EXPOSITOR: Dr. Manuel Héctor Montoya Ugarte - Presidente de ACPRC CAREMA 2010 PROPUESTA REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ASOCIACION CIVIL PRESIDENTE RAMON CASTILLA EXPOSITOR: Dr. Manuel Héctor Montoya Ugarte - Presidente de ACPRC

DIAGNÓSTICO El Perú como sociedad en la primera década del siglo XXI, muestra: Pérdida de centralidad del Estado, ocasionada por haber transferido competencias, en forma inequitativa, a niveles supra nacionales y al mercado. Que la economía continua reproduciendo un modelo primario-exportador y de servicios. Coexistencia de diversidad y un creciente mestizaje, que se manifiesta en la cultura, en la economía y en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Que el sector más dinámico es el moderno, caracterizado por una producción basada en una alta intensidad de capital y en poca absorción de mano de obra. El poco efecto multiplicador en la producción y en el mercado, y el crecimiento está concentrado en Lima y en muy pocas regiones.

El crecimiento explosivo de las ciudades, la desordenada urbanización, la limitada industrialización, el mayor acceso de las masas a la información, la explosión de las expectativas sociales y el crecimiento económico sin mayor redistribución de los ingresos. Las demandas de la población son cada vez mayores, desbordando la capacidad de las organizaciones gubernamentales para atenderlas. Debilidad en la gobernabilidad debido al desfase entre la capacidad de las instituciones para procesar y responder a las demandas y desbordes de la población en aumento.

Otro elemento que afecta la gobernabilidad, es la corrupción; la que es percibida con gran preocupación por la sociedad, la misma que es diariamente difundida por los medios de comunicación. Que el centralismo en las dimensiones espaciales, políticas, económicas, sociales y culturales impiden un desarrollo armónico y equilibrado de la sociedad peruana. Si bien esta caracterización de la sociedad no cubre todos los aspectos que hoy predominan y debemos superar, cabe hacer una breve conclusión: El país está lejos de ser un Estado Social, de Derecho, Participativo, Democrático y Constitucional, así como de ser un Estado y Administración Moderno cuyas características fundamentales son:  

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEMOCRACIA DE CALIDAD DEMOCRATIZACION DE LA MAYOR AVANCE POLITICA SOCIEDAD ESTADO ECONOMIA POCO AVANCE

Propuesta de Reforma y Modernización del Estado PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTADO Propuesta de Reforma y Modernización del Estado NUEVO ESTADO ESTADO MINIMO Estado democrático, Constitucional de Derecho, social, participativo, descentralizado, pluricultural, representativo y legitimo

(Consenso de Washington Estado solo Subsidiario) ESTADO MINIMO (Consenso de Washington Estado solo Subsidiario) ESTADO DEBIL Consecuencias Incapaz de combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Las Sociedades se vuelven mas conflictivas y privatizadas. El Estado igualmente se hace mas débil y menos legitimo. CIRCULO VICIOSO: Crisis de Gobernabilidad y permanencia de Estado incapaz de resolver demandas de la población.

Consecuencias de A,B y C: CARACTERISTICAS: Paradoja Consecuencias de A,B y C: Poca legitimidad del Estado. Poca capacidad para resolver conflictibilidad social. Escasos mecanismos de intermediación política : Limitada representación política afecta goberna-bilidad A. PRESENCIA FISICA.- Débil en ciertas zonas del país Estado Centralista Fuerte y visible en otras zonas A1.- Diversos tipos de ciudadanía. A2.- Numero reducido de contribuyentes. A3.- Desarrollo desigual en múltiples dimensiones. B. LEGITIMIDAD POLITICA - fuentes : Legalidad Eficacia - Demandas van directamente al Estado (Ejecutivo) C. REPRESENTACION POLITICA.- Precaria y frágil representación política del Estado como consecuencia de un sistema político débil: Partidos Políticos. Dificultad para incorporar y representar nuevos sectores sociales. CONGRESO: Limitada capacidad para resolver demandas ciudadanas y fijar prioridades nacionales

ZONAS MODERNAS VS. ZONAS PRE-MODERNAS D. POLITICAS SOCIALES Y DESIGUALDAD.- Incapacidad de convertir políticas sociales en políticas de Estado de larga duración, capaces de fijar limites de la desigualdad en el País E. DUALIDAD .- Lo moderno y tradicional Sin organización para defender intereses sociales y ciudades y ciudadanos dispersos: Poca capacidad de presión , de organización de representación política Zonas Tradicionales Mala gestión Deficientes servicios públicos. Falta de transparencia y planificación. Desarrollo de una cultura que promueve y alienta la corrupción. consecuencia Administración Publica Dualizacion del Estado y la Sociedad ZONAS MODERNAS VS. ZONAS PRE-MODERNAS Estas diferencias expresan grado desigual de penetración del Estado en un sentido integral (Autoridad, servidores públicos, justicia, seguridad, comunicación, etc.) Base de brechas y fractura sociales, culturales, económicas y políticas

F. DIFICULTAD DE LA REFORMA DEL ESTADO.- Poca capacidad del Reforma del Estado. Ausencia de planificación. Centralismo. Poca calificación y capacidad gerencial de funcionarios y servidores públicos. Escasos recursos económicos. Corrupción. Inexistencia de controles. Debilidad política de la sociedad. Etc. Problema y debilidades estructurales del propio Estado Falta de voluntad política de los Gobernantes que privilegian el desarrollo del MERCADO como lo central de la Reforma y se niegan a fortalecer a ese mismo ESTADO en sus capacidades de REGULACION Y FISCALIZACION Consecuencia 1 Se plantea el tema de la relación entre el Estado, los grupos de Poder y las llamadas LOBBIS, es decir, de la autonomía del Estado antes esos grupos Consecuencia 2 Estado que regula o fiscaliza poco, difícilmente cumple con el rol de la redistribución del bienestar

G. PLANIFICACION DEL ESTADO.- G1.-PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PLURALISMO Capacidad para construir horizontes colectivos (ello incluye el desarrollo) Arbitrar eficientemente diversidad de intereses. Regular convivencia entre los miembros de la sociedad. G2.- SIN PLANIFICACION ESTRATEGICA El Estado no puede desencadenar procesos de modernización para el desarrollo y políticas de carácter inclusivo. No es posible administrar intereses diversos, sino que predominan unos intereses sobre otros. (impera la ley del mas fuerte) o los intereses del grupo y no el INTERES PUBLICO. Este es el interés que nace de la CONJUNCION ENTRE ESTADO Y CIUDADANIA. REFORMA TRIBUTARIA .- Sirve para recaudar impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus metas (Si no hay plan , no hay metas), para lograr mayor equidad y con metas cuantificables que se informan al contribuyente.

H. LA BASE CONSTITUCIONAL Y LA JUSTICIA .- El Estado no solo articula los intereses Generales sino también debe tener organización eficiente para el cumplimiento de deberes constitucionales del Estado. (Bienestar General, Bien Común, respeto de DD.HH, seguridad, etc.) Se requiere un ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO y no solamente un Estado de Derecho. Un Estado que garantice los derechos y no solamente el cumplimiento de la ley. Cuando ese Estado no existe, el resultado es que la ciudadanía no tiene justicia

NUEVO ESTADO (Estado Promotor del Desarrollo Humano, al servicio del ciudadano, defensor de los Derechos Humanos, el Bien Común, equilibrio entre Mercado y Estado(con prioridad de éste ultimo), equilibrio entre mercado y planificación , complementariedad publica - privada.) ESTADO DEMOCRATICO Mas atributos que los genéricos y esenciales (existencia de normas; aparatos; legitimidad). NUEVOS ATRIBUTOS: Pluralismo, inclusión, regulación, participación, representación, sostenibilidad, gobernabilidad, etc. Además de los tres poderes ( Ejecutivo, Legislativo y Judicial ), hay poderes emergentes: Defensorías del Pueblo. Organismos Reguladores. Control Constitucional y otros. ACPRC propone: Sistema de participación y control ciudadano. ESTADO MAS MODERNO Y DEMOCRATICO.: Vinculo mas complejos con los ciudadanos. Mas Representativo. Poderes mas autónomos. Mas Legitimo para la población Capaz de servir mejor a la sociedad. Mas autónomo de los diversos grupos. Capacidad de regulación eficiente para promover la equidad y el desarrollo. Independencia de poderes.

CARACTERISTICAS DEL ESTADO MODERNO Equilibrio de poderes; Complementariedad entre lo público y lo privado; Equilibrio entre mercado y Estado; Equilibrio entre mercado y planeamiento; Equilibrio entre lo nacional y lo global; Rendición de cuentas y de resultados, y transparencia de la gestión pública; Lucha frontal contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión; Participación ciudadana en el planeamiento, gestión y control de los Sistemas Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Visión geopolítica del desarrollo y la seguridad; Atención al medioambiente, la educación, la ciencia y la tecnología y, la economía al servicio de la nación.

NUESTRO CONCEPTO DE ESTADO   Nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio por el libre consentimiento de los individuos que la componen, para dar normas y leyes que garanticen el orden necesario para su supervivencia, defensa y desarrollo. Este conjunto de leyes se llama Constitución. La que fija los límites y las relaciones en las dimensiones económicas, políticas, ideológicas y culturales , y entre los sistemas –poderes-: legislativo, ejecutivo, judicial y popular, garantizando al pueblo sus derechos, obligaciones y los canales sociopolíticos de participación.

EL BIEN COMUN El Bien Común está constituido por aquel conjunto de bienes que van desde los recursos naturales (derecho al agua, al aire puro, a las reservas ecológicas), pasando por los estrictamente socioeconómicos (trabajo, alimentación, salud, educación), hasta llegar a los de carácter ético-político (justicia, verdad, libertad). Estos bienes necesarios para posibilitar una vida digna tienen que ser accesibles al mayor número de personas (naturaleza común del bien) y tienen que contar con una serie de estructuras e instituciones que posibiliten su efectiva distribución (justicia estructural del bien).  

PROPÓSITOS DE LA REFORMA DEL ESTADO Lograr eficacia y eficiencia para servir a los ciudadanos Garantizar los derechos humanos. Generar un Estado de ciudadanos. Democratizar el sistema político y de participación a través del fortalecimiento de los partidos políticos, movimiento sociales, generando canales sociales y políticos de la población organizada. Descentralizar el poder y consolidar la democracia, para que ésta sea representativa, con mecanismos de participación, inclusiva y solidaria. Dar sostenibilidad al modelo político de Estado Participativo Democrático, Social y Constitucional. Fortalecer la capacidad de negociación del Estado frente a poderes fáctico nacionales e internacionales.

VISIÓN DEL PAÍS Aspiramos a un país que se caracterice por: Ser una sociedad de ciudadanos con identidad nacional, en la que conviven solidariamente la diversidad y se valora lo diferente. Integrar ciudadanos responsables de sus actos y comprometidos con el bienestar individual y colectivo, cooperando con eficacia y eficiencia, generando ingresos para todos, creando sabiduría, tecnología, riqueza económica, social y artística de manera competitiva. Estimular el compromiso de las personas con la seguridad externa y el orden interno.

Tener un sistema de gobierno democrático, unitario, descentralizado y participatorio, con una estructura eficaz, eficiente y transparente; con efectiva separación de poderes; permeable a la participación ciudadana y con instituciones sólidas. Contar con un Estado que promueva el desarrollo sostenible, en base a la mejora continua de las capacidades individuales y el desarrollo económico equilibrado del país. Promover una sociedad que viva en clima de paz, respeto y dignidad con los propios y los vecinos; que ocupe  racionalmente el territorio y explote en consenso los recursos naturales, integrada con la naturaleza y el paisaje, y que aplique una práctica racional y sostenible en materia de prevención de desastres. Contar con la infraestructura física productiva necesaria así como con los servicios sociales básicos.

. Nuestra Visión del Estado Peruano:   En lo Social, un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de la Nación y de las personas, como sujetos de derechos y obligaciones. En lo moral y deontológico, un Estado con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que faciliten el control ciudadano, que erradique toda forma de burocratismo, fuente de corrupción y de utilización proselitista del Estado. En lo político, un Estado que asegura su funcionamiento democrático e integrado a nivel nacional, regional y local.

En lo administrativo, un Estado con capacidad de En lo administrativo, un Estado con capacidad de gestión basada en la modernización de la Administración Pública a cargo de un servicio civil meritocrático, con servidores estatales capacitados, en la que se ha revalorado la carrera pública. Un Estado que preserva su unidad y gobernabilidad, con sustento en unas estructuras políticas, económicas y administrativas descentralizadas, a las que se ha transferido competencias y recursos del gobierno nacional, con clara delimitación de las funciones, competencias y atribuciones. En lo económico, un Estado promotor del desarrollo en complementariedad con el sector privado impulsando el desarrollo humano, armónico y sostenido de todo el territorio nacional, promoviendo la descentralización de la inversión así como la descentralización fiscal.

PROPUESTAS DE REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA

Propuesta de Reforma del Estado Constitucional Legislativo Ejecutivo Judicial Pueblo Articulación de los Poderes como Sistemas Reforma Del Estado Desarrollo de Capacidades Nuevo modelo económico Sistema de Participación Ciudadana Soberanía de los RR NN Disminuir el Presidencialismo Bicameralidad Senadores Diputados

Presidencia de la República JEFE DE ESTADO JEFE DE GOBIERNO Poder Ejecutivo Presidencia de la República PCM Comisiones de Coordinación Organismos Públicos NUEVOS MINISTERIOS VISIÓN MULTI SECTORIAL Reforma del Poder Ejecutivo Reestructuración del Poder Ejecutivo MINISTERIOS SECRETARIO DE ESTADO GRANDES MINISTERIOS Ejecutores Organismos Públicos Reguladores Especializados Técnicos Especializados Empresas de Derecho Público Empresas de Derecho Privado Programas y Proyectos

Equilibrio entre Poderes Bicameralidad Senadores Diputados Ejecutivo Legislativo Judicial Equilibrio de Poderes Restringir la Labor Legislativa Aprobación de Tratados Internacionales

MINISTERIOS PODER EJECUTIVO Interior PCM Agricultura Ambiente Cultura C. Exterior y Turismo Defensa Economía y Finanzas Educación Energía y Minas Interior Justicia Mujer y D. Social Producción Relaciones Exteriores Salud Trabajo y P. del Empleo Transporte y Comunica. Vivienda y Construcción

Modernización del Estado Ministerio de Cultura, Turismo y Comunidades Nativas Ciencia, Tecnología e Innovación Ministerio de la Administración Pública Creación de Nuevos Ministerios Ministerio de Desarrollo Humano y Social Ministerio de Asuntos Productivos Acondicionamiento del Territorio Perspectiva Multisectorial RRNN

Modernización del Estado ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO PERUANO ORGANISMOS PÚBLICOS EJECUTORES ESPECIALIZADOS TÉCNICOS REGULADORES AATE DINI IPEN ANA INGEMMET OSITRAN AMLQ ENAMM IPD APN INDECOPI OSINERGMIN PROINVERSION FONDEPES COFOPRI SERVIR INDEPA OSIPTEL APCI IGP OSINFOR CENFOTUR INEI SUNASS AGN IGN SIS CEPLAN ITP   BNP INDECI SAN CONASEV ONP CONIDA INEN SENAMHI PROMPERU OEFA CONADIS INIA SE CONCYTEC OSCE CGBVP IRTP SBN COSUSINEACE SENASA DP INS SUNAT IIAP SERNANP DEVIDA INPE SUTRAN IMARPE SEPS SUNARP

Modernización del Estado TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES JURADO NACIONAL DE ELECCIONES OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS MINISTERIO PUBLICO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSORIA DEL PUEBLO CONSTITUCIONALMENTE ORGANISMOS AUTONOMOS

PROPUESTA : ORGANISMOS PUBLICOS DEL ESTADO PERUANO Los organismos públicos del Estado deben ser autónomos y tener una relación funcional con los ministerios con excepción de los organismos Constitucionalmente Autónomos . Estas instituciones para el buen gobierno requieren independencia de las injerencias políticas y grupos de facto, tener autonomía administrativa y técnica, con el fin de que estas entidades defiendan sustancialmente la prestación de los servicios en calidad y cantidad al servicio al ciudadano y el equilibrio de poderes propio de toda democracia real. Dichas entidades respetando los intereses del ciudadano, evitando monopolios y oligopolios de los grupos de poder fáctico deben garantizar la efectiva libre competencia del mercado. Las entidades reguladoras y constitucionales pueden ser creadas en función a los nuevos retos de la globalización: ecología y medio ambiente, crimen organizado, bioética, etc.

La ACPRC propone incrementar la participación de la población y de los usuarios en estos organismos como una forma de control ciudadano en defensa de sus derechos y de la prestación de bienes y servicios de calidad.

Proceso Administrativo de Gestión Integral. El Estado para cumplir con sus objetivos se sostiene en dos elementos fundamentales: los sectores, conformados por las instituciones públicas y privadas que cumplen las políticas y funciones del gobierno, y los Sistemas Administrativos que de manera transversal desarrollan el Proceso Administrativo de Gestión, en apoyo y asesoría de las instituciones que integran los Poderes del Estado en el ámbito nacional. Los Sistemas Administrativos, son de aplicación nacional, actúan en sentido transversal, como actividades especializadas en todas las instituciones de la Administración Pública, en el desarrollo del Proceso Administrativo de Gestión. Son un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan, funcionan y desarrollan las actividades realizadas por todas las entidades del Estado para darle unicidad a la gestión pública.

La falta de información adecuada y oportuna hace que todo el aparato del Estado no pueda generar Políticas Públicas estatales y de Gobierno, ni implementar las Políticas, planes, programas y proyectos en productos: Bienes y Servicios, en forma adecuada y oportuna a través de su administración. La Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública debe incidir en producir información para la toma de decisiones del Estado. Las instituciones deben dedicarse al logro de sus objetivos y metas, razón de su función principal y no estar preocupados de la parte administrativa. Esa área es responsabilidad de la oficina de administración o quien hagan sus veces, que es la que coordina y racionaliza sus recursos a través de sus oficinas de personal, tesorería, presupuesto, contabilidad, abastecimiento, etc.

Se hace necesario implementar un Proyecto Integral de Sistemas Integrados en toda la Administración Pública Peruana que incida en: Capacitar y asesorar al personal administrativo. Producir información a través de sistemas integrados para la toma de decisiones oportunas a nivel local, regional y nacional.

CONTROL Y FISCALIZACION Crisis de valores. Repudio público a la función publica y al Sistema Político. Las leyes no están fallando , lo que están fallando son las personas. No basta Estado de Derecho sino es necesario Estado Constitucional de Derecho. No hay que escudarse en la ley , “ No será ético, pero es legal ” El sistema de Control tiene que identificar y sancionar a los que cometen faltas y delitos. El control y fiscalización deben ser ejercidos por todos los que tienen funciones directivas, de mando , en todos los niveles de la administración publica. Para cumplir las funciones de control y fiscalización, prevención y sanción, tiene que haber trabajo concertado y coordinado de todos los elementos conformantes del sistema Judicial:

CONTROL Y FISCALIZACION Contraloría, Defensoría del Pueblo , Ministerio Publico, Congreso de la República (Comisión de Fiscalización ), Poder Judicial y Policía Nacional del Perú. Trabajo concertado de todos los directivos, Jefes con la Contraloría y la Administración Publica. Todo esto requiere apoyo al mas alto nivel político así como de los medios de comunicación de masas, respaldo y voluntad política para la lucha anticorrupción y anti impunidad, recursos , personal especializado, y autonomía. El Contralor General de la República debe ser designado por la oposición y aprobado por el Congreso .

Modernización del Estado RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CARRERA PÚBLICA

Función y Carrera Pública Servicio Público Función Pública PUEBLO ESTADO GOBIERNO ADMINISTRACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES COMBATIR LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Función y Carrera Pública CARRERAS PUBLICAS Profesores Diplomáticos Docentes Universitarios Profesionales de la Salud Médico Cirujano Cirujano Dentista Químico Farmacéutico Obstetriz Enfermero Médico Veterinario Biólogo Psicólogo Nutricionista Ingeniero Sanitario Asistente Social Militar Policial DL 276 DL 728 Datos 157 escalas remunerativas en el Estado + 2700 formas de pago CAS 270 normas de rango legal relativas a empleo público Disparidad de formas de contratación. Ejemplo 56 Organismos: 11 son 276, 31 son 728 4 tienen ambos regímenes 6 enteramente CAS

FUNCION PUBLICA Y CARRERA PUBLICA Creación del ministerio de la Función Publica Puesta en marcha de la carrera publica de la Administración Pública. La carrera incluye formación y desarrollo de capacidades. Ley de remuneraciones al Sector Publico.( Inmenso desorden y anarquía en pensiones y remuneraciones). Falta de voluntad política y recursos (falso). PROPUESTA: Un enfoque sistémico de una lucha frontal contra la corrupción e impunidad que incluya no solo a Jueces, medios de comunicación, sino a toda la sociedad.

PROPUESTAS DE LA ACPRC.- A nivel constitucional: En el Título I “De la persona y de la sociedad”, su Capítulo IV “De la Función Pública”), artículo 40, proponemos modificar su primer párrafo, con el siguiente texto: “La Ley de la Función Pública, a nivel nacional: a.- regula el régimen laboral y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos y el sistema de homologación de sus remuneraciones y pensiones, a fin de lograr una Función Pública de vocación, de calidad y libre de corrupción; b.- fija las normas generales de la Carrera Pública Civil, a fin de homologar la formación inicial y permanente, el reclutamiento, el desarrollo y la retención de los profesionales más idóneos en el desempeño de las diversas funciones del Estado”; y

c.- Establece las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la Función Pública de los funcionarios y servidores públicos sancionados por faltas o delitos que cometan en el ejercicio de ellas. La inhabilitación no puede ser menor al doble de la condena por delitos contra el Erario Nacional, el Patrimonio y la Seguridad del Estado, por narcotráfico y contra los Derechos Humanos; dichos delitos no prescriben”. Se propone, además, suprimir el segundo párrafo: “No están comprendidos en la Función Pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta”. Asimismo, en el artículo 41, suprimir los dos últimos párrafos (recogidos en el ítem c del artículo anterior).

En el artículo 42 se propone agregar el siguiente párrafo: “Las funciones y responsabilidades políticas contempladas en el presente Capítulo, así como las derivadas de las respectivas leyes de desarrollo constitucional y leyes orgánicas y del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, competen, a nivel nacional, al Ministerio de la Función Pública, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, con los demás ministerios, con los organismos autónomos, con los organismos rectores de los Sistemas Administrativos, y con los Gobiernos Regionales y Locales, en la implementación de los procesos de descentralización y regionalización”.

A nivel de las leyes: Reformada la Constitución, el Ejecutivo debería solicitar facultades legislativas para promulgar (como ley de desarrollo constitucional) una Ley de la Función Pública, que incluya las normas generales sobre: los deberes y derechos, las carreras públicas civiles, los sistemas de remuneraciones básicas y complementarias, los regímenes laborales y las condiciones de trabajo en el sector público. Dicha Ley Orgánica debe armonizarse con los tratados internacionales ratificados por el Perú, con la nueva Ley General del Trabajo (en trámite), con la Ley General del Empleo Público (que debe ser previamente adecuada al nuevo marco constitucional y complementada con las leyes y reglamentos que ella prevé), y con la Ley General del Presupuesto Público.

Desarrollo de capacidades.- Formular un “Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Función Pública” (horizonte al año 2021), que asegure atraer, formar, seleccionar, desarrollar y retener, a los profesionales más idóneos, para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de las metas a las que se comprometen los Gobiernos y sus administraciones, a los niveles nacional, regional, local e institucional. Esto implica la construcción de un Sistema Nacional integrado por una red de instituciones y programas especializados (muchas de ellas ya existentes), articulada con las instituciones de educación de superior del país y del exterior, impulsado por un órgano rector del sistema (papel que en el pasado estuvo a cargo de la ESAP).

En la actualidad existe el TEXTO UNICO, ordenado del servicio civil, ( ingreso, permanencia, ascensos en la carrera, desarrollo de capacidades, derechos, responsabilidades , sanciones, etc. ¿ Porque no se aplica? RPTA: Falta reglamentar, voluntad política y recursos , así como definir quienes son funcionarios. Se requieren carreras especificas por la diferente naturaliza profesional pero se debe tender a la homogenización de la carrera publica en los aspectos generales: meritocracia concurso publico ingreso, ascenso, derechos , etc. La mayoría d e trabajadores esta por CAS. (No tienen beneficios, ni pensiones, no hacen carrera) Se deben anular los services. SERVIR SE HA CENTRADO EN FORMAR SOLO GERENTES PUBLICOS Y NO IMPLEMENTA LA CARRERA PUBLICA

Armonización del Funcionamiento de los Poderes del Estado Establecer un mecanismo de coordinación permanente entre el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente del Poder Judicial, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades que a cada uno de ellos les fija la Constitución. Formalizar dicho mecanismo, mediante la Ley Orgánica del Gobierno Nacional, como un Consejo de Estado, con con algunas competencias propias, y el asesoramiento de un colegiado de Consejeros de Estado, de alto nivel y autónomos.

Una Ley Orgánica del Gobierno Nacional debe articular las relaciones entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales: Los Presidentes de los Gobiernos Regionales constituirían el Consejo Nacional de Gobiernos Regionales, y en cada Región se constituiría el Consejo de Gobiernos Regionales Departamentales. En cada Gobierno Regional Departamental se constituiría el Consejo Departamental de Gobiernos Locales Provinciales. La Ley Orgánica del Gobierno Nacional podría, además, aprobar la modificación de las Leyes Orgánicas que hoy dificultan el proceso de la Reforma del Estado y de la Administración Pública, y, por Disposición Transitoria, otorgar al Poder Ejecutivo facultades para aprobar por Decretos Legislativos, la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (la actual fue aprobada por el Decreto Legislativo 560), y las leyes complementarias que sean necesarias para dinamizar el proceso de Reforma del Estado y de la Administración Pública.

Los procesos de Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública deben estar bajo la responsabilidad política de un Ministro de Estado ad hoc (Ministro de la Función Pública, como en Francia, o Ministro de Administraciones Públicas, como en España). No deben estar bajo la responsabilidad directa del Presidente del Consejo de Ministros, Ministro sin Cartera, cuyas atribuciones fundamentales le asigna el artículo 123 de la Constitución. El Ministro de la Función Pública (o de Administraciones Públicas), participaría en las sesiones del Consejo de Estado y representaría al Gobierno Nacional en el Consejo Nacional de Gobiernos Regionales.

El Ministerio de la Función Pública, o de las Administraciones Públicas: Tendría a su cargo velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución en su Capítulo “De la Función Pública” (artículos 39 al 42), en su Capítulo “De la Descentralización” (artículos 188 al 199) y en algunas de sus “Disposiciones Finales” (primera a cuarta, y octava), y de sus respectivas leyes de desarrollo constitucional. Asumiría las funciones de la Secretaría de Gestión Pública y de la Secretaría de Descentralización, actualmente en la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sería responsable político de la implementación de las Leyes Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y del Empleo Público, y de las leyes del Procedimiento Administrativo General, de Ética de la Función Pública, de lucha contra la corrupción y delitos contra deberes de función y en la Administración Pública. Tendría adscritos al Consejo Superior del Empleo Público, al Tribunal del Empleo Público, a las Oficinas Rectoras de los Sistemas Administrativos de Racionalización, Personal y Abastecimiento, y a la ESAP.

PROPUESTAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN  REGIONES. Aceptar la realidad que los actuales departamentos son las regiones, al haberse generado en ellos una instancia de gobierno, con lo que se ha iniciado la descentralización política y devuelto autonomía y capacidad de decisión a esta instancia sub-nacional. Promover espacios de acción macro-regional que hagan ver la conveniencia de la acción conjunta para sacar adelante proyectos de interés común, dejando abierta la posibilidad de constituir macro-regiones. LA METROPOLI LIMA-CALLAO. La metrópoli Lima-Callao es la quinta ciudad en importancia en América Latina. Con nueve millones de habitantes, constituye un continuo urbano que exige unidad de criterio en la prestación de los servicios que así lo requieren. A este efecto, la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional del Callao deben constituir la asociación que establece el Art. 122º de la LOM para dar la necesaria dirección unificada que su realidad metropolitana exige.

Al amparo del régimen especial que concede la Constitución a la Municipalidad de Lima Metropolitana, deberán redefinirse las competencias distritales y fortalecer el rol normativo provincial, para mejor atender a los problemas comunes de su realidad conurbada. GOBERNABILIDAD REGIONAL Para neutralizar el fraccionamiento electoral que conduce a la debilidad de los gobiernos regionales propiciar, desde la normatividad electoral, el agrupamiento de las organizaciones políticas: Exigiendo un alto porcentaje de votación, por ejemplo 35%, para ganar el Ejecutivo Regional Exigiendo una alta barrera electoral, por ejemplo 20% para la elección de los órganos normativos sub-nacionales,

GOBERNABILIDAD NACIONAL Los mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo Nacional y el conjunto de Gobiernos Regionales aún requieren ser afinados e implementados de modo que la institucionalidad facilite dar soluciones políticas a los inevitables conflictos que se generan, permitiendo la marcha coherente del Estado unitario. DESCENTRALIZACIÓN PARTICIPATIVA Reforzar el carácter participativo del proceso de descentralización peruano dando una interpretación unívoca a la palabra “participación” de modo que los mecanismos directos e indirectos de participación ciudadana que la ley crea, sean refuerzos a la democracia representativa, y no sustitutos de ésta, alentando tanta participación como sea posible, pero limitada por la gobernabilidad necesaria.

Dar eficiencia a los canales de representación y participación de modo que procesen la conflictividad social que se viene incrementando, evitando las formas de participación extra-legal que buscan presionar a las autoridades. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Concretar el  financiamiento público de los partidos políticos, que haga transparente sus finanzas y restrinja el volumen de los aportes individuales, como un modo de minimizar el riesgo que el narcotráfico u otros poderes fácticos copen las instancias de decisión política.

Propuestas de REFORMA DEL PARLAMENTO La propuesta de reforma del Parlamento que proponemos busca mejorar la representación y reforzar el vínculo del representante con el ciudadano; inducir la consolidación de pocos y fuertes partidos políticos; vincular el Congreso al proceso de descentralización, estimular la gobernabilidad y acudir en forma frecuente al voto popular para que éste se exprese. CONGRESO BICAMERAL La propuesta de un Congreso de dos cámaras con distinto origen, refuerza la representación; permite la necesaria reflexión sobre las leyes y escuchar a la opinión pública, al dejar un tiempo entre la primera y la segunda votación, y propicia una división de funciones entre ambas cámaras para mejorar su eficiencia. Las elección parlamentarias son independientes a las presidenciales para reforzar la autonomía del Parlamento.

Cámara de Diputados tiene dos diputados por cada provincia, para permitir se genere una fuerte vinculación de los ciudadanos con su representante. La elección es mediante el sistema mayoritario con votación binominal. Las provincias con más de 250,000 electores se subdividirán en circunscripciones electorales, agrupando preferentemente distritos. Sus funciones serán fundamentalmente la legislativa y la de control político. El período por el que son elegidos los diputados es tres años, con posibilidad de reelección. Los senadores serán elegidos en circunscripciones regionales. A cada región corresponde un senador como mínimo, uno más por cada millón de habitantes, además de un supernumerario representante de la Asamblea Regional. Los senadores supernumerarios tienen voz y voto, favoreciendo la relación entre ambos niveles de gobierno. El Senado actúa como Cámara Revisora, tiene iniciativa legislativa, aprueba las Políticas de Estado y nombra a los principales funcionarios. Los senadores son electos por períodos de seis años, con renovación por mitades de la Cámara cada tres años.

Sustituir la figura de las facultades delegadas por la facultad del Presidente de la República de plantear un estatus especial para aquellos proyectos que por requerimiento técnicos no deban ser modificados en su formulación, de modo que vayan al Congreso, para ser aprobados o rechazados, pero no modificados; o, por la conformación de comisiones especiales mixtas Parlamento-Ejecutivo que traten con carácter de urgencia la legislación que el Ejecutivo considere necesario hacer aprobar. Hacer obligatoria la exigencia que los dictámenes de los proyectos de ley cuenten con un estudio de antecedentes legislativos, para ubicar la norma proyectada en el edificio jurídico previo en forma coherente, contribuyendo a la claridad jurídica y a la determinación de la legislación vigente y de la derogada o modificada. 

El análisis costo-beneficio, de los proyectos de Ley, efectuado por el Servicio Parlamentario, debe permitir al legislador evaluar los beneficios y beneficiarios del proyecto, confrontándolos con sus costos económicos, sociales o ambientales y los sectores que podrían verse perjudicados con su aplicación.   Respecto de los dictámenes de los proyectos de Ley, impedir: la dispensa del conocimiento anticipado por parte de los legisladores, la omisión de su pase previo por comisiones y de la publicidad en la web del Congreso con anticipación a su discusión, salvo situaciones verdaderamente extraordinarias.  Implementar una instancia de seguimiento y evaluación presupuestal bien equipada, que permita cumplir adecuadamente con la responsabilidad legislativa de aprobación del Presupuesto Anual de la República y de la Cuenta General de la República, como expresión concreta e importante del equilibrio de poderes.

PROPUESTA: El SISTEMA DE JUSTICIA   Se debe reformar la Constitución para crear el Sistema de Justicia, integrado por El Poder Judicial, El Tribunal Constitucional, el Ministerio Publico, La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Policía Nacional. El Sistema de Justicia daría organicidad y coherencia a la función de administrarla justicia y sería presidido alternativamente por las instituciones integrantes.

LA ASOCIACIÓN CIVIL PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA AGRADECE SU GENTIL ASISTENCIA