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"Tendencias Legislativas en el Derecho Administrativo

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Presentación del tema: ""Tendencias Legislativas en el Derecho Administrativo"— Transcripción de la presentación:

1 "Tendencias Legislativas en el Derecho Administrativo
Conferencia dictada por la Dra. Hildegard Rondón de Sansó en el III Congreso de Derecho Administrativo-Margarita 2011, el día viernes 25 a las 11:00 am. Universidad Corporativa SIGO. Porlamar, Isla de Margarita. "Tendencias Legislativas en el Derecho Administrativo con especial referencia al Procedimiento Administrativo"

2 I.- LAS TENDENCIAS MÁS NOTORIAS EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA.
CONTENIDO I.- LAS TENDENCIAS MÁS NOTORIAS EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA. 1.- Primera Tendencia. Legislación Delegada. 2.- Segunda Tendencia. Constantes Reformas. 3.- Tercera Tendencia. Otorgamiento de amplias potestades al Ejecutivo. 4.- Cuarta Tendencia. Mayor brevedad de los Procedimientos Administrativos. 5.- Quinta Tendencia. Presencia del Principio de Participación. 6.- Sexta Tendencia. Predominio de la Función Fiscalizadora. 7.- Séptima Tendencia. Amplia Discrecionalidad. 8.- Octava Tendencia. Inclusión de “mecanismos alternos” de solución de conflictos. 9.- Novena Tendencia. La expropiación como medida sancionatoria.

3 II.- LA EXPROPIACIÓN EN LAS NUEVAS NORMAS ADMINISTRATIVAS.
1.- La expropiación en la normativa constitucional. 2.- Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social. 3.- El juicio de expropiación 4.- Ocupación Temporal. Supuestos. 5.- Ocupación Previa. Requisitos. III.- LA EXPROPIACIÓN COMO MEDIDA SANCIONATORIA 1.- Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 1.a.- El régimen expropiatorio en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 1.b.- Análisis del artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 1.c.- Otras medidas “ablatorias” en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 1.d.- Análisis de algunas expropiaciones fundadas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 1.e.- Adquisición forzosa de los muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Sanitarios Maracay, C.A.

4 IV.- LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
1.- Medidas cautelares en el procedimiento administrativo. 2.- Las medidas cautelares previstas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 3.- Ley Sobre el Delito de Contrabando 4.- Medidas Cautelares en la Ley de Contrataciones Públicas. V.- LAS NUEVAS MODALIDADES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA 1.- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 2.- Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 3.- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N° 6013, del 23 de diciembre de 2010. 4.- Ley de Gestión Integral de la Basura 5.- Ley de Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Asociaciones Similares

5 LAS TENDENCIAS MÁS NOTORIAS EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA.
PRIMERA TENDENCIA: REGULACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN BASE A UNA LEY HABILITANTE. Ámbito: La regulación normativa en el campo administrativo. La primera tendencia que debemos resaltar es la regulación normativa en el campo administrativo, por parte del Poder Ejecutivo, mediante delegación de la Asamblea Nacional. Es decir, que la materia de los procedimientos administrativos va a ser el objeto de leyes delegadas en virtud de una ley habilitante, mediante la cual, la Asamblea Nacional faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para ejercer competencias que le pertenecen, mediante decretos con rango, valor y fuerza de ley. El origen de la función normativa del Gobierno reveló la deficiencia del esquema rousoniano de la división de los poderes, puntal de la Revolución Francesa, donde se habla de un Poder Legislativo preeminente que opera en cualquier materia de interés general y un Poder Ejecutivo subalterno que se limita a ejecutar.

6 Régimen en la Revolución Francesa.
Fue así como en la Francia Revolucionaria surgió inicialmente la figura omnipotente del Parlamento, pero era necesario que el Gobierno constituyese una fuerza de equilibrio. El reglamento espontáneo. Con la Constitución consular del 22 frimario del año VIII (13 de diciembre de 1799) comienza a adquirir facultades normativas al establecer la Constitución aludida que le corresponde dictar los reglamentos necesarios para asegurar la ejecución de las leyes “sin poder sustituirlas, alternarlas ni derogarlas”. Estaba surgiendo así el llamado “reglamento espontáneo” que deriva de una potestad conferida por la Constitución. El Reglamento de Administración Pública. Surge en la misma Constitución de 1799 el Reglamento de Administración Pública, antecesor de los decretos leyes el cual permite al Ejecutivo intervenir por disposición del legislador a colaborar con él, desarrollando los lineamientos de la ley y produciendo un decreto sometido al Consejo de Estado, cuyo dictamen sin embargo, no es vinculante. Aun hoy existen en Francia estos reglamentos que se equiparan a un acto legislativo y no pueden ser recurridos ante el Contencioso Administrativo.

7 Errónea equiparación entre normación ejecutiva y prerrogativas monárquicas.
El movimiento liberal que sigue a la Revolución Francesa, tiende a rechazar los poderes normativos del Ejecutivo, los cuales identifica en forma equivocada con las prerrogativas del Monarca del “ancien régime”. A pesar de tales desconfianzas, se fortalece el poder reglamentario y comienzan a surgir los reglamentos dictados en virtud de una habilitación legislativa expresa. Surgimiento de las leyes habilitantes. Surgen así las llamadas “leyes habilitantes” que autorizan, o más aún, obligan al Ejecutivo a desarrollar normas que sean complementarias de dicha ley. Es decir, el legislador invita al gobierno a dictar actos reglamentarios que no están destinados a la simple reglamentación de la ley, sino a regular cosas nuevas. La habilitación al gobierno puede versar sobre cualquier materia, salvo las de reserva legal. Es allí donde comienza la necesidad de justificar jurídicamente el origen de los decretos leyes.

8 Origen de los Decretos Leyes en Venezuela.
Los decretos leyes aparecieron en el tercer decenio del siglo XX, haciendo evidente la diferencia entre ley formal y actos normativos del Ejecutivo. En la Constitución de 1945 donde se inicia el régimen de los decretos-leyes. Esta Constitución al fijar las atribuciones comunes de las Cámaras legislativas, las facultaba (art. 73 ordinal° 23) para “autorizar temporalmente al Presidente de la República para ejercer determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica de la Nación cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran”. Correlativamente al señalar las atribuciones del Presidente de la República, estableció que le correspondía ejercer como suyas la facultad del artículo 73, ord. 23. Este texto fue transcrito en la Constitución de 1947 (art. 162 ordinal 9° y 198 ordinal 30°). Constitución de 1961. Llegamos así a la Constitución de 1961 donde aparece un texto diferente en el ordinal 8° del artículo 190 que establece la facultad del Presidente de la República de dictar actos normativos en virtud de una ley denominada habilitante. Naturaleza del acto. Al respecto se discutió mucho sobre la naturaleza del acto del Congreso, planteándose al efecto, las siguientes posibilidades:

9 Autorización. Que fuese un acto “autorizatorio” de una facultad acordada al Presidente en el texto constitucional. Recuérdese que la autorización es un acto constitutivo, dirigido bien, a permitir que una decisión anterior adquiera eficacia jurídica, o bien, a levantar un obstáculo preexistente para el ejercicio de un derecho. Es decir, se está haciendo referencia a la figura del “acto-condición”, cuyo objetivo es: a) posibilitar el ejercicio de un derecho; b) bien, permitir que el acto o los actos que sirven de base a la situación jurídica, puedan producir determinados efectos; c) o bien, eliminar las circunstancias que constituyen los requisitos establecidos para la plenitud de dicha situación. Habilitación. Otros estimaban que era una “habilitación”, es decir, un acto creador, por sí mismo, de una facultad jurídica necesaria para el desempeño de una tarea o competencia.

10 Delegación. En tercer lugar estaba la tesis de la doctrina alemana que lo calificaba como un acto de “delegación de poderes”, por cuanto era la vía para que el Poder Legislativo se desprendiese de una o varias materias, para otorgarlas al Jefe del Estado, reservándose o nó su ejercicio. Esta última tesis era objeto de críticas por considerarla atentatoria del principio de la indelegabilidad de las funciones legislativas. En consecuencia, era algo así como una herejía el pensar en la existencia de una delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, aún cuando se limitase a temas muy puntuales.

11 Ley habilitante del 61. Límites.
Por lo que respecta a la ley habilitante en la Constitución de 1961, la misma solo podía ser dictada sometiéndola a límites sustantivos, (esto es, circunscrita a determinadas materias) y, a una especificidad con relación a los motivos. Por lo que atañe a las materias, las mismas estaban limitadas a las de naturaleza económica o financiera y, por lo que concierne a los motivos, era necesaria la existencia de un interés público.

12 Ley habilitante del 99. Naturaleza.
Por el contrario, la Constitución de 1999, al consagrar la posibilidad de las leyes habilitantes, eliminó las reservas que se habían mantenido contra dicha figura, reconociendo que la Ley Habilitante implicaba una delegación, es decir, que el Legislativo, al acordarle al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, estaba delegando su poder de legislar en otro órgano del Estado. Al efecto, el artículo 203, último aparte, de la Constitución, habla expresamente de delegación al definir a las leyes habilitantes como: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio”.

13 Limitaciones en el sistema de 1999.
Además, la Constitución del 99 eliminó las limitaciones que contenía la del 61, tanto las relativas a la materia, como a los motivos. Es decir que la Ley Habilitante no se limita como sucedía en la Constitución del 61 a facultar al Ejecutivo para dictar “medidas en materias económicas y financieras”, sino que cualquier materia puede ser objeto de la delegación. En el mismo sentido, no se exige una situación específica para que el legislador pueda delegar sus funciones. Planteado lo anterior, no puede entenderse como el legislador esté facultado para establecer las “directrices, propósito y marco de las materias” pero no así su contenido, por cuanto ello equivaldría a decir que el Ejecutivo está libre de escoger las materias sobre las cuales desee dictar decretos, sino que es necesario siempre, que el legislador señale cuales son las materias que serán objeto de la legislación mediante decreto. Diferencia esencial entre 1961 y 1999. La diferencia entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999 está en el hecho de que en el 61, el legislador solo podía delegar las materias económicas y financieras, en cuanto que, en la Constitución del 99, el legislador puede delegar cualquier materia de las que forman parte de su competencia, siempre y cuando le indique al “delegatario” las pautas generales, los objetivos y el ámbito de la delegación.

14 Leyes habilitantes recientes.
En el último quinquenio, han sido dictadas dos leyes habilitantes que han permitido al actual Presidente de la República, legislar en un ámbito ilimitado de las competencias nacionales -y, específicamente, por lo que concierne al tema que nos ocupa-, relativo a los procedimientos administrativos, el mismo ha sido objeto de los decretos derivados de las leyes habilitantes. Tendremos que hacer referencia a la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial N° , del 1 de febrero de 2007, que tuvo una duración de dieciocho meses.

15 La segunda Ley Habilitante tiene el mismo nombre de la anterior, y fue publicada el 17 de diciembre de 2010, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° y, a la cual, se le dio una vigencia igual a la que la precediera, es decir, de dieciocho meses. Igualmente, es bueno recordar que al iniciarse el Gobierno del Presidente Chávez, le fueron acordadas facultades para dictar medidas extraordinarias, con anterioridad a la vigencia de la Constitución Bolivariana, es decir, mediante una ley basada en la disposición del ordinal 8° del artículo 190 de la a Constitución de 1961.

16 Valoración de la Primera Tendencia:
La valoración de la tendencia debe ser entendida en su restringido alcance, porque la misma en forma alguna desea discutir sobre la ventaja o desventaja de las leyes delegadas en forma general, sino sobre los eventuales beneficios o eventuales daños aportados por la normativa derivada de la habilitación legislativa. 1.- Mejor elaborados Al respecto, podemos señalar que, concretamente, los decretos ejecutivos con rango, valor y fuerza de ley, durante los dos últimos períodos legislativos han resultado más serios, mejor elaborados y, en general, técnicamente más favorables a las instituciones que fueron su objeto, que las actuaciones de la Asamblea Nacional. Ésta ha perdido el tiempo, presentando leyes poco elaboradas y sin sentido crítico alguno, como las del Tribunal Supremo de Justicia y la de la jurisdicción contencioso administrativa.

17 2.- Numéricamente. Desde el punto de vista numérico su labor, salvo la de los 15 últimos días de diciembre de 2010, fue poco productiva, a lo cual siguió en el último período señalado el alud de leyes aprobadas a toda prisa, sin respetar lapsos, ni reglas, demostrando un divorcio total y completo con el sentir de la Nación, ya que las aprobadas no tuvieron discusión alguna o bien, se consideraron discutidas, pero que, en realidad, no lo fueron y, cuyo contenido aludió al deseo de imponer en el papel un sistema jurídico de espaldas a la Constitución. 3.- Balance favorable para legislación delegada. De allí que, al encontrarnos con decretos del Ejecutivo cuya temática nos guste o no y las soluciones otorgadas a los problemas, han sido en su mayoría, correctamente elaborados, seguramente discutidos en Consejo de Ministros, por cuanto este organismo es una de sus fuentes, debemos alegrarnos que la normativa provenga de la legislación delegada y no, de la propia Asamblea.

18 4.- Vicios de la legislación formal.
Pensamos que es necesario, un trabajo minucioso de análisis de lo poco que ha producido la Asamblea Nacional en los dos últimos quinquenios y, en la mala calidad de las leyes que nos impusieron en definitiva, la mayoría de las cuales habrían debido ser vetadas por el Presidente, por falta de técnica legislativa y otros vicios. Comparada con tan pobre rendimiento, la legislación delegada que nos ha sido ofrecida, se presenta como de una gran riqueza, con independencia de, si estamos de acuerdo o no con su tendencia y, de las confrontaciones que plantea con las fuentes de mayor rango y, asimismo, la eventual colisión con leyes anteriores.

19 SEGUNDA TENDENCIA: CONSTANTES REFORMAS.
La segunda tendencia que aparece en el campo legislativo es común no solo a las normas administrativas, sino en general, a casi todas las disposiciones que han sido puestas en vigencia en los últimos diez años. Esta tendencia se encuentra en las constantes reformas que dichas normas sufren, al punto de que su vida útil no excede de un año de vigencia, por lo cual cabe la pregunta: ¿cuál es la razón que lleva a crear esta manifiesta inestabilidad en el ámbito normativo, con respecto a una disciplina recientemente regulada? Carácter experimental. Las respuestas pueden ser variadas y la más evidente de todas ellas, es la que estimaría que las normas dictadas tienen siempre un carácter experimental, por lo cual, una vez verificada su eficacia en el campo al cual van dirigidas, se valora si la misma fue positiva o no y, en el primer caso, si es necesario acentuar alguno de sus rasgos, caso en el cual se procede a efectuar la reforma.

20 Norma termómetro. Otras respuestas son también posibles, como lo es la que nos señala que, por cuanto toda reforma normativa implica una transformación sensible del sistema, la primera norma que se dicta es una especie de termómetro que mide el impacto del fin que con ella se persigue. Es necesario así, analizar la intención que está detrás de la reforma, la cual consideramos como de esencial importancia, por cuanto, su conocimiento es lo que permite adquirir una cultura político-jurídica sobre las verdaderas razones perseguidas en un determinado período histórico. Normas de contenido fiscal. Por el momento debemos exponer los casos más resaltantes de las reformas normativas repetidas en lapsos relativamente breves. Podemos señalar que, las primeras leyes que han sufrido el proceso de cambios inmediatos son las de contenido fiscal. En efecto, en esta materia el legislador atiende a los criterios de los ajustes inflacionarios: de costo de la vida y de otros variados factores que lo obligan a ajustar el impuesto, la tasa o la contribución a la realidad nacional. De allí que es esta especialidad donde vamos a encontrar múltiples ejemplos de la tendencia señalada.

21 Impuesto sobre la renta.
Comenzamos por la más representativa de todas que se refiere al impuesto sobre la renta, y si queremos partir de la primera ley habilitante que le otorgara potestades del Congreso de la República al Presidente Chávez, nos vamos a encontrar con lo siguiente: La Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta que fuera publicada en la Gaceta Oficial N° de fecha 13 de noviembre de 2001, página 1/29. Fue reformada un mes después con la Ley de Reforma Parcial, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.566, del 28 de diciembre de 2001 (página 1/28). Esta ley quedaría en vigencia por casi cinco años, pero el 25 de septiembre del 2006, fue publicada una nueva Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dictada por la Asamblea Nacional y aparecida en la Gaceta Oficial N°

22 Régimen de Aduanas. Otra materia que nos ofrece constantes cambios normativos, es la relativa al régimen de aduanas. Así, la Ley Orgánica de Aduana que fuera publicada en la Gaceta Oficial N° del 5 de noviembre de 1998 (página 1/31) por vía de Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° Otro Decreto análogo, marcado con el número 150, ordenó su reforma parcial, que fuera publicada en la Gaceta Oficial N° del 17 de junio de 1999 (página 1/16). Ahora bien, la Gaceta Oficial N° del 21 de febrero de 2008 (página 4/20) nos trae el Decreto 5.879, con la cual se efectuó nuevamente la reforma parcial de dicha Ley Orgánica de Aduana. Impuesto al débito bancario. Siempre en el ámbito impositivo encontramos que una materia que ha tenido constantes reformas es la concerniente al Impuesto al Débito Bancario, establecido mediante Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 118, publicado en la Gaceta Oficial N° del 4 de mayo de 1999 (página 1/3). Esta norma aludida va a ser modificada cuatro meses después, mediante el Decreto 358, publicado en la Gaceta Oficial 5.394, el 25 de octubre de 1999 (página 22/24). Una nueva reforma parcial se va a producir alrededor de cinco meses más tarde, mediante el Decreto N° 358, publicado en la Gaceta Oficial N° del 17 de marzo de 2000 (paginas 2/4).

23 En la Gaceta Oficial N° , del 11 de marzo de 2002 (página 1/5), cambiará el dispositivo, ya que la misma contiene una nueva ley de impuesto al débito bancario; pero, seis meses más tarde, es publicada en la Gaceta Oficial N° 5.599, el 21 de agosto de 2002 (página 1/5) otra ley que la reformará parcialmente. Mediante Ley de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° , del 14 de marzo de 2003 (pagina 1/6), se produjo una ulterior reforma de la misma naturaleza de las dos últimas reseñadas. En el año 2004 una nueva ley establece el impuesto al débito bancario, dictada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial N° del 11 de marzo de 2004 (página 3/7). La reforma parcial de esta ley no se hace esperar, y es así, como en la Gaceta Oficial N° , del 16 de diciembre de 2004 (página 1/7) es publicado un nuevo texto reformatorio.

24 En la misma línea anterior, la Gaceta Oficial N° 38
En la misma línea anterior, la Gaceta Oficial N° , del 1 de diciembre de 2005, (página 2/7) contiene otra ley de reforma parcial del impuesto al débito bancario. Finalmente, el 8 de febrero de 2006, es publicada en la Gaceta Oficial N° , la derogatoria de la Ley que estableciera el impuesto que fuera objeto de la larga cadena de disposiciones precedentemente reseñada. Ley de Timbre Fiscal. Otra de las leyes fiscales que ha tenido varias reformas es la Ley de Timbre Fiscal, dictada en En el 2008, es objeto de reforma y así mismo es dictada una nueva, en noviembre de 2010 y, la última, en diciembre de 2010.

25 Registro Público y Notarias
Por lo que respecta a la materia de Registro Público y Notariado, encontramos también una serie de reformas, desde la modificación del sistema que produjo el Decreto N° 362 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Registro Público. Posteriormente, es dictado el Decreto N° que fuera publicado el 13 de enero de 2001, en el cual se regulan el registro público y el notariado en forma conjunta, pero este texto será modificado completamente por la Ley de Registro Público y Notariado del 22 de diciembre de 2006 (Gaceta Oficial N° ).

26 Ley de Licitaciones. Ley de Contrataciones Públicas.
De mucha importancia y ya fuera del ámbito del régimen fiscal impositivo, está la Ley de Licitaciones, cuyo objeto está regulado actualmente por la Ley de Contrataciones Públicas. Al respecto la primera Ley de Licitaciones fue dictada el 10 de agosto de 1990, publicada en la Gaceta Oficial N° En fecha 11 de octubre de 1999 fue publicada en la Gaceta Oficial N° (página 1/32) el Decreto N° 296 con rango y fuerza de ley, que reforma a la antes aludida Ley de Licitaciones. Posteriormente, un año y algo más, esta ley va a ser modificada mediante el Decreto con rango y fuerza de ley, que hace su reforma parcial, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° , del 12 de diciembre de 2000 (página 1/17).

27 La nueva reforma parcial de la misma ley, provino del Decreto N° 1
La nueva reforma parcial de la misma ley, provino del Decreto N° publicado en la Gaceta Oficial N° 5.556, del 13 de noviembre de 2001 (página 34/63). Ahora bien, en fecha 14 de marzo de 2008, el Decreto hizo un cambio de mucha importancia, al dictar la Ley de Contrataciones Públicas, (Gaceta Oficial N° 5.877). Esta última ley fue modificada casi inmediatamente, después de su promulgación, mediante el Decreto N° 5.929, de la Presidencia de la República, del 25 de marzo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial N° En el año 2009, específicamente, el 24 de abril, la Asamblea Nacional dicta la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° con rango valor y fuerza de ley de la Ley de Contrataciones Públicas y, finalmente, es dictada la ley actual, que fue promulgada dos meses más tarde, y se denominó Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, emanada de la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial N° , del 6 de septiembre de 2010 (página 1 /17).

28 Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios
Otras normas que han sufrido constantes reformas son las relativas a las Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración y, asimismo, las relativas a la relación de empleo público y, una de sus consecuencias como lo es el régimen de jubilaciones y pensiones. Al efecto: Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, fue publicada en la Gaceta Oficial Nro: del 28 de abril de 2006 (Páginas 1/5). Posteriormente, es reformada en forma parcial por la ley de su mismo nombre; y publicada en la Gaceta Oficial Nro: 38501, del 16 de agosto de 2006 (páginas 1/5).

29 La subsiguiente reforma del mismo texto se produjo mediante la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial Nro: 5976, del 24 de mayo de 2010 (páginas 1/5). En este mismo campo de la relación de empleo público, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39592, del 12 de enero de 2011 (páginas 2/5), la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que ha sido objeto de impugnaciones y de severas críticas.

30 Otra esfera que, ha sido objeto de constantes revisiones normativas es la relativa a la Seguridad Social, dentro de la cual se encuentran una siempre renovada legislación en el Subsistema de Pensiones; en materia de la seguridad social y cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones similares. Por lo que atañe al Subsistema de Pensiones, debemos citar la siguiente secuencia: Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 426, con rango y fuerza de Ley que regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: del 09 de enero de 2001 (Páginas 22/38). Ley de Reforma Parcial del Decreto No. 426, con Rango y Fuerza de Ley que regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: del 23 de enero de 2001 (páginas 17/32). Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: 5543 del 11 de julio de 2001 (Páginas 7/23). Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial 5540 del 30 de junio de 2001 (Páginas 7/22)

31 Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones
Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: 5568 del 31 de diciembre de 2001 (Páginas 20/38) Ley de Reforma Parcial que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: del 26 de junio de 2002 (Páginas 21/37). Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial Nro: 5543 del 11 de julio de 2001 (Páginas 7/23). Ley de Reforma Parcial de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones. Gaceta Oficial 5540 del 30 de junio de 2001 (Páginas 7/22) El Subsistema de pensiones va a ser incorporado a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y, es por ello que, de aquí en adelante, derogada la última de las leyes que regía en el Subsistema de Pensiones, entramos de lleno a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial Nro: , del 30 de diciembre de 2002 (Páginas 3/16).

32 En su amplio régimen transitorio, la última ley citada, trató de poner orden a toda la legislación social, que regía hasta ese momento; prestacional, vivienda y de pensiones; sin embargo, su vigencia se extingue en el año 2007, cuando es dictada una ley que la reforma parcialmente, que es la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial Nro: 5867, del 28 de diciembre de 2007 (Páginas 1/15). Mediante Decreto Nº 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, es derogada parcialmente la ley antes enunciada, tal como consta en la Gaceta Oficial N°: 5891 del 31 de julio de 2008 (Páginas 50-71). La última reforma en esta materia es la Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, Gaceta Oficial Nro: 5976 del 24 de mayo de 2010 (Páginas 5/14).

33 Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros y Asociaciones Similares.
La secuencia de las leyes relativas a las materias Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros y Asociaciones Similares, son del tenor siguiente: El Decreto con Fuerza de Ley de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorros, publicado en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario de fecha 9 de noviembre de 2001; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° , de fecha 27 de noviembre de 2001. Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro. Gaceta Oficial Nro: del 16 de enero de 2003 (Páginas 1/14) Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro. Gaceta Oficial Nro: del 04 de octubre de 2005 (Páginas 2-27) Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro. Gaceta Oficial Nro: del 12 de julio de 2006 (Páginas 1/28) Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorros, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorros Similares. Gaceta Oficial Nro: del 16 de noviembre de 2010 (Páginas 24/40)

34 Normativa del sector agrícola.
Por lo que atañe a la normativa del Sector Agrícola, nos encontramos con el Decreto N° 302 de la Presidencia de la República, mediante el cual fue dictada la Ley de Crédito para el Sector Agrícola, Gaceta Oficial N° del 7 de septiembre de 1999), que mediante el Decreto Nº 365 con rango y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola, publicado en Gaceta Oficial Nro: 5395, del 25 de octubre de 1999 (Páginas 1/6), fue objeto de reforma. El 28 de febrero de 2001, es publicada Oficial Nro: en Decreto con Fuerza de Ley N° de Reforma Parcial de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Gaceta (Páginas 2/5), este último Decreto a su vez, es modificado por el Decreto N° con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Gaceta Oficial Nro: 5551 del 09 de noviembre de 2001 (Páginas. 1/5).

35 El 05 de noviembre de 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial Nro: 37563, la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrícola. (Páginas 1/5). Seis años más tarde el Decreto N° 5.797, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola, reforma a la anterior, como se evidencia de su publicación en la Gaceta Oficial Nro: del 09 de enero de 2008 (Páginas 7/12). Muy recientemente, el 27 de enero de 2011, Gaceta Oficial Nro: del (Páginas 1/6), mediante Decreto Nº 8.012, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, que es la norma vigente en los momentos actuales.

36 Ciencia, Tecnología e Innovación.
Otro de los campos en los cuales se han producido modificaciones en tiempo relativamente breve es el de la Ciencia y la Tecnología. En efecto, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue dictada mediante Decreto del Presidente de la República que fuera dictado en la Gaceta Oficial N° del 26 de septiembre de 2001 (página 1/9). Posteriormente, la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial N° , del 3 de agosto de Esta última será modificada por la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta N° del 16 de diciembre de 2010 (página 2/14).

37 Materia bancaria y otras normas financieras.
Vamos a pasar ahora a las modificaciones sufridas en materia bancaria y otras instituciones financieras. El Decreto N° dictó la reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que sería publicada en la Gaceta Oficial N° el 13 de noviembre de 2001 (página 1/77). Mediante el Decreto N°6.287 de la Presidencia de la República es dictada la Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial N° del 31 de julio de Más tarde, 23 de diciembre de 2009, la Asamblea Nacional reformó la ley en forma parcial, en texto que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 5.947, (página 1/46). Nuevamente, la Ley de Bancos, sufrió una reforma parcial el 19 de agosto de 2010, siendo publicado en la Gaceta Oficial N° Esta ley derogó a la Ley de Fideicomiso que había sido puesta en vigencia el 17 de agosto de Igualmente derogó la normativa dictada por la anterior SUDEBAN, hoy Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario.

38 Servicio Eléctrico. Por lo que atañe a otro ámbito administrativo objeto de modificaciones, está el relativo al servicio eléctrico, ya que, con la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, inicialmente fue dictada por Decreto N° 319, en virtud de la Ley Habilitante de esa época que fuera publicado en la Gaceta Oficial N° del 21 de septiembre de 1999 (pagina 3/20), va ser modificada por la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, denominada Ley 78, dictada por la Asamblea Nacional, que fue publicada en la Gaceta Oficial N° del 31 de diciembre de 2001. Esta ley fue modificada por la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, publicada en la Gaceta Oficial N° del 14 de diciembre de 2010 (pagina 2/12). Ámbito petrolero. Con respecto al ámbito petrolero, vamos a hablar de una de las leyes de mayor importancia para Venezuela como lo es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue dictada mediante Decreto N° por la Presidencia de la República, y publicada en la Gaceta Oficial de fecha 13 de noviembre de 2001. La Asamblea Nacional reformó parcialmente la indicada ley, siendo publicada dicha reforma en la Gaceta Oficial N° del 24 de mayo de 2006 (páginas 1/8). Ese mismo año 2006, en el mes de agosto se produjo una segunda reforma por parte de la Asamblea Nacional, recogida en la Gaceta Oficial del 4 de agosto de 2006.

39 Administración Financiera del Sector Público.
De mucha importancia son las reformas sufridas por las leyes reguladoras de la Administración Financiera del Sector Público. Al respecto, podemos ver la siguiente secuencia: Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial Nro: del 09 de enero de 2003 (Páginas 1/14). Decreto N° 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad Público. Gaceta Oficial Nro: del 12 de diciembre de 2005 (Páginas 18/22). Decreto N° 5.262, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial Nro: del 11 de abril de 2007 (Páginas 2/20)

40 Decreto Nº 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial Nro: 5891 del 31 de julio de 2008 (Páginas 6/23) Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial Nro: del 26 de marzo de 2009 (Páginas 1/14) Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial Nro: del 19 de noviembre de 2010 (Páginas 3/16)

41 Ley de Protección al Consumidor y al Usuario
Finalmente, tenemos que comentar los cambios acaecidos a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Esta ley publicada en la Gaceta Oficial N° del 4 de mayo de 2004, va a ser derogada por el Decreto 6092, con rango, valor y fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en la Gaceta Oficial 5889, del 31 de julio de 2008. Reformada parcialmente según ley publicada en la Gaceta Oficial Nº del 24 de abril de2009 que, deroga la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, publicada en la Gaceta Oficial Nº del 04 de mayo de 2004, así como el Decreto Ley Nº 5.835, que dicta la Ley Especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precio, publicado en la Gaceta Oficial Nº del 31 de enero de 2008.

42 Metrología. En el ámbito de la Metrología se han dado los siguientes cambios: Ley de Metrología, publicada en la Gaceta Oficial Nro: 38263, de fecha 01 de septiembre de 2005, paginas 2-8. Ley de Metrología, publicada en la Gaceta Oficial Nro: 38371, de fecha 02 de febrero de 2006, paginas 2-8. Decreto N° 5.693, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Metrología. / Presidencia de la República - PRE En: / Gaceta Oficial Nro: PP. 1-17

43 Régimen de Vivienda. El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, es una de las materias que ha sufrido reformas en forma constate, atendiendo a la siguiente secuencia: .- La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. / Asamblea Nacional - ANA En: / Gaceta Oficial Nro: PP .- La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. / Asamblea Nacional - ANA En: / Gaceta Oficial Nro: PP .- La Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. / Asamblea Nacional - ANA En: / Gaceta Oficial Nro: PP. 1-28 .- El Decreto N° 5.750, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. / Presidencia de la República - PRE En: / Gaceta Oficial Nro: PP .- El Decreto Nº 6.072, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. / Presidencia de la República - PRE En: / Gaceta Oficial Nro: PP

44 Valoración de la Segunda Tendencia:
Los constantes cambios sufridos en la legislación, podemos clasificarlos en razón de su origen, lo cual nos permite reconocer los siguientes grupos: Primer Grupo: constituido por las nuevas publicaciones de normas debido a lo que se ha denominado “reimpresión por error material” que comprende a los textos que presentan artículos omitidos, o artículos que adoptaron una redacción distinta a la que quedó en definitiva; o bien, al error material como pretexto para realizar cambios substanciales en la propia ley. Un segundo Grupo de cambios constantes: se produce en los casos en los cuales las leyes han sido aprobadas bajo la presión de personas o grupos capaces de ejercer su poder para cambiar disposiciones completas o el sentido de las normas. De estos cambios hemos visto los graves ejemplos que presentara la Ley del Estatuto de la Función Pública que, promulgada y publicada pero con una vacatio legis, nunca llegaría a entrar en vigencia, porque la fuerza de grupos opositores propuso y obtuvo, la transformación de todo el sistema originario.

45 Un tercer Grupo de cambios constantes: se produce en las normas que regulan a Instituciones que están en gestación; que pasan a ser reguladas cuando aun no se tiene perfecto conocimiento del destino al cual la normativa en ellas contenidas representa para el país. A través de sucesivos cambios, la Institución va adquiriendo una forma más perfeccionada, cubriendo las fallas y errores de los primeros intentos de normativa.

46 Finalmente, nos encontramos las reformas legislativas que obedecen al normal desarrollo de ciertas instituciones que, necesitan adaptarse al paso de los tiempos y, en consecuencia, periódicamente deben sufrir transformaciones para atender mejor a las necesidades públicas a las cuales se destinan. En nuestro criterio, las modificaciones que provienen de la Asamblea Nacional no deberían ser objeto de tantas modificaciones en tan poco tiempo, porque ello indica una falta de cuidado del legislador en la labor que realiza. Hay que tener presente al respecto que nadie le exige al legislador prisa alguna, ninguna ley necesita de la urgencia porque dejaría de ser un acto normativo. En consecuencia, lo que se deriva de una normativa que debe ser cubierta con sucesivas reformas parciales, lo que revela por parte del legislador, es o bien, un error de técnica legislativa, o bien el producto del apresuramiento, lo cual no es cónsono con la seguridad normativa y que, va a mantener a los destinatarios en constante estado de incertidumbre.

47 No hay justificación para esas leyes que están a “media cocción” y que son sacadas del horno para hacerse inaplicables y, exigir en un tiempo muy breve de una revisión. Al legislador, no le corresponde actuar con prisa, porque sus regulaciones no son para sujetos específicos, sino para toda la colectividad y, desde el punto de vista de la economía del sistema, el poner en vigencia una ley tiene un costo que, debería frenar estos intentos de sancionar legislaciones inmaduras que no han concluido su necesaria gestación.

48 TERCERA TENDENCIA: OTORGAMIENTO DE POTESTADES CADA VEZ MÁS AMPLIAS.
Una tercera tendencia de la legislación administrativa se encuentra en el otorgamiento de potestades cada vez más amplias para el Poder Ejecutivo, clasificándose tales potestades en aquellas que son funcionales y las que son de naturaleza estructural u orgánica. Las funcionales están constituidas por las facultades que les son otorgadas en diferentes materias, que exceden de la noción más simple y elemental de Administración para competir con las facultades jurisdiccionales, al punto tal que las mismas pueden denominarse como cuasi-jurisdiccionales. Al lado de lo funcional está lo estructural, constituido por la conversión que se hace de los órganos administrativos en órganos auxiliares de la justicia, transformándolos así en instrumento de las investigaciones penales del Ministerio Público y de los tribunales penales, como es el caso del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), creado por la Ley del mismo nombre. Es decir, que la tendencia que está presente en el señalado ejemplo hace que el órgano administrativo adquiera un carácter más allá, del de un simple ente regulador o dotado de potestad sancionatoria, para convertirse en un sujeto que opera en el ámbito de la jurisdicción penal.

49 Ejemplo palpable de la tendencia se encuentra en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, dictada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial N° del 6 de septiembre de 2010, la cual indica que, dentro de las competencias del Servicio Nacional de Contrataciones se le considera la autoridad técnica en las materias reguladas por la ley y por ello, se le acuerdan poderes que no aparecían en normas anteriores (Art 22), tales como dictar los criterios para la clasificación de especialidad y experiencia técnica y la calificación legal y financiera de los interesados, a los fines de su inscripción en el Registro Nacional de Contratista. Se le faculta también, para suspender del antes indicado Registro a los infractores y, para solicitar de los órganos y entes contratantes la programación anual de compras. A los fines antes señalados existe toda una normativa que ordena a los sujetos sometidos a la ley a remitir al Servicio Nacional de Contrataciones la programación de obras, servicios y adquisiciones y el sumario de contrataciones.

50 Valoración de la Tercera Tendencia:
El otorgamiento de facultades cada vez más amplias a los organismos públicos, atiende al desarrollo descomunal de las Administraciones Públicas, muchas veces, lo que la Administración necesita es no crecer en número, sino en efectividad y, eso es lo que intenta lograrse con este otorgamiento de potestades extraordinarias. Con respecto a la adquisición de funciones de naturaleza cuasi-jurisdiccional, no podemos menos que estimar que tal política debe ser objeto de un profundo examen, bajo la pregunta de si es beneficioso o nó para la Administración y para los Administrados, o bien, simplemente para alguno de ellos el sistema del debate de sus pretensiones recíprocas en sede administrativa. Entre nosotros el caso más dramático es el de la materia inquilinaria que se desarrolla en importantes aspectos en sede administrativa. En efecto, aún cuando fue creado un tribunal ad hoc (que después desapareció como tal), gran parte de los temas esenciales quedaron para ser decididos por la Administración en un procedimiento contradictorio.

51 El mayor de los problemas que un sistema como este plantea, es que las decisiones administrativas podían ser atacadas por ante los tribunales, lo cual implicaba la posibilidad de agotar varias instancias. Con tal sistema, la decisión de la controversia se hacía cada vez más larga y lejana en el tiempo, teniendo además que atender a normativas diferentes a las cuales las partes tenían que ceñirse. Otra experiencia que resulto negativa fue el someter la calificación de los despidos laborales a organismos administrativos denominados “Comisiones Tripartitas” que existían en primer y segundo grado. Cada vez que una controversia entre administrados se deja a la decisión de la Administración mediante un procedimiento administrativo, los problemas inevitables son los siguientes: 1.- El procedimiento administrativo es deficiente en cuanto a la valoración de las pruebas;

52 2.- Estos procedimientos administrativos contradictorios no tienen una regla general que las rija, lo cual atenta contra la seguridad jurídica; 3.- Al agotarse la instancia administrativa, la decisión que se obtenga debería ir al contencioso administrativo, materia que entre nosotros se ha vuelto complicada e insegura; Las consideraciones efectuadas están destinadas a alertar al legislador sobre la cautela con la cual deben seguir la tendencia que hemos analizado.

53 CUARTA TENDENCIA: mayor simplicidad y brevedad.
Por lo que atañe a la cuarta tendencia, es característico de las nuevas regulaciones de los procedimientos administrativos, el hacerlos cada vez más breves, con menos articulaciones y factibles de que se cierren de forma definitiva, una vez acordada una medida cautelar o bien, cualquier suceso que incida en forma determinante sobre la posición de las partes. En efecto, las medidas cautelares, muchas veces tienen efectos suspensivos sobre el procedimiento y, en casi todos los casos como veremos, son intentadas en contra del administrado. Este sistema hace que tales medidas resulten conclusivas del procedimiento administrativo como tal, otorgándole como única salida la posibilidad de ocurrir a la vía jurisdiccional. Como ejemplificación de esta tendencia, es necesario mencionar al Decreto Nº con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, publicada en la Gaceta Oficial Nº , de fecha 27, por cuanto el mismo, como vamos a ver, representa una nueva modalidad de procedimiento.

54 Al efecto, debemos advertir que no se trata de los procedimiento sumario, al estilo del previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Artículos 67, 68 y 69). En efecto, el mismo se caracteriza por la apertura de oficio; la fijación de un plazo improrrogable para su terminación; la escogencia expresa del funcionario sustanciador, con autorización del superior jerárquico y previa audiencia de los interesados, si se estima que, la naturaleza del asunto exige apartarse de las pautas del procedimiento ordinario. Además, la característica esencial del procedimientos sumarios es la comprobación de oficio de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para su esclarecimiento. Lo anterior no fue justamente la idea que tuvo el legislador al consagrar procedimientos abreviados que, están basados en las mismas pautas que el procedimiento regular u ordinario, pero con la reducción de los lapsos y trámites.

55 Uno de los ejemplos más significativos de la reducción del procedimiento se encuentra en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, dictado mediante Decreto N° 812, del 25 de enero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° , del 27 de enero de 2011, relativo al trámite para la solicitud de reestructuración o condonación de deuda. Al respecto, en sus definiciones, el Decreto define como “restructuración”, al procedimiento mediante el cual el acreedor de un crédito agrícola y su respectivo deudor, convienen en la modificación de las condiciones del crédito o préstamo originalmente pactadas, acordando nuevos términos para que dicho pago se realice, con lo cual, el deudor se coloca en condiciones más favorables para cumplir su obligación y, en consecuencia para que se pueda “reactivar su actividad productiva”. Por lo que atañe a la condonación, la misma es definida como el deber por parte de la banca pública o privada o del Directorio del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) de renunciar a los derechos de crédito que posean con esa entidad o con el fondo, en contra de un deudor, liberando a este último, total o parcialmente de la obligación.

56 Pues bien, el Decreto establece que, el Ejecutivo mediante resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia en Planificación y Finanzas y de Agricultura y Tierras, establecerá el procedimiento para tramitar las solicitudes aludidas de reestructuración o condonación. A pesar de lo anterior, señala la norma (artículo 8) que, de no existir la resolución aludida se plantean una serie de trámites reducidos que tienen el mismo efecto. El procedimiento se desarrolla entonces, mediante evaluaciones técnicas destinadas a certificar las condiciones de la unidad productiva del solicitante que, en caso de no ser hecha dentro del lapso fijado de 30 días hábiles a partir de la solicitud, tal circunstancia equivale a la aceptación del pedimento. Si bien el presente análisis debería limitarse a su objeto específico que es, la reducción del trámite, no podemos dejar de pronunciarnos sobre la figura de la condonación, por cuanto se trata de una carga que se impone tanto a la banca pública como a la privada de renunciar a los derechos de crédito.

57 Indudablemente que, no puede establecerse una presunción genérica y permanente de que los créditos agrícolas otorgados por la banca privada, estén dispuestos a ser condonados por sus acreedores, que es lo que da por sentado la normativa, disponiendo en consecuencia, de un valor económico, el del acreedor, que al ser condonada la deuda quedará extinguido. El Estado tiene la facultad de establecer la condonación de los créditos otorgados por sus empresas, institutos u otros organismos de su dependencia, pero carece de poder para extender hacia el sector privado tal obligación, sin que medie un mecanismo de compensación o de indemnización. Con relación a lo anterior, en Gaceta Oficial Número de fecha 2 de marzo de 2011, se publicaron las Resoluciones números y DM/Nº S/N/2011, de fecha 2 de febrero de 2011, dictadas por  el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, mediante las cuales establecieron los términos y condiciones especiales que aplicarán las entidades de la banca pública y privada para la reestructuración y condonación de deudas, así como el procedimiento  y requisitos para la presentación y notificación de respuesta de la solicitud de reestructuración y condonación de deudas.

58 Objeto de la Resolución
La Resolución tiene por objeto “(…) establecer lo términos y condiciones especiales que aplicarán las Entidades de la Banca Universal Pública y privada, para la reestructuración y condonación de deudas agrícolas ordenadas mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, así como el procedimiento y lo requisitos para la presentación y notificación de respuesta de la solicitud de reestructuración y condonación de deudas agrícolas.” (Artículo 1) Reestructuración La deuda objeto de reestructuración que deberán tomar en cuenta las Entidades de la Banca Universal Pública y Privada comprende, de conformidad con el artículo 2, lo siguiente: 1.      EN LOS CASOS DE CRÉDITOS VENCIDOS: El capital adeudado más los intereses ordinarios y los intereses de mora causados y no cancelados para los créditos vencidos al 31 de diciembre de 2010. 2.      EN LOS CASOS DE CRÉDITOS VIGENTES: El capital adeudado más los intereses ordinarios para los créditos vigentes a la fecha de publicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola.   La Resolución exceptuó de la deuda objeto de reestructuración, “(…) los honorarios profesionales por servicios judiciales y extrajudiciales de cobranzas (…)”.

59 Condonación La deuda objeto de condonación que deberán tomar en cuenta las Entidades de la Banca Universal Pública y Privada podrán ser de carácter total o parcial, para lo cual realizarán “(…) la evaluación técnica a las unidades de producción afectadas y posteriormente, (…) el análisis correspondiente que establece el grado de afectación (…)”. (Artículo 3).  La Resolución exceptuó de la deuda objeto de condonación, “(…) los honorarios profesionales por servicios judiciales y extrajudiciales de cobranzas (…)”. Financiamiento En los artículos 4 y 5 se previeron distintos tipos de financiamiento que variarán si los créditos otorgados han sido para siembra, adquisición de insumos y capital de trabajo o para otros usos. En el supuesto de que los créditos hayan sido otorgados para “(…) varios rubros, o para varios usos agrícolas, las condiciones de financiamiento aplicables a la reestructuración de la deuda serán aquellas que resulten más beneficiosas al deudor, en cuanto le otorguen condiciones más favorables para el pago de dicha deuda (…)” Tasa de interés De conformidad con el artículo 7, la tasa de interés aplicable “(…) será equivalente a la fijada por el Banco Central de Venezuela.”

60 Período de gracia Según el artículo 8 de la Resolución, durante el período de gracia sólo se pagará los intereses, y una vez finalizado éste se pagará el capital y los respectivos intereses. Procedimiento de Solicitud de  Reestructuración y/o Condonación de la Deuda Agrícola: Requisitos El solicitante de la reestructuración y/o condonación de la deuda deberá consignar por ante la respectiva Entidad de la Banca Universal Pública y Privada  “Carta explicativa de las razones que motivaron el atraso en el cumplimiento de los pertinentes pagos”. (Artículo 9) Evaluación técnica Las evaluaciones técnicas deberán practicarlas, preferiblemente, un técnico registrado en la SUDEBAN, y obligatoriamente, dentro de los 30 días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente a la solicitud de reestructuración y/o condonación de la deuda. (Primer aparte del artículo 10). En el supuesto en el que solicitante quede inconforme con la evaluación técnica practicada, podrá, de conformidad con el tercer aparte del artículo 10,  solicitar al Comité de Seguimiento de la Cartera Agrícola la reinspección de su unidad de producción.

61 Decisión De conformidad con el segundo aparte del artículo 10, las Entidades de la Banca Universal Pública y Privada dispondrán de 45 días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente a la solicitud de reestructuración y/o condonación de la deuda, “(…) para notificar al interesado de su decisión respecto de la solicitud (…)”. En caso de que la solicitud reestructuración y condonación de la deuda fuere negada, las Entidades de la Banca Universal Pública y Privada deberán indicar el motivo y el resultado de la inspección a la unidad de producción.   Notificación Según el artículo 11, la notificaciones que deban practicar las Entidades de la Banca Universal Pública y Privada a los solicitantes de reestructuración y condonación de la deuda “(…) deberá realizarse por escrito al interesado en su domicilio, pudiendo también el solicitante darse por notificado en la agencia, sucursal o sede de la respectiva Entidades de la Banca Universal Pública y Privada más cercana a su domicilio”.

62 Disposición Derogatoria
La Resolución derogó a la Resolución Conjunta número DM/Nº 2470 y DM/Nº 0070/2009 publicada en Gaceta Oficial número de fecha 17 de septiembre de 2009. Vigencia La Resolución entró en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial número de fecha 2 de marzo de 2011, y tendrá la misma vigencia que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, es decir, hasta el 30 de junio de 2012 de conformidad con la Disposición Final Única de dicho Decreto Ley.

63 Valoración de la Cuarta Tendencia:
La reducción de los procedimientos en el fondo obedece a una tendencia a la cual no hemos querido aludir, porque la misma es la de legislar sobre situaciones específicas. En tales casos, la ley pierde, su verdadero sentido, que es la generalidad y su carácter abstracto para convertirse en la ley de un caso concreto y, el hecho de constituir un caso concreto, es lo que lleva a tratar de reducir los procedimientos al máximo. Todos pensamos que el procedimiento administrativo perfecto es el más breve y con menos trámites, pero esto no es válido para las situaciones en que hay conflicto de intereses que deban ser dilucidados. Aquí el acortamiento del trámite, mediante la eliminación de etapas en forma total o parcial es siempre peligroso, porque el débil jurídico que en tal relación es siempre el administrado, se puede encontrar sin el tiempo y los recursos necesarios para defender sus derechos o intereses.

64 QUINTA TENDENCIA: LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
La quinta tendencia de los nuevos procedimientos administrativos está en la presencia del principio de participación de la comunidad, la cual es exigida por el legislador, ya sea mediante las asociaciones u organizaciones de participación popular que se constituyen en “parte”, con todas las facultades que, en el procedimiento administrativo, le corresponden como tal, o bien de los Consejos Comunales, por si mismos, o a través de los Comités de Contraloría Social. La Ley de Contrataciones Públicas, en su artículo 18, señala que los Consejos Comunales podrán aplicar las modalidades de selección de contratista para promover la participación de las personas y de organizaciones comunitarias para el trabajo de su entorno o localidad. Indica igualmente dicho artículo que, los Consejos Comunales seleccionarán en asamblea de ciudadanos a los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de contrataciones.

65 Por lo que atañe a la Contraloría Social, el artículo 20 de la misma ley citada señala que los Consejos Comunales, una vez formalizada la contratación, deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo los mecanismos que deberán utilizar para el control, seguimiento y rendición de cuentas en la ejecución de los contratos, aplicando los elementos de contraloría social. Debemos comenzar por mencionar que en la Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº , Extraordinaria, de fecha 30 de diciembre 2010, es una normativa que como lo señala su artículo 1, tiene por objeto: “regular la organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Pública y su relación con las instancias del Poder Popular para garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la participación libre y democrática en la toma de decisiones en todo el ámbito municipal, para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de igualad, equidad y justicia social.”

66 La misma ley en el artículo 5, va a definir cada uno de los elementos constitutivos de la participación de la ciudadanía en la siguiente forma: En primer lugar señala, la asamblea de ciudadanos (as), a la cual define como, máxima instancia de participación y decisión de la comunidad o de un movimiento u organización social comunitaria, conformada por la reunión de personas “para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad, el movimiento u organización social a la que corresponda.” Se alude igualmente, al Comité de Economía Comunal, señalándolo como “la instancia encargada de la planificación y coordinación de la actividad económica del Consejo Comunal”, que se constituye para, establecer la vinculación entre las organizaciones socioproductiva y la comunidad.

67 El elemento fundamental es la Comuna, que se conforma con la integración de comunidades vecinas “con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que le sirven de sustento y sobre la cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno sustentable y socialista contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.” Otras de las figuras es el Consejo Comunal “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las comunidades en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista e igualdad, equidad y justicia social”.

68 En el mismo tenor tenemos, a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, dictada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nro: (páginas 1-7). Del mismo nivel de la normativa antes comentada está un bloque de leyes del llamado Poder Popular que fueron sancionadas en el tiempo record de 10 días, antes de que concluyese el mandato de la Asamblea Nacional de 2005 – Estas leyes son: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de la Controlaría Social, Ley Orgánica de Planificación Pública Popular, Ley Orgánica de las Comunas y Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, todas estas leyes fueron publicadas en la Gaceta Oficial Nº 6.011, Extraordinario de fecha 21 de diciembre de 2010.

69 Todas las leyes antes mencionadas adquirieron el carácter de “orgánicas” por considerarse que eran reguladoras del Poder Popular que, a su vez, se manifiesta según sus proyectistas en el principio de participación, contenido en la Constitución. En consecuencia, todas y cada una de ellas disponen de un articulado en el cual, el aludido principio de participación va a estar presente en las múltiples actividades administrativas, económicas, legislativas que están destinadas a regular. Es por lo anterior que, debemos dejar de lado el señalado quinteto y, analizar en la normativa reguladora de las diversas materias de la actividad del Estado la presencia del principio de participación. Las más significativas de todas las leyes, en las cuales se incluye el principio antes aludido, son las siguientes:

70 La ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial Nº , de fecha 16 de diciembre de En el artículo 4, relativo a la formulación de la política pública nacional se señala que, tal política, debe contener los principios relativos, entre otras cosas, a la participación del Poder Popular. El artículo 3, señala como uno de los sujetos de la ley (ordinal 4°) a las Comunas, que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Posteriormente, el artículo 5, establece que, las acciones estatales en materia de tecnología e innovación estarán dirigidos a los sujetos que previamente están enunciados en el ámbito de las Comunas, En la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, publicada en la Gaceta Oficial Nº , de fecha 14 de diciembre de 2010, hay un capítulo entero denominado “De la Participación”, cuyo contenido en cada uno de los artículos comprendidos en el capítulo son los siguientes: En el artículo 36, se alude al fomento por parte del Estado a la participación activa el Poder Popular en el sector eléctrico, a través de los Consejos Comunales, Mesas Técnicas de Energía, Cooperativas, Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, trabajadores del operador y prestador del servicio entre otros.

71 1.- Fiscalización de la calidad del servicio eléctrico.
En el artículo 37, se alude al apoyo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Energía Eléctrica, en los Consejos Comunales y demás organizaciones del Poder Popular, debidamente capacitados para ejercer las funciones siguientes: 1.- Fiscalización de la calidad del servicio eléctrico. 2.- Formación, educación y participación en los programas para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. En el artículo 38, se habla de la inclusión del Poder Popular en forma progresiva en las prestaciones del servicio, específicamente, en los siguientes procesos: 1.- Lectura y notificación del consumo de electricidad. 2.- Participación en la construcción de proyectos para la adecuación y mejoramiento de las redes de baja tensión. En el artículo 39 se señala que, las funciones de lectura y entrega e las facturas y en las restantes actividades de comercialización que hayan sido encomendadas a las organizaciones del Poder Popular, éstas no causarán impuestos, tasas o contribución alguna para el operador, el prestador del servicio o los usuarios.

72 El artículo 40, señala que las instituciones de Educación y Centros de Investigación, apoyarán al Ministerio del poder Popular con competencia en materia eléctrica y a las organizaciones del Poder Popular para el desarrollo del sector eléctrico. El artículo 4 señala, que las mesas técnicas de energía, como integrantes que son del poder Popular, deben participar en la planificación del servicio eléctrico en las comunidades. El artículo 22 señala, que los trabajadores del operador y prestador del servicio deberán participar en las siguientes actividades: 1.- Efectuar propuestas en la formulación del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. 2.- Participar en la evaluación de los planes y proyectos ejecutados por el operador y prestador del servicio.

73 3.- Proponer y plantear medidas de mejora en la prestación del servicio eléctrico.
4.- Participar en los planes y programas de formación en materia del uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 5.- Participar en la formulación y ejecución de planes de seguridad que eviten el uso fraudulento de la electricidad y de las ocupaciones indebidas de la servidumbre de redes eléctricas. Igualmente, en la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficinal Nº Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010 se incluyen las consecuencias del principio de participación. La citada Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, presenta el Capítulo VIII del Título II, que se denomina “De la Participación Ciudadana”. Este capitulo octavo está constituido por dos artículos; el artículo 75, en el cual el legislador exhorta a que el Contralor dicte normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

74 1.- Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del proceso de la participación ciudadana, en ejercicio de la contraloría social o comunal. 2.- Ordenar y avaluar las denuncias ciudadanas que provengan de las instancias que provengan de la contraloría social. 3.- Facilitar el seguimiento, vigilancia y control de los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos comunitarios presentados por los Consejos Comunales o las Comunas. 4.- Establecer estrategias de participación de la función contralora para coadyuvar en la vigilancia de la gestión fiscal. 5.- Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto. 6.- Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control fiscal. El segundo artículo contendido en el Capitulo VIII es el articulo 76, en el cual, se señala que el Poder Popular a través de los Consejos Comunales o las Comunas, podrá postular candidatos para los órganos de control fiscal de los entes sometidos a dicho control.

75 La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº , Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, contiene una norma de gran impacto sobre las instituciones bancarias, reformada mediante Decreto Nº con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº , de fecha 2 de marzo de 2011. Se trata de la artículo 48 que les exige a dichas instituciones destinar el 5% “del resultado bruto antes de impuesto” para financiar proyectos de Consejos Comunales u otras formas de organización social. Señala la norma que la Superintendencia del Sector Bancario, previa opinión vinculante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Comunas, debe establecer los mecanismos de asignación y distribución de estos recursos entre las regiones del territorio nacional.

76 La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Gaceta Oficial Nº Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, resalta tanto el principio de participación que, en el propio articulo 1, al señalar sus objetivos señala: “Que los mismos se dirigen al efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la transferencia a las comunidades organizadas, y a las comunas en su condición especial de entidad local, como a otras organizaciones del Poder Popular”. El artículo transcrito contiene todos los elementos básicos del principio de participación, pero además, han sido incluidos los términos transferencias a las comunidades organizadas y a las comunas….. (omisis) como a otras organizaciones del Poder Popular. Esta mención obviamente escapa de la previsión constitucional de la transferencia de competencias en el ámbito territorial que según la misma se realiza del Poder Nacional al Poder Estadal y de este a los Municipios. No hay ninguna disposición en el ámbito de la norma Fundamental que prevea directa o indirectamente la transferencia de los poderes municipales a estructuras de menor entidad.

77 Vamos a mencionar otras importantes leyes en las cuales se consagra el principio de participación en forma análoga a los que hemos visto hasta ahora. Ellas son: .- La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Oficial N° 5963 Extraordinaria, de fecha 22 de febrero de 2010. .- La Ley de Creación de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 15 de abril de 2010. .- La Ley del Banco Central, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 07 de mayo de 2010. .- La Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (Bandes), publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 21 de mayo de 2010. .- La Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial N° Extraordinaria, de fecha 29 de julio de 2010.

78 .- La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991, Extraordinaria, de fecha 29 de julio de 2010. .- El Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 23 de agosto de 2010. .- La Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 15 de septiembre de 2010. .- La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 01 de octubre de 2010. .- La Ley Sobre Procedimientos Especiales en materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial N° , de fecha 9 de diciembre de 2010. .- La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº de fecha 23 de diciembre de 2010.

79 .- La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° 6013 Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre de 2010. .- La Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada en la Gaceta Oficial N° 6013 Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre de 2010. .- La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6015 Extraordinaria, de fecha 28 de diciembre de 2010. .- La Ley de Gestión Integral para la Basura, publicada en la Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria, de fecha 30 de diciembre de 2010. .- La Ley del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter civil del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria, de fecha 30 de diciembre de 2010. .- La Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, publicada en la Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria, de fecha 30 de diciembre de 2010. .- La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº de fecha 22 de diciembre de Reimpresa por error material, publicada en Gaceta Oficial Nº de 7 de febrero de 2011.

80 Valoración de la Quinta Tendencia:
Si bien es cierto que el principio de participación es el elemento más importante introducido en la Constitución del 99, sin embargo, se ha utilizado en el campo legislativo en forma desmedida e incongruente ya que desde el punto de vista lógico, no es posible incluirlo en todos los aspectos e instituciones que son objeto de la legislación. La exageración en estos temas ha llegado a un punto tal, que ha llevado a hablar de cosas tan disparatadas como la elaboración de la ley por parte de comunidades carentes de conocimientos específicos de la materia legislativa. La ley debe hacerse por expertos, en consecuencia no es posible aplaudir la presencia de quien no tiene conocimiento técnica en una labor técnica: es buena la participación en los aspectos de la vida pública, pero no así en todos ellos, sobre todo en campos en los cuales la decisión corresponde a las cifras, al análisis objetivo, al profundo conocimiento de las materias que regulan determinadas actividades, como lo son el campo de la Ingeniería, la Medicina, la Agronomía, y en general, de aquellas que implican carreras universitarias. La exigencia, contra viento y marea, de la participación, lo que revela es una inclinación populista que en forma alguna beneficia a los regímenes a los cuales se incorpora.

81 SEXTA TENDENCIA: PREDOMINIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.
Debemos señalar también como la sexta tendencia de la normativa procedimental administrativa el predominio de la función fiscalizadora que se otorga a los organismos públicos pero también en algunos casos, a los particulares. La posición más relevante que demuestra la existencia de esta modalidad legislativa se encuentra en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° del 16 de junio de Se trata de una ley dictada por la Asamblea Nacional que se destina a “regular, supervisar, controlar y coordinar” todo el sistema financiero nacional. El objetivo de esta regulación por vía general de todos los diferentes aspectos de las finanzas públicas y privadas que se encontraban con anterioridad regulados por diferentes leyes, como lo son las relativas al sector bancario; al sector de seguros y reaseguros y al mercado de valores, está enunciado en su artículo segundo, en el cual se dice que el mismo “establecerá regulaciones para la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la supervisión de la gestión financiera y contraloría social de los integrantes del sistema”.

82 De inmediato, el artículo tercero insiste en esta función reguladora y fiscalizadora total, al señalar que: “el sistema financiero nacional impulsará y apoyará a las instituciones públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que participen en el sistema, para lo cual establecerá regulaciones que permitan salvaguardar la estabilidad, la sustentabilidad del mismo y la soberanía económica de la nación” En el artículo 13, cuando se define al llamado Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) se señala que: “es el rector encargado de regular, supervisar, controlar y coordinar el funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema…….”

83 Es interesante ver como, al establecer las competencias de este órgano superior del sistema financiero nacional, en el ordinal 19° del artículo 14 que es el que las enuncia, se señala como una de ellas la de “regular y vigilar los entes reguladores, de manera que éstos hagan cumplir las prohibiciones de establecer conglomerados financieros, grupos financieros, grupos económicos o cualquier otra forma de vinculación cruzada entre las instituciones y personas que integran el sistema financiero nacional”. Cuando se definen las funciones del ente regulador del sector bancario, se señala que, además de cumplir las funciones determinadas en las leyes pertinentes, deben “vigilar el adecuado desempeño del sector bancario como promotor de las principales áreas de la economía nacional…”. Así mismo, en el sector asegurador, se señala que el ente de regulación de dicho sector deberá “regular, supervisar y controlar a las personas naturales y jurídicas que realicen cualquier operación con el sector…”. En el mismo sentido, en la regulación del mercado de valores, le asigna al ente regulador funciones de fiscalización para asegurar su funcionamiento eficiente; para proteger a los usuarios; para determinar los niveles adecuados de solvencia patrimonial y de liquidez que aseguren la permanencia y sostenibilidad de las empresas de intermediación; exigir provisiones de capital que resguarden el ahorro de los usuarios en función de riesgo implícito en las operaciones que realiza.

84 En general, todas las competencias asignadas a los entes rectores de los distintos sectores que conforman el ámbito financiero, implican su fiscalización constante. Es indudable que el legislador (Asamblea Nacional, en el presente caso) al otorgarle el carácter de “orgánica” a la Ley del Sistema Financiero Nacional, quiso con ella establecer una ley que “sirviese de marco normativo a otras leyes”, en el sentido contemplado en el artículo 203 de la Constitución. Es así como podemos considerar como una ley marco a la antes analizada Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y como leyes de ejecución, a las leyes exhortadas por dicha ley marco.

85 La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial N°: 6015 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2010, paginas 1-34; reformada mediante Decreto Nº con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº , de fecha 2 de marzo de 2011. Ya hemos expuesto la función fiscalizadora de todos los sectores integrantes del Sistema Financiero Nacional, por lo cual vamos a dedicar nuestro examen inmediato a los temas específicos aportados por la ley como reforma del régimen existente. El nuevo texto legal deroga la vigente Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras y da un nuevo enfoque jurídico al funcionamiento, supervisión y sanción de las instituciones públicas y privadas que operan en el área financiera. Las innovaciones más resaltantes presentes en la Ley, entre otras, son las siguientes: 1.- La declaratoria de la actividad financiera como un servicio público, así como la declaratoria de utilidad pública de las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza que permitan o sean utilizados para el desarrollo de tales actividades.

86 2.- Se reduce la clasificación de instituciones bancarias a: Banco Universal y Banco Microfinanciero, nacional y regional en ambas figuras. 3.- Se ordena la transformación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, incrementándose con mayor rigurosidad las funciones de supervisión y control que dicho ente ejerce sobre las Instituciones bancarias. 4.-Se establece el aporte del 5% de las utilidades, antes de impuesto y al cierre de cada semestre, de las Instituciones Bancarias para el financiamiento de proyectos de los Consejos Comunales. 5.- Se crea un fondo social para contingencias de manera progresiva que contempla el 10% del capital social de la Instituciones Bancarias en 5 años, para responder a las obligaciones laborales ante una eventual quiebra. 6.- Se crea el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, cuyo objeto es garantizar los fondos captados del público por las Instituciones Bancarias. 7.- Se establece un lapso máximo de 12 meses para efectuar el pago de las garantías a los depositantes y acreedores de las Instituciones Bancarias intervenidas o en liquidación.

87 8.- Se incorpora en esta ley especial la prohibición la conformación de grupos financieros, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. 9.- Se establece por primera vez de manera novedosa la posibilidad de que se designe un auditor externo con participación de un 20% de los usuarios de la Institución. 10.- La Ley de Reforma incorporó en el numeral primero del artículo 89 al “(…) Fiscal General de la República (…)”, como funcionario que podrá el levantamiento del secreto bancario cuando la información sea requerida para fines oficiales. 11.- Asimismo, la Ley Reformada incorpora a las “Disposiciones Generales” los artículos 195, 196 y 197 tipificando como delitos: el fraude documental, la desviación de fondos fiduciarios y la manipulación informática. En la Gaceta Oficial Nº  ,  de fecha 28 de febrero de 2011, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por órgano de la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario – SUDEBAN, mediante Resolución N , estableció las condiciones y requisitos que deben cumplir las entidades o instituciones del sector bancario, a los fines de su transformación y/o fusión para adecuarse al tipo de institución; así como a los niveles mínimos de capital social exigidos en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

88 Igualmente, en la Gaceta Oficial Número Nº 39
Igualmente, en la Gaceta Oficial Número Nº , de fecha 3 de marzo de 2011, la referida Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dictó Resolución mediante la cual, se contemplan las “Normas que establecen los Lineamientos y Requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”. Ley del Mercado de Valores. / Asamblea Nacional - ANA En: / Gaceta Oficial Nro: PP. 2-20 Por lo que atañe al “Mercado de Valores” integrado, por las personas naturales y jurídicas que participan de forma directa o indirecta, en los procesos de emisión, custodia, inversión e intermediación de títulos valores, como a sus actividades conexas o relacionadas, el mismo cae bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores. Corresponde así, a la Superintendencia Nacional de Valores, la actualización y supervisión de la actuación de los operadores de valores sobre los cuales tiene potestad de revocación de su autorización para operar o de la suspensión temporal de dicha actividad.

89 Podemos considerar a lo largo de la lectura de los 35 ordinales que configuran las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Valores que, todos ellos conforman formas de fiscalización y control de los sujetos y organismos sometidos a su competencia, es decir que, las actividades del organismo en cuestión, son las típicas de un ente rector que opera para dirigir los procesos económicos y, mantenerlos dentro de la esfera de las previsiones legales y de sus propias recomendaciones. Derivado del régimen creado por la Ley El Mercado de Valores, es creada la Ley de la Bolsa de Valores Bicentenaria, publicada en la Gaceta Oficial N° 5999 Extraordinaria, de fecha 13 de noviembre de 2010, páginas 1-5, como institución encargada de la prestación de todos los servicios necesarios para realizar en forma continua las operaciones con valores emitidos por los entes públicos, las empresas públicas, las empresas del Estado, las empresas de propiedad social o colectiva, las empresas mixtas, las cajas de ahorro de los entes públicos, las comunidades organizadas, institutos autónomos, las empresas privadas, las pequeñas y medianas empresas y la República Bolivariana de Venezuela. Esta bolsa de valores tiene entre sus competencias la contenida en el ordinal 3 del articulo 4, velar por el estricto cumplimiento de las operaciones bursátiles de acuerdo con los términos pactados por las partes, establecido en el ordenamiento jurídico y el Reglamento de la Bolsa. En igual sentido, el ordinal 10, del mismo articulo, le encomienda “supervisar las operaciones que se efectúen en la Bolsa Pública y elaborar el plan de seguimiento del mercado de la Bolsa Pública”.

90 Finalmente, debemos incluir la actividad Aseguradora, materia esta que, como vimos, está incluida en el Sistema Financiero Nacional, pero está desarrollada en su propia ley de fecha 29 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5990 Extraordinaria, denominada Ley de la Actividad Aseguradora. Al efecto, el artículo 1 de la ley en cuestión, señala que su objeto es establecer “el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora”. El Órgano creado por la ley es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora que, tal como lo explica dicha norma, ejerce la potestad regulatoria para el control, vigilancia previa, concomitante y posterior, supervisión, autorización, inspección, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora en los términos establecidos en la indicada ley y su reglamento. Además, se le asigna (ordinal 3° del artículo 5) establecer el sistema de control, vigilancia, supervisión, regulación, inspección y fiscalización de la actividad aseguradora. En la ley que regula la actividad aseguradora se establece el procedimiento para ordenar a los sujetos sometidos a dicha ley, la ejecución de conductas destinadas a subsanar el incumplimiento de las normas que regulan dicha actividad. De inmediato se establecen todos los pasos del procedimiento de inspección (Artículo 91).

91 SÉPTIMA TENDENCIA: AMPLIA DISCRECIONALIDAD.
En la séptima tendencia encontramos la amplia discrecionalidad que se acuerda a los organismos administrativos que les permite decidir libremente sobre el “quam”; el “quod” y el “quomodo”, es decir que los elementos circunstanciales del acto van a estar presentes en casi todas las facultades que se conceden a los organismos administrativos, sobre todo, cuando se trata de acordar medidas cautelares. No podemos dejar de citar en forma expresa, una disposición reveladora de dicha corriente que es la del ordinal 6° del artículo 112 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios que señala, en materia de las cautelas administrativas, que podrán ser otorgadas “todas aquellas que sean necesarias para garantizar el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata”. Es decir, que el principio de “tipicidad” o “nominatividad” del proveimiento administrativo se minimiza o deja de existir en este campo, en el cual la Administración puede idear un nuevo tipo cautelar, que será válido siempre que sean “necesarias para garantizar el bienestar colectivo”.

92 El ejemplo que vamos a traer del uso de la discrecionalidad en todo su alcance, es el de una norma muy reciente, que es el Decreto Nº 8.005, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Emergencias para Terrenos y Vivienda, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.018, fecha de 29 de enero 2011. En esta ley, dada su naturaleza, de ser una normativa destinada a resolver problemas de emergencia, vinculados con necesidades vitales, encontramos ejemplo de amplia discrecionalidad; uno de los casos, es el que aparece en el artículo13, bajo el título de “celeridad en la ejecución”, en el cual se señala que, con el objetivo de imprimir celeridad a las obras que han sido calificadas de urgentes, el Ejecutivo Nacional, podrá hacer una simplificación de trámites y procedimientos en los procesos de contratación e inicio de los trabajos necesarios, acceso a servicios, derechos de paso, servidumbres y cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución de los proyectos y sus obras asociadas.

93 Como vemos aquí, la discrecionalidad está dada para simplificar o eliminar trámites o procedimientos, es decir, que el Ejecutivo puede, libremente modificar la estructura de los procedimientos de contratación, de inicio de los trabajos, de fijación, de límites de la propiedad y de cualquier aspecto relativo a los proyectos de viviendo. El artículo concluye con un único aparte que, acuerda una amplia discrecionalidad para escoger sanciones o incentivos a las partes involucradas a la ejecución de los proyectos y sus obras asociadas. Es decir, que el Ejecutivo es libre para ofrecer ventajas especiales o para reducir la esfera de los beneficios que corresponden a los involucrados en los proyectos. Por otra parte la ley en el Título VII, contempla la posibilidad de que, el Ejecutivo Nacional, dicte medidas en vía administrativa, las cuales pueden ser: con carácter preventivo, temporales o definitivas; para la totalidad o solo en parte del territorio nacional.

94 El enunciado de las medidas nos revela que existe un amplia facultad de apreciación por parte del Ejecutivo, para señalar cuales serán las que operarán en un caso o en el otro, es así como, la ocupación de urgencia puede operar cuando exista una expresa calificación de urgencia. Así, la autoridad administrativa está facultada para dictar resoluciones que ordenen la ocupación temporal, cuando se trate de bienes que sean requeridos pero en forma no permanente, para la realización de determinadas obras, actividades o el logro de fines específicos. La Ley de Instituciones del Sector Bancario, acuerda una facultad discrecional al Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, al señalar en el artículo 8 que, “en procura de salvaguardar los intereses generales de la República, la idoneidad de las actividades reguladas en la presente ley, así como, la estabilidad del sistema financiero y el sistema de pagos” el Presidente de la República en Consejo de Ministros puede acordar: la intervención; la liquidación o “cualquier otra medida que sistema necesaria sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas, de acuerdo a los términos de la presente ley”.

95 Se trata del hecho de que el ente fundamental del régimen de control del sector bancario, como lo es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se coloca en los casos previstos en el artículo 8 de la ley, en los cuales el Presidente de la República en Consejo de Ministros, sin estar en un régimen de emergencia, puede afectar la vida de un banco, mediante una intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesaria, sobre dicho banco o sus asociados. Ahora bien, la Superintendencia de Instituciones Bancarias tiene a su vez, facultades que disfrutan de discrecionalidad, es así como en el artículo 172, ordinal 3, se señala que puede suspender las operaciones no autorizadas o las que constituyan riesgos, que a juicio de la Superintendencia, pudiera afectar en forma significativa la situación financiera de la institución que las estuviera realizando, o de aquellas en las cuales se presuma su utilización para la legitimación de capitales o la financiación al terrorismo.

96 Asimismo, en el ordinal 9 del mismo artículo 172, se señala que: “la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, tiene la potestad de realizar, en cuanto lo considere necesario, la inspección, supervisión y vigilancia de las personas naturales y jurídicas contempladas en este numeral”. Ellas son: las Instituciones del Sector Bancario, las personas naturales o jurídicas, incorporadas a su supervisión por leyes especiales y, las personas que realicen operaciones complementarias.

97 OCTAVA TENDENCIA: INCLUSIÓN DE “MECANISMOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”.
Tenemos como octava tendencia o característica en los procedimientos administrativos, la inclusión de “mecanismos alternos de resolución de conflictos”, dentro de los cuales se encuentra la conciliación, que permite poner fin al procedimiento mediante un acuerdo conciliatorio. Podría pensarse que la tendencia a la cual se alude es la de exhortar a las partes del procedimiento administrativo que, en los procedimientos constitutivos son la Administración y el administrado, en cuanto que, en los procedimientos cuasi jurisdiccionales son dos grupos de administrados en pugna, sobre un conflicto de intereses que debe ser dilucidado por la Administración, como si fuera el juez, esto es, en la función de declarar la voluntad concreta de la ley para resolver el conflicto.

98 Esta exhortación al uso de métodos alternativos, está extrañamente presente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo que atañe a la primera ley aludida, señala en su artículo 88: “Los medios alternativos para la resolución de conflictos podrán utilizarse en cualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público o aquellas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la ley”. Igualmente, hay una exhortación a los medios alternativos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 6 que señala: “Los tribunales , promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.”.

99 Es cierto que las normas citadas aluden a procedimientos jurisdiccionales y no a procedimientos administrativos, pero es importante reseñar que, en las delicadas materias que las dos normas regulan, contradiciendo un poco la Ley de Arbitraje Comercial-, se exhorta al uso de los medios alternativos, y con ello, al arbitraje en todas sus modalidades. En el caso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por el contrario, concebida bajo parámetros diferentes, es decir, bajo una concepción más apegada a las doctrinas tradicionales del Derecho Público, no se menciona la posibilidad del arbitraje o la conciliación. No hay en todo lo largo del articulado de la mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la resolución de los conflictos por una vía diferente a la del procedimiento administrativo. En el mismo sentido se encuentra, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos publicada en la Gaceta Oficial N° , del 7 de diciembre de 1999.

100 Ahora bien, la tendencia que notamos no es realmente una vía alterna de solución de conflictos, sino que en realidad es una función mediadora ejercida por la propia Administración. Así, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.899, de fecha 31 de julio de 2008, prevé en su artículo 72: “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, a través de la dependencia creada al efecto, actuará como instancia mediadora o conciliadora, en los conflictos que susciten entre arrendadores y arrendatarios de viviendas, sin perjuicio del derecho de los interesados de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes.” Al efecto, la norma establece como única vía para la solución de los conflictos entre arrendadores y arrendatarios la de la actuación mediadora del órgano administrativo competente, que es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda y Hábitat, dejando sin embargo el derecho de los interesados a ocurrir por la vía jurisdiccional. El procedimiento conciliatorio contenido en la citada ley está constituido por los trámites que vamos a exponer a continuación:

101 1.- Solicitud o denuncia de cualquiera de las partes de la relación arrendaticia, efectuada por escrito ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda y Hábitat. 2.- Citación de la otra parte para que comparezca a exponer sus alegatos y defensas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su citación. 3.- Audiencia de las partes, presidida por los funcionarios designados al efecto. Esta audiencia tiene un carácter muy especial, por cuanto dice la ley que: “podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse, cuantas veces sea requerida para lograr la solución del conflicto, sin que el lapso total exceda de 10 días hábiles.”. La inasistencia de la solicitante a la audiencia se considerará como desistimiento. La inasistencia de la otra parte será considerada como aceptación de los hechos expresados por la solicitante. El Ministerio competente dejará constancia mediante acta de lo acaecido en las audiencias. 4.- Suscripción del acta entre ambas partes y el Ministerio, donde consten los acuerdos y soluciones, y si todo hubiese sido infructuoso debe dejarse constancia en el acta suscrita por las partes. 5.- Agotado el procedimiento conciliatorio las partes podrán asistir libremente a las vías jurisdiccionales.

102 La Ley de la Actividad Aseguradora, dictada por la Asamblea Nacional y publicada el 29 de julio de 2010, en la Gaceta Oficial N° 5990, señala como una de las atribuciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el “llevar a cabo procedimientos de conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos” (artículo 5, ordinal 7°). En efecto, en el artículo 133, único integrante del Capítulo XII, se establece lo siguiente: el Superintendente de la actividad aseguradora podrá actuar como conciliador o arbitro arbitrador, en aquellos casos de conflictos entre los sujetos regulados por la presente ley, los tomadores, beneficiarios o beneficiarios del seguro o los contratantes de planes o servicios de salud, de conformidad con las normas previstas en su reglamento y las normas prudenciales que se dicten al efecto.

103 NOVENA TENDENCIA: TRANSFORMACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN.
La novena tendencia es la que versa sobre la figura de la expropiación, a cuyos efectos tradicionales le han sido añadidos los que derivan de su conversión en una medida sancionatoria. En efecto, es evidente que en la nueva legislación la expropiación deja de tener como objeto esencial la necesidad de la adquisición de la cosa forzadamente por el Estado, dada la falta de aquiescencia del particular a fijar las condiciones de la adquisición de la cosa a través de una de las modalidades (compraventa, cesión, etc.) previstas en el Código Civil. La expropiación para el dispositivo de ciertas leyes administrativas tiene el carácter de una sanción en contra del propietario que hubiese incurrido en determinadas conductas. Dada la importancia que la materia posee, que se extiende a múltiples esferas del acaecer jurídico, vamos a dedicar el capítulo siguiente en forma exclusiva a la expropiación.

104 DÉCIMA TENDENCIA: MEDIDAS CAUTELARES
En vista de que la materia tiene una particular importancia, por el significado que las medidas cautelares tienen en los momentos actuales en el procedimiento administrativo, vamos a dedicar todo un capítulo de la presente obra a su desarrollo. (Capítulo III). Es decir, que la novena y décima tendencia no serán objeto de otros comentarios en este Capítulo I, sino que pasaron a integrar, la expropiación en la normativa vigente, el Capítulo II y III y las medidas cautelares el Capítulo IV.

105 LA EXPROPIACIÓN EN LAS NUEVAS NORMAS ADMINISTRATIVAS.
II LA EXPROPIACIÓN EN LAS NUEVAS NORMAS ADMINISTRATIVAS. 1.- La expropiación en la normativa constitucional. La normativa que rige la expropiación en el Derecho venezolano, parte de las rígidas reglas que sobre ella establece el artículo 115 de la Constitución, constituida por las siguientes pautas: 1.- El Estado garantiza el derecho de propiedad. 2.- El derecho de propiedad acuerda a su titular el “uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Como puede apreciarse no está expresamente señalada una de las facultades básicas que el derecho de propiedad acuerda que es, su exclusividad de lo cual deriva, la obligación universal negativa que acompaña a todo derecho real, por parte de la totalidad de los sujetos del ordenamiento, de abstenerse de disturbar en alguna forma las cualidades de uso, goce, disfrute y disposición.

106 3.- La propiedad está sometida a:
1) contribuciones, esto es el pago que debe hacer el propietario en beneficio de otros sujetos en vista de una disposición expresa de ley; 2) restricciones, constituidas por las limitaciones que también, en virtud de la ley, pueden ser impuestas a la propiedad y 3) obligaciones, que son las cargas que el propietario asume como tal frente a una pluralidad de sujetos que actúan como titulares de derechos frente al mismo. Las obligaciones también son establecidas en la ley, así como por las restantes figuras que constituyen las fuentes en general de todas las obligaciones. Tanto las contribuciones, restricciones y obligaciones, atienden a fines de utilidad pública e interés social y, la Constitución no señala que, la ejecución de cada una de estas cargas implique una indemnización. Existe, igualmente, una figura prevista en la Constitución que, afecta al derecho de propiedad, es ella la expropiación de cualquier clase de bienes, la cual significa la traslación coactiva de la propiedad a un tercero, pero mediante sentencia firme, pago oportuno de justa indemnización y en virtud, de una acción cuya razón o finalidad es la utilidad pública o el interés social.

107 ¿El artículo 115 reenvía al Código Civil?
¿El artículo 115 que como hemos visto, traza los lineamientos fundamentales del derecho de propiedad, hace tácitamente un reenvío al concepto de propiedad contenido en el Código Civil? Indudablemente que, los derechos reales fundamentales están regulados en el Código Civil, en razón de la cual si la Constitución no conceptualiza alguno de dichos derechos habría que, ocurrir al Código Civil para saber su contenido, alcance, objetivo e interpretación. Este es el concepto que hemos admitido, por cuanto las Instituciones no andan solas en el mundo de las normas, sino que están enlazadas con una relación de supremacía y subordinación que, en el caso presente del derecho de propiedad se revela en la supremacía de la norma constitucional y subordinación del Código Civil.

108 La confiscación. Además del art. 115, el art. 116 de la misma Constitución también se ocupa del derecho de propiedad, regulando este último la figura de la llamada confiscación de bienes, la cual está constituida por la pérdida del derecho de propiedad que corresponde al propietario, mediante una decisión ablatoria, cuyos supuestos están previstos en el propio texto constitucional. Los lineamientos de la confiscación en la Constitución son los siguientes: 1.- Es la pérdida del derecho sin indemnización alguna. 2.- La confiscación solo procede en los casos taxativamente permitidos por la Constitución. 3.- El mismo artículo 116, establece los supuestos en las cuales está prevista la confiscación, la cual solo procedería mediante sentencia firme.

109 4.- Los supuestos constitucionalmente previstos son los siguientes:
a.- Los que recaen sobre los bienes de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público. b.- Los casos de enriquecimiento ilícito al amparo del poder público, en los cuales los bienes de quienes se han enriquecido podrán ser objeto de confiscación. c.- Los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras u otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. No puede confundirse la confiscación con la expropiación, taxativamente contemplada en la Constitución.

110 2.- Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social.
La Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Interés Social vigente es de fecha 01 de julio de Esta ley derogó a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social del año 1947, que fuera reformada parcialmente mediante Decreto N° 184 del 25 de abril de 1958, publicada en la Gaceta Oficial de esa misma fecha N° Es menester que nos detengamos un poco en qué es la expropiación forzosa o expropiación por causa de utilidad pública o social en la legislación venezolana. Para poder definir lo que es la expropiación forzosa, es necesario dar una idea general de su objetivo y analizar después cada uno de los elementos que la conforman.

111 Elementos de la expropiación según el artículo 2 de la Ley de Expropiación.
1.- Se trata de una institución de Derecho Público; 2.- El objeto es lograr la transferencia forzosa del derecho de propiedad o de algún otro derecho de los particulares al patrimonio del Estado; 3.- La razón por la cual se obliga al particular a ceder su propiedad, es en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social; 4.- Los mecanismos para que sea valedera la transferencia forzosa del derecho es que exista una sentencia firme y el pago oportuno de una justa indemnización.

112 Lo anterior comprende la totalidad de la noción de expropiación forzosa lo cual se completa con lo siguiente: 1.- ¿Quién es el expropiante? El expropiante puede ser la República en general; uno o más Estados o Territorios; uno o más Municipios. La ejecución de las obras que deban realizarse mediante la expropiación puede efectuarse por cuenta de la República, de los restantes entes territoriales; de los institutos autónomos o de los particulares o empresas debidamente autorizados.   2.- ¿Qué es lo que se expropia? Se pueden expropiar “derechos o bienes pertenecientes a los particulares”. No cabe, en consecuencia, la expropiación contra los entes públicos, sin embargo, es sabido que los entes públicos tienen bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Sobre éstos últimos puede recaer una expropiación forzosa.

113 3.- ¿Qué son los conceptos indeterminados de utilidad pública o interés social?
La ley especial define qué contenido poseen estos conceptos indeterminados, utilizados por la Constitución y por ella misma, señalando que es todo aquello que tiene como objeto directo proporcionar a la República o a los restantes entes públicos, usos o mejoras que procuren el beneficio común. 4.- ¿Cuál es la norma que regula la expropiación forzosa? La ley de expropiación dice que, salvo lo dispuesto en leyes especiales, ella es la que regula la expropiación forzosa; a pesar de lo cual señala que cuando se trate de “reforma interior” o “ensanche de poblaciones” prevalecerá sobre las leyes especiales.

114 5.- ¿Cuáles son los elementos de la expropiación?
El primer elemento es la declaratoria de utilidad pública, consistente en un pronunciamiento formal que establezca que una determinada obra es de utilidad pública o de utilidad nacional. Esta declaratoria de utilidad pública debe ser hecha por el Poder Legislativo Nacional o bien, por la Comisión Delegada en el caso de receso de ésta, todo ello en el plano nacional. En el plano estadal, la declaratoria se acuerda a los Consejos Legislativos de los Estados, en los Municipios la declaratoria es de los Concejos Municipales.

115 No es necesaria la declaratoria de utilidad pública.
Hay casos en los cuales no es necesaria la declaratoria de utilidad pública porque las obras están enunciadas como tal en forma general. El artículo 14 de la ley, trae una extensa lista de las obras que están exoneradas de la necesidad de una declaratoria de utilidad pública como lo son: la construcción de ferrocarriles; de carreteras, de autopistas; de transporte; de edificaciones educativas o deportivas; de urbanizaciones obreras; de cuarteles; de hospitales; de cementerios; de aeropuertos y helipuertos y otras obras análogas, todas especificadas en la norma.

116 Un segundo elemento es el Decreto de Expropiación que consiste en la declaración de que la ejecución de una obra requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o de varios bienes, o de parte de los mismos. El Decreto de Expropiación corresponderá dictarlo, por lo que atañe a la Nación, al Presidente de la República; por lo que respecta a los Estados, al Gobernador y, por lo que toca a los municipios, al Alcalde. No puede dictarse decreto de expropiación sin que previamente exista la declaratoria de utilidad pública. El tercer elemento de la expropiación es el justiprecio del bien objeto de la misma. Finalmente, está el pago oportuno en el dinero efectivo correspondiente a una justa indemnización.

117 El procedimiento para la expropiación sigue los siguientes pasos:
Todo el procedimiento de expropiación está previsto en la ley, aludiendo a las múltiples circunstancias que pueden rodear la adquisición forzosa del bien, como lo son: la expropiación adicional con fines ornamentales; la enajenación de áreas excedentes; la designación de una comisión de avalúos, que ha de estar constituida por tres peritos (uno nombrado por el expropiante, otro por el propietario y el tercero, de común acuerdo por las partes). El procedimiento para la expropiación sigue los siguientes pasos: 1.- Publicación del decreto de expropiación que, como hemos señalado, consiste en la declaración de que la ejecución de una obra requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o de varios bienes. El bien identificado en el decreto de expropiación queda “afectado”, es decir, que se encuentra en una condición específica por cuanto ya pesa sobre él, la declaratoria del interés del ente público en su adquisición.

118 2.- La administración, una vez publicado el decreto de expropiación, debe proceder a realizar los trámites para la adquisición del bien afectado por vía de arreglo amigable y para tales fines, lo debe hacer valorar por peritos que conforman la comisión de avalúos. 3.- Debe efectuarse la notificación a los propietarios, poseedores y, en general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien afectado mediante la publicación de un aviso por una sola vez en un periódico de mayor circulación nacional y en alguno de la localidad donde se encuentre el bien para que, dentro de los treinta días siguientes a la publicación, concurran ante la entidad expropiante.

119 4.- Debe notificarse a los propietarios y sus representantes legales el justiprecio del bien expropiado efectuado por la comisión de avalúos para que ellos manifiesten en el acto de notificación, o dentro de los cinco días hábiles siguientes, si aceptan o no la tasación realizada. Si no concurre ningún interesado, o no exista ninguna manifestación de aceptación del justiprecio practicado, se dará por agotado el arreglo amigable y el ente expropiante puede demandar ante el Tribunal, la expropiación del bien afectado. Si por el contrario, los notificados aceptan el justiprecio, se dará por concluido favorablemente el arreglo amigable produciéndose la traslación de propiedad con el pago del justiprecio.

120 3.- El juicio de expropiación
Administración solicita declaratoria de traslación forzosa. El juicio de expropiación se origina porque no ha sido aceptado el arreglo amigable, por lo cual la administración, ocurre ante el juez para que declare la traslación forzosa del bien. Propietario puede oponerse a al solicitud por los motivos expresados. Al propietario a su vez, le es dado oponerse a la solicitud de expropiación pero, solo podrá fundarse en dos diferentes motivos: el primero, es la violación de las disposiciones contenidas en la Ley de Expropiación y, el segundo, es que la expropiación debe ser total, ya que la parcial inutilizaría el bien, o lo haría inapropiado para el uso al cual se le destina. Poseedor puede hacerse parte en el juicio El poseedor tiene derecho a hacerse parte en el juicio de expropiación para solicitar le sea pagado del precio del bien expropiado, lo que le correspondería por el valor de sus mejoras y, los perjuicios que le hubiesen sido producido.

121 Contestación; oposición; lapso probatorio: Relación.
El juicio prevé la contestación a la solicitud de expropiación; la oposición a la cual antes hemos hecho referencia; un lapso probatorio al concluir el cual se fija la relación de la causa que no puede exceder de sesenta días continuos. Informes-oportunidad de sentencia. Apelación Al concluir la relación, el tribunal debe fijar el segundo día de despacho para la presentación de los informes de las partes, debiendo dictarse sentencia dentro de los treinta días siguientes a la presentación del informe. De la decisión de la Primera Instancia, se oirá apelación debiendo los interesados apelar dentro de los cinco días siguientes a la sentencia.

122 Avenimiento sobre precio del bien.
Declarada por el juez, la necesidad de adquirir en todo o en parte la propiedad o algún otro derecho, y cuando hubiese quedado firme la decisión, se fijará la oportunidad para lograr un “avenimiento” sobre el precio del bien, objeto de la expropiación, tomando como base el establecido por la comisión de avalúos. Falta de avenimiento-nueva comisión de avalúo. Si no se logra el avenimiento, el juez convocará a una audiencia en el tercer día de despacho siguiente para el nombramiento de una comisión de avalúos designada en la misma forma de la precedente.

123 Tareas de la comisión de avalúo.
La comisión de avalúos no solamente debe justipreciar los bienes objeto de la expropiación, sino también los daños indemnizables, tomando en consideración los elementos que la ley establece al efecto en el artículo 40. Gastos del proceso. Todos los gastos derivados del proceso expropiatorio serán por cuenta del ente expropiante. Firmeza del justiprecio. Una vez que las partes están de acuerdo sobre la justa indemnización, o si se encuentra firme el justiprecio, antes de proceder a la ocupación definitiva, el ente expropiante consignará la cantidad ante el tribunal de la causa para que le sea entregado al propietario, a menos de que exista constancia de que ya recibió el pago.

124 Registro de la sentencia y entrega del bien al expropiante.
Una vez consignada la suma o la constancia de haberse realizado el pago al expropiado, el tribunal ordenará expedir copia de la sentencia para su registro en la oficina correspondiente y ordenará a la autoridad del lugar, efectúe la formal entrega del bien al expropiante. Eventual oposición a la entrega del precio. La entrega del precio puede tener incidencia como lo es la oposición que se haga por parte de alguien que se considera con derecho y acompañe prueba de su pretensión. La oposición a la entrega del precio será decidida por el tribunal de la causa con vista a las pruebas evacuadas y podrá acordar o negar el depósito; pero así mismo puede abrir una articulación probatoria de ocho días, si alguna parte lo pidiere.

125 Retrocesión. La Ley de Expropiación contiene una serie de interesantes y útiles instituciones: una de ellas es la retrocesión, en virtud de la cual el propietario del bien expropiado que no hubiese sido utilizado para la obra de utilidad pública o interés social que motivara la expropiación, tendrá derecho a readquirirlo por el mismo precio por el cual lo adquirió el ente expropiante. Basta la simple comprobación mediante inspección judicial de que el bien expropiado no está siendo destinado para la obra de utilidad pública o interés social que motivara la expropiación.

126 Ocupación Temporal. Supuestos.
Otras instituciones importantes que contiene la ley de expropiación son las ocupaciones: la ocupación temporal y la ocupación previa. Ocupación Temporal. Supuestos. La ocupación temporal está implícita en la declaratoria de utilidad pública de una obra, es decir, como dice la ley, toda obra declarada de utilidad pública lleva consigo el derecho a la ocupación temporal de las propiedades ajenas por parte del que la ejecute cuando se trate de las siguientes hipótesis: a) hacer estudios o practicar operaciones facultativas, de corta duración, que tengan por objeto recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de la obra; b) para el establecimiento provisional de estaciones de trabajo, caminos, talleres, almacenes o depósitos de materiales.

127 Duración. La ocupación temporal debe durar el tiempo absolutamente indispensable y no puede exceder un término superior a los seis meses, pero admite una prorroga por igual lapso por causa debidamente justificada. Resolución motivada de la Autoridad. Hay un requisito de la ocupación temporal que es ya tradicional en el Derecho venezolano constituido por una resolución suficientemente motivada por escrito del Gobernador, o de los Alcaldes, la cual debe protocolizarse. Pago de indemnización por los perjuicios. La ocupación temporal da lugar a indemnización al propietario por los perjuicios que le sean causados.

128 5.- Ocupación previa. Requisitos.
Otra de las figuras es la ocupación previa, que se da cuando la obra es de utilidad pública y la autoridad a quien competa su ejecución la califique de urgente realización. Valoración por Comisión de avalúo. En ese caso el bien debe ser valorado por una comisión de avalúos, la cual será acordada por el tribunal que conozca del juicio de expropiación después de introducida la demanda y siempre que el expropiante consigne la cantidad en que hubiere sido justipreciado el bien. Esa valoración dice la ley, no será impugnable por las partes, ya que solo sirve como condición para que el tribunal decrete la ocupación previa y se le garantice el pago al expropiado. Si el expropiado conviene en el avalúo, cesará el juicio de expropiación y el mismo será irrevocable.

129 Ocupación por causa de fuerza mayor.
Hay también una ocupación temporal que se denomina “por causa de fuerza mayor” que se produce cuando un hecho catastrófico como puede ser un incendio, inundación, terremoto o circunstancias semejantes se hayan producido lo cual puede llevar a la primera autoridad del Estado o Municipio a proceder a la ocupación temporal de la propiedad. Hay un capítulo en la ley relativo a la expropiación de los bienes con valor artístico, histórico, arquitectónico o arqueológico con respecto a la cual cabe la ocupación temporal. Vamos a analizar de inmediato a las nuevas leyes que consagran la figura de la expropiación.

130 LA EXPROPIACIÓN COMO MEDIDA SANCIONATORIA
III LA EXPROPIACIÓN COMO MEDIDA SANCIONATORIA En varias leyes administrativas recientes ha aparecido la tendencia que reseñamos en el título de comprender la expropiación como medida sancionatoria. Vamos a analizar algunas de estas disposiciones que están actualmente vigentes. 1.- Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Origen. La vigente ley es una reforma de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de fecha 4 de mayo de 2004, así como del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precio de fecha 21 de febrero de 2007 que a su vez fuera reformada el 31 de enero de 2008.

131 Razones en la Exposición de Motivos.
En la Exposición de Motivos el legislador se muestra insatisfecho de las sanciones establecidas en los textos anteriores insistiendo en una mayor penalización para los eventuales infractores de sus disposiciones. Medidas preventivas y otorgamiento de condición de auxiliar de la justicia a Indepabis. Asimismo, se establecen medidas preventivas en contra de los administrados y se le otorgó carácter de órgano auxiliar de la justicia al órgano ejecutor por excelencia de la ley, el INDEPABIS que, originariamente, simplemente denunciaba ante los organismos competentes los hechos tipificados como delitos.

132 1.a.- El régimen expropiatorio en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Declaratoria de utilidad pública. En el artículo 6 (Título I “Disposiciones Generales”) bajo el título de declaratoria de utilidad pública, se señala lo siguiente: “Se declaran, y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios”. El primer aparte del aludido artículo 6 establece que “El Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la presente ley, sin que medie para ello declaratoria de utilidad pública o interés social por parte de la Asamblea Nacional”.

133 Otros supuestos de expropiación.
De inmediato el segundo aparte de la norma, aporta un nuevo supuesto para iniciar el procedimiento expropiatorio el cual es del tenor siguiente: “Igualmente el Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 16, 53 y cualquiera de los supuestos ilícitos administrativos previstos en los artículos 46, 47, 65, 66, 67, 68 y 69 de la presente ley”

134 Consagratoria de ocupación previa.
El párrafo siguiente consagra una especie de ocupación previa, señalando lo siguiente: “En todo caso, el Estado podrá adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicio por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que corresponda”. Compensación y disminución de la indemnización. Un “parágrafo único” establece lo siguiente: “En los casos de expropiación, de acuerdo a lo previsto en este artículo, se podrá compensar y disminuir del monto de la indemnización lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes”.

135 1.b.- Análisis del artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Amplitud de la declaratoria de utilidad pública. La norma contiene ante todo, una declaratoria general de utilidad pública e interés social, con la cual se pretende cubrir una esfera tan amplia de bienes que llega a ser genérica o, en todo caso, se aparta del sentido restrictivo que una declaratoria de tal naturaleza deba poseer. Bienes “necesarios”. Se habla allí de bienes necesarios, lo cual indudablemente quiso expresarse en el sentido de imprescindibles, lo cual lleva a que tal calificación se extienda a bienes que van a operar en un ámbito amplísimo de actividades. Es decir que, el legislador cuando exime de la declaratoria de utilidad pública e interés social a las expropiaciones previstas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, trata de cubrir con ella todas las categorías que se vinculan en alguna forma con el objetivo concreto de la ley.

136 Ámbito de las actividades.
En efecto, las actividades para las cuales se requieren los bienes abarcan toda la esfera de la actividad económica, ya que se refieren a la producción, y por si el término fuera poco específico, se completa con el término “fabricación”; pero no solo eso, sino que se alude también a los bienes que vienen del exterior, es decir, importación y de inmediato se refieren a “acopio” término que alude a la reunión o recolección de diversos elementos. De inmediato se añade el de transporte, la distribución y la comercialización de bienes y servicios Es decir que, la expropiación en cualquiera de las materias que están presentes en la defensa del consumidor, no requiere de una declaratoria de utilidad pública, por cuanto la misma está necesariamente contenida en los enunciados del comentado artículo 6. Pareciera que es necesario, una mayor especificidad para la determinación de los bienes que no requieren declaratoria de utilidad pública.

137 Especificidad del artículo 14 de la Ley de Expropiación.
En efecto la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública es un buen ejemplo de que las excepciones a la declaratoria de utilidad pública deben ser específicas y, es así como su artículo 14 señala concretamente los bienes y actividades por ella exceptuadas, señalando entre otros “las construcciones de ferrocarriles, carreteras, autopistas, sistema de transporte subterráneo o superficial…….sistemas de irrigación…….caídas de agua para instalación de plantas hidroeléctricas”,etc.

138 No es necesaria la declaratoria de la Asamblea
En el primer aparte del tanta veces aludido artículo 6, el legislador explica lo que no tenía ninguna necesidad de explicar, por cuanto al haber declarado de utilidad pública e interés social a determinados bienes, era lógico que para iniciar la expropiación no resulte necesaria la declaratoria exigida en la Ley de Expropiación por parte de la Asamblea Nacional. Los ilícitos económicos y administrativos como causa de la expropiación. Ahora bien, en el tercer párrafo se señala que el Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hubiesen cometido “ilícitos económicos y administrativos”, tales como los establecidos en el artículo 114 de la Constitución. Remisión al artículo 114 de la Constitución. Esta norma constitucional establece que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo con la ley”.

139 Cambio en el fin de la expropiación.
Con lo anterior se ha producido un cambio en el fin y en el objeto de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, ya que esto solo procedía cuando un derecho o un bien perteneciente a los particulares resulte necesario “para lograr la satisfacción del bien común”. La expropiación es la vía para obtener el bien o el derecho ajeno que el Poder Público necesita para la satisfacción de sus fines y que no puede obtener voluntariamente del propietario. Expropiación=Penalización de una conducta. Con la normativa de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la expropiación constituye la sanción o la penalización de una conducta calificada como irregular, o bien, delictual. Es decir, como sanción contra un delito o falta se establece la expropiación.

140 Otros delitos que puedan originarla
Por otra parte, la ley comentada no se limita a hacer referencia al artículo 114 de la Constitución, sino que señala una larga lista de delitos consagrados en su propio texto y que son al efecto los siguientes: El artículo 16 de la Ley. .- Los contenidos en el artículo 16. El artículo 16 establece prohibiciones y sanciones a cualquier acto o conducta de los proveedores de bienes y los prestadores de servicio que impongan “condiciones abusivas a las personas” y pasa de inmediato, en diez ordinales, a señalar cuáles serían esas condiciones consideradas como abusivas. Para completar los supuestos sometidos a sanción, el último aparte del artículo 16 señala que “se prohíbe y se sancionará a cualquiera de los sujetos de la cadena de distribución, producción y consumo, que entre ellos impongan condiciones abusivas que afecten a las personas o que tiendan al incremento indebido de precios, acaparamiento o boicot de productos o servicios”.

141 Ilícitos del artículo 53 de la ley.
.- Igualmente se refiere la ley a los ilícitos contemplados en el artículo 53, de su propio texto, lo cual aludiría a las siguientes situaciones: a la falta de inclusión en el precio de los bienes y servicios de toda tasa o impuesto que los grave y que deba pagar la persona; a la fijación del monto del precio en moneda de curso legal, de manera clara e inequívoca, así como a la fecha en que se hizo el marcaje y a la de expiración del lapso durante el cual el producto es apto para el consumo; a la prohibición de exponer a la venta los productos cuya fecha de expiración haya llegado a su límite.

142 Ilícitos administrativos de los artículos 46, 47, 65, 66, 67, 68 y 69.
.- Igualmente, se reenvía a los “supuestos ilícitos administrativos” previstos en los artículos 46, 47, 65, 66, 67, 68 y 69 que contemplan las siguientes situaciones: El artículo 46 al doble marcaje de precio, constituido por el hecho de que sea tachado o enmendado el precio original o fijados en listas precios superiores a los marcados. Por su parte el artículo 47 alude a la prohibición de incremento de precio de bienes de existencia ya marcada, refiriéndose a la hipótesis de que se hubiese producido un aumento en el precio de la venta de bienes, caso en el cual las existencias de tales productos marcados con el precio anterior, deberán venderse sin el incremento. El artículo 65 alude a la especulación, señalando que quienes vendan a precios superiores a los fijados por la autoridad competente; alteren la calidad o condicionen su venta, serán sancionados. El artículo 66 señala el supuesto de quienes compren productos declarados de primera necesidad para fines de lucro y no para consumo familiar o personal.

143 Acaparamiento. En el artículo 67 se tipifica el llamado “acaparamiento”, indicando que quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes, retengan los mismos con o sin ocultamiento, para provocar escasez o aumento de los precios, serán sancionados con lo previsto en la ley. Boicot El artículo 68 habla del boicot, señalando que “quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, serán sancionados conforme a lo previsto en la ley”. Prohibición de expendio de alimentos. El artículo 69 alude a la prohibición de expendio de alimentos o bienes vencidos o en mal estado.

144 Artículo 6=Expropiación como sanción complementaria.
Como puede apreciarse, lo que el texto del artículo 6 de la Ley en su segundo aparte establece es que la expropiación procede como sanción complementaria en el caso de los delitos previstos en la ley, que son fundamentalmente aquellos que operan en contra del consumidor o el usuario. No podemos menos que manifestar nuestra inquietud frente a esta corriente que se inicia con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de convertir la expropiación en una sanción, tergiversando el sentido que tradicionalmente ha tenido en el campo del Derecho en Venezuela y que, en forma expresa, señala la Constitución en su artículo 115 y desarrolla la ley de la materia, que no es otra que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e Interés Social.

145 1.c.- Otras medidas “ablatorias” en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Medidas ablatorias. El tercer aparte del artículo 6 introduce una nueva medida de las denominadas ablatorias en la doctrina del Moderno Derecho Administrativo, es decir, aquellas que inciden negativamente sobre la situación jurídica de los administrados, limitando, restringiendo o extinguiendo derechos. Contenido del artículo 6: Ocupación, operatividad temporal e incautación. Al efecto, indica la norma citada que el Estado podrá adoptar “la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad ”.

146 Necesidad de continuar operando.
Señala finalmente el párrafo citado que “el órgano o ente ocupante debe procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que corresponda”. Ocupación temporal: Desde el principio al fin del procedimientos De allí que una vez iniciado el procedimiento expropiatorio y hasta que el mismo concluya, el Estado puede efectuar la ocupación temporal, lo cual significa que tomará posesión del bien, o bien, hará funcionar el servicio para garantizar que atiendan a las necesidades de la colectividad. Compensación y disminución de la indemnización por multas y sanciones. El último párrafo del artículo 6 que se denomina “parágrafo único” señala que en los casos de expropiación, de acuerdo a lo previsto “en este artículo” se puede compensar y disminuir del monto de la indemnización que debe serle pagado al propietario, lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados.

147 1.d.- Algunas expropiaciones fundadas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Decreto N° 7925 del 21 de diciembre de Expropiación de los bienes, muebles, inmuebles y bienhechurías de la sociedad mercantil Aluminio de Venezuela, C.A. (ALVEN). Este decreto de expropiación se fundamenta en la Ley de Expropiación y en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Decreto de Afectación. Consideró el Ejecutivo que la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles presuntamente propiedad de ALVEN resultaban imprescindibles para la ejecución de la obra “Consolidación de la Capacidad Industrial del Sector Aluminio para el Pueblo Venezolano”. Bienes afectados. Al efecto, se enunciaron como bienes objeto de la expropiación, los inmuebles de la planta industrial ubicada en La Victoria Estado Aragua, sus sucursales y demás oficinas; los bienes muebles tales como maquinarias, equipos y materiales que se hallen dentro de los inmuebles antes señalados; los medios de transporte propiedad presuntamente de ALVEN y cualquiera otros bienes y derechos que formen parte del complejo industrial ALVEN.

148 Destino de los bienes=CORPIVENSA
Se estableció que los bienes expropiados pasarían libres de gravamen o limitaciones al patrimonio de la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias, a través de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (CORPIVENSA). Orden a la Procuraduría   Se ordenó a la Procuraduría General de la República tramitar el procedimiento de expropiación según la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social. Calificación de urgente la realización de la obra Se calificó de urgente realización la ejecución de la obra “Consolidación de la capacidad industrial del sector aluminio para el pueblo venezolano” mediante la puesta en funcionamiento, uso y aprovechamiento de los bienes afectados.   Ente ejecutante Se indicó que la obra sería ejecutada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias a través de CORPIVENSA. Reservación de derechos laborales. Se ordenó resguardar los derechos y garantías de los trabajadores de ALVEN y sus sucursales.

149 1.e.- Adquisición forzosa de los muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Sanitarios Maracay, C.A. Fundamentación legal. La expropiación aludida en el subtítulo, se fundamentó en los artículos 5 y 56 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social y en el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Fundamentación fáctica Uno de los “considerando” señala la necesidad de la organización de los factores de producción para lograr los niveles necesarios para satisfacer la demanda de la población a lo que se une la respuesta del Estado ante la emergencia ocasionada por los recientes fenómenos meteorológicos. Indica igualmente la exposición de motivos que, en base a lo antes expresado surge la “imperiosa necesidad” de que el Estado cuente con una infraestructura de producción de vivienda basada en la industrialización de la producción de sus insumos.

150 Según las razones aludidas la adquisición forzosa de la sociedad mercantil Sanitarios Maracay, C.A. resulta imprescindible para la ejecución de la obra “Consolidación de la capacidad industrial del sector de piezas sanitarias para el pueblo venezolano”. Bienes objeto de la expropiación. Los bienes que se expropian son: a) los inmuebles constituidos por la planta industrial ubicada en Maracay Estado Aragua; b) sus sucursales y demás oficinas; c) los bienes muebles como maquinarias, equipos y materiales que formen parte o se hallen dentro de los inmuebles necesarios para la obra antes señalada; d) los medios de transporte; y, e) cualquiera otros bienes y derechos. Destino de la expropiación. Por lo que respecta a los bienes expropiados, los mismos pasarán libres de gravamen al patrimonio de la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias, a través de la Corporación CORPIVENSA.

151 Actuación de la Procuraduría General de la República en el procedimiento.
La Procuraduría General de la República tramitará el procedimiento de expropiación previsto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social. Carácter de urgencia.   La realización de la obra “Consolidación de la capacidad industrial del sector de piezas sanitarias para el pueblo venezolano”, es calificada de urgente y será ejecutada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias a través de la Corporación CORPIVENSA.   Resguardo de los derechos de los trabajadores. Se ordena resguardar de manera especial los derechos de los trabajadores de Sanitarios Maracay.

152 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
1.- Medidas cautelares en el procedimiento administrativo. Evaluación del sistema-calificación. ¿Puede considerarse positiva la evolución del sistema administrativo por el hecho de que se establezcan medidas cautelares en el curso de los procedimientos? Son muchos los que celebran que, en la legislación administrativa, cada vez más, se hagan presentes medidas cautelares. Estimamos que, quienes estiman positiva la presencia de las medidas cautelares, incurren en una confusión conceptual.

153 Bases del poder cautelar: el “periculum in mora”.
En efecto, las medidas cautelares nacen en el proceso, tanto en el juicio ordinario como en los especiales, para tutelar la posición de una parte frente a la otra, sobre todo, la posición del actor frente al demandado ante el temor de que, éste último, realice maniobras que modifiquen el status quo existente en el momento de introducción de la demanda, al punto de que, no pueda ejecutarse el contenido de un fallo favorable al actor, por cuanto los bienes del demandado desaparezcan, se produzcan circunstancias que, modifiquen la situación de las partes, en forma dañina a una de ellas. Indudablemente que, si este es el objetivo de la medida cautelar, es necesario propiciarlas al máximo.

154 La situación del procedimiento administrativo.
a) Procedimientos cuasi-jurisdiccionales. Ahora bien, en el procedimiento administrativo típico, las “partes” son: la Administración actuante, frente al administrado. Es cierto que, en los llamados procedimientos cuasi jurisdiccionales hay otras partes, por cuanto en ellos la Administración tiene que decidir entre dos o más administrados, declarando la voluntad concreta de la ley, en beneficio de uno de ellos. b) Procedimientos constitutivos de la Administración. La mayor parte de los procedimientos, no son sin embargo de tal índole (cuasi jurisdiccionales), sino que se ventilan por parte de la Administración frente a un administrado, bien sea, a iniciativa de la Administración (de oficio) o del particular. Esta es, la generalidad de los procedimientos administrativos, por lo cual, siendo así, ¿contra quién pueden acordarse las medidas cautelares? c) Medidas cautelares y conflictos de intereses contrapuestos. Las medidas cautelares deberían estar destinadas a evitar los riesgos de las partes que se encuentran en un juicio o en un procedimiento administrativo de naturaleza contenciosa, es decir, donde hay conflictos de intereses que deben ser decididos.

155 d) Situación de la Administración en los procedimientos.
Ahora bien, la administración no se encuentra en los procedimientos administrativos en situación de debilidad ni sus intereses están el peligro frente a los del administrado. e) Administración dotada de poderes públicos. Además, la administración está dotada de grandes poderes de naturaleza pública de los cuales obviamente carece el administrado. Ante esta realidad, en nuestro criterio no tiene sentido alguno que se acuerden medidas cautelares a favor de la administración. f) ¿Medidas cautelares a favor del Administrado equilibra la situación? Exitoso sería el procedimiento administrativo que previese medidas cautelares a favor del administrado porque así se obtendría una cierta igualdad de posiciones entre el administrado y la administración. Ahora bien: ¿Quién podría equilibrarla? ¿la propia administración dictaría medidas contra si misma? ¡Absurda! ¿Podría ser el legislador, estableciendo presunciones?

156 La suspensión por ley fue una posibilidad.
Las primeras regulaciones que se hicieron de los procedimientos administrativos incluyeron la posibilidad de la suspensión de los efectos de los actos administrativos objeto de tales procedimientos. Régimen del art. 87 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Es así como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 87 comienza por negar el efecto suspensivo del recurso señalando “la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario”. Ahora bien, el único aparte de dicho artículo establece la posibilidad de que se acuerde la suspensión por parte del órgano ante el cual se recurre. Condiciones de la suspensión: 1.- Momento: Al recurrir 2.- Motivos: Grave perjuicio. Fundamento en nulidad absoluta. 3.- Caución previa y suficiente. Señala así la norma: el órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que considere suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada.

157 Como se ve en esta norma primigenia, si bien, el recurso contra el acto no suspende los efectos, salvo previsión legal en contrario, el órgano que ha de decidir el recurso tiene la posibilidad de ordenar la suspensión de sus efectos en todo o en parte. Otras medidas surgidas: A favor de la Administración para facilitarle ejecución del acto. La legislación administrativa en la medida que acoge y aplica, medidas cautelares en el procedimiento administrativo, lo hace a favor de la Administración para facilitarle la ejecución del acto. Es muy raro que en los procedimientos administrativos se establezcan medidas cautelares que operen en contra de la administración. Medida a favor del administrado: Solo la suspensión de efectos total o parcial. Una sola medida cautelar ha estado desarrollada en los procedimientos administrativos a favor del administrado y, esta medida es generalmente utilizada en los procedimientos de segundo grado. Se trata de la llamada suspensión de efectos del acto administrativo, es decir, es una vía a través de la cual el administrado trata de lograr que el acto administrativo por el mismo impugnado deje de surtir sus efectos durante la pendencia del procedimiento, produciéndose la suspensión parcial o total de los efectos que el mismo está destinado a alcanzar.

158 Limitaciones de la suspensión.
Ahora bien, esta medida que fue fundamental, tanto en el procedimiento administrativo como en el contencioso administrativo, ha sido sometida a tantos límites que ha perdido su real objetivo. No existen otras medidas a favor del administrado, por cuanto tenemos que recordar que el procedimiento administrativo típico se ventila entre un particular frente a una Administración Pública y, es muy difícil que la misma Administración que dictó el acto o ante el cual se recurre esté dispuesta a suspender sus efectos. Suspensión=figura declinante A diferencia de esta declinante facultad del administrador, vemos que la Administración ha sido dotada del poder de aplicar por si misma medidas cautelares. Medidas cautelares en el procedimiento administrativo=medidas a favor de la administración. Por todo lo anterior cuando se habla de medidas cautelares en el procedimiento administrativo, sabemos que se trata de medidas cautelares a favor de la administración en el procedimiento administrativo, lo cual desde el punto de vista del Derecho Administrativo puro parecería un contrasentido, porque la administración, aún cuando sea llevada al ámbito del procedimiento contradictorio contralor de sus actos, sigue teniendo las potestades que colocan al administrado en una situación de subordinación frente a ella.

159 ¿Para que nuevas medidas si basta su supremacía?
En vista de lo anterior, ¿para qué acordarle más potestades cuando ya su posición de supremacía frente al particular constituye una garantía de triunfo en el procedimiento administrativo, tanto de primer grado, como en el de revisión o reexamen? Por todo lo anterior, puede entenderse que cuando en las leyes administrativas se establecen medidas cautelares, ello quiere decir que la todopoderosa administración, tenga, además de sus potestades y supremacía, potestades procesales para afectar la esfera jurídica de los administrados. El fundamento se halla en la tutela del interés colectivo o del “débil jurídico” en los procedimientos cuasi-jurisdiccionales.

160 2.- Las medidas cautelares previstas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Vamos a identificar en el presente estudio, las medidas cautelares que tienen las Administraciones Públicas frente a los administrados, utilizando el contenido en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de fecha 1 de febrero de 2010, Gaceta Oficial En efecto, en el Título V de la ley en examen (“De los Procedimientos Administrativos”) Capítulo II, aparece un título denominado “Tipos de medidas preventivas”, en el cual se enumeran las medidas que pueden ser dictadas si se dan algunos supuestos que están previstos expresamente en el artículo 111 de dicha Ley. Fundamento de las medidas: a.- Peligro del daño b.- Ratio: 1) Interés individual o colectivo; 2) De satisfacer necesidades de bienes y servicios de calidad; 3) en forma oportuna; 4) especialmente los inherentes a la vida, salud y vivienda; y, 5) Hay una frase que establece que “la presunción de buen derecho se origina en el derecho del pueblo a la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”.

161 Situaciones justificativas de las medidas.
a) cuando en la cadena de producción, distribución y consumo los prestadores de servicios o los terceros responsables cierren, abandonen, restrinjan la oferta, se nieguen a expender bienes, obstaculicen el desarrollo normal de las etapas de la cadena; alteren las características de la prestación del servicio o bien, hubieren presuntamente omitido cualquier actividad para el normal desarrollo del proceso a su cargo, en cualquiera de las fases de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización; b) cuando el sujeto requerido conforme a la ley no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte los elementos necesarios para efectuar la fiscalización; c) cuando la declaración de los sujetos de la cadena de producción, distribución y consumo no estén respaldadas por los documentos, contabilidad u otros medios que permitan conocer el monto de las operaciones; d) cuando se opongan u obstaculicen el acceso a los locales donde deban iniciarse o desarrollarse las facultades de fiscalización; e) cuando lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido;

162 f) cuando no presenten los libros y registros de la contabilidad o no proporcionen las informaciones relativas a las operaciones registradas; g) cuando hayan omitido el registro de operaciones o alterado ingresos y costos; h) cuado los registros de compra no cuenten con los soportes respectivos; i) cuando omitan o alteren en los registros existencias que deben figurar en los inventarios o las registren a precios distintos a los de costo; j) Cuando no cumplan con las obligaciones sobre valoración de inventarios o no establezcan mecanismos de control de los mismos;

163 K) cuando se adviertan presuntas irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones; l) Cuando se advierta riesgo de destrucción, desaparición o alteración de los bienes y de la documentación que se exija conforme las disposiciones de esta Ley, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así como de cualquier otro elemento probatorio relevante para la determinación de los hechos investigados; m) cuando en el caso que el infractor persista en vender los alimentos o productos especulativos; n) cuando se verifique la presunta violación de lo establecido en los artículos 16, 53 y cualquiera de los supuestos de ilícitos administrativos, previsto en los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la presente Ley. Tipos de medidas. Las medidas preventivas que determina el artículo 112 de la citada Ley y que pueden ser dictadas en los casos precedentemente enumerados son los siguientes: 1.- Ocupación y operatividad temporal, la cual se materializará mediante la posesión inmediata puesta en operatividad y aprovechamiento del establecimiento por parte del órgano competente para garantizar la disposición de los bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano ocupante procederá a inventariar el activo y deberá realizar las acciones necesarias para que no se rompa la continuidad de la prestación ni las fases de la cadena de producción

164 2.- Tomar posesión de los bienes y utilización de sus respectivos medios de transporte. La norma agrega que “en aquellos casos en que se trate de bienes de primera necesidad, el INDEPABIS podrá poner los mismos a disposición de las personas, a través de los mecanismos que se consideren pertinentes” 3.- Tomar posesión de los bienes o de los medios de transporte con los que se suponga que se ha cometido cualquiera de los supuestos de ilícitos administrativos previstos en la ley. La ley incluso señala que, en los casos en que se trate de bienes se podrán poner a disposición de las personas a través del “comiso inmediato” de dichos bienes u otros mecanismos que se consideren pertinente. 4.- Cierre temporal del establecimiento local, con la finalidad de que el presunto infractor subsane los supuestos que motivaron la aplicación de la medida

165 5.- Retención preventiva del medio de transporte cuando existan suficientes elementos de la presunta comisión del delito de contrabando de extracción. El funcionario deberá poner a al orden del Ministerio Público o de los organismos de seguridad del Estado al conductor, propietario o cualquier otra persona relacionada con el ilícito, así como el respectivo medio de transporte 6.- Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata. Con relación a los trabajadores. Durante la vigencia de cualquiera de las medidas, los trabajadores continuaran recibiendo el pago de salarios y los derechos inherentes a la relación laboral y a la seguridad social.

166 Oposición a la medida preventiva.
Si la persona afectada estuviese presente, se entenderá notificada y podrá oponerse a la medida preventiva dentro de los tres días siguientes, acompañando las pruebas que considere pertinente. Si la notificación personal no puede realizarse se ordenará la publicación del acto en un diario de circulación nacional. En caso de oposición se abrirá una articulación probatoria de ocho días la cual debe ser resuelta por el Presidente del Instituto en un plazo no mayor de veinte días prorrogable por igual término.

167 3.- Ley Sobre el Delito de Contrabando
Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° del 30 de diciembre de 2010. Los modos de proceder son los siguientes: de oficio; por denuncia de cualquier funcionario o particular, sin menoscabo de los casos de flagrancia, la cual se regirá por el Código Orgánico Procesal Penal. La ley contiene la figura de la “retención preventiva”, la cual se tipifica cuando se presume la comisión del contrabando que faculta a los funcionarios a retener cautelarmente las mercancías o bienes involucrados y remitirlos a la oficina aduanera de la jurisdicción.

168 La oficina aduanera, debe ordenar: la determinación de la mercancía o los bienes; la ubicación arancelaria; tarifa y régimen legal y remitir la actuación al Ministerio Público. El remate Una vez declarado el contrabando, las mercancías o bienes serán rematados siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento para el remate de mercancías abandonadas. Caso de las armas o explosivos. Cuando el objeto del contrabando sean armas, municiones o explosivos no serán objeto de remate ni de destrucción, sino que pasarán a la República Bolivariana de Venezuela.

169 4.- Medidas Cautelares en la Ley de Contrataciones Públicas.
Esta ley publicada en la Gaceta Oficial N° del 6 de septiembre de 2010 contiene un capítulo expreso sobre medidas preventivas administrativas. Caso de apertura de procedimiento sancionatorio: 1) para determinar el incumplimiento por parte del contratista en los contratos de ejecución de obras; 2) cuando la obra hubiese sido paralizada; 3) cuando exista un riesgo inminente de paralización. En estos supuestos el órgano o ente contratante, puede dictar, con la finalidad de dar continuidad a la obra, y garantizar su culminación en el plazo establecido las siguientes medidas: a.- La requisición de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias; b.- El comiso de los materiales afectos a la ejecución de la obra.

170 Ejecución de las medidas.
Las medidas dictadas deberán ejecutarse en el mismo acto (art. 131). Levantamiento de acta. Se procederá a levantar un acta que será suscrita por el ingeniero inspector en el cual se deje constancia de los bienes, equipos, instalaciones y materiales que allí se encuentren, así como el estado de ejecución de las obras. En el caso de que los equipos y maquinas estén ubicados en lugares distintos al de la obra, deberán enunciarse en el acta que se ordenara levantar, o bien, levantarse otras actas si fuere necesario a los fines de dejar constancia de la existencia y ubicación de todos los bienes afectos a la ejecución de la obra.

171 Sustanciación de la medida preventiva
Deberá efectuarse en cuadernos separados Oposición dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que ha sido dictada mediante la cual puede solicitarse su revocatoria, suspensión o modificación por ante el funcionario que la dictó, Decisión de la oposición. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud. Bienes objeto de requisición o comiso. Quedan a disposición del órgano que la dictó mediante la ocupación temporal y posesión inmediata de los mismos. Vigencia de la medida preventiva Permanecerá en vigencia hasta la recepción definitiva de la obra o hasta su revocatoria por parte los órganos o ente contratante. Potestad del responsable de la medida. Amplia discrecionalidad. Puede en cualquier estado o grado del procedimiento decretar: a) Revocatoria de la medida b) Suspensión c) Modificación Condición: Si existen condiciones para levantamiento y el mismo no afecta la ejecución de la decisión

172 LAS NUEVAS MODALIDADES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA
1.- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación Característica de la Ley. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial N° de fecha 16 de diciembre de 2010, caracterizándose por el despliegue de la potestad de investigación que tiene la administración y, asimismo, por el procedimiento sancionatorio que aparece minuciosamente desarrollado en su texto. Principios rectores de la investigación: libertad de prueba. Por lo que respecta a las potestades de investigación, la misma se rige por el principio de libertad de prueba y opera esencialmente cuando se sustancia el procedimiento sancionatorio.

173 Contenido de la potestad de investigación.
1.- Requerir la declaración de cualquiera relacionado con la presunta información; 2.- Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento, los documentos o la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos; 3.- Emplazar mediante los periódicos nacionales o regionales a cualquier persona que pudiese suministrar las informaciones requeridas; 4.- Solicitar de otros órganos o entes públicos información sobre las personas involucradas, salvo que la misma haya sido declarada confidencial o secreta; 5.- Realizar las inspecciones que considere pertinente y; 6.- Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

174 Creación de un Registro oficial en materia de Ciencia y Tecnología.
Deberá ser creado en materia de ciencia tecnología, innovación y sus aplicaciones un registro oficial inviolable, protegido contra modificaciones posteriores. Este registro cubrirá a los siguientes sujetos: instituciones, empresas y entidades contribuyentes; registro de usuarios y solicitantes de financiamiento; registro de instituciones, empresas o entidades evasoras y morosas y registro de usuarios malversadores y defraudadores. La ley establece que, a través del sistema de multas se aplicarán las sanciones a los sujetos que hayan cometido violaciones de la ley sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. Las multas son clasificadas en la siguiente forma: 1.- Multa por incumplimiento de las normas de financiamiento; 2.- Multas por incumplimiento del aporte especial establecido en la ley; 3.- Multa por desviación de los recursos.

175 Multas por incumplimiento de normas de financiamiento.
Las multas por incumplimiento de las normas de financiamiento se aplican a: a) quienes hubieran obtenido recursos de la autoridad nacional, competente en la materia (ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones); b) e hubiesen incumplido las estipulaciones pevistas en los reglamentos que rigen el otorgamiento de tales recursos. Consecuencias. Los responsables deben: a) reintegrar los recursos no justificados; b) no les serán otorgados nuevos recursos durante un lapso de dos a cinco años y c) les serán aplicadas multas comprendidas entre 10 unidades tributarias y unidades tributarias que serán determinadas por la máxima autoridad del organismo de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, del tipo de financiamiento y del monto otorgado. Multas por incumplimiento del aporte especial. Por lo que atañe a las multas por incumplimiento del aporte especial, se trata de la conducta de aquellos que incumplan con el pago de la contribución establecida en la ley, quienes serán sancionados con sumas equivalentes al 50% del monto correspondiente a la contribución, sin perjuicio de las obligaciones establecidas.

176 Multas por desviación de los recursos.
Las multas por desviación de los recursos es aquella sanción que recae sobre la persona beneficiaria de las inversiones que la ley otorga cuando destinen parcial o totalmente los recursos recibidos a fines distintos de aquellos para los cuales les fueron otorgados. La sanción comprenderá una multa equivalente al 50% del financiamiento recibido, así como la obligación de reponer los recursos no destinados al fin y todo ello sin perjuicio de las sanciones, penales, civiles, administrativas a que hubiere lugar.

177 Procedimiento para la determinación de lo incumplido.
Apertura. Competencia. De oficio. Emplazamiento. Este procedimiento se abrirá por parte de la máxima autoridad del órgano competente en materia de ciencia y tecnología a quien corresponda “de acuerdo con la presunta infracción” y en el mismo se establecerán los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen derivar de la constatación de los mismos, emplazándose al presunto infractor para que en un lapso no mayor de quince días hábiles consigne los alegatos y pruebas que estime pertinente para su defensa. Falta de comparecencia. Si el presunto infractor no comparece una vez practicada la notificación, se considerarán demostrados los hechos. Fin de la sustanciación. Concluida la sustanciación del expediente o transcurrido el lapso fijado para la misma, que no podrá exceder de dos meses, contados a partir del acto de apertura, el encargado de la sustanciación del expediente lo remitirá a la máxima autoridad del órgano o ente que corresponda, de acuerdo con la infracción, el cual deberá dictar la decisión dentro de los quince días hábiles, sin perjuicio de que pueda ordenar la realización de cualquier acto adicional de sustanciación que juzgue conveniente.

178 2.- Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° del 7 de febrero de Sobre el procedimiento sancionatorio. Sanciones. De particular importancia en esta ley es el procedimiento administrativo sancionatorio, ya que sin perjuicio de las restantes responsabilidades se pueden imponer sanciones constituidas por: cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales y educativos; multas; suspensión de la habilitación administrativa y revocatoria de la habilitación administrativa y de la concesión. Cesión de espacios. Por lo que atañe a las sanciones constituidas por cesión de espacios, las mismas se originan cuando se incumpla con alguna de las siguientes obligaciones: 1) no haber incorporado medidas que favorezcan a las personas con discapacidad auditiva; 2) no haber conservado el mismo nivel de intensidad de audio prevista en la ley; 3) incumplimiento de la obligación de identificarse durante la difusión de la programación; 4) no recibir ni responder a las reclamaciones de los usuarios; 5) no identificar las obras musicales venezolanas difundidas.

179 Sanción de multa del 1% al 2% de los ingresos brutos.
La ley establece que se sancionará al prestador de servicios con multa de 1% a 2% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción cuando: a) incumpla con la obligación de difundir el himno nacional; b) incumpla con la obligación de difundir los mensajes en castellano o idiomas indígenas, según lo previsto en la ley; c) difunda durante los horarios “todo usuario” o “supervisado”, propagandas comerciales (infocomerciales) que excedan de quince minuto de duración; d) incumpla con las limitaciones de tiempo o fraccionamiento establecido para la difusión de la publicidad, propaganda, promociones o infocomerciales; e) incumpla con las obligaciones establecidas para la difusión de la publicidad; f) difunda publicidad de servicios profesionales prestadas por personas que no posean los requisitos exigidos por la ley. La lista es bastante amplia porque comprende más de treinta supuestos muy específicos de incumplimientos propios del sector.

180 Sanción de multa desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos
Sanción de multa desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción cuando: a) difunda en el horario “todo usuario” mensajes no permitidos; b) difunda en el horario supervisado mensajes no permitidos para ese bloque; c) difunda en el horario “todo usuario” publicidad de loterías, juegos de envite y azar; d) difunda más de dos horas de radionovelas o telenovelas en los horarios “todo usuario” y supervisados respectivamente o no cumpla con el porcentaje reproducción nacional establecido; e) difunda en el horario todo usuario mensajes que atenten contra la formación integral de los niños y adolescentes; f) difunda en el horario “todo usuario” publicidad de productos y servicios de carácter sexual; g) difunda publicidad de juegos de envite y azar que denigren del trabajo como hecho social; h) difundan publicidad donde se utilice la fe religiosa, cultos o creencias relacionados con fines comerciales. Continúa el largo enunciado que llega hasta la letra z.

181 Sanción de multas desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos
Sanción de multas desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción, cuando: a) difundan mensajes con elementos sexuales tipo “e”; b) difundan mensajes a través de técnicas audiovisuales o sonoras que tengan como intención impedir o dificultar a los usuarios percibirlos conscientemente (mensajes subliminales); c) difundan publicidad del cigarrillo y derivados del tabaco o de bebidas alcohólicas; d) Difunda publicidad de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. e) Difunda publicidad de bienes, servicios o actividades cuya difusión haya sido prohibida o restringida, en forma temporal o permanente, por motivos de salud pública o garantía de los derechos de las personas, por la ley o las autoridades competentes, o no haya sido autorizada, según sea el caso, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. f) Difunda publicidad de bienes o servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes que muestre o utilice en cualquier forma la violencia, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

182 Aquí están enunciados muchísimos supuestos que llegan hasta la z.
g) Difunda publicidad de armas, explosivos y bienes o servicios relacionados y similares, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. h) Difunda publicidad que no identifique clara y explícitamente el bien o servicio objeto de la misma, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. i) Difunda publicidad que emplee las mismas frases, lemas, melodías o acordes musicales, imágenes, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y, en general, cualquier sonido o imagen que relacione un bien, servicio o actividad con otro cuya difusión haya sido prohibida, restringida o no autorizada de conformidad con la ley, según lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. j) Difunda propaganda anónima, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. k) Difunda propaganda por emplazamiento o por inserción, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. l) Incumpla con la obligación de difundir los mensajes del Estado, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley. m) Interfiera los mensajes y alocuciones del Estado, infringiendo lo previsto en el artículo 10 de esta Ley. n) Incumpla con la obligación de garantizar el correcto bloqueo de las imágenes y sonidos de las señales o canales que difundan elementos sexuales tipo “e”, según lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Aquí están enunciados muchísimos supuestos que llegan hasta la z.

183 Suspensión de la habilitación hasta por 72 horas
Por lo que respecta a la suspensión, la ley establece que los sujetos a los cuales se aplica la ley, serán sancionados en la siguiente forma: con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos y suspensión hasta por 72 horas continuas cuando: .- difundan mensajes que promuevan o inciten a alteraciones al orden público; .- hagan apología o inciten al delito; .- inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, de genero, racismo o xenofobia; .- promueva la discriminación, utilicen el anonimato; .- constituyan propaganda de guerra, fomenten la zozobra de la ciudadanía; y .- desconozcan a las autoridades legítimas. Revocatoria de la habilitación y/o de la concesión. Con revocatoria de la habilitación y/o de la concesión cuando difundan mensajes que: a) promuevan, inciten o constituya propaganda de guerra; b) sean contrarios a la seguridad de la nación; y c) induzcan al homicidio.

184 Prescripción de la potestad de imponer sanciones.
La prescripción de la potestad sancionatoria es de cinco años contados a partir del momento en que ocurre el hecho que da lugar a las sanciones. La obligación de pagar las multas prescribe a los cuatro años a partir de la notificación del acto sancionatorio. Interpretación de la prescripción. La prescripción se interrumpe por cualquier acción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, notificada al sancionado que conduzca al reconocimiento, regularización o comprobación del hecho sancionable o relacionado con el cumplimiento de la sanción. También se interrumpe por las actuaciones del sancionado, bien sea por reconocimiento del hecho imputado, comisión de nuevos o similares hechos que den lugar a sanciones y la interposición de recursos.

185 El procedimiento sancionatorio: De oficio o por denuncia escrita.
La iniciativa del procedimiento es de oficio o por denuncia escrita. El escrito debe ser motivado. Las denuncias anónimas, manifiestamente infundadas, con intención difamatoria, contrarias al orden público o cuando ha operado la prescripción, son inadmisibles. Apertura del procedimiento. Notificación para presentar alegatos. Dictado el acto de apertura del procedimiento sancionatorio, se procederá a notificar al presunto infractor para que en el lapso de diez días hábiles desde su notificación presente sus alegatos, bien en forma oral o bien por escrito. La ley es muy específica por lo que atañe a las notificaciones, indicando todos los medios para su realización y, estableciendo la presunción de que la misma ha sido efectuada cuando el presunto infractor actúe sobre el expediente administrativo. Lapso probatorio. El lapso probatorio es de 10 días para promover y de 15 para evacuar, existiendo la libertad de prueba, salvo la confesión de empleados públicos y el juramento decisorio. La Consultoría Jurídica de Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la sustanciadora del expediente, tiene amplios poderes de investigación, al punto que puede solicitar cualquier tipo de información a entes públicos y privados; ordenar experticias y evacuación de opiniones y efectuar inspecciones y visitas.

186 Medidas cautelares. Naturaleza de las medidas
Llegados a este punto, tenemos que analizar la materia relativa a las medidas cautelares. Repetimos al respecto, lo que hemos venido señalando a lo largo de los párrafos anteriores y es que, las medidas cautelares en los procedimientos administrativos no son vistos como medios de tutela del administrado, sino como ampliación de las ya amplísimas potestades que la Administración posee. Es decir, que no se otorga con ellas ninguna posibilidad de obtener informaciones de la administración o suspensiones de la eficacia de los actos. Al legislador ni siquiera le pasó por la mente que, las cautelas deberían otorgarse a quien carece de las potestades coercitivas que, la Administración posee. El criterio del legislador fue el de acrecentar las facultades de la Administración, supuestamente en beneficio de los usuarios que la misma presta. En el caso de la ley que analizamos, las medidas cautelares aparecen en el curso del procedimiento sancionatorio, operando tanto de oficio como a solicitud de parte. Pensamos que, cuando se habla de “parte” en realidad se está haciendo referencia a los terceros, por cuanto las “partes” en el procedimiento administrativo constitutivo son, simplemente la Administración y el administrado.

187 Medidas cautelares previstas.
Las medidas cautelares previstas en la ley en examen, son las siguientes: 1.- Ordenar la abstención de los prestadores de servicios (radio y televisión), difusión por suscripción o proveedores de medios electrónicos), de difundir mensajes que infrinjan los supuestos establecidos en la ley. 2.- Además, el legislador ha previsto que, en el curso del procedimiento sancionatorio, desde el acto de apertura puedan ser dictadas “medidas cautelares innominadas”, para garantizar la protección de los derechos de los usuarios. Oposición a la medida. Inobservancia de la medida. La medida cautelar debe ser motivada y notificada al presunto infractor en el lapso de 2 días contados a partir de la fecha del acto que la acordó. El presunto infractor puede oponerse a la medida dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La inobservancia de la medida cautelar será sancionada con la revocatoria de la habilitación administrativa o de la concesión.

188 Acto que pone fin al procedimiento administrativo.
El Directorio de Responsabilidad Social debe dictar el acto con el cual finaliza el procedimiento administrativo dentro de los 30 días hábiles contados a partir del vencimiento del lapso probatorio. Una serie de medidas coactivas rodean la sanción aplicada, a saber: Medidas complementarias de la sanción. 1.- La falta de pago de la sanción pecuniaria genera interés moratorio a la tasa activa del Banco Central de Venezuela. 2.- El incumplimiento de las otras sanciones (multas) le dará al Directorio derecho a solicitar el auxilio de la fuerza pública. 3.- La interposición del recurso contencioso no suspende los efectos de la decisión dictada por el Directorio de Responsabilidad Social.

189 3.- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Control Fiscal.
La Ley Orgánica de Contraloría, publicada en la Gaceta Oficial N° 6013, del 23 de diciembre de 2010, establece un procedimiento administrativo para la determinación de las responsabilidades que dicha ley desarrolla. Este procedimiento administrativo rige para la formulación de reparos, la declaratoria de responsabilidad administrativa y la imposición de multas. Inicio del procedimiento de oficio y notificación. Inicio por denuncia o a solicitud de organismos públicos. El procedimiento se inicia mediante acto motivado que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La ley prevé sin embargo, que el procedimiento se inicie también por denuncia o a solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que se acompañen elementos suficientes de convicción que permitan presumir fundadamente la responsabilidad de personas determinadas. Inicio por remisión a la Contraloría General de la República de los organismos de control fiscal. Otra vía es la remisión a la Contraloría General de la República por parte de los organismos de control fiscal que realizan la investigación para que, sea la propia Contraloría General de la Republica la que continúe la sustanciación del expediente.

190 Auto de apertura El auto de apertura es un auto motivado en el cual se narran los hechos imputados, se describen a los sujetos presuntamente responsables y se indican los correspondientes elementos probatorios y las razones que podrían comprometer su responsabilidad. Notificación efectuada=Pone a “derecho” a los notificados. Al notificarse el auto de apertura, todos los interesados quedan a derecho a los efectos del procedimiento. Presentación de pruebas. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura los interesados presentarán los elementos de prueba y, por cuanto existe libertad de prueba, se pueden probar todos los hechos por cualquier medio probatorio que no esté expresamente prohibido.

191 Comparecencia de los interesados.
Debe fijarse por auto expreso al décimo quinto día hábil siguiente al auto de apertura, para que en forma oral y pública se expresen ante el titular del órgano de control fiscal las defensas que tengan los sometidos al procedimiento. La apreciación de la prueba se basa en las reglas de la sana crítica. Decisión de la autoridad competente. Concluido el acto de presentación de alegatos o bien, el término fijado para que se cumpla el auto para mejor proveer que podrá ser dictado por la Administración, la autoridad competente decidirá el mismo día o al día siguiente en forma oral y pública, si formula el reparo; si declara la responsabilidad administrativa; si impone la multa; si absuelve de las anteriores responsabilidades o si pronuncia el sobreseimiento según corresponda.

192 Declaratoria de responsabilidad administrativa.
La decisión se hará constar por escrito en el expediente en el término de 5 días después de pronunciada. La declaratoria de responsabilidad administrativa será sancionada con la multa prevista en la ley, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios causados. Competencias en materia de sanciones. Corresponde al Contralor General de la República, de manera exclusiva y excluyente, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce del sueldo, por un periodo no mayor de 12 meses o la destitución del declarado responsable “cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad” igualmente, el Contralor podrá, atendiendo a la gravedad e la falta cometida, imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por 15 años.

193 Recursos contra la decisión del Contralor y de otros órganos.
Contra las decisiones del órgano contralor se puede interponer recurso de reconsideración, que debe ser decidido dentro de los 15 días siguientes. Contra las decisiones del Contralor General o sus delegatarios, podrá interponerse recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de 6 meses, contados a partir del día siguiente de su notificación. Las decisiones dictadas por otro Órgano diferente al Contralor, podrán impugnarse mediante recurso de nulidad ante la Corte Primera de la Contencioso Administrativa. Medidas preventivas. Principio de proporcionalidad y necesidad de los objetivos. Hay un capítulo destinado a las medidas preventivas, el artículo 112 señala, que el Contralor General de la República o bien, los titulares de los demás órganos del control fiscal, podrán adoptar las medidas preventivas, “las cuales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la proporcionalidad y necesidad de los objetivos”, que resulten necesarias cuando se determine en el curso de una investigación, que existe riesgo manifiesto de daño al patrimonio.

194 4.- Ley de Gestión Integral de la Basura
Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº el 30 de diciembre de 2010. Procedimiento sancionatorio con medidas preventivas. Esta ley contempla un procedimiento sancionatorio con medidas preventivas que son del tenor siguiente: 1. Las medidas ambientales y sanitarias que el caso a merite. 2. Ocupación temporal, total o parcial del sitio donde se esté realizando el manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos. 3. La retención de los residuos y desechos sólidos involucrados, bajo la responsabilidad del generador o del prestador del servicio. 4. La retención de maquinarias, equipos, instrumentos y demás medios utilizados en el presunto manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos.

195 5. Clausura temporal del establecimiento involucrado en el presunto manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos, hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o minimicen sus riesgos a la salud y el ambiente. 6. Prohibición temporal de las actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos y desechos sólidos. 7. La retención de materiales, maquinarias u objetos y la suspensión de energía eléctrica con la finalidad de asegurar la interrupción de la actividad. 8. Cualquier otra que sea necesaria para proteger el ambiente y la salud.

196 Medidas de aseguramiento.
Igualmente establece medidas de aseguramiento en cualquier estado o fase del procedimiento, las cuales podrán consistir en: 1. La fijación de una suma por día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones contados a partir de la notificación de la medida. Dicha suma podrá ser fijada hasta en diez Unidades Tributarias (10 U.T.) por día de retardo. 2. La constitución de una caución para garantizar la realización de trabajos o el reembolso de los gastos causados por su ejecución de oficio, siempre en Unidades Tributarias. 3. Cualquier otra medida complementaria para garantizar la efectividad y resultado de las medidas que hubiere decretado.

197 Sanciones accesorias. Además, prevé como sanciones accesorias las siguientes: 1. Revocatoria del acto administrativo autorizatorio, o rescisión de la concesión, vinculados al manejo integral de residuos y desechos sólidos. 2. Inhabilitación, hasta por un período de dos años, para solicitar y obtener nuevos actos administrativos autorizatorios o contratos para la realización de actividades vinculadas con la gestión integral de residuos y desechos sólidos, en casos graves. 3. Ejecución de las fianzas aplicables al caso.

198 4. El comiso de materiales, aparatos, instalaciones, equipos y productos, envases y similares no autorizados y sus medios de producción, distribución o transporte. 5. La ejecución forzosa para la efectiva reparación del daño causado. 6. La publicación a costa del sancionado, hasta por tres oportunidades sucesivas a través de los medios de difusión masiva, de la decisión condenatoria administrativa, una vez que éstas hayan adquirido firmeza, con fines persuasivos y no infamantes. 7. La reexportación, tratamiento o disposición final de las sustancias o materiales objeto de la infracción, a costa del responsable. Acumulación de sanciones. Se prevé la acumulación de sanciones hasta el monto máximo previsto en la norma orgánica ambiental y la reparación de daños se estimará conforme al costo real.

199 5.- Ley de Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Asociaciones Similares
Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº el 16 de noviembre de 2010. Establece un procedimiento de defensa de los usuarios consistente en la aplicación de sanciones administrativas legalmente previstas, de conformidad con el procedimiento en ella dispuesto. El ente encargado de la protección de los derechos del consumidor y el usuario será competente en materia de sustanciación, decisión e imposición de las sanciones a que haya lugar.

200 Sanciones. Las sanciones establecidas son: 1. Amonestación, multas, procedimiento sancionatorio, medidas preventivas y sancionatorias. 2. Vigilancia de administración controlada. 3. Intervención. 4. Disolución y liquidación. Las multas serán impuestas tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes, tales como la gravedad de la infracción, la reincidencia, y el grado de responsabilidad del infractor. Medidas cautelares. Se acuerda la facultad de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, una vez iniciado el procedimiento, de adoptar las siguientes medidas cautelares: 1. Ordenar la suspensión inmediata, total o parcial, de las actividades presuntamente infractoras. 2. Ordenar la realización de actos o actividades provisionales hasta tanto se decida el asunto.

201 Adopción de medidas cautelares “provisionalisimas”.
Las medidas cautelares podrán ser dictadas con carácter provisionalísimo, en el acto de apertura del procedimiento y sin cumplir con los extremos a los cuales se refiere el artículo anterior, cuando por razones de urgencia se ameriten. Ejecutada la medida provisionalísima, la Superintendencia de cajas de Ahorro deberá pronunciarse, dentro del lapso de cinco días hábiles, confirmando, modificando o revocando la medida adoptada, en atención a lo dispuesto en el artículo anterior. Igualmente se prevén las llamadas medidas correctivas constituidas por: la medida de vigilancia de administración controlada y la intervención.


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