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Analizar los impactos de las auto- consultas populares impulsadas por los actores sociales locales para el cuestionamiento de la actividad minera en las.

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Presentación del tema: "Analizar los impactos de las auto- consultas populares impulsadas por los actores sociales locales para el cuestionamiento de la actividad minera en las."— Transcripción de la presentación:

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2 Analizar los impactos de las auto- consultas populares impulsadas por los actores sociales locales para el cuestionamiento de la actividad minera en las zonas de conflictividad social

3 1) El uso de la auto-consulta popular (AP) ha generado que el Gobierno tienda a ilegalizarla como mecanismo válido para el conflicto, no obstante, en su práctica ha aportado a la paralización de los proyectos extractivos implicados. 2) La auto-consulta popular se ve impulsada en contextos en donde el diálogo y los mecanismos de convencimiento del Estado respecto a su visión de desarrollo fracasan sobre las localidades, finalizando sin acuerdo, siendo así, la AP se viene constituyendo cuando las condiciones para la prevención y transformación de conflictos son casi inaplicables. 3) La no institucionalización de la auto-consulta Popular sobre proyectos mineros genera que no siempre se garanticen elementos básicos de información respecto al objeto de consulta, ni presencia por parte de los entes especializados del Estado en estos procesos, terminando por consolidar en la población consultada la idea de ausencia, parcialidad e ilegitimad del Estado en la zona.

4 Un giro fundamental para el escenario de conflictividad y cambio de actores políticos. Nueva constitución 1993, flexibilización de derechos, la tasa de sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4%. De 1993 al 2004, en el cual la economía creció un promedio de 3,5%, la minería lo hizo a un promedio cercano a 7,2%, asimismo, las exportaciones crecieron 166% de 2,615 millones de dólares a 6,953 millones de dólares. El 2012 el 25´900,000 hectáreas, es decir el 20.3% del territorio nacional ha sido concesionado. el 48% de territorio de las comunidades campesinas y en el caso de la Amazonía, el 75% de su territorio están concesionados. El 70% de conflictos son socioambientales.

5 Entrevistas semiestructuradas a Pepe Julio Gutierrez (Islay) y Florentino Barrios (Cañaris). Revisión de documentos públicos (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y MEM). Sistematización de experiencias de consultas en América Latina. Revisión bibliográfica.

6 La constitución política del Perú establece que Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum iniciativa legislativa; Remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas Art Los procesos de consulta se han originaron en la Grecia clásica, (a partir del siglo VI a.C.), así, los ciudadanos tenían derecho de participar en las asambleas y decidir continuamente sobre los asuntos públicos en la vida de la polis. Pueblos indígenas tienen históricamente propios mecanismos de participación directa,

7 Joseph Chumpeter : «El método democrático es el arreglo institucional para llegar a las decisiones políticas en el que algunos individuos adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo» La teoría elistista. Giovani Sartori: «El régimen democrático está fundado sobre la participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad» Democracia participativa.. Esta se enfoca a grupos relativamente pequeños del tamaño de una asamblea, implicando siempre el autogobierno Alain de Bernosi: «los representantes por la elección están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países occidentales...El razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en cuyo caso ya no es soberano.

8 1) Estado peruano: Democracia puramente representativa a partir de la delegación de poder y el «interés general del Estado» a partir de la legitimidad electoral. 2) Actores locales en conflictos: Modelo de democracia elitista en dónde el gobernante no responde a sus intereses y se encuentra en el poder a partir de su capacidad de recursos y, por ende, responde al interés de las propias élites. 3) Ciertos gobiernos locales y grupos sociales cuya forma de entender la democracia pasa por tener participación y decisión respecto a aquello que puede afectar su forma de vida, la dignidad humana, su cultura, entre otros. NO se cuestiona, ni se plantea una ruptura con la `democracia` como sistema político, sino, que se cuestiona a la clase política de turno y se busca disputarla a través de un proceso de legitimación (autoconsunsulta).

9 Autoconsulta popular : Se propone integrar el uso de estos mecanismos, para efectos prácticos de la investigación, con el concepto de autoconsulta popular y en particular, cuyo surgimiento parte de la falencia de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en el marco de las industrias extractivas con la población afectada, indistintamente, de quien la convoque.

10 Tensión entre el orden y el cambio social. La autoconsulta brota en su sentido de cambio social porque transgrede el orden y cuestiona el paradigma de progreso. Defensoría del Pueblo: Conflicto es inherente a la vida humana «Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también en este tipo de conflictos componentes políticos, económicos, sociales y culturales. James O´ Connor: El conflicto socioambiental está basado en las dos contradicciones del capitalismo, como son la potencial rebelión de la fuerza de trabajo como consecuencia de la explotación capitalista y, por otro lado, la crisis ecológica como consecuencia de la explotación capitalista de los recursos naturales, lo que al final deviene en los conflictos socioambientales.

11 Antonio Aledo (2008): Antropocentrismo: se ubica la visión hegemónica del desarrollo que va en binomio indiscutible con el crecimiento económico/desarrollo. Maristella Svampa: >. Joan MartinezAlier : Un ecologismo popular>> Enrrique Leff: Crisis civilizatoria y racionalidad ambiental Vs racionalidad económica.

12 Oscar Correas: La limitación del derecho subjetivo como trampa lingüística frente a la centralidad de dar derechos (DESCA). El rol del poder empresarial privado en la restricción de los derechos y su capacidad de influencia dentro del Estado. El sistema jurídico estatal supone, en este hecho, otra trampa lingüística, pues, se reconoce la hegemonía sobre otros discursos similares y pareciera dar la idea de que el derecho es único y que los otros sistemas normativos coexistentes, como el derecho indígena, están incluidos y que además, siendo subyugados no tienen capacidad de concebir y/o poseer un Estado distinto a este. Los sistemas normativos alternativos se hacen efectivos, a través de la autoconsulta popular, en consecuencia, queda el sistema jurídico estatal hegemónico subyugado al sistema normativo alternativo.

13 Joan Martinez Alier : Metabolismo social desigual desde la economía ecológica. Las externalidades no son fallas de mercado. «La economía recibe recursos (y a menudo los explota más allá de su capacidad de regeneración) y produce residuos. No existe una economía circular cerrada.. David Harvey: > ajustes espacio/temporales. «Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales». La autoconsulta popular media y resiste, de forma pacífica, la acumulación por desposesión desde las localidades.

14 En el año 2002, se registró al Norte del Perú la primera autoconsulta popular (AP) para un proyecto minero en América Latina. Reapropiación de la identidad de los pueblos originarios como parte de la exigencia de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT. América Latina ha desatado un conjunto de mecanismos que en esencia plantean la democratización de la decisión sobre el uso del territorio (Guatemala 64 y Colombia 1)

15 AUTOCONSULTAS POPULARES (AP) Año Lugar EmpresaGrupo humanoMecanismo 2002 Tambogrande (Piura- Perú Manhattan MineralsCorporation (MMC) Frente de Defensa de Tambogrande- Gobierno local Consulta vecinal (98% dijo NO) 2003 Esquel (Chubut-Argentina) Desquite SA/ Meridian Gold Inc. Cánda Comunidad de Esquel Pleibicito (82% dijo NO) 2004 Comitancillo (San Marcos- Gutamala) Guatemala, S.AComunidad y Gobierno local Consulta previa/Consulta vecinal (100% dijo que NO 2005 Sicapaca ( San Marcos-Guatemala)GoldcorpComunidad de Sikapaca Consulta Comunitaria (98% dijo NO) 2007 Ayabaca ( Piura-Perú) Minera Río Blanco Copper S.A Comunidad de Yanta en Ayabaca/ Comunidad Segunda y Caja- Gobierno local Consulta popular (95% dijo NO ) 2008 Tarata y Candarave (Tacna- Perú)X Junta de Usuarios y gobierno local Consulta vecinal (98% dijo NO) 2009 Islay (Arequipa- Perú)Southern PerúFrente de Defensa del Valle del Tambo Consulta popular/Consulta vecinal (80% dijo NO) 2011 Quetzaltengo (Guatemala)XSan Juan Ostuncalco, Cabricán y Huitá Consulta comunitaria (Dijo NO) 2011 Quiche ( Guatemala)X Comunidad Sacapulas y Quiche/ Gobierno local Consulta popular (99.9% dijo NO ) 2011 Cuenca (Ecuador)Iamgold / Quimsacocha Juntas de Agua de Victoria del Portete y Tarqui Consulta Popular (92% dijo NO) 2012 Chaperimco (Guatemala)TikalsMinerals/ Paraíso Comisión de la Defensa de los Bienes Naturales de Champerimco/ Gobierno local Consulta comunitaria ( 99% dijo NO) 2012 Loncopué ( Neuquén- Argentina) Corporación Minera de Neuquén Junta Comicial Municipal (Jucom)/ organizaciones sociales Pleibicito (84% dijo NO) 2012 Huaquillas (Ecuador)Inca Won Metal24 comunidades afectadas / Gobierno local Consulta popular (Dijeron NO) 2012 Jalapa y Mataquescuintla (Guatemala) San RafaelGobierno local Consulta popular (99% dijo NO) 2012 Cañaris (Lambayeque- Perú)Candente Cooper SAComunidad San Juan Bautista de Cañaris Consulta comunitaria (95% dijo NO) 2013 Piedras (Tolima, Colombia)AngloGold AshantiGobierno local Consulta popular (92% dijo NO)

16 Los contextos en los que estos son llevados a cabo surgen cuando el movimiento de resistencia a la minería tiene algún grado de certeza al respecto de su posición (+ 80%). No existe un criterio común, respecto a en qué términos plantear las consultas Ya no es democracia la solo posibilidad de elegir un representante, es también democracia la posibilidad de decidir sobre la problemática económica, política y social que circunscribe a la localid ad. El Estado y /o la empresa interesada han agotado su forma expresar la viabilidad del proyecto como mejor alternativa de progreso y desarrollo. Dos posturas definidas. El flujo de información no fluye ni se contrasta. El conocimiento sobre los impactos se generan en un lenguaje científico occidental lo que hace lejana la aprehensión del mismo,, el conocimiento occidental es ubicado en lo que Leff (1994) denomina racionalidad económica y que por ende, no incorpora una visión crítica respecto a la relación ciencia-naturaleza manteniéndose en el paradigma antropocéntrico. La confianza de la población local en sus conocimiento más cotidianos, son percibidos como más certeros y reales, frente otra información traída desde el Estado y/o la empresa Información no solo no es homogénea, sino, que además se genera un campo de disputa respecto a la propia forma de conocimiento.

17 Los entes del Estado, independientemente de que esta no sea vinculante, se rehúsan a participar de estos procesos, siendo que, no siempre se consiguen tener los procedimiento básicos como el padrón, el espacio adecuado, la configuración de la pregunta precisa. La AP tiene dificultad para ser vista como fuente confiable y legítima para afuera. No es vinculante. Incertidumbre es que la AP pueda superar el 50% de la población esperaba en asistencia, por ello, en casos como el Islay si bien se llegó más del 90% que dijo No a la minería,en el distrito de Cochachacra solo asistió el 48, 7% del total, lo cual, si bien no deja de cumplir los roles cohesión y legitimación sobre una posición discutida y decidida en la población, no condensa y aún se muestra una posición no fortalecida en el proceso. Recursos económicos para financiar la consulta.

18 Si bien no son en la mayoría de casos vinculantes las AP, normalmente, repercute de forma trascendental en la cohesión del movimiento social de resistencia. Se expresa como un símbolo evocativo de unidad y legitimad del grupo que ha generado la consulta, de modo tal, que el carácter vinculante si no se da de derecho, se da hecho. La consulta es planteada nuevamente desde los sectores hegemónicos buscando la reevaluación de esa decisión colectiva. Depende estrictamente de la dinámica de los actores sobre el contexto específico suscitado en el conflicto. Se mantiene altamente centralizada la decisión sobre el proyecto minero. Provocando distintas posiciones respecto a cuál es el rol de los gobiernos locales y regionales en la relación a las actividad mineras que operarán en sus localidades y, en suma, algo más profundo aún que pasa por dinamizar el debate de la descentralización pública y la planificación del territorio.

19 Autoconsultas populares en Perú Tambogrande (Piura- Perú Ayabaca ( Piura- Perú) Michiquillay (Cajamarca- Perú) Tarata y Candarave (Tacna- Perú) Islay (Arequipa- Perú) Cañaris (Lambayeque- Perú) Consulta vecinal (98% dijo NO) Consulta popular (95% dijo NO ) Acuerdo Previo/ Consulta vecinal ( +/- el 60% dijo SÍ) Consulta vecinal (98% dijo NO) Consulta popular/Consult a vecinal (80% dijo NO) Consulta comunitaria (95% dijo NO) La conflictividad por parte del Estado se enfrentó con el usó la coacción como un mecanismo central de cara al conflicto. La AP cobra el valor de plantearse como una forma democrática de expresión y decisión de la gente respecto al impacto de la actividad minera.

20 El 2008, el Paro Amazónico suscitado en Bagua en contra de un paquete de decretos, entre ellos, el 1090 que planteaba la Ley Forestal permitiendo el concesionamiento de sus territorios para la explotación de los bosques. Se demanda consulta previa. El 2013, sobre el proyecto Conga, el Gobierno Regional, las organizaciones sociales anunciaron la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular, después, de haberse producido dos estados de emergencia. La Defensoría del Pueblo y el Miniterio Público manifestaron su rechazo al mismo: "Allí habría comisión de hechos delictivos. No le compete al gobierno regional convocar a ningún plebiscito o referéndum; ya que eso es facultad del Poder Ejecutivo y del Jurado Nacional de Elecciones" José Pelaez( Ministerio Público, dijo en declaraciones a Willax TV).

21 Ruiz Molleda: «El derecho a la participación política es una concreción del principio democrático y de la libre expresión, por tanto, el que no se contemplen en la Ley dichos mecanismos no quiere decir que estas sean ilegales, más aún, en el caso de poblaciones indígenas este mecanismo forma parte del derecho a libre determinación de los pueblos y autogobierno». El presidente de Minsur, Juan Luis Kruger ( RPP, )La Ley de Consulta previa ha creado falsas expectativas en la población, puesto que las población piensan que tienen un inexistente derecho a vetar proyectos. El procedimiento para su aplicación aún no queda del todo claro ya que los que se han llevado a cabo han tomado aproximadamente un año, afirmó. James Anaya: El derecho a consentimiento es la regla general sobre las industrias extractivas

22 CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL- CAÑARIS Caso: Autoridades de Cañaris y la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris se opone a las actividades que desarrolla la Empresa CañariacoCopper Perú SA (Proyecto Cañariaco) debido a la contaminación susceptible de generarse así como ante el incumplimiento de compromisos. Ubicación: Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe. Actores primarios: Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, Municipalidad Distrital de Cañaris, la Empresa CañariacoCopper Perú SA, Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Cañaris. Actores secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Gerencia Regional de Minería del Gobierno Regional de Lambayeque, ONG CES Solidaridad, Frente de Defensa de Cañaris. El 64% de la población sólo habla quechua (INEI)

23 El 08 de julio se realizó una asamblea general de la CC. San Juan de Cañaris convocada por el Juez de Paz del Caserío de San Cristóbal- y no por el presidente comunal-, en la cual se acordó autorizarle a la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú SA el uso de las tierras de la comunidad para los trabajos de exploración minera. En un primer momento se referían a la presencia de 250 comuneros luego el MINEM habla de 400 comuneros, pero el viceministro de energía y minas se rectifica fueron 725 comuneros que asistieron el día 8 de julio cifra que no alcanza el mínimo de 2315 comuneros que aproximadamente registran como necesarios para la toma de decisión sobre la materia. (INDER).

24 El 30 de septiembre, se convocó a Asamblea Comunal con la finalidad de consultar a los comuneros sobre el futuro del proyecto minero Cañariaco personas y que los resultados fueron: votos en contra del proyecto, 106 a favor, y 71 votos blancos o nulo, lo que daba un porcentaje en donde el 95% de personas no estaba de acuerdo en realizar actividades mineras en la zona.

25 Candente Cooper.: La Consulta se llevó a cabo sin ningún representante del Estado o de las ONG quienes pudieran garantizar la transparencia y el respeto por el derecho democrático de los ciudadanos a votar libremente…El abogado peruano de la Compañía ha informado de que esta reunión debe ser considerada como la opinión de algunos pero no puede ser interpretada como la opinión de toda la comunidad y no es jurídicamente vinculante Manuel Castro Baca, director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) quien informó que no reconocerá la consulta popular realizada el domingo 30 de setiembre en el distrito de Cañaris :Posteriormente, el presidente de la comunidad [Cristóbal Barrios] hizo una suerte de asamblea popular, procedimiento que no está reconocido por ninguna normativa. Por eso nosotros no podemos considerar como válida esta reunión, explicó. MEM señaló que dado que una base de datos que contemplaba el reglamento -pero, que no es constitutiva de derechos- no registra el carácter indígena de la Comunidad y no definido a quiénes les corresponde el derecho, no se puede dar paso proceso la aplicación de la consulta previa

26 Hubieron 30 heridos en pleno proceso de mesa de diálogo que fue constituida por la PCM en diciembre del 2011, pero, que no venía siendo efectiva para la preocupación de la población de Cañaris. Estas protestas generaron de varios de sus la criminalización dirigentes (Rosa Sara Huamán). La exigencia a su vez de la aplicación del derecho a la Consulta Previa tampoco ha podido abordarse, siendo la estrategia central del Gobierno que la mesa aborde principalmente asuntos sobre proyectos de desarroll o en la zona vinculados a la aceptación de la actividad en la zona. La Comunidad de Cañaris ha retirado su participación y ha presentado una demanda a la CIDH es expresión de la poca confianza y legitimidad del uso de los mecanismos internos en el ámbito nacional para que sus demandas sean atendidas. No obstante, a la ilegalidad en las que el Gobierno enmarca las autoconsultas, la AP que dijo no al proyecto Cañariaco así como sucedió en las anteriores AP, termina primando la decisión de hecho de la suspensión del proyecto y está más allá de la ilegalización

27 I. Para el caso peruano, todas las consultas registradas han generado que el veredicto obtenido se refleje en su objetivo concreto en la suspensión de la actividad, asimismo, la mayoría tiene una participación importante de gobiernos locales, no obstante, este último periodo, los pronunciamientos del Ejecutivo han sido contundentes respecto a la ilegalidad de los mismos y las competencias limitadas. No obstante, las consultas populares, también, han sido realizadas por las propias empresas cuando encuentran un escenario más favorable.

28 II. Los contextos se muestran fundamentales para la aplicación del mecanismo de AP, siendo que, si el conflicto se encuentra en fase de escalamiento o en fase de crisis en dichos contextos son claramente una muestra de resistencia de la población, por ende, desde una lógica pública que busque la transformación del conflicto este mecanismo es aprovechable es fases de diálogo y prevención en donde normalmente, el Estado no interviene y no prima una visión parcializada del Estado en función al interés empresarial.

29 III. La información se configura en los contextos de conflictividad social que plantean la autoconsulta popular como un elemento no homogéneo en el sentido de posesión, calidad, credibilidad, acceso, cantidad y difusión. En este marco, hay un desencuentro respecto al propio paradigma de la ciencia sujeto a los parámetros antropocéntricos de la modernidad y la conformación de una racionalidad de ecológica (Leff). En consecuencia, mayor credibilidad a conocimiento cotidiano.

30 El contexto Latinoamericano indica que existen al menos un centenar de esto procesos que se han desarrollado en la última década y que la gente recurre frente a la imposición de los proyectos mineros. El momento en que se aplican han sido clave s, descartándose la idea de que el mecanismo es en sí mismo, anti inversión o antiminero, lo cierto es que representa una expresión colectiva y pacífica respecto a una realidad que preocupa a la población. La exigencia del derecho mantiene la centralidad del Estado como sujeto que da derechos y la disputa por el reconocimiento dentro del propio marco jurídico estatal. El alto de costo de vidas humanas en los conflictos sociales debería llamar a reflexión sobre cómo se impone la extracción, por ello, la AP se configura como un mecanismo que finalmente podría contribuir a reducir o viabilizar la gestión del conflicto de forma menos violenta.

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