El sistema de pensiones y su impacto en las políticas públicas

Presentación del tema: "El sistema de pensiones y su impacto en las políticas públicas"— Transcripción de la presentación:

1 El sistema de pensiones y su impacto en las políticas públicas
07/04/2016

2 Tipologías de los sistemas de pensiones en América Latina

3 Orígenes A partir de los modelos normativos, los convenios de la OIT, las leyes sobre seguridad social y el surgimiento de lo que se llamó “Estado de Bienestar” es que comienzan a crearse los sistemas de pensiones. En todo el mundo las sociedades, de una u otra manera, procuran por lo general satisfacer las necesidades básicas de las personas a medida que envejecen o no pueden valerse por sí mismas.

4 Orígenes Los países en desarrollo se enfrentan al problema de cuándo y cómo satisfacer esas necesidades con sistemas jubilatorios que no afecten su crecimiento económico. Los países que transitan de economías de planificación centralizadas a sistemas de mercado tienen que tomar decisiones similares. Y los países industrializados (al igual que los dos grupos anteriores) se enfrentan a una rápida expansión de la población de jubilados y una base cada vez más reducida de trabajadores productivos que hace menos efectivos los sistemas jubilatorios que implementaron durante varias décadas (Barr, 2002: 1-2).

5 Orígenes Por lo general, el estudio de las reformas de pensiones se han realizado a partir de sus efectos económicos y financieros (Arenas de Mesa y Gana, 2001: 163; Bertranou 2001: 4). Esta inclinación tal vez se deba, como señala la OIT (2001) y Antón (2005: 3), a que no existe un consenso sobre cuál es el principal objetivo de la seguridad social en la vejez, puesto que algunos se basan en la necesidad de su función económica y otros en su finalidad social; aunque Rofman y Lucchetti (2006: 3) y Barr (2002: 2), en contraposición, afirmarán que existe un consenso sobre el “objetivo global” de los sistemas de pensiones, pero la divergencia está en los mecanismos para alcanzarlo.

6 Orígenes Para Rofman y Lucchetti y Barr (2000: 4) los objetivos son:
Dar seguridad contra la indigencia en la vejez; Satisfacer las necesidades de las personas longevas (objetivos generales); Y redistribuir parte de los ingresos de los años más productivos a los menos productivos a fin de uniformizar los gastos de consumo durante la vida y ayudar a suavizar el consumo de los trabajadores con menor remuneración (objetivos de Estado).

7 Objetivos La primera pregunta que surge es cómo lograr todo esto. En los últimos 32 años, 11 países en Latinoamérica reformaron estructuralmente sus sistemas de pensiones y adoptaron el régimen de capitalización para cumplirlo; de los cuales, en nueve todavía está vigente. En esta clase vamos a considerar que los sistemas de pensiones tienen como principal objetivo proveer ingresos mínimos y dignos para todas las personas por vejez, invalidez o sobrevivencia (VIS). Por “mínimos” se refiere a que contribuyan a erradicar la pobreza, y por “dignos” a que correspondan al trabajo realizado por los pensionados durante su vida laboral.

8 Objetivos El objetivo de los sistemas de pensiones y los mecanismos a utilizar para alcanzar ese objetivo siguen formando parte del debate académico y de la política económica de los Estados. Aunque puede existir un consenso en cuanto a la definición planteada, el problema sigue estando en cómo alcanzar el objetivo.

9 Presunciones El debate se centra en cuatro presunciones:
a) Un trabajador tiene pleno empleo y capacidad de ahorro a lo largo de su ciclo de vida activa; lo que supone que las familias disponen de un proveedor principal, cuyo aseguramiento protege al resto de sus miembros. Cuando no existe un proveedor, la responsabilidad de proporcionar recursos recae en el Estado.

10 Presunciones El debate se centra en cuatro presunciones:
b) Bajo estas premisas, los sistemas combinan instrumentos contributivos (ahorro y aseguramiento) para financiar prestaciones ante pérdidas inesperadas de ingresos por invalidez y muerte temprana a una edad no anticipada y por vejez. O sistemas no contributivos (subsidios), con el mismo propósito de evitar la pobreza en la vejez, cuando los ancianos no poseen ninguna fuente de ingresos.

11 Presunciones El debate se centra en cuatro presunciones:
c) Las contribuciones han sido tradicionalmente de naturaleza tripartita, con aportes del trabajador, el empleador y el Estado, destinadas a proteger al primero en su calidad de perceptor principal de ingresos y su familia. Las pensiones no contributivas se financian mediante impuestos generales (Uthoff, 2006: 7).

12 Presunciones El debate se centra en cuatro presunciones:
d) Influenciado por el modelo beveridgeano y las políticas keynesianas, el Estado ha recibido la atribución de administrar y supervisar el sistema de pensiones a través de sus instituciones públicas. Sin embargo, a partir de 1981, con las reformas estructurales del sistema de pensiones en Chile, se crea un nuevo paradigma en donde la administración pasa a manos de instituciones privadas especializadas en el manejo de los fondos de pensiones.

13 Contribución y beneficios
Presunciones Sistema de pensiones Población objetivo Financiamiento Contribución y beneficios Administración

14 Población objetivo Existe un debate extenso sobre quiénes tienen derecho de recibir beneficios en el sistema de pensiones. Por un lado, una de las posturas existentes es que las personas que aportan al sistema y cumplen con los requisitos para utilizar los ahorros acumulados son las que tienen derecho frente a aquéllos que no reúnen estas condiciones (Rofman y Lucchetti, 2006: 3). La pregunta que surge es qué ocurre con aquellos que no tienen derecho a una pensión. Acá el objetivo de las pensiones que se adopte es básico para responder.

15 Población objetivo La OIT señala la necesidad que los Estados garanticen un “mínimo de ingresos a las personas sin otras fuentes de ingresos o con ingresos muy bajos” por VIS (OIT, 2001b: 11), sin importar su pasado laboral; a lo que también el Banco Mundial (BM) se referirá como una “garantía de pensión mínima ofrecida por el gobierno” (Andrews et al., 2006: 24a, 65). Aunque éste sería el ideal a raíz de los objetivos de los sistemas de seguridad social, vistos anteriormente, no se aplica en todos los sistemas. A modo de ejemplo, sólo cinco de las 11 naciones que realizaron reformas estructurales tenían programas con pensiones de asistencia social a finales de 2008 (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay), y sólo solo cuatro brindaban pensiones complementarias (Chile, Colombia, México y Costa Rica), con restricciones.

16 Población objetivo Desde este marco de referencia, la población objetivo puede dividirse en dos: quienes aportan y cumplen con los requisitos para obtener una pensión de VIS (contribuyentes); y quienes no alcanzaron una pensión mínima o que no han podido cotizar en el sistema de pensiones (población de bajos recursos). Barr (2006: 60-67) señala que ésta no es una política extendida en todos los países con sistemas de pensiones.

17 Población de bajos recursos
Población objetivo Sistema de pensiones Población objetivo Población de bajos recursos Contribuyentes Contribuyentes

18 El financiamiento Este nivel tiene relación con el anterior, aunque el problema a tratar es diferente. El primer debate en este punto se centra en la obtención de los recursos (si éstos deben ser aportes del trabajador, del empleador y/o del Estado) para financiar el sistema. El segundo debate se refiere a qué régimen financiero se debe adoptar para hacer sostenible las aportaciones que se realicen.

19 El financiamiento Dentro del primer debate, para dar cobertura a la población de bajos recursos, la OIT y el BM le dan al Estado esa atribución, y el financiamiento puede obtenerse a través de ingresos fiscales o vía impuestos (Muñoz de Bustillo, 2007: 329). La crítica a este rol del Estado es que puede generar subsidios y afectar la distribución del ingreso (Rofman y Lucchetti, 2006: 4). Por otro lado, para dar cobertura a los contribuyentes, la discusión se centra en si sólo los trabajadores deben aportar al sistema o si, para reducir la carga en su salario, parte de esa contribución debe de ser otorgada por el empleador (Bertranou et al., 2006: 26). La contribución, basada en los salarios, con aportaciones de los empleadores y de los trabajadores, ha provocado numerosas críticas, sobre todo en los países donde las cotizaciones de estos últimos afecta significativamente el costo del trabajo.

20 El financiamiento Es decir, como señala Beattie y McGillivray (1994), “en ciertas condiciones, tal vez no resulte posible trasladar el costo de los impuestos sobre la nómina salarial de los trabajadores o trasladarla a los consumidores”. En tales casos, el BM dirá que se debe de eliminar la aportación del empleador pues “el resultado probable será el desempleo” (BM, 1994: 122). Aunque también el BM se contradice haciendo excepciones, ejemplificando el caso Argentino: “La eliminación de las aportaciones del empleador aumentó los costos de transición” (Indermit, Pakard y Yermo, 2004).

21 El financiamiento A su vez, el tema del porcentaje que debe aportar el empleador está en discusión constante: “Cunde la preocupación por la posibilidad de que, a causa de las elevadas cotizaciones de los empleadores a la seguridad social, las economías nacionales resulten menos competitivas”, señala la OIT (2001a). Este organismo advierte que un aumento de las cotizaciones de los empleadores puede producir costes laborales a corto plazo; sin embargo, a largo plazo, debido al efecto normal de las fuerzas del mercado, quienes en realidad pagarán los costes serán los trabajadores con salarios más bajos (Ibíd.).

22 El financiamiento Los sistemas de pensiones se basan en los aportes de los contribuyentes y en el subsidio que da el Estado para garantizar una pensión mínima, independientemente de que estos provengan sólo de los trabajadores o también de los empleadores. Su regulación es a través de dos regímenes: de reparto y capitalización; y un tercero que se basa en la subvención del Estado a partir de los recursos fiscales disponibles. El régimen de capitalización se basa en la acumulación de las aportaciones de los trabajadores – y la de los empleadores, dado sea el caso – en una cuenta individual o colectiva, cuyos fondos se invierten en el mercado de capitales para generar intereses y acumular un capital que sirva para el pago de la pensión del contribuyente (Barr, 2002: IV; Antón, 2005: 7; Muñoz de Bustillo, 2007: 65).

23 El financiamiento En el régimen de reparto las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales, y las prestaciones se determinan mediante una fórmula basada en los años de servicio y las últimas remuneraciones. Una variable de los sistemas de reparto – y que ha tomado relevancia desde la década de los 90 – es aquella que se basa en cuentas nocionales: en él se reemplaza la fórmula basada en las remuneraciones por una fórmula actuarial; se mantienen cuentas individuales, en las que se registran las cotizaciones y los intereses se van acreditando anualmente.

24 El financiamiento Su característica es que los saldos son imaginarios, dado que no representan fondos o inversiones de la institución de pensiones; sin embargo, en otro sentido, son reales ya que determinan las prestaciones: el monto de la pensión que corresponde a cada persona se calcula a partir del saldo imaginario que ha acumulado al alcanzar la edad de jubilación (Valdés-Prieto, 2001: 43; Boado, 2004: 7-9). Los países que han utilizado el sistema de cuenta nocional en el régimen de reparto son Italia (1995), Letonia (1996), Kirguizistán (1997), Polonia (1999), Suecia (1999) y Mongolia (2000). Para Boado (2004: 23), con las reformas hechas en Brasil en 1999 se trata de simular un modelo de cuentas nocionales al sustituir el concepto de “fondo nocional” por el de “media salarial”.

25 El financiamiento Por otro lado, se suele afirmar que un sistema de administración pública puede tener solamente un régimen de reparto, lo cual es incorrecto. Los regímenes de prestaciones definidas (que se explica luego), pueden ser financiados desde la plena capitalización hasta el reparto (Beattie y McGillivray, 1994; Uthoff, 1995). En América Latina, lo que es común encontrar son regímenes financieros de capitalización parcial colectiva (CPC), donde un grupo de trabajadores se financian entre sí con reservas que garantizan el equilibrio actuarial por un período (Mesa-Lago, 2004a: 22; Rofman y Lucchetti, 2006: 4-5).

26 Población de bajos recursos
El financiamiento Sistema de pensiones Población objetivo Población de bajos recursos Contribuyentes Contribuyentes Régimen financiero * Trabajador, empleador y Estado Recursos fiscales Reparto o CPC CPI

27 Contribución y beneficios
El debate acá se centra en la posibilidad de que los que no aportan puedan recibir beneficios por el rol del Estado en brindar bienestar, y sobre qué beneficios reciben quienes contribuyen. En tal caso, si el Estado toma un rol activo brindando pensiones a quiénes no han cotizado en el sistema o complementando las pensiones de quiénes no alcanzaron una pensión mínima, el beneficio sería definido. Para el resto, según la disciplina financiera con que se administren los sistemas, el beneficio se determinará a partir del régimen financiero que se adopte.

28 Contribución y beneficios
El régimen de reparto hace promesas a los contribuyentes sobre el derecho de recibir una pensión, y se denomina esquema de beneficios definidos, que se determina habitualmente como porcentaje del salario anterior o el salario medio del mercado de trabajo al momento de retirarse. Por otro lado, en el sistema de capitalización se deben de acumular las aportaciones e invertirlas para obtener el máximo tipo de interés; la pensión estará determinada por cuánto acumuló una persona a lo largo de su vida. A éste se le denomina esquema de contribuciones definidas (Uthoff, 1995; Barr, 2001: 126; Antón, 2005: 8).

29 Contribución y beneficios
Tanto en los esquemas de beneficio definido (BD) como de contribución definida (CD), sus ventajas y desventajas dependen del punto de vista del análisis. Se puede argumentar que los CD permiten una edad de retiro flexible, combinar trabajo con recibir pensiones y hacen más fácil - políticamente - ajustar las pensiones a la esperanza de vida; pero todo esto también se puede desarrollar en un esquema de BD: primero, sí se permite al trabajador retirarse a una edad menor establecida con reducciones actuariales en su pensión o incrementándola en una edad de retiro más tardía; segundo, sí se ajusta actuarialmente la pensión para demorar el retiro y existe un régimen razonable para combinar trabajo y pensión; y, tercero, sí la pensión aumenta paralelamente con la esperanza de vida.

30 Contribución y beneficios
También se suele considerarse que los esquemas de CD privados promueven la sostenibilidad, como señala Barr (2004: 20): “Un esquema de pensiones es sostenible si su acumulación de activos cubre todos los compromisos de pensiones futuras. Un esquema de CD logra esto por definición”. Sin embargo, así como en el esquema de BD público la deuda de pensiones está garantizada implícitamente por el Estado, éste no podrá ignorar una crisis de pensiones en un esquema de CD. A su vez, siempre a partir de la sostenibilidad, se considera que los esquemas de CD son menos vulnerables a los gobiernos corruptos. Éste planteamiento se ha desarrollado para restarle importancia al papel ineludible del Estado como agente económico.

31 Contribución y beneficios
Ambos esquemas enfrentan a sus pensionados a la incertidumbre: los gobiernos pueden cambiar las leyes que rigen los sistemas; y los esquemas se enfrentan también a shocks macroeconómicos, demográficos y políticos imprevisibles que mediante políticas gubernamentales pueden solventarse. Ante la incertidumbre, los esquemas de CD privados enfrentan riesgos adicionales: el manejo eficaz de la inversión no está garantizado en su totalidad.

32 Contribución y beneficios
Otro tema de discusión amplio es qué esquema es más justo y equitativo. De nuevo, esto depende del punto de vista. Una persona que cotiza en un esquema de CD puede encontrar “justicia” actuarial porqué se suaviza su consumo para aliviar la pobreza en la vejez (cumple uno de los objetivos de las pensiones); aunque esa justicia actuarial está condicionada a lo que se explicó en la lámina anterior. Visto desde el lado de las pensiones públicas, sería inequitativo el esquema de CD si se considera que el beneficio debería ser redistributivo para velar por los niños (sobrevivencia) y por las personas que no lograron una pensión mínima o las que están sumergidas en la pobreza.

33 Contribución y beneficios
A éste problema también se enfrentan los esquemas de BD si están basados solo para aliviar la pobreza en la vejez de aquéllos que contribuyen en el sistema o no contemplan una pensión mínima. Por otro lado, también puede considerarse que un esquema de CD es injusto porque para mantener una cuenta individual de pensiones el costo administración es por naturaleza fijo, y éste “puede representar una carga mayor en los países más pobres donde las personas tienen pocos ingresos y, por lo tanto, realizan sólo pequeñas contribuciones” (Barr, 2004: 23). Además ambos esquemas, históricamente, demuestran ser imperfectos para lograr una plena cobertura. La eficiencia de un sistema de pensiones no está determinada a priori por la implementación de un esquema u otro. Ésta se mide a partir de la inclusión de toda la población “en etapa laboralmente activa”, pues serán éstos los que más tarde necesitarán de ingresos económicos cuando estén inactivos (OIT, 2001b: 36; Jiménez y Cuadros, 2003: 118; Muñoz de Bustillo, 2007: 65).

34 Contribución y beneficios
Sistema de pensiones Población objetivo Población de bajos recursos Contribuyentes Contribuyentes Régimen financiero * Trabajador, empleador y Estado Recursos fiscales Reparto o CPC CPI Contribución / Beneficios Pensión mínima Complemento para pensión mínima Beneficio definido Contribución definida

35 La administración La discusión principal es cuál debería ser el rol del Estado: ¿facilitador (rol pasivo), supervisor (proactivo) o proveedor (rol activo) frente a la seguridad social? Como facilitador, el Estado tendría el rol de regular los mercados financieros y de seguros, con el propósito de proporcionar herramientas financieras (ya sea planes de ahorro o sistemas de pensiones) para que los individuos realicen inversiones según sus intereses personales y el nivel de vida que pretendan tener en caso de VIS.

36 La administración Al ser supervisor, el Estado jugaría el papel de intervención en el caso que los incentivos del mercado no sean acordes a los intereses sociales, y por tanto sea necesario incentivar ahorros individuales (por ejemplo, mediante la exención de impuesto a las ganancias en el largo plazo) y regulando el sistema (por ejemplo, determinando los cobros de comisión por administración e inversión de los fondos en las diferentes carteras del mercado de capitales). De ser proveedor, el Estado se involucra directamente en la administración de un fondo de pensiones o complementando una pensión mínima.

37 La administración Si el Estado tiene un rol activo, la administración de un sistema de pensiones puede ser pública, estar administrada por el gobierno central o a través de sus diferentes dependencias. Si el Estado tiene un rol pasivo o pro activo, la administrada sería privada. La administración depende del objetivo que tenga el sistema de pensiones. Es frecuente encontrar administraciones múltiples en los sistemas, en donde la administración pública complementa o existe paralelamente a una administración privada.

38 La administración En la práctica, la estructura de los sistemas de pensiones se mezcla entre una administración pública o privada, según el objetivo de cobertura que busquen los gobiernos: parcial (para aquellos que contribuyen), focalizada (dirigida a los población de bajos recursos) o universal (combinada). Para simplificar se considera que un sistema de pensiones puede ser administrado por una institución pública o una entidad privada. Por lo general, los que son administrados por una institución pública bajo un régimen de reparto o CPC son llamados sistema público; mientras que aquéllos que son administrados por una entidad privada y con un régimen de capitalización plena individual (CPI) son denominados sistema privado. Ambos sistemas poseen cuatro características básicas: población objetivo, régimen financiero, contribución-beneficio, administración. Aunque también el Estado puede manejar una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) pública, con un régimen de capitalización plena individual.

39 La administración En la actualidad, existen en América Latina sistemas públicos que tienen un beneficio definido, un régimen financiero de reparto o CPC; y también sistemas privados que tienen una contribución definida y un régimen financiero de CPI. Hasta antes de las reformas estructurales, los sistemas eran administrados por el Estado y tradicionalmente con un régimen de reparto.

40 Características de los sistemas de pensiones
Sistema de pensiones Pública Población de bajos recursos Recursos fiscales Pensión mínima Complemento para pensión mínima Contribuyentes Reparto o CPC Beneficio definido Privada CPI Contribución definida Administración Población objetivo Régimen financiero * Trabajador, empleador y Estado Contribución / Beneficios

41 Factores de la reforma estructural en América Latina

42 Debate teórico sobre la seguridad social
Desde mediados de 1970 existe un debate teórico intenso sobre las implicaciones económicas que tiene la expansión del tamaño del Estado para cumplir su “función social” y cómo esto crea un efecto inflacionista. En ese período se criticó el escaso impacto que tenía la intervención del Estado sobre la distribución de la renta, su incapacidad para hacer frente a su cada vez mayor carga de compromisos y su impacto en los equilibrios macroeconómicos (Muñoz de Bustillo, 2000: 50-51). A juicio de Harris (1989: 18; 29) – en uno de sus análisis más críticos –, se “demostró” que la “bondad” del Estado podía estar corrompida y que minaba a las economías, y esto llevó – a varios economistas – a “no estar tan seguros de cómo el Gobierno puede ayudarnos a eliminar la pobreza”.

43 Debate teórico sobre la seguridad social
Una de las más antiguas críticas al crecimiento desmesurado del gasto público del Estado para cumplir su “función social” es la realizada por Mill (1848), quien señaló que “la ayuda del Gobierno debería concederse de forma tal que, en la medida de lo posible, fuese una manera de educar a la gente en el arte de conseguir grandes objetivos mediante la energía individual y la cooperación voluntaria” (Harris, 1989: 17-18). Entre 1950 y existió un “amplio consenso entre partidos políticos diferentes, bajo sistemas políticos también diferentes” que impulsó el Estado de Bienestar, aunque “un pequeño sector de la población formuló críticas” (OIT, 1988: ). Estos señalamientos se encontraban en el contexto de crisis económica por el alza de los precios del crudo de petróleo y la necesidad de mayor gasto público para el mantenimiento del pleno empleo (Anisi, 1989: 256).

44 Debate teórico sobre la seguridad social
No solo las críticas al papel del Estado vinieron a desarrollar lo que la literatura denomina “crisis” del Estado de Bienestar. Existe una multiplicidad de fenómenos económicos y sociales en el mundo que conjuntamente vienen a explicar ésta crisis, pero tres son fundamentalmente importantes (uno en concreto en Latinoamérica), y que en la literatura coinciden, para el análisis de las reformas estructurales en los sistemas de pensiones. Varios autores, como Muñoz de Bustillo et. al. (1989, 2000, 2007), Luhmann (1981), Harris (1989), Müller (2003), observan que también la globalización de la economía, la financiación de la política social, y el desencanto por las políticas sociales explican la “crisis” del Estado de Bienestar de la que se viene hablando desde hace cuarenta años.

45 Factores de la crisis El primero de estos elementos es lo que Barr (2002:1) denomina “la bomba de tiempo demográfico”, en referencia al envejecimiento de la población. Los cambios en la pirámide demográfica tienen efectos directos sobre el gasto público puesto que aumenta la demanda en sanidad y el gasto en pensiones. Este factor fue utilizado por el Banco Mundial (BM) para promover las reformas en el mundo. El segundo elemento a considerar es el cambio del funcionamiento del mercado de trabajo que se produjo desde la década de 1950 y que está ligado a la caída de la cobertura de los sistemas de pensiones (Mesa-Lago, 2008b: 68). Un tercer factor a tomarse en cuenta es la democratización en América Latina y sus reformas económicas.

46 Factores de la crisis En América Latina, los sistemas de pensiones habían funcionado tradicionalmente bajo un régimen de reparto. Éstos sistemas, y en general la política de seguridad social, habían entrado en crisis debido a las características de las economías latinoamericanas durante la década de los años ochenta. Los costos para mantener los sistemas de pensiones eran elevados debido a la liberalidad de las condiciones de acceso, aunque el gasto de seguridad social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) era mayor en los países de Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay, y menor en las naciones de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana; las diferencias también se notaba en la distribución pues en el primer grupo la mayoría iba a pensiones, mientras que en el segundo iba a enfermedad-maternidad.

47 Factores de la crisis Los costos anteriores representaron una carga sobre el PIB, en donde despuntaba un porcentaje creciente dedicado a pensiones (Müller, 2003: 19; Mesa-Lago, 2005: 26). El sistema de pensiones se veía afectado por la inflación y la ineficiencia administrativa. La crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural deterioraron aún más los servicios que se prestaban desde las administradoras públicas de fondos de pensiones. Las críticas, en general, llevaron a lo que se conoce como “el fin del consenso keynesiano” o “el redescubrimiento del mercado” (Anisi, 1989: 260). Esto permitió el desarrollo de las reformas de los sistemas de pensiones, hecho que Muñoz de Bustillo (2000: 72) considera “el tema estrella de la reforma del Estado de Bienestar”.

48 Factores de la crisis En los últimos años, Andrews et al (2006: 4a) dijo que el debate de las reformas de pensiones “ha adquirido carácter urgente” tanto por el envejecimiento de la población como por un administración deficiente de los sistemas de pensiones por parte de los Estados, la jubilación anticipada y las altas prestaciones de las pensiones, con las presiones que esto impone “sobre las finanzas públicas” en el mundo.

49 El envejecimiento de la población, el rol del BM y la nueva estructura del sistema de pensiones en América Latina

50 Envejecimiento En la última centuria, la esperanza de vida aumentó cuatro decenios; solo entre 1990 y 2009, las personas en todo el planeta ganaron seis años más de vida (OMS, 2008b). Al ver las estadísticas por regiones se observa que el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental son los que más han aumentado en este índice, mientras que las regiones del Mediterráneo Oriental; América y Europa han tenido también un aumento de la esperanza de vida, pero menor. También se ha reducido la tasa de mortalidad de una persona adulta y han aumentado los años en que una persona puede tener una vida sana.

51 Envejecimiento Tomando en consideración estos tres factores se puede afirmar que, en general, los seres humanos no solo viven más, sino que también durante más años con mejor salud que a inicios de Además, existe una tendencia a que la población adulta mayor de 65 años aumente durante los próximos años y, paralelamente, los nacimientos y la población menor de 15 años se reduzca (PNUD, 2007: ). La combinación del aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad en el mundo llevaron a una preocupación generalizada desde la década de los 80 sobre cómo mantener viables los sistemas de pensiones basados en el régimen de reparto.

52 El Banco Mundial El aumento de la esperanza de vida se vio como un problema y no como “algo que debía alegrarnos” (Barr, 2004: 25). De hecho, la justificación de las reformas a los sistemas de pensiones se basa en el envejecimiento de la población ya que estas encuentran su respaldo internacional en el informe del BM titulado “Averting the Old Age Crisis: policies to protect the Old and Promote Growth”, de 1994, que es conocido como referencia para marcar el proceso de privatización. El informe adquirió prominencia a nivel mundial al fomentar los sistemas de capitalización y sentar las bases de un nuevo rol del BM (Andrews et al., 2006: 9a).

53 El Banco Mundial Hasta finales de 2013, nueve países latinoamericanos mantenían un régimen de capitalización y tuvieron como modelo el sistema de Chile, donde se hizo la primera de las reformas estructurales al sistema de pensiones en América Latina. Como se verá más adelante, los sistemas de pensiones que existían en los países de Latinoamericanos antes de las reformas no estaban unificados, y Chile no era la excepción. Aquella dispersión de regímenes generó desorganización y déficit en las arcas de las cajas de pensiones existentes en ese contexto, que terminaron siendo financiadas en buena medida a través del presupuesto del Estado. Las crisis financieras en Chile, en 1974 y 1980, fueron un detonante que culminó con una serie de reformas económicas por parte de la Junta Militar que gobernaba, entre las que estaba la reforma estructural del sistema de pensiones.

54 El Banco Mundial De hecho, América Latina ha estado a la vanguardia en la introducción y desarrollo de políticas sociales y de seguridad previsional desde principios del siglo XX (Mesa-Lago, 2008a: 2). Uruguay cumplió 100 años en 2015 de haber introducido la primera ley de riesgos ocupacionales en Latinoamérica, mientras que Chile cumplirá el 95 aniversario de haber promulgado su primera ley de pensiones.

55 El Banco Mundial El informe del BM retomaba el modelo chileno y con él presentó su visión de cómo armonizar los sistemas de pensiones con el envejecimiento de la población desde una perspectiva macroeconómica. Sus aportes influenciaron principalmente a los países de Europa del Este y América Latina; y a su vez se desplazó el papel que la OIT tenía como asesora de la seguridad social. Europa del Este la influencia fue sobre todo en las antiguas economías socialistas, como Hungría (1997), Kazajstán (1997), Polonia (1998), Rusia (1998), Estonia (1998), Croacia (1999), Bulgaria (2000), Latvia (2000), Kosovo (2001), Macedonia (2002), Lituania (2002), Ucrania (2003), Eslovaquia (2004); otros que han adoptado en sus sistemas de pensiones el régimen de capitalización son Hong Kong (1995), Suecia (1998), India (2003) y Nigeria (2004).

56 El Banco Mundial Las llamadas de atención acerca de la fragilidad de los sistemas de pensiones se han hecho más notorias desde entonces, ya que éstos se ven afectados por el aumento de la esperanza de vida de la población como experimentan los países desarrollados y cómo experimentarán los países menos desarrollados (Muñoz de Bustillo, 2007: 33).