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Hace unos días, Le Monde dedicaba la totalidad de su página tres a un reportaje demoledor sobre el nuevo aeropuerto de Ciudad Real.
Se trata de una instalación de última generación con una de las pistas más largas de Europa ( 4 kilómetros ) capaz de permitir el aterrizaje de un Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo.
Las instalaciones están dimensionadas para acoger un volumen de dos millones y medio de pasajeros al año.
Para gestionarlo hay 91 trabajadores directos más unos 200 de diversas empresas concesionarias.
Hoy, un silencio sepulcral reina en la inmensa nave de salidas.
El caso es que el aeropuerto de Ciudad Real nada más que tiene tres vuelos semanales, que gestiona Ryanair gracias a una subvención pública.
La cafetería prácticamente solo se usa para servir el almuerzo a los mismos trabajadores que lunes, miércoles, jueves y sábados son las únicas personas que dan vueltas por los pasillos en todo el día.
Una obra de esta magnitud ha necesitado invertir, de entrada, 500 millones de euros.
Buena parte de ellos los ha puesto Caja Castilla La Mancha, que ha sido intervenida por el Banco de España, avalándola con millones de euros de dinero público.
Ahora, la Junta de Castilla-La Mancha ha inyectado al aeropuerto 140 millones más, que irán a compensar las pérdidas enormes y constantes. Salón de actos del aeropuerto
Ciudad Real tiene habitantes, cifra insuficiente a todas luces para justificar un aeropuerto de esta envergadura.
Tampoco tiene poblaciones cerca de ella que avalen la necesidad de un aeropuerto, ni de esa talla ni de ninguna otra.
Entonces, ¿quién promovió esta obra faraónica que a nadie beneficia?
La respuesta es clara: el beneficio estuvo en su construcción. Averigüemos quienes la promocionaron y conoceremos quienes se beneficiaron de ella.
No sorprende, por ejemplo, que el inefable Hernández Moltó, presidente de la Caja Castilla-La Mancha, a quien, sin tener formación suficiente, puso en el cargo el PSOE, esté siendo investigado por malversación de fondos.
Tampoco sorprende que el monto principal del dinero de los préstamos concedidos para la construcción del mencionado aeropuerto haya ido a parar a manos de media docena de constructores, amigos de los socialistas que gobiernan la comunidad autónoma.
Por ejemplo, Hernández Moltó le dio 100 millones de euros, sin avales suficientes, a Antonio Méndez Pozo, constructor y dueño de la Inmobiliaria Riovena y del Diario de Burgos, dinero que la Caja ha perdido.
Entonces, ¿en qué medida puede estar el PSOE metido en esta presunta trama de corrupción y malversación?
Lo único que está claro en todo este asunto es que muchos españoles siguen pasando calamidades mientras los políticos y sus amiguetes se lucran en sus cargos.