Componente I Seminario de cierre Programa ICT4GP “Fortalecimiento de los Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el Caribe a través del uso de TICs y de la promoción del acceso de las MIPyMEs”

Sylvia Elena Aguilar Camacho Coordinadora Ambiente y Desarrollo Fundación CEGESTI Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe

Compras públicas sostenibles Condiciones laborales: seguro social, salud y seguridad ocupacional, pago a tiempo, salario mínimo, entre otros. Compras Públicas Verdes Compras Públicas Sociales Minimización de impacto ambiental en el ciclo de vida del bien/servicio: menos residuos, menos consumo, alternativas realizadas con productos reciclados o que provengan de recursos renovables gestionados de forma sostenible, entre otros. Retorno social: Fomento de la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión, igualdad de oportunidades, apoyo a PYME, entre otros Mejor valor por el dinero

Actores involucrados Decisión de compra en el Sector Público Empresas Contratación de bienes y servicios Emiten normativa sobre compras públicas /Rectoría Facilitan plataforma para contratación administrativa Fiscalización, impugnación Crean capacidades UsuarioComprador institucional Emiten otra normativa que afecta compra pública (por ej., Ambiente, Trabajo, PYMEs, etc.)

Situación en América Latina y el Caribe

Normativa sobre compras públicas / Rectoría 40.6% de los países establecen algún tipo de regulación de compras sostenibles: algunas incluyen factores ambientales entre los criterios de evaluación de ofertas; otras prohíben o regulan la adquisición de determinados elementos o sustancias; otras establecen el uso obligatorio de estudios de impacto ambiental (en general para obra pública); otras establecen un principio de sustentabilidad ambiental para las políticas de compras, para los contratos o como objetivo general de la ley; en el caso de Venezuela, se establece el denominado “compromiso de responsabilidad social”. Destaca Ecuador, que regula las compras sustentables directamente a través de su norma constitucional. 50% de los países cuenta con un único rector, y 50% distribuye funciones entre diversos organismos Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Otorgan legitimidad a la adopción de criterios de sostenibilidad (aunque usualmente “permiten”, pero no “requieren” su adopción, por lo que se requiere más que solamente normativa) Dificulta la implementación de CPS (recursos y personal para pliegos únicos, estadísticas, capacitación, etc)

Otra normativa que afecta compra pública La compra pública no siempre se vincula con otra normativa ambiental, sanitaria, laboral, social. Por ejemplo, compra pública de productos sanitarios no registrados ante la Autoridad de Salud, contratación de servicios a precios que no cubren salarios mínimos de trabajadores, servicios prestados donde el Administrador sabe que no se cumplen derechos laborales a los empleados (pero “no puede hacer nada al respecto”) compra de productos de madera hechos con especies declaradas en veda total de aprovechamiento, entre otras situaciones. Apoyo al cumplimiento de la normativa ya existente debería ser un objetivo de CPS. Los compradores usualmente no tienen fácil acceso a la normativa (generalmente dispersa) que afecta los bienes/servicios que comprarán.

Empresas (oferta de bienes y servicios) Las MIPYMES tiene dificultades para cumplir con regulaciones ambientales/laborales. La existencia de sellos y ecoetiquetas es poco significativa en la región. No existe suficiente oferta de bienes / servicios sustentables Se debe conciliar el apoyo a MIPYMES con estrategia de compra verde, condiciones laborales, impacto social. Por el principio de libre competencia, igual no se puede exigir que los productores certifiquen sus productos; sin embargo, se evidencia la dificultad para la Administración para la verificación de consideraciones ambientales. Es importante que cada país priorice los bienes /servicios con los iniciará su programa de CPS (impacto, gasto, oferta en el mercado, entre otros factores a ponderar)

Compradores institucionales (la decisión de compra) 62.5% de los países tiene sistemas normativamente centralizado y operativamente descentralizado. Se percibe presión de los sistemas de compras para comprar al menor precio (aunado a la percepción de que los bienes sustentables son más caros) Mecanismos perversos: si no se gasta todo el presupuesto asignado, se reduce el monto para el año siguiente (ocasiona compras innecesarias) La mayoría de iniciativas, a nivel mundial, se enmarcan en gobiernos locales, pero en ALC no han llegado a ese nivel. Es necesario fortalecer la aplicación del concepto de mejor valor por el dinero. Interiorizar la CPS en la gestión de los presupuestos.

Compradores institucionales (la decisión de compra) El proceso de compra inicia con la necesidad por parte del usuario, seguido por la ejecución de la de compra –en el cual participa el comprador-, y culmina con la administración del contrato –según el país, puede ser una persona ajena al proceso de compra-. La implementación de convenios marco ha facilitado la inclusión de bienes/servicios sustentables al alcance de los compradores instituciones. Es importante que la creación de capacidades abarque a los diferentes involucrados. Continuar aprovechando el mecanismo de convenios marco para CPS; analizar el impacto de convenio marco en MIPYMEs.

Creación de capacidades Existen vacíos de conocimientos necesarios para la efectiva implementación de CPS. Algunos países cuentan con las guías y manuales generales para la aplicación de compras sustentables, sitios web, boletines. Algunas instituciones han desarrollado prácticas exitosas, pero ese conocimiento no se comparte con otros Los compradores requieren de mayor conocimiento técnico sobre la aplicación no sólo de la normativa de compra pública, sino de las leyes conexas que regulan el derecho laboral y ambiental. Falta desarrollar herramientas técnicas específicas (por ej., seguimiento a condiciones laborales, análisis de costo total de propiedad, etc.) Fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, a nivel nacional

En general sobre las estrategias/planes de acción Existen esfuerzos de arriba hacia abajo, así como iniciativas a nivel de instituciones específicas (ambos complementarios ). El intercambio de conocimientos y buenas prácticas, a nivel regional, permitiría acelerar la creación de capacidades en la región

En general sobre las estrategias/planes de acción En algunos países ha tomado el liderazgo en la estrategia la autoridad ambiental, en otros el ente rector de Contratación. La mayoría de las iniciativas se ha enfocado en integrar cuestiones ambientales, sin el mismo impulso en cuanto a rendimiento social, condiciones laborales, o inclusive cuestiones económicas. Se enfatiza que la CPS es una estrategia de compra pública que incluye temas ambientales/sociales/económicos. Asumirlo como un proyecto exclusivo de la autoridad ambiental podría restarle legitimidad ante los compradores públicos. Es positivo la cantidad de iniciativas que han surgido; pero todavía es necesario reforzar la “voluntad política” para brindar continuidad a estos esfuerzos y ampliar alcances. El éxito de las iniciativas se encuentra en la gradualidad y coordinación de políticas (incluyendo la participación multisectorial: ministerios de Trabajo, Ambiente, Economía, Hacienda y otros según sea apropiado en cada país, así como el sector privado)

La implementación de Compras Públicas Sostenibles en ALC muestra avances significativos y ha logrado ocupar un lugar importante en los sistemas de compra. Se percibe un gran interés tanto a nivel de los países como a nivel internacional, por apoyar en el tema, por lo que es importante que los países se preparen para aprovechar esta tendencia y crear sinergias que faciliten la implementación regional.

Gracias por su atención