo de Además, la ocupación cayó un 24% en los últimos tres meses del pasado año. Por ello, a cinco semanas de las elecciones generales del 9 de marzo, el Ejecutivo no puede permitirse que un sector tan sensible y con tanto peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se desequilibre en profundidad.

¿Qué es el g-14?

¿Podría ser conforme al principio de libre mercado la acción que se describe la noticia? ¿Piensas que esta propuesta es conforme a los Reglamentos y Directivas de la Unión Europea?.

¿Qué crees que se quiere conseguir con la propuesta a que hace referencia la noticia?

¿En qué acontecimiento podría tener repercusión una propuesta como la que describe la noticia?.

¿Porqué no puede permitirse que un sector tan sensible y con tanto peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se desequilibre en profundidad?

Supongamos que en los meses venideros otros “sectores” y “familias” del país a que hace referencia la noticia sufren también un desequilibrio profundo, ¿deberían adoptarse propuestas del tipo que describe la noticia?.