La publicidad de los actos de gobierno es un pilar fundamental de la democracia, ya que el pueblo debe estar informado para poder evaluar la gestión de sus representantes y hacerles rendir cuentas. En consecuencia, el debate sobre la regulación de los servicios de comunicación audiovisual es un asunto central dentro de la discusión en un sistema democrático. Art.13 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

¿Se pueden regular los medios? No puede regularse el discurso ni su contenido ya que se estaría limitando la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Sí se pueden establecer políticas públicas para los medios de comunicación como actividad económica (en virtud de la competencia del Congreso para regular el comercio), pero sin la posibilidad de cercenar la libertad de expresión a través de la regulación de contenidos, que resulta inconstitucional

¿Por qué regular los medios? La existencia de libertad de expresión en los medios de comunicación exige a veces no sólo la no interferencia del Estado sobre el contenido, sino también la acción positiva del Estado para asegurar un marco que permita la existencia de una pluralidad efectiva de voces. La defensa de la competencia Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de EA, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año En su principio 12, la Declaración establece que: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Contradicción: entre aprobar la fusión entre dos grandes empresas como Cablevisión y Multicanal que controlan conjuntamente el 47% del mercado de televisión por cable12, y luego prohibir la concentración de mercado por encima del 35% y obligar a la desinversión en un año.

¿Quién debe aplicar la regulación a los medios? La aplicación de la regulación de servicios de comunicación audiovisual debería ser fiscalizada por una entidad independiente del gobierno y de los poderes políticos, de manera de evitar las presiones de éstos sobre los medios. Lamentablemente, la ley no lo regula así, sino que crea una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo directorio tiene plena incidencia de los poderes políticos en su conformación La publicidad oficial Declaración OEA: …la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales… deben estar expresamente prohibidos por la ley… CSJN : Si bien no existe un derecho subjetivo por parte de los medios a obtener publicidad oficial, el Estado no puede asignar los recursos por publicidad de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables. Informe Anual 2008 del Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa dice: La tradición que, sin embargo, sí parece haber heredado Fernández es la de repartir la publicidad oficial entre los medios más afines e impedir a aquellos más críticos con el gobierno el acceso a esta fuente de ingresos....

La situación en las provincias Esto lo destaca el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa: Es en el ámbito local donde las presiones a la prensa se observan más directamente. El Congreso, si verdaderamente pretende tener un rol federal, debe atender estas situaciones. De lo contrario, existe un grado de democracia a nivel federal, pero del que está muy alejada la realidad de las provincias, especialmente aquellas provincias más chicas y susceptibles a la cooptación política. Los medios de comunicación públicos o estatales también deben ser independientes, es decir, que promuevan políticas culturales de Estado, pero no los intereses del gobierno. Además, se debe asegurar que los medios públicos sean también independientes en las provincias y municipios.