COOPERACCION

EIA y Participación Ciudadana Julia Cuadros Falla Abril 2010

¿Qué es la Participación Ciudadana? De la teoría a la realidad Los temas de fondo Desafíos

Acercándonos al concepto de Participación Ciudadana Del latín participare, que significa tomar parte. Los actores sociales son autores de los procesos sociales que les conciernen. Es el proceso por el cual los ciudadanos, individual o colectivamente tienen el derecho y la oportunidad de manifestar , a través de actos, actitudes y dentro del marco legal , sus intereses y demandas, a fin de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales. Permite que la gente común pueda plasmar concretamente sus inquietudes, deseos y necesidades y, en esa misma medida, constituirse en sujeto activo de las decisiones gubernamentales y no en simple espectador de las mismas.

Participación para qué? Fortalecer y legitimar el ejercicio de la democracia. La democracia participativa fortalece a la democracia representativa. Promover cambios en las políticas públicas favorables a mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanos. Mejorar la calidad de la democracia y la efectividad de las políticas públicas Permitir que la gente común pueda plasmar sus inquietudes, deseos y necesidades. Pueda constituirse en sujeto activo de las decisiones gubernamentales y no en simple espectador de las mismas

Principios para una participación ciudadana efectiva Relevancia: temas que tocan la vida de la gente Transparencia: impacto real de la participación Integralidad: abordar todos los aspectos Continuidad: aprendizaje continuo Construcción de confianza: cambios en comportamientos Progresividad: de menos a más Delimitación de los roles: de todos los actores Universalización: inclusión de todos actores e intereses Educación - Capacitación

De la teoría a la realidad Una cosa es acercar el gobierno a los ciudadanos para que estos decidan Otra cosa bien distinta es buscar a través de la participación ciudadana que se “legitimen” decisiones tomadas a priori por la administración, dándoles a estas un ropaje de decisiones colectivas que encarnan el sentir de la comunidad y que en la práctica no representan más que el sentir del gobernante.

Temas críticos en los EIA

1) Promoción de la Gran Minería – Promoción del Desarrollo Sostenible La evaluación y aprobación de los EIA, se hace en función de la promoción de la actividad minera, no de la búsqueda de la gobernabilidad o el desarrollo sostenible. Las observaciones a un EIA se formulan para que sean aprobados. El porcentaje de EIA desaprobados es muy bajo.

EIA aprobados en 2009 Según la DGAAM, durante el 2009, un total de 255 estudios ambientales fueron aprobados. 106 a estudios ambientales para proyectos de exploración minera de los cuales 73 correspondieron a proyectos de exploración de hasta 20 plataformas de perforación. Para explotación y/o beneficio se aprobaron 40 Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental/ OEFA Creado en mayo del 2008, fue reglamentado en enero 2009. Qué capacidad tendrá para fiscalizar todos los EIA de todos los sectores estatales (PRODUCE, MTC, MINSA, MEM). El Ministro Brack ha declarado que la fiscalización para los EIA de los grandes proyectos será al azar. Se ha iniciado el proceso de transferencia de funciones OSINERGMIN al OEFA. El reto es la transferencia y desarrollo de capacidades.

2) Los EIA son un “estudio de parte” Desde 1992, los EIA para el sector deben ser realizados por una empresa consultora inscrita en el MEM. El EIA es pagado directamente por la empresa minera. Los EIA terminan siendo estudios hechos a la medida de los requerimientos de las empresas, lo que puede llevar a que los análisis técnicos ambientales no sean lo suficientemente rigurosos. La empresa minera y la empresa consultora establecen una relación muy dinámica con el MEM, mientras que la población y sus autoridades sólo participan en las audiencias, entrevistas o talleres.

3) Limitaciones de la Participación Ciudadana La participación ciudadana no se da para generar cambios, sino para justificar decisiones La participación es para cumplir una formalidad para la aprobación del EIA por parte del MEM, que no cuenta con recursos ni mecanismos suficientes para fiscalizar la realización de este proceso No existen mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el EIA. Tampoco existen mecanismos que aseguren el proceso de participación ciudadana. La participación se da después de que la concesión minera ha sido otorgada.

Aprobación del EIA es un trámite administrativo El trámite de aprobación de un EIA termina siendo administrativo y no técnico. P.e. en el caso de Río Blanco, en los 2 últimos años la empresa presentó sendas solicitudes de ampliación de su EIA sd. En ambas oportunidades las autoridades y poblaciones, comunidades y equipos técnicos presentaron observaciones (permiso legal de las CC para exploración), que no pudieron ser levantadas por la empresa minera, quien desistió en ambas oportunidades al procedimiento de ampliación. Sin embargo, a pesar de no contar con los permisos legales, ha conseguido “legitimar administrativamente” su presencia en la zona con la aprobación de un Plan de Rehabilitación Ambiental.

Desafíos Los EIA deben responder a las necesidades de desarrollo sostenible de las localidades, no a los intereses privados. Dado el nivel elevado de concesiones, el EIA está perdiendo vigencia, porque sólo mide impactos de un proyecto; no mide los impactos acumulativos. No es un instrumento útil para el caso como el peruano, en zonas que concentran un gran número de proyectos mineros. Regiones como Apurímac tienen el 54% de su territorio bajo concesión minera.

Desafíos (2) Debería contemplarse la necesidad de auditorias a la rigurosidad en la elaboración y en la ejecución de los EIA. Darle fuerza y legitimidad a la participación ciudadana, haciéndola efectiva desde antes de concesionar un lote minero.

Cambiar las reglas de juego Se requiere cambiar las reglas de juego, para que la actividad minera se desarrolle en condiciones de sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental. Ello implicará reformar el marco legal abordando los aspectos identificados como claves del sistema de evaluación de impacto ambiental, a fin de ponerlo más al servicio del ciudadano de a pie y su ambiente, por sobre los grandes inversionistas privados y sus intereses.

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