Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Poder Judicial de Costa Rica MSc. Sara Castillo Vargas Directora Ejecutiva Conamaj

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Antecedente Iberoamericano XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia en marzo de Representación de autoridades de Poderes Judiciales y Cortes Constitucionales de España, Andorra, Portugal, América Latina y el Caribe. Se aprobaron las Reglas de Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas ofrecen tutela efectiva a los derechos de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y, por tanto, requieren un acceso efectivo a la administración de justicia, como derecho fundamental.

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Antecedente en Costa Rica Las Reglas de Brasilia fueron aprobadas en sesión extraordinaria de Corte Plena de Costa Rica No , del 26 de mayo de 2008, artículo II. Seguimiento en implementación de las Reglas desde la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial de Costa Rica. Actualmente, se llama Comisión de Acceso a Justicia. Identificación y asignación de unidades o departamentos responsables para la aplicación de las Reglas para cada población en condición de vulnerabilidad.

Las Reglas de Brasilia establecen que el desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en el caso de trabajadores migratorios y sus familias. Asimismo, las Reglas reconocen la protección especial que debe darse a las personas beneficiarias del estatuto de refugio, así como a los solicitantes de esta condición. Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada

Normativa internacional y nacional Costa Rica es firmante y ratificante de convenios y tratados internacionales en materia migratoria y de refugio, que resguardan los derechos a la igualdad, la no discriminación, el acceso a justicia, protección especial, entre otros. En marzo de 2010 entra a regir una nueva Ley de Migración y Extranjería, No. 8764, en la cual el artículo 31 establece: Toda persona extranjera tendrá el derecho de acceso a justicia, al respecto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. Esta Ley posee un fuerte enfoque de integración, aspecto novedoso en la legislación migratoria costarricense.

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) fue asignada para el avance en el trabajo con población migrante y refugiada, debido a su trayectoria de defensa y visibilización de derechos de esta población. Durante el 2008, se realizaron sesiones grupales de discusión sobre los desafíos institucionales para dar respuesta a esta población. Este proceso fue participativo e inclusivo, se convocó a órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares del Poder Judicial de Costa Rica. Además, participaron agencias de Naciones Unidas (OIM y ACNUR), Defensoría de los Habitantes, Dirección de Migración y Extranjería (del Poder Ejecutivo) y representantes de migrantes y sociedad civil. Proceso de trabajo

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Se elaboraron dos documentos de investigación que sirvieron como base para el resto del proceso: Proceso de trabajo En el 2009 se inició con la elaboración de una propuesta de política institucional para el acceso a la justicia de la población migrante y refugiada. 1. Estado de la situación de acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Población migrante y refugiada (2008). 2. Consideraciones para el trabajo de los y las funcionarias del Poder Judicial de Costa Rica en torno a características específicas de la población migrante y refugiada (2009).

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada En el 2010 los esfuerzos anteriores se enriquecieron con nuevas consultas, profundización en la investigación y abordaje especializado en temas altamente técnicos como el delito de trata de personas y el correcto abordaje de las víctimas. Finalmente, se obtuvo el documento final el cual se envió a Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica y culminó con su aprobación en Sesión No del 8 de noviembre de Proceso de trabajo

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Durante el proceso de aprobación e implementación de la política, las limitaciones principales han sido la lucha contra estereotipos asociados a estas poblaciones, el sustento presupuestario interno, la estructura y formalismo institucional, el apego a las normas administrativas en detrimento del servicio y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Limitaciones La principal problemática identificada son las dificultades que para el acceso a justicia tienen las personas migrantes en condición irregular (sin documentación o vencida).

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y refugio, con independencia de su condición y estatus sociojurídico, a partir de la instalación de una cultura institucional que promueva y proteja los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Objetivo de la Política Líneas de acción prioritarias: investigación, información, medidas procesales judiciales, comunicación oportuna, seguimiento a casos de migrantes y personas refugiadas dentro y fuera del país, coordinación interinstitucional. Líneas de acción

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada A partir del 2011, inicia funciones el ente coordinador e implementador de la política: Subcomité de Migración y Refugio. Avances y monitoreo Este Subcomité es un ente interactoral e intersectorial. Lo preside la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional, debido a su relación con la protección de los derechos humanos y fundamentales. Conamaj funciona como secretaría técnica. Participan representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Judicatura, Policía Judicial, Poder Ejecutivo, Agencias de Naciones Unidas y sociedad civil.

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Existen dos planes de acción en materia de capacitación y comunicación, con el fin de avanzar en estas áreas sensibles a lo interno del Poder Judicial, las cuales fueron aprobadas por el Subcomité y se encuentran en implementación a partir del Avances y monitoreo Temas que se han tratado: acciones de coordinación que mejoren el acceso a servicios por parte de las personas migrantes y refugiadas, además, la estandarización de servicios y trato a la persona usuaria migrante o refugiada, enlace para compartir información interinstitucional y actualidad en asuntos migratorios.

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Retos Gran área de trabajo en cuanto a sensibilización, capacitación y difusión a lo interno del Poder Judicial ( ). Aplicación del fundamento de la política: acceso a justicia con independencia de condición migratoria. Reflexión sobre priorización de bienes jurídicos y derechos humanos, así como cambio en cultura organizacional del Poder Judicial y su tradicional forma de actuar.

Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada Factores clave Que instancia coordinadora de la implementación de la política sea un espacio interactoral e intersectorial. Apoyo de otras instituciones públicas y agencias internacionales en la elaboración e implementación. Liderado por una autoridad judicial que dé el respaldo político a la iniciativa. Contar con representación de sociedad civil que equilibre y amplíe la visión sobre las necesidades y realidades de esta población.

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