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Derecho Administrativo Sancionador Electoral

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Presentación del tema: "Derecho Administrativo Sancionador Electoral"— Transcripción de la presentación:

1 Derecho Administrativo Sancionador Electoral

2 Código Federal Electoral
Antecedentes El IFE tendrá competencia para tramitar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos e imponer sanciones a partidos políticos nacionales. El TEPJF conocerá de las impugnaciones sobre resoluciones en procedimientos iniciados con motivo de quejas a partidos. Las penas por delitos o sanciones electorales serían impuestas por los jueces. La Comisión Federal Electoral podía cancelar, previa garantía de defensa, el registro de los partidos políticos. Código Federal Electoral Cofipe 1987 1990 1996 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) El IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones al Cofipe y notificará a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral para que éste imponga la sanción correspondiente. Establece al Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, para sustanciar y resolver los recursos de apelación e inconformidad, así como para imponer las sanciones a los partidos políticos en materia electoral.

3 Tipos de procedimientos
Legislación vigente Procedimiento sancionador ordinario; Procedimiento especial sancionador; Procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gastos de los partidos políticos; Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas.

4 Concepto Derecho Administrativo Sancionador
Conjunto de normas jurídicas que disciplinan el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas. Manual de Derecho Administrativo Sancionador Ministerio de Justicia de España, Thomson, Aranzadi, 2005. Derecho Administrativo Sancionador Electoral Se puede definir como la rama del derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a las instituciones electorales.

5 Ius puniendi Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como "derecho a penar" o "derecho a sancionar”. Es la potestad del Estado para sancionar a los gobernados, siempre que se cumplan y observen los imperativos constitucionales y legales que limitan el actuar autoritario y confieren derechos al trasgresor de la norma.

6 Potestad sancionadora
Aquel poder jurídico reconocido por el ordenamiento jurídico cuyo ejercicio exige que se concreten ciertas circunstancias fácticas determinantes del ejercicio del mismo en el plano de la legalidad aplicable. Tribunal Supremo Español. Sentencia 8086 del 20 de octubre de 1994 Atribución propia de la administración que se traduce en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a particulares, a los funcionarios que infrinjan sus disposiciones, o a sus servidores que, en el ejercicio de sus funciones, transgredan sus mandatos o desconozcan sus prohibiciones. Ossa Arbeláez, Jaime, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, Colombia, Legis, 2000, p. 126. La potestad sancionadora está integrada por un conjunto de facultades básicas: la del establecimiento, la de la imposición y la de la ejecución.

7 Marco normativo de la potestad sancionadora electoral
CPEUM Artículos 41, base III, Apartado D, y base V, párrafo décimo; 73, fracción XXI; 109, fracción III y 113, párrafo primero. Cofipe Artículos 108, 118.1, inciso w, y Libro Séptimo (340 al 378) Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE

8 Derecho administrativo sancionador
Diferencias entre derecho penal y derecho administrativo sancionador Derecho penal Derecho administrativo sancionador Sanciona el juez Sanciona el órgano administrativo Delitos Infracciones Penal Sumario (administrativo) Monopolio absoluto de penas privativas de libertad Multas Código Penal Dispersas en todo el ordenamiento jurídico Criminal Administrativa Diferencias Órgano sancionador Conductas Procedimiento Sanciones Normatividad Potestad Daniel Maljar y Alejandro Nieto

9 Principios aplicables al régimen administrativo sancionador electoral

10 Principios aplicables
El principio es un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, p. 72. Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas. Tesis XLV/2002 del TEPJF

11 Dispositivo Inquisitivo
Principios dispositivo e inquisitivo Dispositivo Inquisitivo Se encuentra esencialmente en la instancia inicial del procedimiento, donde se exige la presentación de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos, con valor indiciario. Una vez que se recibe la denuncia, corresponde a las autoridades competentes la obligación de seguir con las etapas correspondientes del procedimiento, según lo prescriben las normas legales y reglamentarias. Jurisprudencias 64/2002 y 3/2008 (no vigentes) Jurisprudencias 64/2002 (no vigente) y 12/2010

12 Necesidad o intervención mínima
Principio de prohibición de excesos o abusos de la autoridad en el ejercicio de las facultades discrecionales Idoneidad Necesidad o intervención mínima Se refiere a que la prueba sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Al realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. Proporcionalidad En las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, la autoridad estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. Jurisprudencia 62/2002 del TEPJF

13 Principio de tipicidad
Es un mandato que deriva del principio de legalidad, y se encuentra tutelado por el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata”. Esta reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones que prevean la posibilidad de imponer una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral. Es la descripción legal de una conducta específica, a la que se conectará una sanción administrativa. De manera ordinaria en el derecho penal la tipificación es directa e individualizada, pero en materia administrativa sancionadora, dada la complejidad de sus mandatos y prohibiciones, así como la multiplicidad de leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos generales en los cuales pueden recogerse, es imposible tener un catálogo definido de faltas administrativas, con la asignación, a cada una, de su correspondiente sanción. Eduardo García de Enterría, 2004 Tesis XLV/2001 del TEPJF SUP-RAP-018/2003

14 Principio de exhaustividad
Impone el deber de agotar cuidadosamente en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver. Jurisprudencias 12/2001, 43/2002, y tesis XXVI/99 del TEPJF

15 Principio de legalidad
Se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. Jurisprudencia 21/2001 del TEPJF

16 Concentración Inmediatez Celeridad
Principios de concentración, inmediatez y celeridad Concentración Inmediatez El procedimiento en su totalidad, debe conocerlo el mismo órgano jurisdiccional o el mismo órgano administrativo competente, en un número limitado de etapas y actuaciones procedimentales. Favorece la comunicación directa del justiciable o de los denunciantes con el juzgador o el órgano administrativo competente, particularmente en relación con los actos de prueba. Celeridad Obliga a la autoridad a sustanciar el procedimiento a la mayor brevedad posible, suprimiendo los trámites innecesarios, a fin de dictar resolución en forma pronta. Al efecto, confluyen dos exigencias igualmente necesarias que deben ser maximizadas: La garantía de un pronunciamiento jurisdiccional o de una determinación administrativa que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento (lo que supone cierto tiempo). Evitar que la eventual decisión ajustada a derecho pero tardía, resulte ineficaz. SUP-RAP-017/2006

17 Principio de irretroactividad de la ley
A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Teoría de los derechos de adquisición. No se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas o de su esfera jurídica, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente. Artículo 14 constitucional SUP- RAP-50/2005

18 In dubio pro reo Principio de presunción de inocencia
Se debe presumir la inocencia mientras no se declare responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Es una manifestación del principio de presunción de inocencia, que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. El TEPJF revocó la determinación del Consejo General del IFE que resolvió con una fe notarial -única prueba- determinar la compra de votos, mediante la aplicación del principio in dubio pro reo, porque consideró que a partir de los hechos que se desprendían de la fe notarial, no se colmaban los elementos de convicción, ya que dicha prueba es ineficaz para generar certeza sobre los hechos que se pretendían probar. Implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático. Tesis LIX/2001, XVII/2005 y XLIII/2008 del TEPJF Artículo 20 constitucional SUP-RAP-71/2008

19 Principio de non bis in idem
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Vertiente material. Es la garantía, para quien comete un acto ilícito, de que no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Aspecto procesal. Un mismo hecho no podrá ser objeto de dos procesos distintos. Artículo 23 constitucional Daniel E. Maljar, 2004

20 Etapas del Procedimiento
a) Conocimiento b) Investigación c) Sustanciación del Procedimiento (denuncia, queja o de oficio) Toma de declaración del probable responsable Recopilación de elementos tendentes a acreditar la probable conducta irregular, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Formulación de imputación y citación del probable responsable para formular su defensa. Oportunidad de contradicción y ofrecimiento de pruebas Resolución

21 Investigación, sustanciación y resolución
Relación entre principios y etapas del procedimiento Dispositivo Inquisitivo Prohibición de excesos (criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) Tipicidad Exhaustividad Noticia criminis Investigación, sustanciación y resolución Investigación Imputación y determinación de la sanción En la investigación y en la resolución Denuncia o queja de oficio

22 Elementos para determinar la sanción

23 Responsabilidad Consiste en la imputación o atribución a una persona o ente jurídico de un hecho determinado y sancionado normativamente. SUP-RAP-188/2008

24 Para sancionar, la Administración necesita que exista:
Sanción Una norma con rango de ley que describa con carácter previo y suficiente la infracción (principio de legalidad); Que haya, al menos, negligencia en la actuación del sujeto (responsabilidad); Que el tiempo fijado para la prescripción no hubiese transcurrido; Seguir un procedimiento donde se acrediten (pruebas idóneas y suficientes) los hechos, partiendo de la inocencia del ciudadano; Que el castigo sea adecuado a las circunstancias concurrentes (proporcionalidad), y Que no se impongan dos castigos por un solo hecho (non bis in idem). Para sancionar, la Administración necesita que exista: Manual de Derecho Administrativo Sancionador Ministerio de Justicia de España, Thomson, Aranzadi, 2005.

25 Principio de proporcionalidad
Determinación de la sanción Obliga, con carácter general, a que la naturaleza de la represión de las infracciones administrativas sea adecuada a la naturaleza del comportamiento ilícito (legislador), y específicamente impone un deber de concretar la entidad de la sanción a la gravedad de los hechos (administración). Principio de proporcionalidad Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva (conducta y situación del infractor en la comisión de la falta), la autoridad procederá a la determinación de la sanción y si esta establece un mínimo y un máximo a graduar o individualizar, la que corresponda de acuerdo con la ley. Determinación de la sanción Jurisprudencia 24/2003

26 Sujetos Partidos políticos. Agrupaciones políticas nacionales.
Aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Ciudadanos, o cualquier persona física o moral. Observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales. Autoridades o servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o del DF; órganos autónomos, y cualquier otro ente público. Notarios públicos. Extranjeros. Concesionarios y permisionarios de radio o televisión. Organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político. Organizaciones sindicales, laborales o patronales, o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos. Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. Artículo 341 del Cofipe

27 Jurisprudencia 3/2012 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NO ADMITE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.—De la interpretación funcional del artículo 368, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del criterio sostenido reiteradamente por esta Sala Superior, en el sentido de que en el procedimiento administrativo sancionador en materia electoral son aplicables los principios del ius puniendi, entre los cuales se encuentra el de responsabilidad individual de los infractores; se colige que si bien, el Instituto Federal Electoral tiene la obligación de ordenar el emplazamiento de todos los denunciados, ello no se traduce en admitir la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, que pueda postergar la indagatoria de los hechos. Lo anterior, porque en estos procedimientos las responsabilidades pueden investigarse de manera conjunta o independiente, atendiendo a la forma y grado de participación de los presuntos infractores, sin que por ello se transgredan las reglas esenciales del procedimiento, por lo cual, no es dable suspender la investigación hasta en tanto se emplace a todos los denunciados, pues se atentaría contra los objetivos de reprimir conductas violatorias de los principios esenciales que rigen la materia, para restablecer el orden jurídico vulnerado.

28 Jurisprudencia 36/2012 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento administrativo especial sancionador, salvo en el caso de difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que solamente la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo.

29 Calificación de la falta
La calificación de las faltas que se consideren demostradas (tarea a cargo del órgano sancionador) debe comprender el examen de los siguientes aspectos: Tipo de falta Omisión Acción Elementos subjetivos Elementos objetivos Responsabilidad Hechos Consecuencias Calificación de la falta Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP 83/2007, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010

30 La reiteración de la falta Situación del infractor
Elementos subjetivos De resultar relevante, los medios utilizados La vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia La reiteración de la falta Conducta Enlace personal entre el autor y su acción Reincidencia Dolosa Intencional Culposa Negligencia Responsabilidad Situación del infractor Jurisprudencia 41/2010, y SUP-RAP-83/2007 y SUP-RAP-62/2010 Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010

31 Levísima Leve Grave Ordinaria Especial Mayor
Calificación de la falta Levísima Leve Grave Ordinaria Especial Mayor Particularmente grave Infracción sistemática Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010

32 Individualización de la sanción
La individualización de la sanción en el procedimiento sancionador electoral puede definirse como el acto mediante el cual la autoridad administrativa electoral pondera la infracción a la norma electoral y la sanción que corresponde a su infractor. La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de responsabilidad del sujeto infractor de la norma electoral.

33 Circunstancias y gravedad al individualizar la sanción
Al individualizar la sanción que corresponda al infractor de la norma electoral, la autoridad electoral administrativa, debe considerar: Circunstancias de la falta Gravedad de la falta Se determina a partir del análisis de dos extremos: Las condiciones en las que se produjo la infracción: Tiempo Modo Lugar Trascendencia de la norma trasgredida Efectos que la trasgresión genera, respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho. Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010

34 Jurisprudencia 28/2010 DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.— De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados.

35 Jurisprudencia 28/2010 Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó investigar, como son: Por qué medios se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo; Que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección; Así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria.

36 Individualización de la sanción
En el artículo 355, párrafo 5, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que una vez acreditada la actualización del supuesto previsto en la norma jurídica catalogada como tipo sancionador, así como la responsabilidad del sujeto denunciado, la autoridad electoral procederá a individualizar la sanción, con sustento en diferentes circunstancias que rodean la falta cometida, entre otras, las condiciones socioeconómicas del sujeto infractor. Se ha sostenido el criterio relativo a que, si la capacidad económica del infractor constituye una condición necesaria a examinar para la individualización de la sanción, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, resulta inconcuso que la autoridad administrativa electoral está facultada para allegarse de los elementos o medios de convicción necesarios, a fin de conocer la situación económica real del responsable, esto es, puede recabar, aun de oficio, de las autoridades correspondientes, la información que estime conducente para garantizar el mayor grado de objetividad en la determinación de la sanción que debe aplicar, pues de ello dependerá, en buena medida, la proporcionalidad de la sanción que se imponga. SUP-RAP-96/2010

37 Individualización de la sanción
La obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Así, la imposición del monto mínimo de la multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de insolvencia, en tanto que es posible que el cobro de una multa superior a la media sea prácticamente inocuo para un sujeto con un patrimonio considerable. Luego, si la responsable al establecer el monto de las multas impuestas omitió ponderar la capacidad económica de los sancionados, se debe concluir que dichas sanciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ya que tal garantía obliga a la autoridad a individualizar la sanción correspondiente teniendo en cuenta, entre otros elementos, la capacidad socioeconómica del infractor, con la finalidad de que la sanción sea proporcional y así no se comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales. SUP-RAP-96/2010

38 Elementos a considerar para individualizar la sanción
La autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: La gravedad de la responsabilidad (calificación de la falta) en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones del Cofipe. Para ello precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. El IFE valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades. Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP-156/2010 que confirma dicha resolución. Artículos 355 del Cofipe y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP- 62/2010

39 Elementos a considerar para individualizar la sanción
La autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: Las condiciones socioeconómicas del infractor. Las condiciones externas y los medios de ejecución. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. El grado de intencionalidad o negligencia. Otras agravantes o atenuantes. Los precedentes resueltos por el IFE y el TEPJF con motivo de infracciones análogas. Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP-156/2010 que confirma dicha resolución. Artículos 355 del COFIPE y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE Jurisprudencia 24/2003 (no vigente)

40 Elementos a considerar para individualizar la sanción
Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF ha considerado en casos específicos, que también se deben considerar los siguientes elementos: Si existe dolo o falta de cuidado. Si hay unidad o multiplicidad de irregularidades. Si el partido o la agrupación política presenta condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos . Si ocultó o no información. Si con la individualización de la multa no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político o de la agrupación. Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP-156/2010 que confirma dicha resolución. SUP- RAP 01/2007

41 Procedimientos administrativos sancionadores electorales

42 Procedimientos sancionadores electorales
Pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por la autoridad administrativa electoral competente, para conocer, sustanciar y resolver las irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados en los términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente del caso.

43 Sujetos e infracciones
Partidos políticos Aspirantes, precandidatos o candidatos Contratar o adquirir tiempo en radio o TV. Difundir propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. Incumplir las obligaciones o infringir las prohibiciones sobre financiamiento y fiscalización. Realizar actos anticipados de precampaña o de campaña. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por el Cofipe. Omitir en los informes los recursos recibidos, en dinero o en especie, y que hayan sido destinados a su precampaña o campaña. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General. Concesionarios o permisionarios de radio y tv Vender tiempo de transmisión a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE. Incumplir su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el IFE. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original, de denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o calumniar a los candidatos. Supuestos de Infracción Realizar actos de precampaña o campaña en territorio extranjero; Incumplir las obligaciones o infringir las prohibiciones sobre financiamiento y fiscalización, por ejemplo: no presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña; no atender los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización o exceder los topes de gasto de campaña. Sanción La legislación anterior no consideraba la gravedad de la falta. NOTA: EL ORDEN DE APARICIÓN DE LAS SANCIONES NO CORRESPONDE A LAS INFRACCIONES SEÑALADAS DEL LADO IZQUIERDO. Artículos 342 a 353 del Cofipe 43

44 Autoridades o servidores públicos
Sujetos e infracciones Ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o persona física o moral Autoridades o servidores públicos Difundir propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social. En caso de propaganda gubernamental se prohíbe su difusión del inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, excepto información sobre servicios educativos y de salud, o para la protección civil en casos de emergencia. Incumplir el principio de imparcialidad, afectando la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Utilizar los programas sociales y sus recursos, en el ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Negarse a entregar la información requerida por el IFE, entregarla en forma incompleta, con datos falsos, o fuera de los plazos requeridos, respecto de sus operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Contratar propaganda en radio y TV, en territorio nacional o en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o bien, que esté a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Sanción NOTA: EL ORDEN DE APARICIÓN DE LAS SANCIONES NO CORRESPONDE A LAS INFRACCIONES SEÑALADAS DEL LADO IZQUIERDO. INFRACCIONES SEÑALADAS DEL LADO IZQUIERDO. Artículos 342 a 353 del Cofipe 44

45 Sujetos y sanciones Sanciones Sujetos Partido político APN
Aspirantes, precandidatos y candidatos Ciudadanos, dirigentes y afiliados Personas morales Observadores electorales y organizaciones Concesionarios o permisionarios de radio y tv Organizaciones de ciudadanos Organizaciones sindicales o laborales Amonestación pública X Multa hasta 200 días Multa hasta 500 días Multa hasta 5,000 días Multa hasta 10,000 días Multa hasta 100,000 días Reducción de hasta el 50% de financiamiento público Interrupción de la transmisión de propaganda Suspensión parcial o total de prerrogativas Cancelación del registro (o procedimiento para obtenerlo) Suspensión del registro Perdida a ser registrado

46 Órganos competentes IFE
- Conoce infracciones, y en su caso, impone sanciones. - Inicia procedimientos y dicta medidas cautelares. Consejo General - Recibe, tramita y substancia el procedimiento que corresponda, y elabora el proyecto de resolución. - Ejerce la facultad de atracción en procedimientos iniciados en los órganos desconcentrados. Secretaría del Consejo General - Resuelve sobre la adopción de medidas cautelares. - Revisa y valora los proyectos de resolución que le presenta la Secretaría. - Turna al Consejo General los proyectos de resolución, o devuelve a la Secretaría con observaciones. IFE Comisión de Quejas y Denuncias - Conocen y resuelven las denuncias relativas a la ubicación física o contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas u otra diferente a la transmitida en radio y TV, sólo en los procedimientos especiales sancionadores. Órganos desconcentrados Artículos 52, 118.1, inciso w, 120.1, incisos e y f, y 356 del Cofipe

47 Procedimiento administrativo sancionador ordinario

48 Finalidad del procedimiento sancionador ordinario
Su finalidad es determinar la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en el Cofipe, mediante la valoración de indicios y medios de prueba que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones previsto en el mismo código. Artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias

49 Requisitos Inicio del procedimiento sancionador ordinario
Podrán presentar por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónico, quejas o denuncias por presuntas violaciones a la ley electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del IFE. Partidos políticos Funcionarios del IFE (de oficio) Personas físicas y morales Nombre del quejoso o denunciante; Firma autógrafa o huella digital; Domicilio para oír y recibir notificaciones; Documentos necesarios para acreditar la personería; Interés jurídico; Narración expresa y clara de los hechos; De ser posible, los preceptos presuntamente violados; Ofrecer y aportar pruebas o mencionar las que habrán de requerirse en caso de que se omita algún requisito, la Secretaría deberá prevenir al denunciante para que subsane la omisión en tres días improrrogables. Requisitos Actores: Las personas morales por medio de sus representantes y las personas físicas por su propio derecho podrán presentar (por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos) quejas o denuncias por presuntas violaciones a la ley electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del IFE. Requisitos de forma de la queja o denuncia: el nombre del quejoso o denunciante; firma autógrafa o huella digital; domicilio para oír y recibir notificaciones; acreditar la personería; narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados; ofrecer y aportar pruebas o mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que las solicitó oportunamente por escrito al órgano competente, pero no le fueron entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, si sus representantes no acreditan su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos, la Secretaría del CG prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de 3 días y aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendarse, la denuncia se tendrá por no formulada. La facultad del IFE para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en cinco años. Artículos 361 y 362 del Cofipe

50 Etapas del procedimiento sancionador ordinario
Recibida la denuncia, los órganos centrales o desconcentrados Remiten a la Secretaría del CG del IFE dentro de 48 horas, para su trámite Registrarla, debiendo informar de su presentación al Consejo. Revisarla y analizarla para determinar si debe prevenir al quejoso. Analizarla para determinar su admisión o desechamiento (cinco días para emitir el acuerdo correspondiente). En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. Recibida la queja o denuncia, la Secretaría procederá a: Se admite La autoridad que conozca de la presentación de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación eléctricos o electrónicos, deberá hacerla constar en acta y requerir al denunciante que ratifique su escrito. En caso de no acudir a ratificar dentro del término de tres días contados a partir de haber sido notificado, se tendrá por no presentada la denuncia. Luego de ser presentada, será remitida dentro de 48 horas a la Secretaría del CG para su trámite. Si es necesario ratificarla luego de esto será remitida. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia, la enviarán a la Secretaría del CG dentro del plazo señalado, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que puedan aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. El órgano del IFE que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría del CG para que la examine junto con las pruebas aportadas. Recibida la queja o denuncia, la Secretaría del CG la registrará e informará de su presentación al CG. Determinará y solicitará las diligencias necesarias para la investigación. Contará con un plazo de 5 días, a partir de que la reciba para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento. Si durante la sustanciación de una investigación la Secretaría del CG advierte hechos distintos al objeto del procedimiento motivo de la queja o denuncia que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, sin que medie solicitud de alguna de las partes podrá ordenar el inicio de un nuevo procedimiento de investigación. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría del CG emplazará al denunciado y le entregará copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que en su caso haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió. El denunciado tendrá un plazo de cinco días para contestar, de no hacerlo perderá la oportunidad de ofrecer pruebas sin generar presunción sobre la veracidad de los hechos denunciados. El escrito de contestación deberá reunir los mismo requisitos de forma que el de denuncia. La Secretaría del CG solicitará a los órganos centrales o desconcentrados del IFE que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. La investigación no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría del CG, o del inicio de oficio del procedimiento por parte del secretario del CG. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por otros 40 días, por medio de un acuerdo que emita la Secretaría del CG. Medidas cautelares. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Secretaría considera que deben dictarse medidas cautelares, lo propone a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de 24 horas. Si dentro de los cinco días de recibida la denuncia, la Secretaría valora que deben dictarse medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de 24 horas. Artículos 362, párrafos 6 al 9 y del Cofipe

51 Si se admite, la Secretaría
Admisión de queja o denuncia Dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos denunciados, para impedir que se pierdan, destruyan, o alteren las huellas o vestigios y en general, para evitar que se dificulte la investigación. Si se admite, la Secretaría La Secretaría emplaza al denunciado, quien tendrá un plazo de cinco días para contestar. De no hacerlo, perderá su oportunidad de ofrecer pruebas. La contestación deberá: Señalar el nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital. Referirse a los hechos que se le imputan. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Ofrecer y aportar pruebas. La autoridad que conozca de la presentación de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación eléctricos o electrónicos, deberá hacerla constar en acta y requerir al denunciante que ratifique su escrito. En caso de no acudir a ratificar dentro del término de tres días contados a partir de haber sido notificado, se tendrá por no presentada la denuncia. Luego de ser presentada, será remitida dentro de 48 horas a la Secretaría del CG para su trámite. Si es necesario ratificarla luego de esto será remitida. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia, la enviarán a la Secretaría del CG dentro del plazo señalado, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que puedan aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. El órgano del IFE que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría del CG para que la examine junto con las pruebas aportadas. Recibida la queja o denuncia, la Secretaría del CG la registrará e informará de su presentación al CG. Determinará y solicitará las diligencias necesarias para la investigación. Contará con un plazo de 5 días, a partir de que la reciba para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento. Si durante la sustanciación de una investigación la Secretaría del CG advierte hechos distintos al objeto del procedimiento motivo de la queja o denuncia que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, sin que medie solicitud de alguna de las partes podrá ordenar el inicio de un nuevo procedimiento de investigación. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría del CG emplazará al denunciado y le entregará copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que en su caso haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió. El denunciado tendrá un plazo de cinco días para contestar, de no hacerlo perderá la oportunidad de ofrecer pruebas sin generar presunción sobre la veracidad de los hechos denunciados. El escrito de contestación deberá reunir los mismo requisitos de forma que el de denuncia. La Secretaría del CG solicitará a los órganos centrales o desconcentrados del IFE que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. La investigación no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría del CG, o del inicio de oficio del procedimiento por parte del secretario del CG. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por otros 40 días, por medio de un acuerdo que emita la Secretaría del CG. Medidas cautelares. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Secretaría considera que deben dictarse medidas cautelares, lo propone a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de 24 horas. Artículos 364 y del Cofipe

52 Investigación en el procedimiento sancionador ordinario
La Secretaría cuenta con 40 días para realizar una investigación sobre los hechos, que podrá ser ampliado en forma excepcional por un período igual. La investigación deber ser: Seria Congruente Idónea Eficaz Expedita Completa Exhaustiva Se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Podrá solicitar a las autoridades (federales, estatales o municipales) los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Puede solicitar mediante oficio a órganos centrales o descentralizados del IFE, que lleven a cabo investigaciones o recaben pruebas. Comisión de Quejas y Denuncias El presidente de la Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a una sesión que se celebrará después de 24 horas, para que analicen y valoren el proyecto de resolución. Si el primer proyecto de la Secretaría del CG propone el desechamiento o sobreseimiento o la imposición de una sanción, y la Comisión está de acuerdo, será turnado al CG para su estudio y votación. En caso de no aprobarse el desechamiento o sobreseimiento, o la imposición de la sanción, la Comisión devolverá el proyecto al secretario del CG, exponiendo las razones de su devolución, o sugiriendo en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación. En un plazo no mayor a 15 días después de la devolución, la Secretaría del CG emitirá un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión. Cuando el presidente del CG reciba el proyecto de resolución, convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes del CG, 3 días antes de la fecha de la sesión. El CG determinará: aprobarlo en los términos en que se le presente; aprobarlo, ordenando al secretario del CG elabore la resolución en el sentido de los argumentos expresados por la mayoría; modificarlo, procediendo a aprobarlo en la sesión siempre que no contradiga el dictamen; rechazarlo y ordenar a la Secretaría del CG elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría. El rechazo de un proyecto de resolución implicará un acuerdo del CG de devolución del proyecto de resolución. Si por motivo de la ausencia de algún consejero se de un empate al momento de resolver, se procederá a una segunda votación; si persiste el empate, el consejero presidente determinará que se presente en una sesión posterior en presencia de todos los consejeros. El consejero que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo si se remite al secretario del CG dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación. Las resoluciones se notificarán a más tardar en los tres días hábiles siguientes de que se hayan dictado, y surtirán sus efectos el mismo día de su realización. Cuando la resolución “entrañe una citación” o un plazo para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con al menos tres días hábiles de anticipación al día y hora señalados para la audiencia. Las demás notificaciones se harán por cédula fijada en los estrados del IFE o del órgano que emita la resolución y por oficio cuando se dirijan a una autoridad u órgano partidario. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará: a) Aprobarlo en sus términos; b) Aprobarlo, ordenando al secretario del Consejo realizar el engrose, en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de los Consejeros; c) Aprobarlo con modificaciones, en la propia sesión, siempre y cuando se considere que se puede hacer, sin contradecir lo considerado en el proyecto; d) Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto, en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de los Consejeros. En este caso se considera aprobado un acuerdo de devolución del proyecto. Artículo 365, párrafos 1, 3 y 5 del Cofipe

53 Conclusión del procedimiento sancionador ordinario
Cuando concluya el desahogo de pruebas y se agote la instrucción, la Secretaría pondrá el expediente a la vista de las partes durante un plazo de cinco días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo, elaborará el proyecto de resolución en un término máximo de diez días (podrá ampliarse por un plazo igual). Se convoca a sesión de la comisión, para analizar y valorar el proyecto: Si no se aprueba, se devuelve a la Secretaría para que, en un plazo no mayor a 15 días, emita un nuevo proyecto. Si se aprueba, se turna al Consejo General para su estudio y votación. La Secretaría envía el proyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias, para que lo conozca y estudie en un plazo de cinco días. Comisión de Quejas y Denuncias El presidente de la Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a una sesión que se celebrará después de 24 horas, para que analicen y valoren el proyecto de resolución. Si el primer proyecto de la Secretaría del CG propone el desechamiento o sobreseimiento o la imposición de una sanción, y la Comisión está de acuerdo, será turnado al CG para su estudio y votación. En caso de no aprobarse el desechamiento o sobreseimiento, o la imposición de la sanción, la Comisión devolverá el proyecto al secretario del CG, exponiendo las razones de su devolución, o sugiriendo en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación. En un plazo no mayor a 15 días después de la devolución, la Secretaría del CG emitirá un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión. Cuando el presidente del CG reciba el proyecto de resolución, convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes del CG, 3 días antes de la fecha de la sesión. El CG determinará: aprobarlo en los términos en que se le presente; aprobarlo, ordenando al secretario del CG elabore la resolución en el sentido de los argumentos expresados por la mayoría; modificarlo, procediendo a aprobarlo en la sesión siempre que no contradiga el dictamen; rechazarlo y ordenar a la Secretaría del CG elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría. El rechazo de un proyecto de resolución implicará un acuerdo del CG de devolución del proyecto de resolución. Si por motivo de la ausencia de algún consejero se de un empate al momento de resolver, se procederá a una segunda votación; si persiste el empate, el consejero presidente determinará que se presente en una sesión posterior en presencia de todos los consejeros. El consejero que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo si se remite al secretario del CG dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación. Las resoluciones se notificarán a más tardar en los tres días hábiles siguientes de que se hayan dictado, y surtirán sus efectos el mismo día de su realización. Cuando la resolución “entrañe una citación” o un plazo para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con al menos tres días hábiles de anticipación al día y hora señalados para la audiencia. Las demás notificaciones se harán por cédula fijada en los estrados del IFE o del órgano que emita la resolución y por oficio cuando se dirijan a una autoridad u órgano partidario. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará: a) Aprobarlo en sus términos; b) Aprobarlo, ordenando al secretario del Consejo realizar el engrose, en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de los Consejeros; c) Aprobarlo con modificaciones, en la propia sesión, siempre y cuando se considere que se puede hacer, sin contradecir lo considerado en el proyecto; d) Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto, en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de los Consejeros. En este caso se considera aprobado un acuerdo de devolución del proyecto. El proyecto de resolución se envía al Consejero Presidente, quien convoca a sesión. El CG aprueba o rechaza la resolución y establece las sanciones correspondientes. Artículo 366 del Cofipe

54 El Consejo General del IFE determinará:
Resolución del procedimiento sancionador ordinario Presidente del Consejo General recibe el proyecto correspondiente: Convoca a sesión y remite copia del proyecto a los demás consejeros, por lo menos tres días antes de la fecha de la sesión. En caso de empate en la votación, debido a la ausencia de algún consejero, se realizará una segunda votación. Si persiste el empate, el Consejero Presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que estén presentes todos los consejeros. El consejero que disienta de la mayoría podrá formular voto particular. El Consejo General del IFE determinará: Aprobarlo en sus términos Aprobarlo ordenando al Secretario realizar el engrose Aprobarlo con modificaciones, en la propia sesión Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto, (Acuerdo de devolución) Artículo 366, párrafos 5 al 8 del Cofipe

55 Procedimiento especial sancionador

56 Antecedentes El Consejo General del IFE:
Sentencia SUP-RAP-17/2006, en el recurso promovido por la Coalición “Por el Bien de Todos”, en contra de la omisión del Consejo General del IFE de aprobar el proyecto de acuerdo por el que se ordena a la coalición «Alianza por México» que retire promocionales en radio, televisión e internet, que violan la Constitución y el Cofipe. El Consejo General del IFE: No cumplió con la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Realizó una incorrecta interpretación del sistema jurídico electoral federal, en el sentido de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. Con la interpretación que sostuvo violó el principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución federal, ya que un procedimiento administrativo sancionador electoral, implicaría un daño irreparable en el proceso electoral (los plazos harían nugatorias las disposiciones del Cofipe), y podrían vulnerarse los principios de equidad e igualdad, el de voto libre y las condiciones generales de la elección.

57 Antecedentes La Sala Superior resolvió:
Aun cuando el Consejo General contaba con atribuciones legales para conocer y resolver los hechos planteados, la vía no era el procedimiento administrativo sancionador electoral. En ejercicio de sus atribuciones, debía ejecutar un procedimiento idóneo, eficaz, completo y exhaustivo, en que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, que permitieran prevenir la comisión de conductas ilícitas y restaurar el orden jurídico electoral violado. El Cofipe no contenía normas expresas que fijaran un procedimiento distinto al sancionador, sin embargo, eso no era un obstáculo para que el Consejo General conociera y resolviera, pues de conformidad con el artículo 3°, párrafo 1, del Cofipe, debía instrumentar un procedimiento especializado, que le permitiera ejercer sus atribuciones constitucional y legalmente previstas, en el que se respetara la garantía de audiencia y se observen las formalidades esenciales (aquellas necesarias para garantizar la defensa adecuada). Dicho procedimiento debía realizarse de conformidad con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Las jurisprudencias 12/2007 y 2/2008 (histórica), así como la tesis VII/2008, obligan a las entidades federativas a instaurar este tipo de procedimientos cuando sea necesario, aun cuando no esté previsto en las leyes locales respectivas.

58 Finalidad del procedimiento especial sancionador
Contravengan normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en el Cofipe. Violen disposiciones constitucionales relativas a los medios de comunicación social, o difusión de propaganda de servidores públicos. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Por irregularidades e incumplimientos, sobre las prerrogativas y tiempos disponibles para partidos políticos y autoridades electorales en radio y TV. Su finalidad es determinar de manera expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas que: Artículo 62 del Reglamento de Quejas y Denuncias Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión durante los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el IFE. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo podrán iniciar a instancia (solicitud) de parte afectada. Artículos 367 y 368, párrafos 1 y 2 del Cofipe

59 Admisión y desechamiento
Causales de desechamiento del procedimiento especial: Requisitos del escrito de denuncia: El escrito no reúna los requisitos Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral No se aporten ni ofrezcan pruebas La materia de la denuncia resulte irreparable Nombre del quejoso o denunciante Domicilio para oír y recibir notificaciones Documentos necesarios para acreditar la personería Narración expresa y clara de los hechos De ser posible, los preceptos presuntamente violados Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente, o mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas En su caso, las medidas cautelares que se soliciten Actores: Las personas morales por medio de sus representantes y las personas físicas por su propio derecho podrán presentar (por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos) quejas o denuncias por presuntas violaciones a la ley electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del IFE. Requisitos de forma de la queja o denuncia: el nombre del quejoso o denunciante; firma autógrafa o huella digital; domicilio para oír y recibir notificaciones; acreditar la personería; narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados; ofrecer y aportar pruebas o mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que las solicitó oportunamente por escrito al órgano competente, pero no le fueron entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, si sus representantes no acreditan su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos, la Secretaría del CG prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de 3 días y aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendarse, la denuncia se tendrá por no formulada. La Secretaría notificará al denunciante, dentro de un plazo de 12 horas; vía fax, telegrama o correo electrónico, que deberá confirmar por escrito. Artículo 368, párrafos 3, 5 y 6 del Cofipe

60 Etapas del procedimiento especial sancionador
La Secretaría del CG recibe la denuncia y la examina junto con las pruebas aportadas Si la Secretaría del CG considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las siguientes 48 horas. Admitida la denuncia, se corre traslado a las partes y las notifica para que asistan a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de las 48 horas siguientes a la admisión. El CG aprueba o rechaza la resolución y en su caso establece las sanciones correspondientes. Si se determina que la propaganda viola la Constitución o el Cofipe, el CG puede ordenar el retiro físico o la suspensión inmediata de la distribución o difusión. Dentro de las siguientes 24 horas a la celebración de la audiencia, la Secretaría del CG formulará el proyecto de resolución y lo presenta al Consejero Presidente, quien convoca a sesión para conocer y resolver el proyecto. La sesión se celebrará a más tardar 24 horas después de haberlo recibido. En el caso de propaganda que denigre o calumnie, sólo la parte afectada puede denunciar. La denuncia por infracciones relacionadas con propaganda política o electoral en radio y T.V. durante la realización de los procesos electorales locales, deberá reunir los siguientes requisitos: nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; domicilio para oír y recibir notificaciones; los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de conseguirlas; y las medidas provisionales que se soliciten. Audiencia: El denunciante tiene derecho a una intervención oral no mayor de 15 minutos, para resumir el hecho que motivó la denuncia. Luego se da la palabra al denunciado para que en máximo 30 minutos, responda a la denuncia y ofrezca pruebas. Finalmente, se concede sucesivamente la palabra al denunciante y denunciado para que expongan sus argumentos finales en un máximo de 15 minutos cada uno. Sólo se admitirán las pruebas documentales o técnicas (siempre y cuando puedan ser desahogadas durante la audiencia) y que estén relacionadas con los hechos. Dentro de las 24 horas siguientes a que se haya llevado a cabo la audiencia de pruebas, la Secretaría del CG formulará un proyecto de resolución. Luego lo presentará al consejero presidente para que convoque al CG a sesión para conocer y resolver el proyecto. La sesión se realizará a más tardar, dentro de las 24 horas posteriores a que el consejero presidente haya recibido el proyecto. De comprobarse la infracción, el CG ordenará la cancelación inmediata de la transmisión de la propaganda política o electoral en radio y T.V. motivo de la denuncia; el retiro físico, o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda que viole las disposiciones del Cofipe e impondrá las sanciones correspondientes. Artículos 368, párrafos 7 y 8 y 370 del Cofipe

61 Medidas cautelares Finalidad
Suspender los actos o hechos, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley electoral. Finalidad El derecho al uso de los medios de comunicación social, así como de las condiciones para la difusión de propaganda por servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La prohibición a los partidos políticos de realizar actos de precampaña o campaña en territorio extranjero, así como de los precandidatos o candidatos de realizar actos anticipados de precampaña o campaña. Las conductas que realicen los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, que impliquen la venta de tiempo de transmisión, difusión de propaganda política o electoral y el incumplimiento a su obligación de transmitir los mensajes que le indique el IFE. Se aplicarán cuando se presuma la violación de: La autoridad que conozca de la presentación de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación eléctricos o electrónicos, deberá hacerla constar en acta y requerir al denunciante que ratifique su escrito. En caso de no acudir a ratificar dentro del término de tres días contados a partir de haber sido notificado, se tendrá por no presentada la denuncia. Luego de ser presentada, será remitida dentro de 48 horas a la Secretaría del CG para su trámite. Si es necesario ratificarla luego de esto será remitida. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia, la enviarán a la Secretaría del CG dentro del plazo señalado, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que puedan aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. El órgano del IFE que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría del CG para que la examine junto con las pruebas aportadas. Recibida la queja o denuncia, la Secretaría del CG la registrará e informará de su presentación al CG. Determinará y solicitará las diligencias necesarias para la investigación. Contará con un plazo de 5 días, a partir de que la reciba para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento. Si durante la sustanciación de una investigación la Secretaría del CG advierte hechos distintos al objeto del procedimiento motivo de la queja o denuncia que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, sin que medie solicitud de alguna de las partes podrá ordenar el inicio de un nuevo procedimiento de investigación. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría del CG emplazará al denunciado y le entregará copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que en su caso haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió. El denunciado tendrá un plazo de cinco días para contestar, de no hacerlo perderá la oportunidad de ofrecer pruebas sin generar presunción sobre la veracidad de los hechos denunciados. El escrito de contestación deberá reunir los mismo requisitos de forma que el de denuncia. La Secretaría del CG solicitará a los órganos centrales o desconcentrados del IFE que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. La investigación no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría del CG, o del inicio de oficio del procedimiento por parte del secretario del CG. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por otros 40 días, por medio de un acuerdo que emita la Secretaría del CG. Medidas cautelares. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Secretaría considera que deben dictarse medidas cautelares, lo propone a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de 24 horas. Artículos del Cofipe y 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias

62 Medidas cautelares Las condiciones de las que depende su aplicación, por ejemplo: la existencia de un derecho y el temor fundado de que mientras se resuelve el procedimiento, desaparezcan las circunstancias que hagan posible la reparación del daño que se pudiera causar. Que justifiquen que la probable afectación se pueda reparar, y que la medida es razonable, adecuada y proporcional a la conducta ilícita. En una evaluación preliminar, la autoridad deberá fundar y motivar las medidas cautelares considerando: Ordenar la suspensión de la transmisión de promocionales de radio y televisión. Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. De este modo, la Secretaría podrá proponer a la Comisión: En caso de que se haya ordenado el retiro de propaganda en lugares prohibidos, los responsables deberán observar las reglas de protección al medio ambiente. El acuerdo se deberá notificar a las partes. El acuerdo podrá ordenar al denunciado para que retire la propaganda en un plazo no mayor de 24 horas. Para el caso de propaganda transmitida en radio y televisión, la Comisión ordenará a las concesionarias y permisionarias, así como a los partidos políticos que correspondan, la suspensión inmediata de su difusión. Artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias

63 Jurisprudencia 23/2010 MEDIDAS CAUTELARES EN ELECCIONES LOCALES. CORRESPONDE DETERMINARLAS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA DIFUNDIDA EN RADIO Y TELEVISIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que en el supuesto de violaciones a leyes estatales durante procesos electorales locales, mediante propaganda en radio y televisión, la denuncia y la imposición de sanciones compete a la autoridad local estatal y, en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, colabora con la autoridad local exclusivamente para ordenar la suspensión de la transmisión de propaganda. En efecto, ambas autoridades actúan en un contexto de coordinación administrativa, con pleno respeto de sus ámbitos competenciales y para darle funcionalidad al sistema. En este orden de ideas, para el dictado de la medida cautelar que, en su caso, corresponda, el Instituto Federal Electoral, no dará inicio a un procedimiento especial sancionador, pues será el órgano administrativo electoral local el que se pronuncie respecto de la violación aducida a la legislación electoral respectiva; estimar lo contrario daría lugar a la apertura de dos procedimientos sancionadores (federal y local), en detrimento del principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal.

64 Audiencia de pruebas y alegatos
La audiencia será conducida por la Secretaría del CG, de manera ininterrumpida y en forma oral. Sólo se admitirán las pruebas documental y técnica, siempre y cuando en ésta se aporten los medios para su desahogo en el curso de la audiencia. Procedimiento: Iniciada la audiencia, el denunciante tendrá una intervención no mayor de 15 minutos, para resumir los hechos que motivaron la denuncia y hacer una relación de las pruebas que los corroboran. El denunciado, en no más de 30 minutos, responderá a la denuncia y ofrecerá las pruebas que desvirtúen los hechos que le son imputados. La Secretaría debe resolver sobre la admisión de pruebas y proceder a su desahogo. Audiencia: El denunciante tiene derecho a una intervención oral no mayor de 15 minutos, para resumir el hecho que motivó la denuncia. Luego se da la palabra al denunciado para que en máximo 30 minutos, responda a la denuncia y ofrezca pruebas. Finalmente, se concede sucesivamente la palabra al denunciante y denunciado para que expongan sus argumentos finales en un máximo de 15 minutos cada uno. Sólo se admitirán las pruebas documentales o técnicas (siempre y cuando puedan ser desahogadas durante la audiencia) y que estén relacionadas con los hechos. Dentro de las 24 horas siguientes a que se haya llevado a cabo la audiencia de pruebas, la Secretaría del CG formulará un proyecto de resolución. Luego lo presentará al consejero presidente para que convoque al CG a sesión para conocer y resolver el proyecto. La sesión se realizará a más tardar, dentro de las 24 horas posteriores a que el consejero presidente haya recibido el proyecto. De comprobarse la infracción, el CG ordenará la cancelación inmediata de la transmisión de la propaganda política o electoral en radio y T.V. motivo de la denuncia; el retiro físico, o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda que viole las disposiciones del Cofipe e impondrá las sanciones correspondientes. Concluido el desahogo de pruebas, la Secretaría concederá 15 minutos a cada una de las partes, para alegar en forma escrita o verbal. Artículo 369 del Cofipe

65 Comparativo procedimientos ordinario y especial (1 de 2)
Etapa Ordinario Especial Presentación de la queja, denuncia o inicio del procedimiento oficioso - Ratificación de la denuncia o queja 3 días Remisión a la Secretaría Ejecutiva 48 horas Inmediatamente Prevención No procede prevención Admisión 5 días No se precisa plazo Medidas cautelares 24 hrs para resolver, dentro de los 5 días para admitir. Dentro de las 48 hrs. previstas para la celebración de la audiencia Emplazamiento y contestación 5 días para contestar, posteriores al emplazamiento 48 hrs. posteriores a la audiencia de pruebas y alegatos. Investigación 40 días que puede ampliar hasta por 40 días más La investigación se hace con las constancias de autos y el contenido de la audiencia de pruebas y alegatos Vista con la investigación 5 días para alegatos 15 minutos a cada parte en la audiencia Proyecto de resolución 10 días que puede ampliar por 10 días más 24 hrs. después de concluida la audiencia Artículos 361 al 370 del Cofipe

66 Sólo en caso de medidas cautelares: 48 hrs.
Comparativo procedimientos ordinario y especial (2 de 2) Etapa Ordinario Especial Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias 5 días Sólo en caso de medidas cautelares: 48 hrs. Sesión de Comisión de Quejas y Denuncias Un día para convocar a sesión, que debe celebrarse no antes de 24 hrs. - En caso de ser rechazado el proyecto, plazo para su nueva elaboración 15 días Remisión al Consejo General No se establece plazo Inmediatamente Sesión del Consejo General de resolución 3 días posteriores a la entrega del proyecto Dentro de las 24 hrs posteriores a la entrega del proyecto En caso de empate, por ausencia de un Consejero 2ª votación. Si persiste empate, el proyecto debe ser presentado en sesión posterior (todos consejeros) Tiempo total mínimo sin ampliación de plazos; rechazo del proyecto de resolución, ni empate en la votación 64 días aprox. 5 o 6 días aprox. Tiempo total estimado con ampliación de plazos, rechazo de proyecto y sin empate de la votación 129 días aprox. Artículos 361 al 370 del Cofipe

67 Artículo 41 fracción III Constitución Federal
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

68 Artículo 41 fracción III Constitución Federal
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

69 Artículo 41 fracción III Constitución Federal
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

70 Artículo 41 fracción III Constitución Federal
Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

71 Artículo 116 fracción IV Constitución Federal
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

72 Artículo 116 fracción IV Constitución Federal
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

73 Artículo 6 Constitucional
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

74 Artículo 7 Constitucional
Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, «papeleros», operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

75 La Libertad de expresión
En una democracia, la libertad de expresión es un presupuesto necesario para formar la opinión pública, porque ésta surge con el diálogo e intercambio de opiniones informadas. Por esa razón, la libertad de expresión tiene una doble dimensión: la individual y la social. 75

76 Libertad de expresión y la materia electoral
Cuando la libertad de expresión está relacionada con la materia electoral, y en general con los derechos político electorales, su ejercicio debe realizarse de manera armónica con esos derechos, así como con los principios que rigen en la materia, sin que el ejercicio de unos suprima o vaya en contra de otros. 76

77 Derechos de terceros En ese sentido, los conceptos orden público y derechos de terceros, en materia electoral, adquieren significado a la luz de los derechos político-electorales y de los principios rectores de todas las elecciones democráticas. Todas las personas deben respetar ese derecho, en atención a que el ordenamiento jurídico tiene fuerza vinculante, por lo que, la sujeción u obligatoriedad de primer orden, inmediata y directa, es para los depositarios del poder público del Estado y, en segundo término, en general, para toda persona individual o jurídica, ya sea oficial, social o privada. 77

78 OPINIÓN Así, cuando lo que se pretende propagar es la opinión del ente que desempeña sus funciones en los medios de comunicación, éste cuenta con libertad, ya que se parte de la base, que la opinión consiste en la emisión de juicios de asentimiento o repulsa sobre la cuestión que planteada, es decir, que la opinión implica un acto de voluntad de adhesión o rechazo hacia una situación concreta. 78

79 NOTICIA En cambio, cuando lo que se quiere es que se conozca una cosa que está aconteciendo en la realidad, esto es, cuando se está en el ámbito de la noticia, la información debe ser veraz y objetiva. Esas características se deben cumplir con mayor razón en el ámbito de las noticias electorales, porque como ya se dijo, el derecho a ser votado limita la libertad de expresión, porque ésta debe garantizar que, la cobertura informativa concedida a los contendientes en un proceso electoral tenga pretensiones serias de veracidad y objetividad, además de ser equitativa en función de la actividad de cada candidato o fuerza política. 79

80 Jurisprudencia 11/2008 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.-El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación.

81 Jurisprudencia 11/2008 En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.

82 Tribunal Constitucional Español
Tribunal Constitucional Español. “El derecho de réplica es instrumental en cuanto que su finalidad se agota en la rectificación de informaciones publicadas por los medios de comunicación…normalmente sólo puede ejercerse con referencia a datos de hecho… pero no frente a opiniones que de sancionarlas lesionarían el derecho que garantiza la Constitución de comunicar y recibir información libremente.” Sentencia 35/1983

83 Prueba indiciaria La rigidez y al formalismo, en la evaluación del material probatorio, puede conducir a imposibilitar la acreditación de los hechos, ante la fragmentación y dispersión de los vestigios que se logren reunir de los pocos que hayan escapado al ocultamiento, a la destrucción o a la simulación y, por tanto, también es menester una labor cuidadosa y exhaustiva en la apreciación de los indicios, a fin de sopesar y vincular todas y cada una de sus circunstancias, dado que cualquier descuido en esta actividad puede conducir a conclusiones erróneas.

84 Estructura de la prueba indiciaria
A) Que exista un solo indicio de muy fuerte y acusada potencia acreditativa, o, lo que será más normal, que existan varios indicios, varios datos que actúan como hechos-base y que estén acreditados por prueba directa. B) Que estén interrelacionados entre sí, y periféricos de aquella conclusión a la que se quiere llegar, y que actuaría como hecho-consecuencia. C) Que estos indicios no estén desvirtuados o rebatidos por otros de signo adverso, que, obviamente eliminarían su aspecto indiciario.

85 E) Que se exprese el juicio de inferencia alcanzado por el Tribunal.
Estructura de la prueba indiciaria D) La valoración por parte del Tribunal de tales indicios debe de efectuarse de forma enlazada, es decir, uniendo unos a otros de forma intelectual, hasta llegar al hecho-consecuencia que se quiere llegar. E) Que se exprese el juicio de inferencia alcanzado por el Tribunal. F) Que se describa con el detalle preciso, el razonamiento que partiendo de los hechos-base, llega hasta el hecho-consecuencia al que se quiere llegar y que este proceso lógico-inductivo, aparezca no sólo razonado sino razonable de acuerdo con el canon de culpabilidad

86 SUP-RAP-122/2008

87 Espectaculares SUP-JDC-2683/2008

88 Espectaculares SUP-RAP-14/2009

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92 JURISPRUDENCIA 2/2009 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.—

93 JURISPRUDENCIA 2/2009 De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo.

94 JURISPRUDENCIA 2/2009 Por tanto, los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que fomenta el debate político.

95 SUP-RAP-225/2009

96 SUP-JRC-69/2009

97 SUP-JRC-69/2009

98 Resolución de la Sala Superior del TEPJF
Consulta al Instituto Federal Electoral Precandidato único SUP-RAP-3/2012 El Consejo General del Instituto Federal Electoral refirió que los precandidatos cuentan con el derecho de ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación, pero que no se trata de libertades irrestrictas o ilimitadas, sino que deben interpretarse en el contexto en que se ejercen, de manera que en su calidad de precandidatos deben de ajustarse a las restricciones previstas en la Ley, que consisten, principalmente, en las prohibiciones de llamar al voto y difundir alguna plataforma electoral. Resolución de la Sala Superior del TEPJF ÚNICO. Se confirma el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se da respuesta a la consulta planteada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, en atención al oficio remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al incidente de aclaración de oficio en el expediente SUP-JRC-0309/2011” identificado bajo la clave CG474/2011.

99 Fuera de proceso electoral
Presentación de denuncia por propaganda NO transmitida en radio o televisión En proceso electoral Fuera de proceso electoral Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital que corresponda por demarcación territorial, por la comisión de conductas que se refieran a: Junta Ejecutiva del distrito electoral de que se trate. La ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa. Por la propaganda pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o TV. Cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña. Durante proceso electoral. En estos casos la denuncia se presentará ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital que corresponda, quien formulará un proyecto de resolución dentro de las 24 horas siguientes a la celebración de la audiencia de pruebas y lo presentará para su conocimiento y votación ante el Consejo Distrital. El vocal ejecutivo ejercerá las mismas facultades que la Secretaría del CG en el caso de propaganda transmitida por radio y TV. Fuera de los procesos electorales federales, la denuncia se presentará ante la Junta Ejecutiva del distrito electoral de que se trate. Las resoluciones que aprueben los consejos o juntas distritales podrán ser impugnadas ante los consejos o juntas locales, cuyas resoluciones serán definitivas. Si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o implica gravedad, la Secretaría del CG podrá atraer el asunto. Artículo 371 del Cofipe

100 Resolución del procedimiento especial por propaganda NO transmitida en radio o televisión
Se presenta el proyecto de resolución ante el consejo distrital (fuera de proceso electoral federal, ante la junta ejecutiva respectiva). Las resoluciones de los consejos o las juntas distritales, podrán ser impugnadas ante los consejos o juntas locales, cuyas resoluciones serán definitivas. El procedimiento es el mismo que para las quejas o denuncias relacionadas con propagada transmitida en radio o televisión. Si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o grave, la Secretaría del CG podrá atraer el asunto. Artículo 371 del Cofipe

101 Procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos

102 Finalidad y procedencia
Procedimiento administrativo para conocer asuntos referentes al incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos de informar periódicamente al IFE, el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. En el escrito de queja se narrarán los hechos y aportarán los elementos de prueba o indicios con los que cuente el denunciante. Podrán presentarse dentro de los tres años siguientes a la publicación en el DOF del dictamen consolidado relativo a los informes del ejercicio denunciado. Las quejas podrán presentarse ante los órganos desconcentrados, quienes las remitirán al Secretario Ejecutivo, dentro de las 24 horas siguientes, y éste las turnará a la Unidad de Fiscalización. Toda queja deberá ser presentada por escrito, con firma autógrafa del denunciante, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En las quejas presentadas por los partidos o APN, el promovente deberá acreditar su personería, contener la narración de los hechos que la motivan y aportar los elementos de prueba o indicios con los que cuente el denunciante. Podrán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación en el DOF del dictamen consolidado relativo a los informes correspondientes al ejercicio denunciado. El titular de la Unidad de Fiscalización podrá solicitar al secretario ejecutivo que requiera a las autoridades competentes para que entreguen las pruebas que tengan en su poder o le permitan obtener información reservada o protegida por el secreto fiscal, bancario o fiduciario. En este último caso establecerá las medidas para el resguardo de la información entregada. También podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, para que proporcionen información y documentos necesarios para la investigación. En ambos casos, los requerimientos se deberán responder en un plazo máximo de 15 días naturales, que podrán ampliarse a cinco días, por causa justificada. En la contestación, el partido denunciado podrá exponer lo que a su derecho convenga, referirse a los hechos mencionados, ofrecerá y exhibirá pruebas, con excepción de la testimonial y la confesional. Las pruebas deberán estar relacionadas con los hechos. Agotada la instrucción, el titular de la Unidad elaborará el proyecto de resolución, para ser presentado al CG en la siguiente sesión que celebre. Los proyectos deberán ser presentados al CG en un término no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la recepción de la queja por parte de la Unidad, excepto cuando se justifique la ampliación del plazo. Cuando el CG podrá imponer las sanciones que correspondan. Considerando las circunstancias y la gravedad de la falta. Se entenderá por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta. Para determinar la gravedad de la falta se analizará la importancia de la norma violada y los efectos que genere respecto de los objetivos y los bienes jurídicos tutelados por la norma. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. Si durante la tramitación de la queja se advierte la violación a ordenamientos legales ajenos a la competencia de la Unidad de Fiscalización, ésta solicitará al secretario del CG que de aviso a las autoridades competentes. Artículos 373 y 375 del Cofipe

103 Resolución del procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos La Unidad de Fiscalización podrá solicitar al Secretario Ejecutivo, requiera a las autoridades, personas físicas y morales, para que entreguen las pruebas en su poder o permitan obtener información reservada. Se deberá dar respuesta en un máximo de 15 días. La Unidad de Fiscalización emplazará al partido denunciado, para que conteste por escrito en un término de 5 días, a partir de la fecha en que surta efecto la notificación. Agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización elaborará el proyecto de resolución, para ser presentado al CG en la siguiente sesión que celebre (en un término que no exceda de 60 días naturales). El Consejo General podrá imponer las sanciones que correspondan, para fijarlas tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. Toda queja deberá ser presentada por escrito, con firma autógrafa del denunciante, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En las quejas presentadas por los partidos o APN, el promovente deberá acreditar su personería, contener la narración de los hechos que la motivan y aportar los elementos de prueba o indicios con los que cuente el denunciante. Podrán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación en el DOF del dictamen consolidado relativo a los informes correspondientes al ejercicio denunciado. El titular de la Unidad de Fiscalización podrá solicitar al secretario ejecutivo que requiera a las autoridades competentes para que entreguen las pruebas que tengan en su poder o le permitan obtener información reservada o protegida por el secreto fiscal, bancario o fiduciario. En este último caso establecerá las medidas para el resguardo de la información entregada. También podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, para que proporcionen información y documentos necesarios para la investigación. En ambos casos, los requerimientos se deberán responder en un plazo máximo de 15 días naturales, que podrán ampliarse a cinco días, por causa justificada. En la contestación, el partido denunciado podrá exponer lo que a su derecho convenga, referirse a los hechos mencionados, ofrecerá y exhibirá pruebas, con excepción de la testimonial y la confesional. Las pruebas deberán estar relacionadas con los hechos. Agotada la instrucción, el titular de la Unidad elaborará el proyecto de resolución, para ser presentado al CG en la siguiente sesión que celebre. Los proyectos deberán ser presentados al CG en un término no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la recepción de la queja por parte de la Unidad, excepto cuando se justifique la ampliación del plazo. Cuando el CG podrá imponer las sanciones que correspondan. Considerando las circunstancias y la gravedad de la falta. Se entenderá por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta. Para determinar la gravedad de la falta se analizará la importancia de la norma violada y los efectos que genere respecto de los objetivos y los bienes jurídicos tutelados por la norma. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. Si durante la tramitación de la queja se advierte la violación a ordenamientos legales ajenos a la competencia de la Unidad de Fiscalización, ésta solicitará al secretario del CG que de aviso a las autoridades competentes. Artículos 376, párrafos 5 y 6, y 377 del Cofipe

104 Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del IFE

105 Causas de responsabilidad para los servidores públicos del IFE
Procedencia -Apercibimiento o amonestación pública -Sanción o suspensión económica -Destitución del puesto -Inhabilitación temporal hasta por 5 años Contraloría General del IFE Autoridad competente Sanciones: Causas de responsabilidad para los servidores públicos del IFE - Realizar cualquier conducta que atente contra la independencia de la función electoral. - Invadir la competencia de otros órganos del IFE. - Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de su función. - Conocer o participar en un asunto para el cual esté impedido. - Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones violando la ley. - No preservar los principios que rigen al IFE. - Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. - Dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. - Las demás que establezca el Cofipe o las leyes que resulten aplicables. Artículos 380, 384, 391.1, incisos l y p del Cofipe

106 ©Derechos Reservados, 2011 a favor del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente leyenda: Centro de Capacitación Judicial Electoral, “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”, Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, julio de 2011. Queda prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.


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