Una política de Estado para la impunidad ( )

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Transcripción de la presentación:

Una política de Estado para la impunidad (2005-2015) Por Laura Louza Directora de Acceso a la Justicia

Instituciones del sistema de justicia criminal y relación con la impunidad

Número de jueces titulares y provisionales, 2016

Promedio latinoamericano 2011: 7 fiscales por cada 100.000 habitantes

Número de fiscales titulares y provisionales, 2016

El estado venezolano invierte cada vez menos en el sistema de justicia

El estado venezolano invierte más en represión que en justicia

¿Qué pasa con la delincuencia? Casi un 70% de casos no se denuncian (Encuesta de Victimización realizada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, CONAREPOL, 2007 y Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI, realizada por la UCAB, USB y UCV entre 2014 y 2016).

¿Qué pasa con el Ministerio Público? Cifras hasta 2011 De cada 100 delitos registrados, más de 86 no eran llevados a tribunales penales puesto que el Ministerio Público archivaba la causa o proponía un sobreseimiento de los cargos. Es decir que solo 14% de los delitos reportados llegaban en 2011 a un tribunal.

¿Qué pasa con el Poder Judicial? Cifras hasta 2011 De cada 100 delitos conocidos, el Poder Judicial dictaba 10,6 sentencias al finalizar el período. Es decir que solo 11% de los delitos conocidos obtenían una sentencia.

Los menos eficientes en tasa de resolución de casos: los penales

Los menos eficientes en tasa de sentencia: los penales

Jueces y fiscales no cuentan con la estabilidad necesaria para garantizar su independencia política. 7 jueces y fiscales por cada 100.000 h, 9 y 7 promedio AL, 2011 El número de policías ha disminuido, 309 (2006) vs. 281 (2014). 368 por 100.00h en AL, 2011. Menos presos, más delitos: 2014, 54.895 presos (82 homicidios 100.000 h) y 2015, 50.892 (90 homicidios 100.000 h). Hay muchos menos recursos asignados al sistema de justicia, menos del porcentaje del 2% constitucional: 1,6% en 2015 y 0,63% del PIB en 2014. Aún así, hay más recursos dedicados a instituciones represivas (policías, cárceles), y menos a las que garantizan derechos (Defensoría del Pueblo), inician (Ministerio Público) o tramitan y concluyen procesos judiciales (Poder Judicial). 70% de los delitos no se denuncian. El MP solo lleva al Poder Judicial el 14% de los delitos reportados por la policía. El Poder Judicial solo sentencia el 11% de los delitos que le lleva el MP. La administración de justicia penal es cada vez menos eficiente. En 2015 había menos presos que en 2014 aun habiendo más delitos.