Al fundamentar el Dictamen de Ley Federal de Archivos. martes 31 de marzo de 2009 Hace ya algunos años, Daniel Cosío Villegas, cuando generaba esta prospectiva de lo que tendría que ser México, cuando hablaba del sistema político mexicano, nos invitaba a hacer cada vez más pública la vida pública. Y si lo que queremos es consolidar un Estado democrático de derecho, es evidente que todos quienes tenemos que ver con el ejercicio de la actividad gubernamental debemos tener claro que desempeñamos nuestro trabajo en una vitrina, que no hay información vedada para unos cuantos y lo que se hace en nombre y representación del Estado debe estar al alcance de la mano de todo mundo. Es por ello que las recientes legislaturas, incluida la nuestra, hemos establecido un entramado constitucional que ha perfeccionado figuras propias, decía yo, de un Estado democrático. Recientemente el artículo 6o. solidifica tres puntos de apoyo igualmente importantes para que estos principios cuajen y se consoliden: la transparencia, el tema de los datos personales que está también en el artículo 16 de la Constitución y el tema de los archivos. Resulta absurdo admitir y lo es, y al final hay que hacerlo, que en un país con una gran tradición archivística y con una riqueza documental, como pocos, en todos estos años de vida independiente nunca haya tenido México una Ley de Archivos. De suerte que es la legislación secundaria, o mejor dicho, la reglamentaria, los decretos, las circulares, lo que ha normado el desarrollo de un tema tan importante. La pérdida o lesión de documentos, el desaprovechamiento de la cultura y la historia ahí plasmados, o peor aún, el pretexto que les damos a algunas autoridades para no dar información, con el argumento de que no hay archivos, y como no los hay, no hay nada que se ponga a la disposición del ciudadano que tiene el deber, la prerrogativa de fiscalizar el trabajo de las autoridades. Por eso, celebramos la voluntad política de quienes se han sumado a iniciativas que han presentado la diputada Ruth Zavaleta, el diputado Carlos Madrazo, y el de la voz, y hayamos sido capaces de construir en un diálogo fructífero, pero republicano con el Ejecutivo federal, una ley que no sólo colma una laguna legal, sino incorpora normas aceptadas internacionalmente, reglas propias de países desarrollados y que hace, como dije, que abramos de par en par los archivos no sólo históricos sino contemporáneos para que la gente se asome a la actividad pública que, insisto, se lleva a cabo en su nombre y representación. Se le da al Archivo General de la Nación, una institución señera en las instituciones nacionales, el lugar que merece como el gran rector de la archivística nacional. En fin, avanzamos a pasos bien sólidos y acompasados, pero lo más importante es que lo estamos haciendo juntos. En temas de orden técnico, como el que nos ocupa, no cabe en las visiones partidarias sino pensar en un México de instituciones, en un México más luminoso, donde no priven ni los autoritarismos ni los caprichos, sino la voluntad de la ley, y que todo lo que se decide, lo que se hace como representantes de la comunidad, sea puesto más temprano que tarde a disposición de ellos.