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Publicada porFelipa Alvaro Modificado hace 10 años
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Las políticas de cuidado División de Asuntos de Género
en América Latina Sonia Montaño Directora División de Asuntos de Género CEPAL www. cepal.org/oig
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María de los Angéles Durán se refiere a la metáfora de Cronos (Dios griego del tiempo) comiéndose a su hijo como la forma inevitable de comprender al tiempo como algo que existe fuera de nosotros, que es incontrolable y que a pesar de todo lo que intentemos hacer, el tiempo sucede. Es a partir de esta reflexión que se empieza a medir el tiempo de las mujeres… Cronos: Según la profecía su hijo lo iba a traicionar y a destronar, Rea la esposa, cansada de perder a sus hijos en boca del marido, finalmente decide dar a su ultimo hijo a unos campesinos, Zeus. Efectivamente Zeus mata a su padre, lo destrona y se convierte en el máximo Dios del Olimpo. “Si las abuelas hiciesen huelga de cuidar nietos y enfermos mayores, su efecto sobre la economía nacional sería mucho más decisivo que la huelga de conductores de autobuses o controladores aéreos”. El valor del tiempo, María Ángeles Durán. Fuente: Goya, Cronos devorando a sus hijos, Museo del Prado, Madrid.
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Tiempo y cuidado son dos facetas del trabajo no remunerado que realizan las mujeres diariamente en las sociedades. Hoy existen varios avances en torno al reconocimiento y la valoración del trabajo no remunerado.
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América Latina: El cuidado en el máximo nivel legislativo, la Constitución Nacional
República Bolivariana de Venezuela (1999) Ecuador (1998) Estado Plurinacional de Bolivia (2009) República Dominicana (2010) Las reformas constitucionales, los cambios en la legislación de familia, el desarrollo notable de las estadísticas de género y, en particular, las encuestas de uso del tiempo, los programas de combate a la pobreza, las transferencias monetarias, las prácticas laborales, el cuidado infantil y la sensibilización de actores son algunos de los ámbitos donde se producen cambios. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reconoce de manera explícita el trabajo del hogar, como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, y el derecho de toda persona a la seguridad social —donde se incluye específicamente a las amas de casa— “como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad”. En la Constitución se afirma además que “la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección” y que “el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo”. En 2007, mediante el decreto 5370, se inicia la cancelación de una deuda histórica: mujeres comienzan a percibir el 100% del salario mínimo por sus años de trabajo como amas de casa. En el caso del Ecuador, la Constitución garantiza el derecho a la seguridad social irrenunciable para todas las personas, y además pone especial énfasis en el cuidado de adultos mayores al subrayar que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. De la misma manera, las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Además, se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Nueva Constitución Política del Estado establece en su artículo 338 que debe reconocerse “el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza que deberá cuantificarse en las cuentas públicas”. En este artículo se reconoce no solo el trabajo no remunerado de las mujeres, además se hace referencia a la necesidad de cuantificarlo en las cuentas nacionales, lo que plantea al país el desafío de desarrollar fuentes de información e implementar metodologías destinadas a la valorización económica de este recurso público no monetario. En la República Dominicana se proclamó la Nueva Constitución Política del Estado, donde se señalan el principio de igualdad, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico y la igualdad salarial por igual trabajo.
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Iberoamérica: Leyes de Cuidado
Tipo de Legislación América Latina, el Caribe y la Península ibérica Legislación Licencia Maternidad 20 Legislación, Madres Lactantes Licencias paternidad 12 Leyes de discapacidad 18 Legislación sobre trabajo doméstico 4 Convenio 156 OIT Sobre los Trabajadores con responsabilidades familiares 9 Autonomía económica Para mayor información ver: Observatorio + autonomía económica + Leyes de cuidado. Fuente: CEPAL, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Notas: *Caribe (19 países), América Latina (20 países) y Península ibérica (3 países).
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Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003) La mayoría de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. Para evitar la desprotección en la vejez hay que tener ingresos a través de la inserción en el mercado laboral. Hoy la familia actúa como principal mecanismo de absorción de riesgos económicos en la vejez (transferencias, prestación de servicios). La llamada “Escala de Madrid” permite hacer previsiones a nivel agregado de la demanda de cuidados, aplicando un coeficiente a cada grupo de edad. Respecto a los cuidados generales, de los que la salud sólo es un componente, la escala es la siguiente: población de 18 a 64 años, 1 punto; de 0 a 4, 2 puntos; de 5 a 14 años 1,5 punto; de 15 a 17 años, 1,2 puntos; de 65 a 74 años, 1,2 puntos; de 75 a 84 años 1,7 puntos; y de 85 y más años, 2 puntos. Puede ajustarse a la idiosincrasia de cada país o entorno social, o ajustarse para demandas sanitarias específicas. Es previsible que a corto plazo puedan realizarse nuevas versiones de esta escala, utilizando tanto la documentación empírica disponible como las entrevistas y talleres de trabajo con expertos de cada campo. El paulatino pero inexorable envejecimiento de la población de América Latina presenta dos características que preocupan: un ritmo más rápido que el registrado históricamente en los países desarrollados y; un contexto caracterizado por una persistente desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja cobertura y calidad y una demanda de cuidado creciente en las familias. En América Latina y el Caribe, se está produciendo un paulatino pero inexorable envejecimiento de la población y constituye un proceso generalizado, pues todos los países de la región se van convirtiendo, a distinto ritmo, en sociedades más envejecidas. Como es de prever, una transformación demográfica de este carácter tendrá profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos de las políticas públicas como la cohesión social, los derechos humanos y el papel del Estado. En América Latina y el Caribe, las estructuras familiares han experimentado cambios a causa del avance de la transición demográfica y, a medida que la población envejece, aumenta el porcentaje de hogares con presencia de personas mayores. Hasta ahora, la familia ha proporcionado apoyo emocional, económico, social y de salud a sus miembros de mayor edad, por lo que configura la entidad responsable de su cuidado e integración social (Villa, 2003). Sin embargo, la disminución del tamaño de la familia, la fuerte diversificación experimentada en las últimas décadas y la sobrecarga de tareas ocasionada a raíz de la necesidad de asumir nuevas demandas en un ámbito de creciente debilidad del Estado, derivan en una institución familiar con demandas excesivas que difícilmente podrá cumplir con todas las funciones asignadas si no cuenta con el apoyo necesario para lograrlo.
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El caso de Uruguay: la demanda de cuidado infantil
Desarrollo de un sistema amplio de cuidados para 0 a 3 años que no necesariamente implique la institucionalización de los más chiquitos. Universalización del derecho a las Asignaciones Familiares a hogares con hijos/as pequeños/as (0-2 años). Extensión de la jornada escolar para nivel preescolar y primaria o desarrollo de servicios contra-horario escolar. Extensión de la licencia por paternidad y maternidad. Desarrollo de licencias parentales.
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Uso del tiempo Hoy en América Latina son 9 los países que cuentan con encuestas o módulos de encuestas recientes sobre uso del tiempo (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Uruguay y Perú) y varios los que prosiguen con la medición del valor monetario del trabajo no remunerado. Resolución sobre Estadísticas de género de la CEA (2011) Link a la web: La resolución de la CEA: Estadísticas de género Estadísticas de género: (acuerdos) 13. Saluda la creación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres); 14. Reitera su compromiso con el fortalecimiento de las estadísticas de género, especialmente en las áreas prioritarias de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer: violencia contra las mujeres, empoderamiento económico, Objetivos de Desarrollo del Milenio, liderazgo y participación, paz y seguridad, planificación nacional e inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de presupuestos; 15. Insta a los países a seguir participando activamente en el desarrollo del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe como herramienta para la formulación de políticas públicas y apoyar a los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres con miras a cumplir los acuerdos del Consenso de Brasilia, aprobado por la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en su undécima reunión, realizada en Brasilia del 13 al 16 de julio de 2010; 16. Insta también a los países a incrementar los esfuerzos concretos para captar, mejorar y sistematizar las fuentes de información a partir de las cuales se generan los indicadores de género, entre otros los del Observatorio de igualdad de género, y a enviar periódicamente información actualizada sobre los indicadores del Observatorio relacionados con la autonomía física, económica y política de las mujeres; 17. Acoge con beneplácito el informe presentado a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su cuadragésimo segundo período de sesiones por el Grupo de Amigos de la Presidencia sobre indicadores de violencia contra la mujer y solicita a los países que den seguimiento a esos indicadores y, en la medida de lo posible, los integren con los indicadores de violencia psicológica y económica propuestos con anterioridad, e insta los países a seguir promoviendo la producción y el uso de registros administrativos en materia de violencia contra la mujer, con énfasis en los registros de femicidio y los relacionados con el indicador de violencia del Observatorio de igualdad de género relativo a muertes de mujeres por parte de una pareja íntima; 18. Acoge con beneplácito también la preparación por parte del grupo de trabajo sobre estadísticas de género, liderado por México, de la propuesta de clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe e invita a los países a utilizar el sistema de clasificación propuesto y enviar sus comentarios a la secretaría con la finalidad de perfeccionar esta herramienta fundamental para la armonización de las encuestas de uso del tiempo en la región;
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Uso del tiempo La ley 1413 de economía del cuidado en Colombia (Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas). Son 3 los países que están en proceso de implementar cuentas satélite que miden el trabajo no remunerado en las sociedades: México, Ecuador y Perú. Ley 1413 de economía del cuidado en Colombia:
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ANTECEDENTES: Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe ( ): “Realizar estudios y establecer mecanismos que permitan cuantificar la contribución y el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente las tareas domesticas, su participación en la agricultura y la alimentación y en la crianza de los hijos, e incorporar ese aporte a las cuentas nacionales”(Acción estratégica VI.c). “Promover y alentar la participación de la mujer y el hombre en pie de igualdad, alentando medidas tales como las licencias familiares para mujeres y hombres, de modo que tengan más posibilidades de equilibrar sus responsabilidades domesticas y publicas” (Acción estratégica VI.i). El papel de las Naciones Unidas ha sido fundamental para catalizar los esfuerzos de las mujeres a nivel regional en una ofensiva global que da lugar a redes internacionales de mujeres como estrategia para enfrentar la debilidad en sus países. Esta debilidad se producía ya sea porque muchos de ellos carecían de regímenes democráticos capaces de legitimar incipientes iniciativas de organización, reflexión y formulación de leyes y políticas, o porque en general prevalecían políticas neutras desde la perspectiva de género. Desde la primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, Cuba, 13 a 17 de junio de 1977), en que se adoptó el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, pasando por la sexta Conferencia Regional donde se aprueba el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, , que fue ratificado en el Consenso de Santiago (CEPAL, 1997) durante la séptima Conferencia Regional, hasta el Consenso de Quito adoptado por la décima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer de América Latina y el Caribe en 2007, los países de América Latina y el Caribe han dado grandes pasos en el proceso de institucionalización de las políticas de igualdad de género.
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El cuidado en los últimos 15 años
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995): se reconoce políticamente la necesidad de modificar la división sexual del trabajo en tanto construcción sociocultural. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y Consenso de Quito (2007): los gobiernos recuperan la centralidad de esta temática para la igualdad de género. Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer y Consenso de Brasilia (2010): los gobiernos se comprometen a “adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado”. El trabajo de las mujeres tiene dos caras: el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, sobre todo el trabajo doméstico y de cuidado. Para que la mujer se inserte en pie de igualdad con el hombre en el trabajo remunerado de la sociedad, se requiere aliviar la carga de trabajo no remunerado que pesa sobre sus hombros. Para lograr la igualdad, también es necesario que las mujeres participen plenamente de la vida política de sus países, es decir, en todos los niveles de toma de decisión, y que tengan una vida libre de violencia, donde se respete su cuerpo y puedan decidir libremente acerca de la reproducción.
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Tres de cada 10 mujeres no poseen ingresos
Tres de cada 10 mujeres no poseen ingresos... América Latina (15 países, zona urbana): Población sin ingresos propios por sexo, año (en porcentajes) Autonomía económica La proporción de mujeres sin ingresos propios en América Latina urbana alcanza, alrededor de 2008, al 31,6% mientras que la proporción de hombres llega sólo a 10,6%. Las disparidades entre países son importantes. Se observa que, mientras en el Estado Plurinacional de Bolivia la proporción de mujeres sin ingresos propios llega a 36,6%, en Uruguay solo el 16,8% de las mujeres no tienen ingresos propios. En las zonas rurales de América Latina, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios llega al 43,9% en comparación con el 13,6% de los hombres. Las disparidades entre países son aún mayores. Mientras en el Estado Plurinacional de Bolivia el 63% de las mujeres no tienen ingresos propios, en Guatemala llegan al 52%. Estos dos casos más críticos contrastan con el del Uruguay donde ellas solo son el 29,5%. Las mujeres sin ingresos propios son clasificadas como inactivas en las estadísticas de participación laboral por dedicarse sólo a los quehaceres domésticos no remunerados. El descenso del indicador de mujeres sin ingresos propios se relaciona entonces más bien con el incremento de la participación laboral de las mujeres en los sistemas de empleo de la región, tanto en medio urbano como en medio rural. En 2008, el promedio de la tasa de participación de las mujeres urbanas alcanza el 52%, superando por 10 puntos porcentuales la tasa media observada en 1990 (CEPAL, 2010a). También aumentó la participación laboral de las mujeres rurales entre 1990 y 2005 (FAO, 2010). a/Alrededor de 2008 comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en el año 2008 con excepción de : Bolivia (Est. Plur. de)2007, Chile 2006,El Salvador 2006, Guatemala 2006, Honduras 2007. Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. a/Alrededor de 2008 comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en el año 2008 con excepción de: Bolivia (Est. Plur. de) 2007, Chile 2006, El Salvador 2006, Guatemala 2006, Honduras 2007 .
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…El uso del tiempo que no se ve, no se mide y no se valoriza América Latina (5 países): Tiempo destinado al trabajo total remunerado y no remunerado, población ocupada de 15 años o más, según sexo y zona de residencia (En horas semanales) Autonomía económica Este debate sobre el cuidado asignado cultural e históricamente a las mujeres ocurre simultáneamente mientras se producen profundos cambios sociológicos y demográficos y surgen importantes movimientos sociales de mujeres que cuestionan y visibilizan el trabajo doméstico no remunerado. La mayor inserción laboral de las mujeres ha tenido como consecuencia una considerable extensión del tiempo de trabajo, debido a que ellas mantienen sus responsabilidades familiares mientras los hombres se dedican exclusivamente al trabajo remunerado. Las últimas encuestas de uso del tiempo realizadas en la región confirman, más allá de los problemas de comparabilidad internacional, la existencia de un patrón común, Este patrón se puede observar tanto en el medio rural como urbano, con una mayor dedicación — en términos de horas semanales— de las mujeres rurales al trabajo doméstico no remunerado en la casi totalidad de los casos. Esto podría relacionarse con el peso de la tradición, con los índices de fecundidad más altos y con la falta de acceso de los hogares rurales a los servicios sociales básicos. La doble jornada significa contar con menos tiempo para el trabajo remunerado y, por ende, con menos ingresos monetarios. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del procesamiento especial de encuestas de uso del tiempo o preguntas sobre el tiempo destinado a actividades remuneradas y no remuneradas de cinco países con periodicidad semana: Brasil (2008), Colombia (2007), Ecuador (2008), México (2009) y Uruguay (2007). Nota: Los países no utilizan la misma clasificación de actividades para definir el trabajo no remunerado. Tampoco son comparables en relación con el tipo de cuestionario aplicado y las metodologías empleadas para captar la información. Los resultados se presentan con fines ilustrativos, más que para comparar magnitudes, a fin de mostrar similitud en los comportamientos de hombres y mujeres en las tres variables analizadas. 13
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Más del 12% de las mujeres trabaja en empleo doméstico, menos del 1% de los hombres se encuentra en la misma situación… América Latina (promedio simple de países): porcentaje de población económicamente activa ocupada en empleo doméstico, zonas urbanas, alrededor de La división del trabajo entre los sexos se refleja a su vez en la desproporcionada carga de trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, quienes —a pesar de trabajar de manera remunerada— asumen la carga del cuidado, mientras la cantidad de hombres dedicados a quehaceres domésticos no pasa del 1%. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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Las mujeres reciben menos que los hombres…
América Latina (países seleccionados): Población mayor de 60 años que percibe jubilación, por sexo, urbana, alrededor de 2008 (en porcentajes) La débil perspectiva de género de las políticas públicas explica, en parte, que la protección social durante la vejez en América Latina —calculada mediante las pensiones recibidas— es en general menor para las mujeres que para los hombres. Si bien la inserción laboral femenina registra un aumento considerable en los años sesenta, es más acelerada y global a fines de la década de 1980 y principios de Esto significa que las mujeres se convirtieron en participantes regulares del mercado del trabajo, en un período en que las condiciones laborales se fueron restringiendo (mayor precarización y más informalidad) y los sistemas de seguridad social se estaban reformando, con consecuencias importantes en términos de acceso y cobertura contributiva. Las mujeres, en este sentido, fueron invisibles en los procesos de reformas, que no dieron ninguna respuesta a las inequidades de género que históricamente presentaba su inserción en la actividad económica y en los sistemas de protección social, sino por el contrario, las inequidades se fueron acentuando. Como corolario, las mujeres han tenido, y siguen teniendo menores ahorros previsionales y sus derechos a prestaciones y a garantías públicas son restringidos.
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¿Quo vadis las políticas públicas?
Empleo Desarrollo productivo Empleo informal Transferencias Monetarias Condicionadas Los ingresos y los derechos que se obtienen del cuidado son menores a los que se adquieren en el empleo regular y nunca son suficientes para adquirir la independencia económica y protegerse de la pobreza a lo largo del ciclo vital. La creación y ampliación de los sistemas fiscales, aun habiendo sido un paso fundamental y muy positivo para acortar las desigualdades, se ha producido en una etapa histórica en la que la división del trabajo aparecía como «natural», y por tanto la reflejan y la reproducen, dando así origen a nuevas discriminaciones de género. Algunos elementos, combinados, potencian el mantenimiento de muchas mujeres en la situación de amas de casa o en la economía sumergida: las pensiones de viudedad, la declaración conjunta en los impuestos personales (cualquiera que sea su modalidad), las prestaciones condicionadas a la no percepción de ingresos propios, o las «protecciones» laborales diferenciales que lastran la demanda de mano de obra femenina por parte de las empresas, son ejemplos clarificadores. Los nuevos instrumentos fiscales que se han desarrollado al margen de los sistemas fiscales “ortodoxos” (parte de la nueva política social) a partir de políticas focalizadas como las Transferencias Monetarias Condicionadas utilizan de manera masiva a las mujeres como beneficiarias instrumentales. Aquí se asume y se reproduce la idea de que son las mujeres las responsables de las tareas de cuidado infantil, y por tanto son ellas las que, convenientemente estimuladas para hacerlo, deben sustituir al Estado y a la política social convencional en su tarea de garantizar condiciones de salud y educación a los niños y niñas. El que sean las madres las que dentro del ámbito familiar asuman esta responsabilidad, tiene consecuencias muy negativas para la igualdad entre los hombres y mujeres de los países donde se aplican estos programas. En este sentido, “las políticas para las mujeres” contribuyen a que ellas permanezcan en el hogar o en la economía sumergida, aunque sea durante periodos determinados y/o parcialmente: estas prestaciones se otorgan a las mujeres mientras duran las tareas de cuidado; y en general dificultan o impiden la inserción en el empleo de calidad. Los ingresos y los derechos que se obtienen en función del cuidado siempre son menores que los adquiridos mediante la inserción en el empleo regular y nunca son suficientes para adquirir la independencia económica y protegerse de la pobreza a lo largo del ciclo vital (SAINSBURY, Diane (ed.) (1999): Gender and Welfare State Regimes, Oxford University Press). Las políticas públicas reflejan y potencian un modelo de organización social basado en la familia de hombre proveedor/mujer cuidadora, aunque esa ya no es la única realidad. La mayor parte de las mujeres se han incorporado al trabajo asalariado (aunque no al empleo de calidad), mientras que los hombres siguen sin incorporarse al trabajo reproductivo; conformando un contexto social que es más bien el de hombre proveedor/ mujer proveedora y cuidadora. Sin embargo, persiste aún la falta de derechos y se mantienen las regulaciones que promueven la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico y/o sumergido, así como el desentendimiento de los hombres de la esfera doméstica. Ello no sólo es una gran fuente de estrés, agotamiento y pobreza para las mujeres (y sus familias), así como un despilfarro enorme de capital humano, sino que además compromete seriamente el futuro de los países.
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Muchas gracias!
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