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Western Maquila Association January 2013 Relevant court resolutions by Federal Tax Court 2012.

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Presentación del tema: "Western Maquila Association January 2013 Relevant court resolutions by Federal Tax Court 2012."— Transcripción de la presentación:

1 Western Maquila Association January 2013 Relevant court resolutions by Federal Tax Court 2012

2 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE VII-J-2aS-26 PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ARANCELES PAGADOS.- APLICA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y NO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Los artículos 101, 102 y 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecen el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se solicite trato arancelario preferencial para un bien importado originario de una de las Partes firmantes del Tratado, por lo que es a dicho cuerpo legal al que debe atenderse para determinar el plazo que tiene el importador para solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso; ahora bien, el plazo que es de un año, es decir, cuando un particular no hubiere solicitado trato arancelario preferencial para un bien importado, cuenta con el plazo de un año a partir de la fecha de la importación para solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso por no haberse aplicado el trato arancelario preferencial al bien. Sin que sea dable aplicar lo señalado en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, que señalan el plazo de 5 años para solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, toda vez que el Ordenamiento legal aplicable en la especie es el referido Tratado de Libre Comercio, el cual regula el trato preferencial, respecto de las mercancías importadas al país originarias de Canadá y de Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, todas las cuestiones relativas al trato preferencial se deben dilucidar a lo establecido en dicho Tratado, sin que sea aplicable supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, ya que la figura de la supletoriedad se rige por la regla de que se aplica cuando existe una laguna en la ley o cuando una figura legal no es lo suficientemente desarrollada en un cuerpo normativo, lo cual no acontece en este supuesto. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/25/2012)

3 PAGO DE LO INDEBIDO.- SU DEVOLUCIÓN ES PROCEDENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE LOS CRÉDITOS FISCALES QUE HAYAN SIDO PAGADOS POR EL RESPONSABLE SOLIDARIO, SEAN DECLARADOS NULOS EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO POR EL OBLIGADO PRINCIPAL.- La responsabilidad solidaria en materia fiscal, constituye un privilegio a favor del Fisco, que le permite exigir el pago de una misma contribución, a dos deudores distintos, por lo que es dable afirmar que el responsable solidario tiene la naturaleza de un codeudor. Una vez señalado lo anterior, debe manifestarse que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, implica que dicha actuación quede excluida del orden legal, sin que pueda ser factible considerar que los efectos jurídicos de dicha actuación irregular se mantengan intocados. Por lo tanto, cuando la resolución administrativa es declarada nula en una sentencia firme, dicho acto debe salir del orden legal, nulificándose su eficacia jurídica incluso frente a terceros ajenos, mas aún frente a aquéllos que jurídicamente se encontraban vinculados al acto administrativo, como es el caso de la responsabilidad solidaria. En consecuencia, y toda vez que una resolución nula, es decir aquella que jurídicamente ha dejado de existir, no puede mantener sus efectos, ello implica que dicha actuación no pueda servir de motivo para justificar una negativa a devolver pagos efectuados en relación a los créditos determinados en dicha resolución. Lo anterior, lleva a estimar que la nulidad del oficio determinante de créditos fiscales, alcanzada en la impugnación intentada por uno de los codeudores del crédito, extingue desde su origen la obligación génesis, de ahí que no pueda ser legalmente exigida a los demás deudores involucrados; ello porque la extinción de la obligación tributaria contenida en una resolución administrativa derivada de una sentencia firme que decreta su nulidad, es oponible tanto para el obligado principal como para el responsable solidario, pues ambos contribuyentes son corresponsables del crédito fiscal y destinatarios directos e inseparables del acto nulificado. Estimar lo contrario, equivaldría a mantener parcialmente la validez jurídica de un acto administrativo cuya nulidad ha sido decretada, lo que conllevaría a que no se restaure plenamente el orden jurídico. En este orden de ideas, los pagos que fueron realizados por un responsable solidario, en cumplimiento a una resolución determinante que posteriormente fue declarada nula, deben calificar como pago de lo indebido en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues fueron pagos realizados en cumplimiento a un acto de autoridad que posteriormente fue declarado nulo en una sentencia definitiva dictada por un órgano jurisdiccional competente, debiendo autorizarse la devolución solicitada, pues por virtud de la declaración de nulidad, dicho acto dejó de generar efectos para todos sus destinatarios, sin que con ello se dote de efectos generales a la sentencia de nulidad, pues sus efectos se limitan a los contribuyentes, que en su relación de codeudores solidarios, se vieron afectados por una actuación declarada ilegal

4 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VII-P-2aS-202 DERECHO SUBJETIVO A LA DEVOLUCIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CRÉDITO IMPUGNADO Y EL CONTRIBUYENTE ACREDITA HABERLO PAGADO.- De la interpretación de lo dispuesto por los artículos 50, penúltimo párrafo y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y atendiendo al principio de plena jurisdicción con que cuenta este Tribunal, esta Juzgadora tiene la obligación de reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa en el juicio contencioso administrativo, en respeto a las garantías de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia pronta y completa establecidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo para ello constatar previamente dicho derecho; por tanto, si se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al resultar ilegal por derivar de la diversa liquidatoria recurrida que confirma, y si el contribuyente acredita en el juicio contencioso con documentales que realizó los pagos de los créditos controvertidos a favor de la Tesorería de la Federación, en consecuencia en la sentencia debe reconocerse su derecho subjetivo a solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, para que si así lo considera conveniente, pueda solicitar ante la autoridad competente la devolución respectiva.

5 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-TASR-1NOI-7 PAGO DE LO INDEBIDO.- SU DEVOLUCIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARE PROCEDENTE.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la devolución de una determinada contribución se genera por el solo hecho de realizar el pago de lo indebido, sin que sea necesario que medie resolución alguna por parte de la autoridad tributaria, puesto que el derecho a la misma se configura en tanto se realice un pago sin estar obligado a ello con motivo de una disposición legal, luego entonces, si vía juicio de nulidad se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta recaída a una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la autoridad al dar contestación a la demanda, manifiesta que tal devolución fue autorizada en forma total con sus respectivos intereses, llevándose a cabo el depósito respectivo en la cuenta bancaria indicada para tal efecto, lógico es, que en dicho supuesto no es necesario que la autoridad emita una resolución expresa en torno a la devolución solicitada, ya que la procedencia de dicha devolución surge en forma automática por el simple hecho de efectuar una erogación a la cual no se encontraba obligado, máxime que se realiza en los términos aludidos en la solicitud de devolución respectiva.

6 LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VII-TASR-1GO-17 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.- LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TRES ELEMENTOS PARA IMPUTAR UN DAÑO ANTIJURÍDICO AL ESTADO, COMO NEXO CAUSAL ENTRE LOS HECHOS Y LA ACCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- La imputación de un daño antijurídico al Estado exige tres condiciones o requisitos fundamentales: I. La acción u omisión de su actividad o función administrativa expresada indistinta o concurrentemente en forma de actos y hechos administrativos; a saber, aquellos que el Estado realiza bajo un orden jurídico creador de situaciones jurídicas individuales y están revestidos de cierta formalidad; II. La relación del Estado y sus agentes por virtud de la cual quedan éstos integrados a la organización prestadora de actividades o servicios correspondientes a aquél; III. La titularidad del Estado respecto de la actividad administrativa o servicio público que preste a través de sus agentes. En el caso, el primero de dichos elementos se acreditó porque la detención, el embargo precautorio y la declaratoria de que el vehículo en cuestión pasaba a propiedad del fisco federal, se encuentran plenamente regulados en la Ley Aduanera, en particular en los artículos 150 a 153, por ende su emisión, requiere del cumplimiento de una serie de formalidades -dentro de las cuales destaca el principio de inmediatez- que la autoridad inobservó. El segundo de dichos elementos se acreditó porque los actos materia de litis, fueron realizados por personal adscrito a la Aduana de Miguel Alemán; en tanto que el tercero de ellos, se actualiza porque del contenido de los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera se advierte que alude en todo momento a las autoridades aduaneras, dentro de las cuales evidentemente se encuentra la Aduana de Miguel Alemán, como se corrobora de los artículos 7, fracciones I, VII, y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2, segundo y cuarto párrafos, 12, fracción II, último párrafo, en correlación con el 10, fracciones IX, XI, XIII, XIV, XVI, XXIII, XXXIV y XLVIII, artículo 37, inciso C renglón 23 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en De esta forma, al encontrarse reunidas las tres condiciones necesarias para la imputación de un daño al Estado, el nexo causal entre la privación de la posesión y propiedad del vehículo a la actora (hechos), con la actuación del estado (detención, embargo precautorio y la declaratoria de que el vehículo pasaba a propiedad del fisco federal) (acción del Servicio de Administración Tributaria), se encuentra plenamente acreditado y ello basta para reconocer su derecho a la indemnización por daños y perjuicios.

7 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE VII-P-1aS-388 CERTIFICADO DE ORIGEN VÁLIDO CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LO ES CUANDO EN SU CAMPO 11 SE ANOTE LA FECHA EN QUE INICIALMENTE FUE LLENADO O BIEN LA FECHA EN LA QUE FUE CORREGIDO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 501 y 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los importadores que pretendan obtener el trato arancelario preferencial, deberán tener en su poder al momento de formular el pedimento de importación respectivo, un certificado de origen que ampare la mercancía importada, mismo que deberá estar requisitado en su totalidad, conforme al instructivo de llenado contenido en el anexo 1, de la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en Materia Aduanera del citado Tratado. Ahora bien, por lo que se refiere al campo 11, tal instructivo, establece particularmente, que en dicho campo deberá anotarse la fecha en que éste sea llenado y firmado, sin precisar que se deba asentar la fecha en que el certificado sea corregido, si fuese el caso; de lo que se sigue que cuando eventualmente se realiza la corrección, el citado campo, podrá contener la fecha en que originalmente fue expedido el certificado, o bien, la fecha en que se hubiera realizado la corrección, tomando en consideración que el mencionado instructivo simplemente indica que deberá anotarse la fecha en que el certificado se llenó y firmó. En mérito de lo anterior, el campo 11 del certificado de origen que hubiere sido corregido, es válido, si se llena y firma con una u otra fecha; es decir, la que corresponde a la expedición del certificado de origen, o bien, la de su corrección, ya que las disposiciones de llenado del campo 11, no exigen que en éste, necesariamente, se contenga también la fecha en que se realizó su corrección. Lo anterior es así, toda vez que lo relevante es que el certificado debe contener fecha de llenado y firma, sin mayores requisitos.

8 COMERCIO EXTERIOR VII-P-1aS-387 CERTIFICADO DE ORIGEN, ES VÁLIDO AUN CUANDO LA FACTURA Y EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN CONTENGAN ABREVIATURAS EN EL NOMBRE DEL EXPORTADOR.- De conformidad con los artículos 7-02 y 7-03 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, así como de las Reglas 1 fracción IV, 5, 9 y 11 de la Resolución que establece las Reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera, el importador que solicite el otorgamiento de un trato arancelario preferencial, deberá exhibir un certificado de origen válido requisitado en términos del Instructivo de llenado del certificado de origen, debiendo proporcionar, entre otros datos, los relativos al campo 1, consistentes en el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, fax y el número de registro fiscal del exportador. Ahora bien, si el importador exhibe un certificado de origen que en el campo 1 contenga el nombre completo del exportador, a diferencia del pedimento y de la factura donde aparece abreviado sin el punto al final de la abreviatura, ello es insuficiente para declarar la invalidez del certificado y rechazar el trato arancelario preferencial, en principio, porque en este documento se contiene el nombre completo del exportador, tal como lo exige el instructivo relativo a su llenado y, en segundo término, porque en caso de duda sobre la identidad del exportador, se podrán examinar el pedimento y la factura para verificar los elementos que permitan su plena identificación, tales como su domicilio y registro fiscal. De manera que será válido el certificado que contenga el nombre completo del exportador, no obstante que en el pedimento y en la factura aparezca abreviado, siempre que se corrobore fehacientemente su identidad.

9 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre p. 73 LEY ADUANERA VII-J-1aS-36 CERTIFICADO DE ORIGEN.- NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIR LA PRUEBA.- Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera, vigente hasta marzo de 1996, y con el 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador está obligado a acompañar al pedimento de importación el certificado de origen, cuando las mercancías sean idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse una cuota compensatoria, también lo es, que la falta de presentación no puede tener como consecuencia la preclusión del derecho de rendir la prueba. Por lo tanto, si se exhibe el certificado de origen como prueba en el recurso administrativo o en el juicio, se le debe admitir y valorar, aun cuando no se haya presentado ante la aduana, pues su presentación extemporánea no puede tener como consecuencia privar al particular de su prueba. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-28/2012)

10 Adrián Ocampo (619)


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