Pandillas criminales en El Salvador. Lecciones aprendidas Edgardo Amaya Asesor del Despacho Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

Antecedentes Las pandillas más grandes y difundidas en El Salvador son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Ambas se originaron en las calles de Los Ángeles de donde se diseminaron a los países de origen o ascendencia de sus miembros a partir de la década de 1990. Actualmente han constituido redes transnacionales del crimen y representan uno de los principales problemas de seguridad pública en los países donde operan.

Antecedentes En El Salvador, la Policía Nacional Civil estima la existencia de al menos 20 mil miembros de pandillas. En el sistema penitenciario hay más de 8 mil pandilleros presos. Se estima que un 45% de los homicidios son cometidos por pandilleros. Las pandillas han buscado constituir base social y redes de apoyo en las comunidades donde operan y la familia juega un papel importante en estas labores.

Un fenómeno reciente es la división de las principales pandillas principales y el aparecimiento de escisiones. En general, las pandillas han avanzado hacia manifestaciones de criminalidad más graves y complejas (Secuestro, extorsiones masivas, trata de personas, robo de vehículos, distribución de droga, lavado de activos) Miembros de pandillas han sido detectados en instituciones de seguridad.

Desafíos y lecciones A pesar de la evolución de las pandillas hacia formas manifiestas de criminalidad organizada doméstica y transnacional, no pierden sus características sociales originarias. En consecuencia, el gobierno ha reconocido la necesidad de abordar los contextos donde se alimenta este fenómeno a través de políticas de carácter preventivo y social. Por otro lado, desactivar la violencia pandilleril implica un conjunto de políticas y programas de atención a personas involucradas en ciclos de violencia. La aplicación de la ley, implica la mejora de los estándares de investigación criminal.

¿Qué se ha hecho? Básicamente las respuestas al fenómeno han sido fundamentalmente desde la aplicación de la ley. Creación de leyes antimaras (2003-2004): Se dictaminó la inconstitucionalidad de regular un derecho penal de autor y no de acto. La ley no fue admitida en los tribunales. Modificación de la ley penal (2004, 2010) vía delitos asociativos. Creación de leyes procesales especiales (Ley contra el Crimen Organizado, 2007) Ley de Proscripción de Pandillas (2010) Ley de rehabilitación y reinserción (en discusión)

Iniciativas sociales El gobierno oficializó en 2010 una Estrategia Nacional de Prevención en apoyo a los municipios, la que se implementa a través de Consejos Municipales de Prevención de Violencia. La idea fundamental es derivar y focalizar los recursos y servicios del Gobierno en los territorios que presenten situaciones de vulnerabilidad y riesgo para los grupos sociales que ahí habitan. Proyectos orientados a jóvenes: Proyecto ProJóvenES. Proyecto de Apoyo Temporal al Ingreso. Estrategia de Policía comunitaria Al mismo tiempo, el gobierno impulsa la construcción de un sistema de Protección Social Universal.

Se ha implementado un plan de dotación de útiles escolares, uniformes y acceso gratuito a la educación, con lo que se pretende ampliar el acceso a escolaridad de la población. Se han creado, a través de una amplia consulta, una Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y una Política Nacional Juventud, que tienen puntos de encuentro en la prevención y atención de la violencia.

Acciones institucionales Un aspecto clave para controlar el accionar de las pandillas ha sido el incremento de las condiciones de seguridad en los Centros Penitenciarios mediante regularización de visitas, vigilancia perimetral y registros por la Fuerza Armada, depuración de personal e inversión en tecnología para la seguridad. La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) ha establecido filtros para detectar y rechazar aspirantes con vinculación pandilleril. Se ha fortalecido la Inspectoría General de la PNC.

Finalmente, se trabaja en una ley que permita llevar a cabo procesos de retiro de pandilleros de dichas estructuras delictivas y se involucren en procesos de rehabilitación y reinserción, lo cual plantea desafíos altamente complejos.