PROPUESTAS SOBRE REFORMA A LAS CAR

Resaltamos que como comunidades ancestrales basados en nuestra ley de origen, derecho mayor, usos y costumbres, somos hijos de la Pacha Mama o madre tierra, creadora de todo lo que esta y que nuestro mundo, el de arriba, el del medio y el de abajo, debe permanecer en orden de acuerdo con nuestras prácticas.

Recordamos que el gobierno nacional tiene la obligación constitucional de respetar nuestros territorios y autoridades basados no solo en nuestra ley propia, sino en preceptos legales y constitucionales de la republica colombiana.

Creemos que nuestra relación con nuestro territorio, su ambiente y todo lo que en él se encuentra, es vital, es espiritual y es fundamental para la pervivencia de nuestros pueblos.

No podremos jamás aceptar un retroceso en los derechos ganados por las luchas de nuestros mayores que han derramado sangre y dado su vida por la vida de nuestras comunidades.

Manifestamos nuestro absoluto rechazo por el decreto que acepta lo que se denomina lincencias express que vulnera nuestros territorios y derechos al territorio efectivo goce de nuestros derechos. Este decreto por afectar de manera directa a nuestras comunidades doquiera estas se encuentren, debe surtir el proceso de la consulta previa y contar con nuestros aportes siempre buscando respetar de manera integral nuestro derecho fundamental al territorio.

Nuestra autoridad es autoridad integral, y no puede deslindarse en pedazos aunque esa sea la práctica colonial que imponen a nuestras comunidades. Es así como nuestra autoridad es autoridad ambiental en nuestros territorios y no podrá jamás ser cedida a otros actores que impongan sus mandatos en ellos. Esto no ha sido solo avalado por nuestras autoridades sino que la honorable corte constitucional ha dado ya su voz reconociendo que la autoridad indígena es autoridad ambiental.

Es en efecto el surgimiento del concepto del Buen Vivir lo que hace que las comunidades indígenas, no solo por su cosmogonía y saberes ancestrales, sino porque en la practica así se ha dado, consideramos que nuestro conocimiento sobre el cuidado de la naturaleza, del equilibrio natural, de la protección no solo de las especies sino de todo el ámbito de vida, es superior por sus resultados a cualquier visión que pueda llegar a crearse desde una academia que está atravesada por visiones sobre la explotación de los bienes comunes, superando el concepto de los recursos naturales.

Nos permitimos recordar que el concepto de desarrollo que se tiene sobre la explotación, el manejo de los bienes comunes, el extractivismo, no son practica nuestras y no puede ejercerse en nuestros territorios.

Recordamos al Ministerio de Ambiente que el resultado de esta consulta debe ser vinculante ya que la consulta previa no es un simple procedimiento para que nos oigan, sino que es necesario que nos escuchen y que por lo nosotros propuesto debe ser considerado de forma clara y precisa en cualquier norma que se trabaje desde la institucionalidad.

Solicitamos que en la ley se cree un consejo de administración que proteja recursos mediante una CAR`S INDIGENA la cual debe ser la autoridad administrativa rectora que coordine desde nuestras prácticas propias sobre el uso, ordenamiento y goce de los recursos naturales, que debe ser protegido por ser nuestra naturaleza la de protectores del ambiente.

En los consejos de las CARs que se creen, se debe ampliar la cantidad representantes indígenas y que estos deben ser elegidos por nuestras autoridades. Así mismo que estos delegados deben tener voz y voto para las decisiones que nazcan de nuestras comunidades y que cuando se trate de temas en territorios indígenas se debe contar con la autoridad indígena del territorio, la cual es la MAXIMA AUTORIDAD AMBIENTAL en dicho espacio territorial.

Creemos que en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, la autonomía de nuestros pueblos en cabeza de sus autoridades debe ser respetada y valorada. Esto no es un simple enunciado, es un ejercicio vital y fundamental sobre el que se basa el Estado colombiano y que hace parte de sus principios, ordenamiento y formas de gobierno.

Mucho tiempo han estado técnicos buscando definiciones y argumentos para hablar de lo ambiental, pero han olvidado el saber ancestral que tienen nuestros pueblos y comunidades al respecto. Los conceptos aplicables al ambiente, en especial entratandose de los territorios indígenas, deben partir de nuestra cosmovisión, ley de origen y derecho mayor.

Hacemos un llamado para que desde el Gobierno Nacional, y desde la norma misma, se realicen acciones contundentes y reales para evitar la contaminación de la naturaleza, que es dadora de vida y no puede seguir siendo maltratada ni por multinacionales ni actores con intereses económicos que buscan lucrarse de la vida.

Reiteramos que las decisiones que se tomen en materia ambiental, como en cualquier otra materia, si trata de nuestros territorios, debe ser tomada por nuestra máxima autoridad que es la comunidad indígena y por nuestras autoridades elegidas, que mandan obedeciendo.

Recordamos que la situación real de los pueblos y comunidades indígenas esta íntimamente ligada al territorio, por lo que el gobierno nacional debe asignar recursos para la compra de tierras y poder realizar proyectos que beneficien a toda nuestra comunidad.

Creemos que nuestros planes de vida son integrales, y que en lo ambiental estos planes deben ser reconocidos por el gobierno nacional. Los planes de vida ambientales son nuestra forma de seguir perviviendo y deben las entidades del gobierno entenderlos, aceptarlos y protegerlos.

Recordamos que hay puntos en la tierra que son sagrados. Nuestros sitios sagrados son espacios de vínculo con los tres mundos y que permiten el balance y existencia de nuestras comunidades. El respeto por estos sitios debe llegar a la norma porque no son solo puntos geográficos sino puntos vitales para toda nuestra cosmovisión.

En la norma debe contemplarse que nuestras estructuras propias de gobierno incluyen a la guardia indígena, la cual queremos que también sea contemplada como guardia ambiental y se le deben dar todas las garantías para su existencia y actividad permanente.

En la ley las mencionadas tasas por concesiones y otras a que haya lugar deben ser administradas por la autoridad indígena para que esta pueda hacer reinversiones en la comunidad, esto en el ejercicio de autoridad ambiental que le corresponde.

Las zonas de explotación minera deben ser realmente asignadas por la autoridad ambiental que en el caso de los territorios indígenas no puede ser otra que la autoridad indígena. Esas zonas de explotación deben ser concertadas y tratadas por la comunidad que será la que decida bajo sus usos y costumbres que se puede llegar a ejecutar.

Que la zonas de reserva ambiental, reserva natural, parques naturales y áreas protegidas deben ser concertadas y no puede ir en detrimento de la comunidad. En lo especifico creemos que para el Resguardo de San Juan y todos los de nuestros territorios, debe aplicarse el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con los requerimientos de la ley nacional e internacional que regula esta materia.

La ley debe considerar la protección de los páramos como fuente de vida, nacimiento de agua, ejemplo del cual está el Paramo Paja Blanca.

Es necesario que existan compensaciones por hechos cumplidos por parte del gobierno nacional, ya que de manera inconsulta ha realizado afectaciones a nuestro territorio. El oleoducto transandino o la hidroeléctrica en las Lajas son solo algunos ejemplos de la grave situación que se ha vivido y que el Estado colombiano debe reparar de manera concertada con las comunidades.

No puede olvidarse de ninguna manera el seguimiento al plan RAMSAR y debe hacerse de manera eficaz, eficiente y debe incluir las decisiones de nuestras autoridades.