Período post-independencia Las políticas agrarias siguieron en la línea de concentrar la propiedad y otros privilegios en la clase con mayor peso político y económico, que ahora con la independencia conducía la cosa pública.
Se pusieron en venta las tierras realengas (en manos de la corona española) y las de manos muertas. Inicialmente se limitó la venta a no más de 20 cuadras pero pocos años después el “techo” subió a 100 cuadras 1829
Con la esperanza de canalizar fondos para el erario público, se tomó la disposición de vender, además de las tierras de manos muertas, las baldías, las poseídas por particulares sin justo título. También se introdujo el arrendamiento de tierras del Estado con el mismo propósito 1835
Se decide pagar con tierras las deudas del Estado 1837
“Que el pueblo o sociedad que abriese nuevas y convenientes vías de comunicación o que mejorase las existentes, escombrándolas, haciendo calzadas en lugares pantanosos y practicando otras mejoras, sería recompensado con una cantidad de tierras baldías en el punto que designare” 1865
La concentración de la propiedad siempre contó con el apoyo de quienes conducían el Estado. En el gobierno de Santos Guardiola se promulgó una ley que “ampara con todo su poder a los propietarios de terrenos titulados en la pacífica posesión de toda la medida que correspondan sus títulos, sean cuales fueren los excesos que puedan contener y nadie tiene acción ni derecho para denunciarlos” 1856
Impuestos sobre la tierra y otros bienes (la necesidad de censos de bienes productivos) Hubo resistencia a los impuestos y 4 años después fueron suspendidos 1843