La contribución de la Ley 39/2006 a la mejora de la protección social en España, en indicadores Antonio Jiménez Lara

El espíritu de la Ley Diez años después Algunas propuestas Un nuevo derecho de ciudadanía Atención profesionalizada Inversión social Diez años después Evolución de la gestión del SAAD Efectos sobre el empleo Gasto social Algunas propuestas

El espíritu de la ley

Nuevo derecho de ciudadanía La LAPAD configuró un derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se delimitaron las prestaciones en las que se concreta ese derecho. Se establecieron los requisitos de acceso. Se precisó que la financiación habría de ser suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones públicas y debía determinarse anualmente en los correspondientes presupuestos. Se legitimó a las personas en situación de dependencia para iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho reconocido por la ley. Fundamentación en la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1,1ª CE).

Atención profesionalizada La LAPAD apostó decididamente por la profesionalización de la atención a través de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales, dotados de los recursos necesarios: Carácter prioritario de los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia que se especifican en el artículo 15 de la ley (prevención de las situaciones de dependencia, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y noche y atención residencial). Prestación a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas (art. 14.2). Excepcionalidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 14.4).

Inversión social La LAPAD también apostó por una política de inversión social, que además de dar respuesta a las necesidades sociales lo hiciera impulsando el crecimiento y la cohesión. La atención a la dependencia se concreta, fundamentalmente, en actividades de cuidados personales, muy intensivos en trabajo. Los recursos que se dedican a financiar esa atención contribuyen también a crear empleo y a potenciar la actividad económica, y generan importantes retornos para los fondos públicos en forma de cotizaciones sociales, ahorro en prestaciones de desempleo y crecimiento de la base impositiva.

El legislador era consciente de la magnitud del esfuerzo necesario para garantizar ese derecho: Dada la importante inversión requerida, la ley preveía una implantación gradual y progresiva en un amplio periodo de tiempo. En la Memoria de impacto del anteproyecto de ley, se estimaba el coste total anual del sistema, una vez se hubiese completado su implantación, en 9.355 millones € (un 1,1% del PIB), de los cuales 6.203 habrían de ser aportados por las Administraciones Públicas y 3.153 por los beneficiarios. La Memoria especificaba, asimismo, que la AGE y las CCAA financiarían el coste nuevo que supusiera la implantación del sistema al 50 por ciento, aportando las CCLL los terrenos necesarios para la creación de infraestructura de Centros. Este escenario de costes estaba calculado teniendo en cuenta las estimaciones y proyecciones de población dependiente del Libro Blanco, según el cual en 2015 el número de personas con derecho a prestaciones ascendería a 1.373.248.

Diez años después

Diez años después: el derecho de ciudadanía que configuró la LAPAD no está garantizado Transcurridos 10 años desde la aprobación de la LAPAD, se está muy lejos de poder afirmar que ese nuevo derecho de ciudadanía esté garantizado. Según las estadísticas oficiosas del SISAAD, a 31/10/2016 un total de 355.596 personas con derecho a prestaciones sigue a la espera de ser atendida. El número de beneficiarios del SAAD ha estado estancado en torno a los 750.000 desde principios de 2012 hasta mediados de 2015, cuando finalizó la moratoria para la incorporación de personas con dependencia moderada, y solo desde entonces ha vuelto a ascender, hasta alcanzar los 856.452 a finales de octubre de 2016. Muchas personas han fallecido sin recibir las ayudas a las que tenían derecho. Los servicios y prestaciones previstos en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas de las necesidades reales de autonomía personal ni suponen una atención a la dependencia con suficiente intensidad o calidad. El Estado no está aportando el 50% de la financiación pública, sino menos del 23%.

Implantación del SAAD, 2008-2016 Implantación del SAAD, 2008-2016. Datos al final de cada año, referidos a expedientes en vigor. Fecha Solicitudes registradas Personas valoradas (Dictámenes) Personas con Grado reconocido Personas con derecho a prestación Personas con prestación reconocida Limbo de la dependencia 31/12/2008 722.305 592.648 570.594 442.509 228.613 213.896 31/12/2009 1.135.970 1.016.192 930.575 737.958 479.888 258.070 31/12/2010 1.489.479 1.367.180 1.209.033 888.960 657.905 231.055 31/12/2011 1.599.311 1.490.340 1.280.006 1.044.528 738.587 305.941 31/12/2012 1.623.276 1.522.762 1.268.876 982.670 751.551 231.119 31/12/2013 1.644.284 1.530.190 1.242.570 944.345 753.842 190.503 31/12/2014 1.594.692 1.523.495 1.213.836 893.722 745.720 148.002 31/12/2015 1.610.714 1.504.550 1.180.435 796.109 384.326 31/10/2016 1.618.467 1.517.679 1.212.048 856.452 355.596

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en situación de alta (Total y actividades de Servicios Sociales), enero 2007-octubre 2016.

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en situación de alta (Total y actividades de Servicios Sociales), enero 2007-octubre 2016.

Gasto en protección social (SEEPROS) por funciones en España y la UE, 2007 y 2014. Porcentaje del PIB

Algunas propuestas

Consideraciones de partida La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia son objetivos irrenunciables. La viabilidad y sostenibilidad del sistema no depende tanto de consideraciones técnicas, competenciales o económicas como de la existencia de una voluntad política firme de garantizar la atención a todas las personas en situación de dependencia, conforme al criterio de universalidad. Los costes que supone mantener un nivel de atención decente (por encima de un punto del PIB anual), son perfectamente asumibles con un diseño fiscal responsable, y pueden ser optimizados mediante una coordinación sociosanitaria efectiva, que garantice una asignación más eficiente de los recursos. La apuesta por una atención profesionalizada genera importantes retornos fiscales, favorece el desarrollo económico activando el empleo y tiene un importante impacto positivo de género.

Algunas propuestas Un acuerdo de Estado que exprese el compromiso de aplicación efectiva de la LAPAD Un blindaje de la financiación, que asegure su suficiencia Una reforma constitucional que garantice el principio de no regresividad de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer. Incorporación plena de la dependencia al modelo de financiación autonómica. Devolver a los ciudadanos los derechos que les han sido arrebatados Reversión de los recortes Eliminación del “limbo de la dependencia Un mecanismo de pago para hacer frente a las deudas acumuladas por el sistema de dependencia. Un procedimiento que permita garantizar el derecho a recibir atención urgente o prioritaria en las situaciones que no puedan esperar al turno ordinario.

Un desarrollo efectivo del espacio sociosanitario Cambios dirigidos a modular el modelo establecido por la Ley 39/2006 y corregir algunas de sus disfuncionalidades Reforzar el principio de primacía de los servicios frente a las prestaciones económicas, y redefinir el rol que deben cumplir en el sistema los cuidados en el entorno familiar. Reducir el sesgo que la LAPAD presenta, desde su origen, en favor de la protección de la dependencia frente a la promoción de la autonomía. Apostar de forma decidida por los servicios de proximidad. Modificar la regulación de la aportación del beneficiario en el coste de las prestaciones y servicios para hacerla más justa y equitativa. Un desarrollo efectivo del espacio sociosanitario