Los Retos de la Seguridad Nacional y Estado de Derecho. Por Samuel González y Carlos Flores Pérez

Tesis Las Grandes Amenazas a la Seguridad Nacional son: –La Posible Utilización del Territorio Nacional por el Terrorismo Internacional. –El Proceso de Feudalización del Estado. –La Delincuencia Organizada, la violencia y la corrupción –La posibilidad de la interconexión entre Delincuencia Organizada y Guerrilla o Terrorismo Local. –La lucha política llevada al extremo del rompimiento de las reglas electorales. –La debilidad estructural de la instituciones Nacionales de aplicación de la Ley

Parámetros de la Presentación Elementos esenciales del Estado Moderno –Control del Territorio, –Monopolio de la violencia –Derecho en su función de guía de la Conducta Humana Capacidad de Sancionar Procesos de Balcanización y de Feudalización –Tesis Popperiana –El proceso evolutivo no siempre va hacia delante ni en la ciencia ni en la política ni en la construcción del Estado de Derecho.

Parámetros de la Presentación Estado De Derecho y su medición –Ley en los libros contra ley en Acción. –Violencia, Corrupción y Delincuencia Organizada. –Modelo de Estado y de delincuencia Organizada –Terrorismo y su vinculación con la Delincuencia Organizada. Oportunidades para el Terrorismo Internacional.

Modelo de Regresión del Estado Balcanización. Un Estado Nacional Pluri lingüístico Desmembrado por razones imperialistas de uno de sus componentes (proceso de Guerra Civil) Ej. Yugoslavia Feudalización por Delincuencia Organizada. Grupos Locales Controlan amplios Territorios. Afganistán Colombia

Proceso de Violencia en México Medición de 24 años de Violencia basada en Nueve Categorías. Se trata de distinguir entre la saturación y analizar Frecuencia y calidad. Nueve Categorías. Desde la Intimidación a la violencia Física Desde las muertes hasta la violencia Terrorista.

Niveles de Violencia en Mexico

Levels of violence Colombia

Conclusión respecto a violencia México para el año 2007 tiene una tendencia incremental que ha llegado ya al nivel 9 de la clasificación aunque todavía no alcanza a Colombia

Medidas de combate a la corrupción. Índice de Transparencia Internacional Subjetivo basado en Percepciones. Colombia adelanta a México Edgardo Buscaglia Jurimetría para el Estado de Derecho Corrupción y DO.

The link between Organized Crime and Rule of Law

Ley en los libros contra ley en acción Medidas de implementación de la Convención de Palermo y de la de Mérida, DO México tiene en libros más del 85% de la Convención en la practica menos del 50% De la anticorrupción sólo tiene 50% y sólo aplica el 25%.

Carlos Flores Ha probado que no es la Delincuencia Organizada la que influye unilateralmente al Estado sino al revés es el Modelo de estado el que determina a la DO. Para eso ha construido una tipología

EstadoRelaciones entre crimen organizado y funcionarios públicos Proceso de centralización del poder político. Culmina la Revolución Mexicana, se extinguen las secuelas violentas del conflicto. Se crea el PNR en 1929, el PRM en 1938 y el PRI, en El tráfico de drogas se criminaliza en 1920 (marihuana) y 1926 (goma de opio). Los incipientes grupos de narcotraficantes se encuentran generalmente bajo el control de gobernadores fronterizos. 3. México. Modelo Centralizado-descendente- incremental y tránsito hacia el modelo Atomizado- multidireccionado-incremental

El régimen priísta alcanza su mayor capacidad de control y centralización. Diversas instituciones estatales son empleadas fundamentalmente con el objeto de garantizar la conservación del poder por la clase política oficial. Proliferan casos que muestran la corrupción gubernamental. Se evidencia el uso discrecional de las leyes. Se crea la DFS en 1947 y en ese mismo año se faculta a la PGR para encargarse del narcotráfico. En esta etapa se consolida la corrupción institucional en diversas áreas de gobierno. El Estado goza de considerable legitimidad, por lo menos, hasta 1968 en que ésta comienza a decrecer. Este periodo se enmarca por la Guerra Fría. En él se emplean a diversos organismos de seguridad para desarticular a la disidencia –violenta o no– y se les premia con impunidad en actos ilegales de interés particular. Los organismos de seguridad, que actúan como mediadores entre la élite política y los criminales, que en todo momento aparecen dependientes de las estructuras de poder político. Existe un grado importante de centralización en las actividades de la criminalidad, auspiciada por el poder. Entre 1986 y 1982, virtualmente todas las actividades de la criminalidad en la Ciudad de México se encuentran centralizadas por la DGPyV y la DIPD. Una vez concluida la guerra sucia, la DFS entra de lleno al combate al narcotráfico y organiza la actividad. En 1984, es descubierto un inmenso sembradío de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, que pone en evidencia el contubernio de altas autoridades. Ese mismo año es asesinado el periodista Manuel Buendía. La autoría intelectual es atribuida a Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS. En el límite del periodo, un agente de la DEA y su piloto son asesinados por la organización de Rafael Caro Quintero, que escapa a Costa Rica amparado en una credencial de la DFS. Testigos protegidos de la fiscalía estadounidense señalan como copartícipes al entonces secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa Nacional, y al gobernador de Jalisco.

La legitimidad del régimen priísta se encuentra a la baja. Graves escándalos de corrupción oficial y el recrudecimiento de la crisis iniciada a finales del periodo anterior restan apoyo popular al régimen. La desigualdad socioeconómica se agudiza notablemente. En esta etapa ocurre la reconversión del aparato oficial, la liberalización económica, el cisma entre la clase política priísta y se acelera el proceso de liberalización política, hasta culminar con la alternancia en la titularidad del Ejecutivo Federal. Se desarticula la DFS. En la PGR recae el combate al narcotráfico. En el periodo se sustituye al procurador general de la República en cuatro ocasiones. Entre 1988 y 2000, la PGR observa diversos cambios institucionales y depuraciones en su personal. Hasta 1995, el ejército colabora en la erradicación de cultivos. A partir de esa fecha, participa directamente en la realización de tareas de inteligencia y detención directa de narcotraficantes. En el contexto internacional, el traslado de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos potencia a las organizaciones de narcotraficantes mexicanos que entran en contacto con los grupos del hemisferio sur. La proliferación del negocio ilícito del narcotráfico creó inmensos flujos de capital susceptible de ser empleados en la corrupción. Ocurre un segundo proceso de centralización del narcotráfico, en el sexenio Distintas organizaciones compran plazas y pagan cuotas a la PGR y a otras organizaciones de seguridad locales y federales, a cambio de su colaboración. Ocurre el incidente de Tlalixcoyan (1991) y los casos de Gutiérrez Rebollo (1997), Quiróz Hermosillo y Acosta Chaparro (2000). Ocurren los casos de Mario Villanueva y Jorge Carrillo Olea. A finales del periodo las organizaciones criminales más importantes gozan ya de una marcada independencia frente a los organismos de seguridad, en comparación con el tutelaje al que tradicionalmente habían sido sometidas; sin embargo, buscan mantener relaciones de contubernio con diversos actores de poder locales, a fin de proteger sus actividades.

2000- La alternancia en la Presidencia consolida el aspecto electoral de las reformas democráticas realizadas durante la etapa anterior. Las instituciones de seguridad son sometidas a reformas parciales que no logran modificar inercias existentes. La ruptura de los vínculos tradicionales de control ha atomizado los vínculos entre delincuentes y funcionarios, generalmente locales, pertenecientes a diversas fuerzas políticas.

Más leyes o Cambio de Prácticas Los datos existentes hablan de que la razón de la violencia se funda en un pacto tácito de impunidad entre los actores políticos para no aplicar la ley. Este pacto surge en 2003 y se demuestra con la caída en las acusaciones penales en materia de alta corrupción. La reforma electoral contiene elementos muy importantes para impedir el financiamiento ilícito de las campañas políticas por parte de la delincuencia organizada.

Falta mucho por hacer Se requiere Una Fiscalía autónoma nombrada por Consenso de todas las fuerzas políticas- UN sistema de Seguridad Pública que respetando los principios básicos del Federalismo garantice profesionales. Un Sistema Seguridad Nacional eficaz.