Una política de Estado para la impunidad ( )

Presentación del tema: "Una política de Estado para la impunidad ( )"— Transcripción de la presentación:

1 Una política de Estado para la impunidad (2005-2015)
Por Laura Louza Directora de Acceso a la Justicia

2 Instituciones del sistema de justicia criminal y relación con la impunidad

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4 Número de jueces titulares y
provisionales, 2016

5 Promedio latinoamericano 2011: 7 fiscales por cada 100.000 habitantes

6 Número de fiscales titulares y
provisionales, 2016

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8 El estado venezolano invierte cada vez menos en el sistema de justicia

9 El estado venezolano invierte más en represión que en justicia

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11 ¿Qué pasa con la delincuencia?
Casi un 70% de casos no se denuncian (Encuesta de Victimización realizada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, CONAREPOL, 2007 y Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI, realizada por la UCAB, USB y UCV entre 2014 y 2016).

12 ¿Qué pasa con el Ministerio Público?
Cifras hasta 2011 De cada 100 delitos registrados, más de 86 no eran llevados a tribunales penales puesto que el Ministerio Público archivaba la causa o proponía un sobreseimiento de los cargos. Es decir que solo 14% de los delitos reportados llegaban en 2011 a un tribunal.

13 ¿Qué pasa con el Poder Judicial?
Cifras hasta 2011 De cada 100 delitos conocidos, el Poder Judicial dictaba 10,6 sentencias al finalizar el período. Es decir que solo 11% de los delitos conocidos obtenían una sentencia.

14 Los menos eficientes en tasa de resolución de casos:
los penales

15 Los menos eficientes en tasa de sentencia:
los penales

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17 Jueces y fiscales no cuentan con la estabilidad necesaria para garantizar su independencia política. 7 jueces y fiscales por cada h, 9 y 7 promedio AL, 2011 El número de policías ha disminuido, 309 (2006) vs. 281 (2014). 368 por h en AL, 2011. Menos presos, más delitos: 2014, presos (82 homicidios h) y 2015, (90 homicidios h). Hay muchos menos recursos asignados al sistema de justicia, menos del porcentaje del 2% constitucional: 1,6% en 2015 y 0,63% del PIB en 2014. Aún así, hay más recursos dedicados a instituciones represivas (policías, cárceles), y menos a las que garantizan derechos (Defensoría del Pueblo), inician (Ministerio Público) o tramitan y concluyen procesos judiciales (Poder Judicial). 70% de los delitos no se denuncian. El MP solo lleva al Poder Judicial el 14% de los delitos reportados por la policía. El Poder Judicial solo sentencia el 11% de los delitos que le lleva el MP. La administración de justicia penal es cada vez menos eficiente. En 2015 había menos presos que en 2014 aun habiendo más delitos.

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