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INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DERECHOS HUMANOS:

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Presentación del tema: "INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DERECHOS HUMANOS:"— Transcripción de la presentación:

1 INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DERECHOS HUMANOS:
UN ESTUDIO DE LA OMISIÓN JURÍDICAMENTE RELEVANTE Autora: Alina Nettel Barrera Año: 2017 Editorial: Tirant Lo Blanch (México)

2 Motivaciones y objeto de estudio
La mala administración es un lugar común que encuentra en las omisiones su mejor expresión. Las consecuencias: Pobreza, corrupción, desigualdad. La inactividad administrativa tiene repercusiones económicas y sociales de gran calado que abarcan diversos ámbitos sectoriales del derecho administrativo.

3 Diagnóstico y antecedentes
El derecho de petición y el silencio administrativo, han ofrecido técnicas de control jurisdiccional que no siempre responden a las necesidades de los interesados, comenzando porque queda en sus manos echar a andar la maquinaria administrativa para obtener una respuesta, en el marco de un procedimiento o proceso, que nos recuerda que es el propio ordenamiento quien tolera la inactividad.

4 Metodología y análisis
Se lleva a cabo una investigación sujeta al método realista del derecho donde se privilegian elementos de análisis jurídico en el contexto económico, social y político el fenómeno. Las técnicas de investigación son principalmente indirectas a través de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.

5 Aportes y conclusiones principales
La comprensión de la actuación administrativa en función de los derechos humanos ofrece una renovada forma de asumir los deberes impuestos por la norma. Particularmente, el derecho de petición, consagrado en la Constitución mexicana como un derecho fundamental, ha sido tradicionalmente vulnerado por la tolerancia de la inactividad procedimental mediante la técnica del silencio administrativo. Las fórmulas paliativas de atención a la inactividad administrativa, como la positiva o negativa ficta, deben reducirse a un ámbito funcional como la impugnación contenciosa a favor de fórmulas ágiles de resolución expresa. Entendida ésta, en el marco del derecho a la buena administración.


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